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Alcoholismo, una adicción que crece


El alza del consumo de alcohol en la población juvenil y escolar, desde edades muy tempranas, más el aumento de las situaciones de embriaguez, muestra una realidad anormal que en forma rápida ha desbordado modos tradicionales de prevención y control, y que representa la puerta de entrada a las otras amenazas de dependencia de sustancias psicoactivas. El alcoholismo, el tabaquismo y la drogadicción son tres epidemias contemporáneas que afectan de modo muy especial a la juventud, el segmento más vulnerable de la sociedad.

Pese a que la legislación prohíbe su venta a menores, el consumo de alcohol entre los adolescentes argentinos es cada vez más masivo: el 73 por ciento de los varones y el 63 por ciento de las chicas de entre 15 y 19 años toman bebidas alcohólicas, según revela un estudio realizado por el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La investigación contiene otro dato aún más significativo: el 95 por ciento de los adolescentes que toman alcohol dice que cuando lo hace "pierde el control sobre su conducta". La encuesta fue realizada entre 2006 y 2007 entre 4971 chicos que en ese momento cursaban el secundario en 85 escuelas públicas de veintiuna provincias y de la ciudad de Buenos Aires.

En los hospitales porteños se atienden cada vez más adolescentes que llegan borrachos. En la guardia del hospital Fernández, por ejemplo, el año pasado fueron atendidos 289 menores de 20 años, según informó el jefe del Servicio de Toxicología, Carlos Damín. En 2006, la cantidad había sido algo menor, aproximadamente unos 270 jóvenes. Por otra parte, en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez también atienden cada vez más chicos ebrios. En los primeros cinco meses de este año, fueron atendidos allí 22 pacientes de entre 7 y 17 años por presentar síntomas de intoxicación alcohólica.

Otro dato significativo es el que aporta Alcohólicos Anónimos (AA) que señala que los jóvenes ya son un tercio de los que concurren en busca de ayuda, cuando históricamente estaban acostumbrados a tratar con hombres y mujeres mayores de 40 años. En la actualidad, es muy importante la cantidad de chicos de entre 16 y 22 años, y la mayoría llega con dos problemas: las drogas y el alcohol. Se estima que en la Argentina hay casi 2 millones de alcohólicos.

Según datos de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), por año mueren en el país unas 25 mil personas por causas relacionadas con esa adicción.

Las consecuencias del abuso de bebidas alcohólicas son graves. Mientras dure la borrachera y el alcohol esté en la sangre, pueden aparecer vómitos, náuseas, mareos, disminución de la agudeza visual y, en los casos más severos, pérdida de la conciencia, que puede llegar hasta el coma. En cambio, para los alcohólicos crónicos, las consecuencias son más graves: lesiones cardiológicas, mayor incidencia en tumores hepáticos y problemas digestivos como úlcera, gastritis y cirrosis, entre otras.

Como ya ha sido señalado en reiteradas oportunidades desde esta columna editorial, la familia ocupa un papel fundamental en materia de prevención de las adicciones. Sin embargo, la falta de control de algunos padres sobre sus hijos, ya sea por negligencia, por comodidad o por un concepto equivocado de querer sustituir la imagen autoritaria de jefe del hogar por una más condescendiente y de acercamiento, está llevando a peligrosos extremos en el seno del hogar, hasta el punto de que, en muchos casos, ya no se sabe quién manda ni quién obedece en la casa familiar.

Está muy claro que ante todo deben adoptarse métodos preventivos e inculcarse conciencia sobre la nocividad de todas las adicciones como amenazas contra el libre desarrollo de la personalidad. El prohibicionismo sin persuasión y sin motivación convincente carece de eficacia. Para la gente joven, el valor de la autonomía personal, unido a la dignidad y la autoestima, es primordial. Es en estos atributos de la personalidad y en el riesgo de que se degraden en lo que debe enfatizarse con persistencia y con una mentalidad comprensiva y abierta al diálogo entre generaciones, sin el cual se acentúa un conflicto que puede ahondar y agravar la frustración y el sentimiento de soledad y aislamiento de muchos jóvenes.

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El "ladrillo" que transformó el mundo cumple 25 años

Al principio nadie se entusiasmó: el primer teléfono móvil era demasiado grande, pesado y caro. Hoy accede al servicio el 80% de la población mundial.11:17 | 11.06.2008 El ingeniero norteamericano Martin Cooper, junto a su célebre invención.

El primer modelo que Motorola sacó al mercado hace 25 años -el 13 de junio de 1983- costaba 3.500 dólares. Pesaba 800 gramos, casi tanto como una botella de agua, era más largo que una hoja de papel Din-A4 y se quedaba sin batería después de hablar media hora.

El primer celular, al que los diseñadores llamaron "el ladrillo" por su forma, desapareció pronto del mercado. Pero pese a ello, ningún otro artefacto cambió tanto el mundo.

"Nuestro sueño era que un día nadie hablara por un teléfono convencional", recuerda su inventor, Martin Cooper. El ex ingeniero de Motorola trabajaba a principios de los años 70 en un aparato móvil para la policía, cuando se preguntó por qué no hacer un modelo para todo el mundo.

Un par de semanas después, Cooper iba por la calle en Nueva York y usó su prototipo para llamar triunfante a la empresa competidora, AT&T. Pero tuvieron que pasar diez años hasta que el primer móvil fuese lo suficientemente pequeño para el público masivo.

"La gente pensaba que yo estaba loco", relata Cooper a DPA. "Porque pensaba en un teléfono que se pudiera llevar en el bolso".

Hace tiempo que Cooper ganó la partida a los escépticos. Según estadísticas del instituto Wireless Intelligence, hay actualmente 3.300 millones de celulares en funcionamiento en una red.




La cifra crece cada vez más rápido. Mientras que pasaron 20 años para que se vendieran los primeros 1.000 millones, el segundo millar se alcanzó en tan sólo cuatro años, y el tercero en dos. Un 80 por ciento de la población mundial tiene acceso a la red de móviles. Desde las costas del sur de la India a la cumbre del Kilimanjaro hay antenas en casi todas partes.

"El móvil es revolucionario", asegura el investigador en comunicaciones Scott Campbell, de la Universidad de Michigan. "Transformó nuestra vida social y el mercado de trabajo. Creó nuevas formas artísticas y de rezar, pero también de organizar atentados terroristas", según Campbell. Se ha transformado la forma de hablar por teléfono. "Ya nadie llama a una casa o una oficina, sino a una persona determinada".

"El teléfono ahora eres tú", afirma también el sociólogo David Hachen, de la Universidad de Notre Dame en Indiana. "Las conversaciones por celular recortan distancias sociales. La gente habla más entre sí, porque lo pueden hacer en cualquier sitio".

Los estadounidenses, por ejemplo, hablan en promedio siete horas al mes por el móvil. A causa de ello, en restaurantes, teatros o vagones de tren la marea de comunicaciones y timbres es maldecida o prohibida.

Pero a medida que avanza la técnica, también los usuarios ganan en capacidades: se convierten en fotógrafos aficionados, documentalistas o empleados siempre ubicables y controlables. "La fotografía artística con móviles se ha vuelto un sector propio que nos hace competencia", asegura un fotógrafo de Washington.

Boom emergente. Fuera del mundo occidental, el teléfono móvil dio alas a la economía. El 68 por ciento de los nuevos contratos se firman en países en desarrollo. La London Business School calculó que en todos los lugares donde llegan diez nuevos teléfonos a 100 personas, el PIB aumenta un 0,5 por ciento.

Cualquiera puede ofrecer sus servicios, porque está ubicable, ya sea en Manhattan o en una favela africana. Los economistas atribuyen al celular la creación de numerosas empresas pequeñas.

En los países pobres las organizaciones médicas utilizan el móvil para recordar a los pacientes que deben tomar su medicación. Y temas tabú como el sexo o el sida pueden ser tratados por SMS.

Cuando el teléfono se convierte hasta en una enfermera portátil, es que ya su nombre no lo representa, afirma el sociólogo Hachen: "Es televisión, diario, fax, cámara de fotos, tarjeta de crédito y administrador personal".

Y si es por su inventor, irá incluso a más. Cooper habló hace poco en el canal CNN de su próximo sueño: "El teléfono tendría que convertirse algún día en parte del ser humano, quizás bajo la piel o detrás de la oreja".

Preocupantes cifras de mortalidad infantil


De acuerdo con datos recientes dados a conocer por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, en 2007 hubo en esa provincia 3530 muertes infantiles, un 7,6 por ciento más que en 2006. Dicho en otros términos, significa el deceso diario de casi diez criaturas, pertenecientes en su mayor número al conurbano bonaerense y, sobre todo, al populoso distrito de La Matanza, donde falleció el 10 por ciento del total considerado. Llama la atención en las cifras difundidas el aumento señalado, alternativa que suele presentarse, pero que reclama la mayor preocupación a fin de establecer las causas y su necesario control.

Al respecto, el subsecretario provincial de Coordinación y Atención a la Salud, Alejandro Colia, expresó que la mortalidad registrada estaba influida por "un problema estructural" determinado por "la pobreza, la falta de cloacas, de agua potable, de calefacción y de educación". De ahí -concluyó- que se buscase ampliar la atención primaria y se intensificase la actividad de los equipos de promotores de salud en las zonas donde ese problema es más agudo. Es evidente que las medidas mencionadas pueden arrojar un beneficio inmediato, pero no corregirían en nada el grave problema estructural aludido por el funcionario.

Cabe observar, por otra parte, que la información dada por el Ministerio de Salud es incompleta y poco clara porque no especifica, como suele hacerse, si las cifras se refieren a defunciones ocurridas en el primer mes de vida (mortalidad neonatal) o en el primer año (mortalidad posneonatal).

Esta incertidumbre subsiste cuando se citan los males causantes de muerte (afecciones perinatales, malformaciones congénitas, prematurez y bajo peso), que son causas endógenas típicas de las defunciones neonatales, lo que no guarda coherencia con la mención que luego se hace de la incidencia del problema estructural en la mortalidad, ya que se refiere a formas de causalidad exógena, que gravitan, sobre todo, en las defunciones posneonatales. Es oportuno recordar que es en este campo de las afecciones infantiles donde más ha progresado la pediatría en los últimos 50 años, merced al empleo de los antibióticos, las vacunaciones masivas, las mejores formas de nutrición. En cambio, siempre fueron de más dificultosa prevención y tratamiento las afecciones neonatales.

Es plausible, desde luego, que al conocerse los datos acerca del siempre inquietante tema de la mortalidad infantil se presentara un pedido de informes en la Cámara de Diputados bonaerense a fin de conocer con amplitud la realidad actual del problema y las medidas adoptadas para su reducción, cuestión de interés constante y vinculada significativamente con las carencias que sufren sectores de nuestra sociedad que parecen anclados en la indigencia, lo que redunda gravemente en la atención y el cuidado de la salud infantil.

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El silencio de las encuestas


Entre los muchos flagelos y conspiraciones con los que el gobierno nacional debe lidiar, desde hace un tiempo se encuentra una especie de complot de las matemáticas.

Las primeras señales de que los números comenzaban a rebelarse aparecieron en el Indec. La Casa Rosada creyó advertir allí una patraña de expertos en estadísticas que pretendía hacer creer que la inflación era muy superior a la real. Una intervención sobre el organismo, la remoción de muchos de sus técnicos y la adopción de una nueva metodología de cálculo restauraron el orden y el índice de precios fue puesto de nuevo a raya.

Para que la operación sea completa todavía falta sofocar algunos focos del complot. La recaudación tributaria, por ejemplo, crece de manera desmesurada: entre 30 y 40 por ciento año tras año. El PBI crece, pero no tanto como para explicar ese aumento. Podría suponerse, en cambio, que hubo un salto descomunal de eficiencia en la AFIP. Pero esa hipótesis encuentra una rápida desmentida: la Presidenta se deshizo del funcionario que habría llevado adelante esa hazaña. No queda más remedio que sospechar, entonces, que la mejora en la tributación se debe a que las contribuciones suben porque los precios sobre los que se calculan también subieron. Es lo que sugieren los índices de precios elaborados por los institutos de estadísticas de varias provincias, cuyas subas han sido mucho mayores que las registradas por el Indec.

La incertidumbre tiene una consecuencia nefasta: como se perdieron parámetros objetivos para ponderar la dinámica inflacionaria, cada cual remarca los precios según sus peores presunciones. El ocultamiento y la ignorancia alimentan el mal que se quiere conjurar.

La otra rebelión de las matemáticas se expresó en las encuestas de opinión pública. De pronto comenzó a trascender desde las consultoras que las elaboran que la imagen del Gobierno y de su titular, la señora de Kirchner, registró una caída abrupta, sobre todo a raíz del conflicto con el campo. Algunos especialistas aseguran que nunca se verificó un deterioro de la imagen presidencial tan pronunciado en tan poco tiempo desde la restauración democrática de 1983.

Pero es imposible precisarlo: muchos encuestadores no ofrecen cifras desde que verificaron ese fenómeno. Apenas se filtran, en secreto, algunos datos inquietantes. Un estudio contratado por un intendente del conurbano revela que la consideración positiva hacia la Presidenta tuvo una caída del 60 al 30 por ciento, pero que, al cabo de dos semanas, se reubicó en el 46 por ciento. Otro sondeo, elaborado a pedido del jefe de Gabinete, revelaría que Cristina Kirchner perdió 12 puntos de imagen positiva durante el tramo inicial de la protesta agropecuaria.

El silencio de los encuestadores provoca el mismo daño que la manipulación del Indec: comienza a presumirse que, al haber tanto empeño por ocultar lo que ocurrió con la imagen del Gobierno, el derrumbe ha de ser calamitoso. Mucho peor que lo que quizás es en realidad.

El mutismo de ciertos analistas de opinión pública revela, además, varios rasgos desagradables de la cultura política argentina. El primero de ellos es que, como buena parte de esos consultores son contratados por el Gobierno, aducen que los datos se mantienen en secreto para no perjudicar a ese cliente. Una demostración de discreción profesional que produce una pésima impresión política: hay que presumir que la imagen del cliente que emerge de esos estudios se ha vuelto calamitosa para obligar a un cerco de silencio tan rígido. Sobre todo porque hasta hace poco tiempo los diarios eran inundados con informes sobre la colosal popularidad del oficialismo.

El argumento, además, sería aceptable si no fuera porque esos estudios se pagan con dineros públicos: las empresas que los realizan suscribieron contratos con el Estado, no con el partido gobernante ni con la familia presidencial. La imagen de la Presidenta en la opinión pública no puede convertirse en una secreta cuestión de Estado.

El interrogante que aparece después de esta constatación es elemental: por qué, si existe un instituto oficial de estadísticas, con expertos en la realización de encuestas, el Gobierno contrata consultores privados para realizar sus sondeos de opinión. La respuesta comienza a quedar clara: silenciar a algunos encuestadores privados le ha resultado más sencillo que hacerlo con los empleados públicos que trabajan en el Indec.

Conductores y consumo de alcohol


El gobierno de la ciudad de Buenos Aires anunció por intermedio de su vicejefa, Gabriela Michetti, y del ministro de Justicia, Guillermo Montenegro, acertadas medidas para combatir el consumo de alcohol, que incluyen el Programa Conductor Responsable, destinado a los jóvenes. En efecto, a partir de los nuevos controles, los que conduzcan alcoholizados en el distrito porteño deberán dejar su vehículo y retirarlo 24 horas después de una playa de estacionamiento pública. Si el infractor, además, pone en peligro la vida o integridad física de terceros, un fiscal podrá disponer arrestarlo hasta diez días. En todos los casos se sumará la multa correspondiente, de entre 200 y 2000 pesos.

Con anterioridad a estas disposiciones, cuando un conductor era detectado alcoholizado, podía cederle el volante al acompañante o esperar a que desaparecieran los efectos del alcohol en la persona. Pero muchas veces el que estaba alcoholizado esperaba estar a unas cuantas cuadras de distancia del operativo policial para volver al volante, con el consecuente peligro de provocar un accidente. Ahora, con el secuestro del auto, esos riesgos se neutralizan.

Los controles de alcoholemia se realizarán tanto a choferes particulares como profesionales y apuntarán especialmente a los conductores de autos, de motocicletas y de taxis. En relación con estos últimos, Montenegro recordó que ya se están realizando los controles en los alrededores del Aeroparque y anticipó que pronto se incorporarán esos operativos en la zona de la Terminal de Retiro. En el caso de los colectiveros se evalúa cómo se realizarán los controles, ya que la jurisdicción sobre las líneas urbanas la tiene la Secretaría de Transporte de la Nación.

Los procedimientos estarán a cargo de la Policía Federal, que tiene facultades para ordenar la detención de vehículos, y del Cuerpo de Control de Tránsito de la Ciudad (ex Guardia Urbana), que además de la alcoholemia se ocupa de controlar el exceso de velocidad y la violación de la luz roja. Por otra parte, el acarreo del auto será gratuito, con lo que se busca rechazar por anticipado la acusación de que la medida pudiera tener fines recaudatorios. Al respecto, el director de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, señaló que la ciudad empleará grúas propias.

Cabe recordar que en el territorio de la ciudad de Buenos Aires se les permite a los automovilistas conducir con hasta 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre. Esto equivale, aproximadamente, a dos copas y media de vino o una medida de whisky, aunque varía según la contextura física de cada persona. Como se vienen realizando hasta el presente, los controles se efectúan con aparatos electrónicos, en los que los conductores deben soplar a través de una boquilla descartable.

Otra de las medidas anunciadas apunta a estimular a los jóvenes para que no beban alcohol si van a manejar. Se trata del Programa Conductor Responsable, plan que empezará a funcionar a mediados del mes próximo, previo acuerdo con la cámara que agrupa a los locales bailables. El programa consiste en que uno de los miembros de grupos de jóvenes se anote en un registro antes de entrar en la disco, con el compromiso de no ingerir bebidas alcohólicas y de ser él quien conduzca ese día. A la salida del local se le realizará la prueba de alcoholemia y, si la supera, será premiado por conducir sin riesgos con entradas gratis a espectáculos y canilla libre de bebidas sin alcohol, entre otros reconocimientos.

Las nuevas medidas adoptadas por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para combatir el abuso de alcohol en los conductores de vehículos deben ser bienvenidas, toda vez que persiguen disminuir el índice de accidentes viales y el número de víctimas y heridos que ocasionan. Asimismo, merece destacarse la participación de las asociaciones Madres del Dolor y Padres del Colegio Ecos, ambas de reconocida militancia en la defensa de los derechos y la seguridad ciudadana, que de manera desinteresada y con un fuerte compromiso social colaboraron en la elaboración de estas disposiciones.

Los golfos adultos



Por Luis Gregorich
Para LA NACION



Hace muchos años, en una biblioteca municipal del Gran Buenos Aires, mientras hojeaba un tomo de una vieja edición sobreviviente de la hispánica Enciclopedia Espasa -probablemente datara de las primeras décadas del siglo XX-, descubrí un texto, una definición, una "entrada" que hasta hoy me sigue pareciendo el más perfecto ejemplo, a la vez desopilante y sombrío, de hasta dónde pueden llegar la fuerza del prejuicio y la tentación del estereotipo.

Ilustrada con imágenes de sesgo lombrosiano que reproducían escenas de asilo y figuras de niños desaseados y pobremente vestidos, la acepción "sociológica" de la palabra "golfo" (hablamos de pillos o vagabundos, no del accidente marino) se veía coronada por la foto de un hombre moreno y macilento, cuyo epígrafe decía: "Tipo de golfo adulto".

La descripción del golfo se iniciaba así: "Es el sujeto abandonado, andrajoso, vicioso, atrevido y procaz que, careciendo de casa o hallándose desprendido del hogar, pulula por las calles, en completa ociosidad o ejercitando oficios de ínfima categoría desligado por una causa cualquiera de su clase, sin las ideas ni las preocupaciones de ésta; con una filosofía propia, que es, generalmente, negación de toda moral".

Después de enumerar los oficios de los golfos (por lo menos, de los que todavía no habían caído en la delincuencia), se hacía referencia a su alimentación: "El golfo se alimenta de las sobras de comidas de los cuarteles, asilos, conventos y de algunas fondas y casas particulares". Otras precisiones llegaban más adelante: "El golfo lee y escribe con alguna dificultad; sus lecturas favoritas son novelas policíacas sensacionales. Son asimismo muy aficionados al cinematógrafo y al teatro (y) a los toros, donde ordinariamente entran sin pagar, encaramándose por las tapias. El sentimiento religioso en los golfos es nulo pero son supersticiosos en grado máximo y no tienen sentido moral alguno Sus ademanes son poco honestos, su lenguaje es grosero y soez, y constantemente tienen la blasfemia en la boca".

No hace falta continuar. Quedan impresos, además del estigma de clase, las teorías sociales decimonónicas, las marcas de la herencia, la moralina eclesiástica y, sobre todo, el afán del redactor por reunir sus datos en una castiza taxonomía, cuasi zoológica. Lejos se pierden las diferencias y los padecimientos de los seres humanos concretos.

Así tratamos, muchas veces, a nuestros adversarios, provengan de la política, el fútbol o la competencia profesional. Así, como si fueran golfos procaces y supersticiosos, adjudicándoles los vicios y las torpezas que más repudiamos y que, a menudo, son simples proyecciones de nuestros prejuicios. Es lo que ha ocurrido, repetido hasta el cansancio, durante la minicrisis nacional de las últimas semanas. Valgan unos pocos casos significativos.

Primero, el torrente de comentarios que ha suscitado la reciente presencia pública de Luis D Elía, tanto por su irrupción en la Plaza de Mayo al frente de agrupaciones piqueteras kirchneristas como por sus posteriores intervenciones radiales y televisivas. En cierto sentido, D Elía encarna un doble paradigma: por un lado, de los estereotipos que se construyen acerca de él; por el otro, de los estereotipos que construye él mismo.

Nada más errado que confrontarlo por su estética, en lugar de debatir su ideología. No es un agitador ingenuo y chillón, sino un dirigente político avezado que forma parte de un proyecto que lo contiene (y exhibe estratégicamente, aunque no siempre con felices resultados). Por lo menos dos veces en las últimas semanas D´Elía fue malamente tratado por los medios, más allá de su propia violencia gestual y discursiva: cuando Fernando Peña empezó a entrevistarlo haciendo referencia al color negro, para originar en su interlocutor una áspera arenga sobre contrastes cromáticos; y cuando falsamente se le atribuyó haber enunciado que había que matar a todos los oligarcas, cosa que nunca dijo. En ambos casos pesó la convicción del estereotipo: D Elía es así, debe de haber dicho lo que se dice que dijo.

Y no. Insistamos: D Elía cree razonablemente en lo que hace, es soldado de la Presidencia bicéfala, y a ésta hay que pedirle explicaciones, en todo caso, por su intento de monopolizar la ocupación de la Plaza de Mayo. Lo que dijo en radio y en televisión no merece un escandalizado rechazo, sino un debate: es un ciudadano como cualquier otro y tiene derecho a expresarse.

Claro que D Elía tampoco se ha privado de manifestar sus prejuicios y su tendencia a fabricar estereotipos. No se trata, por ahora, de volver a discutir su toma de una comisaría ni de desvelarnos por el apoyo al presidente de Irán, negador del Holocausto, ni de analizar sus relaciones con el chavismo, ni de referirnos a su mención del golpismo de las cacerolas, en un país donde una de las ventajas del peronismo en el poder es que, por lo menos, ni siquiera un golpe institucional es pensable. (No ocurriría lo mismo, como se sabe, con otro partido.)

D Elía habla de "blancos" y de la "oligarquía del campo", convirtiéndolos en enemigos y depositando en ellos una sólida carga de prejuicios y odio, como si fueran "golfos" del revés. ¿Pero quiénes son, por caso, esos "blancos" emblemáticos y malignos? ¿Acaso vociferantes provocadores de la jeunesse dorée que recorren las calles de los barrios marginales en sus Mercedes y Ferraris, chuceando a morochos desvalidos? O quizá se trate de una metáfora: los "blancos" son los patrones, los capitalistas, los gerentes, cuyos únicos objetivos en la vida son la ganancia abusiva y la explotación del prójimo.

La oligarquía del campo, tal cual la presenta D´Elía, también sugiere una típica escenografía. Vemos al estanciero de doble apellido (generalmente con nombre de calle), fumando su Partagás y cómodamente sentado al frente del casco de sus miles y miles de hectáreas, mientras reprende paternalmente al aturdido peoncito. Ese mismo estanciero levanta el teléfono para atender a uno de sus amigos, también terrateniente, y lo consulta acerca de la conspiración desestabilizadora en la que ambos están comprometidos.

Desgraciadamente para D Elía (y por suerte para todos), la realidad argentina en el siglo XXI, y con el marco de la globalización, es algo más compleja. Somos, pese a brotes aislados, uno de los países menos racistas del mundo, en que conviven etnias y religiones diversas. Hay entes e instrumentos legales antidiscriminatorios que existen y funcionan. Instalar el odio entre razas y colores de piel es un exceso y una estupidez. Por otra parte, el campo argentino no es lo que era hace cien años: los latifundios se han reducido y subdividido, los pequeños propietarios y productores se han multiplicado y el desarrollo de las agroindustrias y la tecnificación han producido nuevos vínculos económicos y diferentes relaciones sociales. Lo que tal vez puede inquietar es la presencia de grandes empresas o inversores extranjeros, compradores de enormes extensiones de tierras y que no siempre se atienen a las reglas de juego locales.

Por supuesto que todavía existen terratenientes notorios y pervive, en algunos ambientes rurales, una cierta tradición oligárquica que suele limitarse a las relaciones endogámicas y al culto del pasado. Pero lo que D Elía debería analizar seriamente, y ante todo, es el papel de las nuevas oligarquías, y entre ellas el de la oligarquía sindical, asentada en negocios dudosos con obras sociales y juicios laborales, entre otras minucias. Las oligarquías políticas, controladoras de provincias enteras, pertenecen al apartado de las costumbres argentinas de las que no hace falta hablar. Más que a oligarquías, hay que referirse hoy al entramado mafioso del poder.

Otras voces cercanas al oficialismo, con inclusión de respetables intelectuales, han colocado, junto a la entelequia estereotipada del campo, un concepto con el que el pensamiento y la práctica del peronismo han tenido sinuosa relación: el de clase media. Se ha dicho que nuestra clase media es fascista, homófoba, que sólo busca ganar más dinero y que su ideal de vida es parecerse a la -otra vez mentada- oligarquía. Como los que sostienen esto provienen, a su vez, de la clase media, y a menudo de la clase media alta, restringen su opinión al agregar que hay también, cómo no, sectores de clase media progresistas, con lo cual perdemos todo rigor y nos quedamos sin saber quién es quién y cuánto hay de cada uno. ¿Fascista o progresista? En cuanto a homofobia, nos queda la sensación de que las clases trabajadoras son aún más homófobas que los sectores medios, pero no contamos con investigaciones serias como para demostrarlo.

Sobrevuela (y alimenta) este estereotipo rapaz y reaccionario de clase media una simple y humilde comprobación: esos sectores medios votan poco a los candidatos peronistas. Este último es, en el fondo, su gran pecado. ¿Basta para condenar tan esquemáticamente a una clase social que, en realidad, es la negación del concepto mismo de clase y en la que confluyen todas, un conglomerado de diferentes que, en la medida en que crecen, aseguran el crecimiento de sus patrias? ¿Es que tantos maestros, amas de casa, médicos, ingenieros, técnicos, artistas, comerciantes, periodistas, productores rurales, militares, farmacéuticos, investigadores científicos deberíamos avergonzarnos de ser de clase media, de ser distintos entre nosotros y de tratar de mejorar decorosamente nuestras vidas y las de nuestros hijos? ¿Y -agréguese- de mejorar un poco la calidad institucional de la Argentina y combatir un poco más las mafias?

Advierto que también estoy construyendo un estereotipo. Y creo que ésta es la guerra que hay que librar: contra los artificios, contra los lugares comunes, para conservar el sentido del matiz y la capacidad de crítica, para que no haga falta definir a D Elía como patotero ni al campo como oligárquico ni a la clase media como fascista, y para no sentirnos golfos adultos o infantiles perdidos en algún lugar del prejuicio.

Modestamente hablando


Por Alina Diaconú
Para LA NACION


“La modestia es el único esplendor que se puede agregar a la gloria.” Jacques Duclós

Estabamos pensando en estos días que uno de los grandes dones que nos dio la vida fue conocer personalmente a algunos hombres que fueron nuestros maestros en el campo del pensamiento, del espíritu, de la palabra. Tuvimos la fortuna de poder ser recibidos en sus casas, de ver cómo vivían, de qué objetos se rodeaban, qué cosas les gustaba atesorar, qué libros leían, qué música escuchaban.

Poder estar cerca, muy cerca, oír el tono de su voz, observar el color de sus ojos, la expresión de sus miradas, la energía, la fuerza que emanaba de su presencia, su modo de sonreír, fue todo un aprendizaje, una conmovedora y enriquecedora experiencia. ¿Por qué? Porque no había ostentación alguna en su manera de vivir, porque no había arrogancia alguna en su manera de ser, de hablar y de dirigirse hacia sus interlocutores, porque eran brillantes, sagaces, originales, divertidos, admirables, a la vez que humildes, sencillos, afables y austeros.

No hacían discursos rimbombantes, no emanaba de ellos una soberbia insufrible, ni un afán de mostrarse inteligentes, agudos, porque ya lo eran. Honda y esencialmente. No tenían que dar ninguna imagen. No querían deslumbrar premeditadamente a nadie, ni impresionar a nadie con todo lo que sabían. No daban cátedra. Ni remotamente. Y sí que hubieran podido hacerlo, con toda autoridad. Pero preferían el interrogante, la paradoja, el comentario irónico sobre la vida diaria, sobre los quehaceres pedestres, un enfoque audaz sobre cualquier tema, un chiste, una boutade.

Todos tenían un gran sentido del humor y se reían, en primer lugar, de sí mismos. A la vez, como indagadores de la condición humana, que lo eran, les interesaban profundamente los misterios existenciales del individuo, sus dramas reales e imaginarios, su sufrimiento. Pero no tenían certezas ni aseveraciones rotundas, ni recetas, ni recitados. Eran seres compasivos, sensibles, hipersensibles, diríamos, observadores atentos y preocupados, inquietos y muy, pero muy dubitativos. Porque entendían en todo su misterio, la complejidad del mundo. Y si tuviéramos que elegir una sola palabra que los mancomunara y los definiera, esta sería “modestia”.

Modestia, dice el diccionario, es la virtud que modera el exceso en la propia estimación. Es también recato o humildad en el porte y en la conducta. Honestidad y decencia.

Aristóteles, en su libro La gran moral a Eudemo, le dedicó un capítulo a la modestia y, entre otras cosas, manifestaba que ella “es un medio entre la impudencia, que no respeta nada, y la timidez, que se detiene ante todo”.

¡Qué poca vigencia parece tener hoy esta virtud llamada modestia! Es un valor que no tiene prensa ni está de moda. Vivimos en un mundo de ostentación, de egolatría, de palabras altisonantes, de actitudes soberbias, de arengas llenas de un sabor a sabelotodo y a iracundia, de visiones simplistas y maniqueas. Como contrapunto, recordamos a una mujer, Golda Meir, estadista y primera ministra de Israel en los años 70. Ella recibía a los grandes gobernantes del mundo en la cocina de su casa y les servía personalmente el café. Vimos con nuestros propios ojos esas escenas filmadas y ellas perviven en nuestra memoria. En una ocasión, le preguntaron a Golda Meir a qué atribuía el gran éxito de una campaña de cooperación israelí en algunos países del Africa, y ella contestó: “Es porque allí vamos a instruir, no a sermonear”.

También perviven en nuestra memoria las figuras de esos grandes intelectuales, renovadores en lo suyo, pero que actuaban con tanta sencillez, con tanta naturalidad. Ellos, genuinos maestros, nos abrieron las puertas de sus departamentos de París y de Buenos Aires y, junto con esas puertas, abrieron, asimismo, una parte de su alma. Con el tiempo, algunos hasta llegaron a ser nuestros amigos.

Eran grandes, grandes de verdad, y modestos, modestos de verdad. Sin falsa modestia. Es decir, sabios, muy sabios. Porque entre modestia y sabiduría hay un notable nexo. ¿Cómo se llamaban? Se llamaban E.M. Cioran, Eugène Ionesco, Alberto Girri, Jorge Luis Borges.

Vaya para ellos nuestro siempre presente recuerdo, nuestro siempre vivo homenaje.

Así, modestamente hablando.

La autora escribió Cama de ángeles , El penúltimo viaje y Poemas del silencio , entre otros libros.

La violencia en las escuelas


Una ola demencial de violencia ha irrumpido en diferentes escuelas del país. Es imprescindible que se encienda de inmediato una luz roja de alerta en la conciencia de todos los habitantes de la Nación ante este estallido de furia irracional que amenaza con hundir en un abismo de sombras y destrucción el espacio físico y moral en el que históricamente hemos siempre depositado los argentinos nuestras más genuinas esperanzas: el ámbito escolar.

La violencia -ya se sabe- es un componente cotidiano en la vida de las sociedades, y la Argentina no es, en ese sentido, lamentablemente, una excepción. De ese componente deletéreo no escapa ninguna zona de la realidad social, económica o cultural. Y no escapa tampoco el ámbito educativo, ya que la escuela no es una isla en el conjunto de la geografía moral de una nación. Pero cuando la explosión de violencia que llega a las dependencias escolares incluye muertes y alcanza un grado de virulencia como el que se puso de manifiesto en los casos de agresividad criminal de que dio cuenta en estos días la crónica periodística, hay motivos para que la sociedad tome conciencia de que estamos ante una tendencia que sobrepasa los límites de la alteración habitual de los hechos.

El más grave de los casos que se registraron últimamente ocurrió en Misiones, donde un estudiante de 15 años mató a otro de 16 de una puñalada, durante una discusión que mantuvieron cuando salían de la escuela. Este crimen absurdo se produjo pocos días después de que en Villa Gessell un estudiante diera muerte a otro, en lo que resultó ser otro asesinato inexplicable.

La violencia se manifestó, además, en San Isidro, donde una chica de 13 años fue golpeada por dos compañeras que le tendieron una emboscada cuando salía del colegio. Según los familiares de la víctima, la atacaron "por el simple hecho ser demasiado linda". También a la salida del colegio, en Santa Fe, una alumna de 12 años fue agredida por un grupo de compañeras, quienes la hirieron con una trincheta. En Mar del Plata, por otra parte, la directora de una escuela sufrió heridas cuando un alumno de 16 años la agredió, molesto porque le habían impuesto una sanción disciplinaria. Igual que en La Plata, donde un chico de 12 años atacó a golpes de puño a una docente.

Las agresiones en las escuelas no están aisladas de un fuerte y violento contexto social. Las causas están íntimamente ligadas a la realidad social en la que los niños y adolescentes se encuentran hoy insertos. Las limitaciones de muchas familias para cumplir su natural tarea de contención, la influencia nefasta de los mensajes que emiten algunos medios de comunicación, la falta o incapacidad de muchos adultos para poner límites efectivos al comportamiento de los niños o jóvenes y, por encima de todo, la ausencia de valores y referentes éticos en la práctica de la vida cotidiana figuran, sin duda alguna, entre las causas de estos hechos sombríos y deplorables. El pésimo ejemplo que reciben los jóvenes cuando advierten que las acciones violentas no se castigan y que la impunidad en todos los niveles es la respuesta habitual de la sociedad frente al crimen o al delito contribuyen también a explicar la reiteración de los episodios que estamos señalando.

La pobreza extrema, la situación de muchos hogares en los que faltan alimentos, el alcoholismo e incluso la drogadicción son casi siempre identificados como las causas principales de la violencia, pero en realidad deberían considerarse como factores que contribuyen a exacerbarla. En el caso de las escuelas, es evidente que la pérdida de autoridad de los maestros y profesores y la ausencia de medidas disciplinarias o disuasorias -los clásicos premios y castigos- frente a los actos graves de indisciplina o de inconducta conforman un escenario propicio para que los actos de violencia se manifiesten y se reiteren.

Tampoco ayudan la falta de un auténtico compromiso de las autoridades con la educación, el crecimiento abusivo de una cultura mediática y "light" y la falta de estímulo a la conciencia de que los buenos resultados sólo se obtienen con esfuerzo y sacrificio. Por otro lado, es necesario desterrar el absurdo prejuicio que identifica todo concepto de orden o de autoridad con el vicio de lo autoritario. Ello lleva en muchos casos a los adultos a no entender que su función, en la formación de los niños y jóvenes, consiste muchas veces en decir que no.

La problemática de la violencia escolar es un fenómeno que debe ser asumido de manera conjunta por gobiernos, autoridades educativas, docentes, padres de familia y los propios alumnos. Es menester redefinir y fortalecer los principios morales y volver a creer en la educación como el valor fundamental de la vida argentina, en un contexto de confianza en la importancia fundamental de la paz social, del culto al trabajo y de la plena vigencia de la libertad.

Oportunas advertencias de la Iglesia


La Comisión de Pastoral Social del Episcopado, que preside el obispo Jorge Casaretto, planteó en su última reunión, celebrada días atrás en Buenos Aires, una serie de inquietudes y preocupaciones relativas a problemas sociales muy concretos que están creciendo en diferentes puntos de la República y que, a juicio de los obispos, deberían ser atendidos con premura.

Una de las primeras reclamaciones que formuló la comisión está referida a la grave crisis social que está sufriendo la provincia de Jujuy, donde vastos sectores de la población perciben salarios extremadamente bajos, que no alcanzan para cubrir los costos mínimos de la canasta alimentaria. Asimismo, los obispos se refirieron a la afligente situación que atraviesa, en esa misma provincia, el 80 por ciento de los jubilados, cuya situación los coloca, según mediciones ampliamente difundidas, muy por debajo de la línea de pobreza. A esos problemas se suman, según la comisión, otros males sociales de inocultable gravedad, tales como la existencia de escuelas en pésimo estado de conservación y de hospitales faltos de una adecuada infraestructura o carentes de medicamentos.

El comunicado emitido por los obispos de Pastoral Social al término de sus deliberaciones se refiere, en otro de sus pasajes, a la problemática que atraviesa el sector pesquero de Mar del Plata, donde coexisten empresarios que han obtenido últimamente ganancias muy altas, e incluso trabajadores calificados que perciben ingresos muy superiores a la media nacional, con una inmensa franja de trabajadores en tierra que afrontan situaciones laborales extremadamente precarias debido a la insuficiencia de sus salarios y, en algunos casos, por los extensos períodos de inactividad o desempleo que deben afrontar.

Los padecimientos de este sector se agravan por la escasez del recurso pesquero, producto de la sobrepesca de muchos años y de la ausencia o debilidad de los controles que la autoridad debería ejercer. El organismo eclesiástico advierte que situaciones similares se viven en otros lugares del sur argentino de larga tradición pesquera, tales como el golfo San Matías, San Antonio Oeste o Puerto Madryn.

La Comisión de Pastoral Social decidió manifestar también su preocupación por la extensión que alcanzan hoy en el país los juegos de azar, que en muchos casos se están convirtiendo en un verdadero método de sometimiento y esclavitud, frente al cual los sectores más pobres aparecen como los más vulnerables. El comunicado se refiere a la fuerte presencia que hoy alcanza el sector privado en la explotación del juego y a la creciente adicción que esa actividad genera en amplios sectores de la comunidad.

Al optar por el análisis particularizado de ciertas situaciones conflictivas muy concretas que se suscitan en diferentes puntos del país, la Comisión de Pastoral Social realiza un aporte singularmente valioso, que complementa la tarea de los demás organismos de la Conferencia Episcopal Argentina, referidos en la mayoría de los casos a problemas más generales y abarcativos de la realidad nacional.

Las cuestiones sobre las cuales se ha llamado la atención en esta oportunidad merecen ser atendidas con la máxima celeridad. Las advertencias de los obispos no deben ser desoídas: es necesario que las autoridades y la sociedad en su conjunto les presten la debida atención y les brinden una condigna respuesta.

Chávez necesita una guerra para ser Bolívar

Por Pacho O’Donnell


En mi artículo publicado hace pocas semanas en PERFIL sobre la identificación de Chávez con Bolívar, cuando aún Raúl Reyes no había sido asesinado, escribí: “Hay motivaciones psicológicas y políticas para el revisionismo (acerca de las causas de la muerte de Bolívar) que propone el presidente de Venezuela. La principal es la estratégica voluntad de adueñarse en su totalidad de don Simón, ya no sólo de su vida sino también de su muerte. Apropiarse políticamente de él. Convencer a la masa de que Chávez y Bolívar son la misma persona”.

“No hay dudas de que un psicodiagnóstico de Chávez arrojaría una caracteropatía con un fuerte contenido paranoico revestido de heroicidad. Chávez puede imaginar y desear para sí mismo una muerte por sus ideales como sus tan mentados Martí o el Che. Debe entonces descubrir o inventar la de Bolívar para que el espejo identificatorio sea completo. Por eso, esta investigación que anhela develar que Bolívar fue asesinado tiene todas las características de una proyección inconsciente de su propio deseo heroico y trágico acerca de cómo traspasar los umbrales de la Historia”.

El artículo de marras llevaba un buen remate, anticipatorio: “El problema más grave es que estas personalidades, cuando acceden al poder, aman la guerra, el escenario donde sus sueños de grandeza se hacen realidad”.
Chávez está apostando a la Historia con mayúsculas. A la Historia que celebra a sus protagonistas con avenidas y monumentos. El ha asumido aquello de que si alguien mata a una persona es un asesino, pero si mata a más de mil es un prócer. En aquel artículo escribí: “El presidente de Venezuela está convencido de ser el Simón Bolívar de los tiempos modernos. Y se propone convencer de ello al mundo.

Acaba de afirmar que don Simón fue asesinado por la burguesía colombiana acaudillada por Santander, uno de los rivales más importantes del Libertador. Pero en esa declaración se descifra claramente una proyección de su propia identidad y de sus circunstancias actuales: acusa a los colombianos de haber asesinado a Bolívar cuando él mismo está hoy enfrentado con ellos (todavía no se había producido la sangrienta incursión colombiana) . Hay una devoración de la imagen de Bolívar por su propio deseo de identificación”.

Aclaremos qué se entiende, de acuerdo a Freud, por identificación: “Proceso patológico mediante el cual un sujeto asimila un aspecto, una propiedad, un atributo de otro y se transforma, parcial o totalmente, sobre el modelo de éste”. Lo que el presidente venezolano asimila de Bolívar es su imagen de héroe guerrero que santifica la violencia con sus ideales, es quien las muertes de los propios y de los ajenos elevan a los altares del reconocimiento de la posteridad en medio del tronar de las bombas y los ayes de las agonías.

Chávez viene preparándose para su guerra. Para ella recientemente compró a Rusia en 3 mil millones de dólares 24 modernísimos aviones Sukhoi de combate y 53 helicópteros artillados, además de misiles antiaéreos. Por su parte, España acordó con Venezuela el mayor contrato de su historia para la industria militar mediante la venta de barcos y aviones por 1.300 millones de euros. Se pronostica que en los próximos diez años habrá gastado 300 mil millones de dólares.
Podría suponerse que dicha decisión tiene como base una hipótesis de conflicto armado con Estados Unidos, “el diablo” según Chávez, pero ello no resiste ningún análisis por cuanto es evidente que la potencia bélica norteamericana arrasaría sin dificultad con dicho arsenal.

¿Cuáles son los motivos de tal armamentismo? La compra de sofisticado armamento ruso parecería apuntar a romper la dependencia estratégica de las fuerzas armadas venezolanas con Estados Unidos y transmutarla por una alianza con Rusia. Por otra parte, el encumbramiento simbólico y material de los uniformados venezolanos busca convertirlos en un sector social privilegiado, fuertemente ideologizado al estilo de las fuerzas cubanas, ganando así su necesario apoyo.

Pero lo más claro es que la dimensión de su potencial bélico está direccionado hacia otro país sudamericano, limítrofe, y parecería no haber dudas de que éste es Colombia, al que Chávez tiene entre ceja y ceja ya desde hace tiempo. No debe sorprender entonces la beligerancia del venezolano porque Uribe incursionó en territorio… ecuatoriano. Esa es la guerra que Chávez necesita (y no juzgo aquí las buenas razones que pudiera tener para desencadenarla si es que hay buenas razones para una guerra) y así imaginarse venerado por las generaciones venideras aunque ello implique el holocausto de su pueblo

Incierto comienzo de clases



Como ya ocurrió en años anteriores, también en éste el comienzo de las clases presenta un panorama confuso. Es cierto que hubo un acuerdo nacional, luego de 15 días de arduas negociaciones, por el cual el Gobierno y los cinco gremios docentes nacionales firmaron el acta en la que se estableció el salario inicial de los maestros en 1290 pesos (un 24 por ciento de aumento). También fue positivo que, contemporáneamente, los gremios se comprometieran a cumplir con los 180 días de clase previstos por ley y el Estado, a construir 1000 nuevas escuelas. Pero haber llegado a este acuerdo no significó, lamentablemente, que se hubieran cerrado todos los focos de conflicto, ya que después llegó el turno de las provincias y las respectivas negociaciones salariales y laborales que mantienen en vilo a los gobiernos, a los padres y a los alumnos.

No fue fácil haber logrado que mañana comiencen las clases en toda la provincia de Buenos Aires, aunque finalmente los gremios docentes aceptaron el ofrecimiento de las autoridades.

Sin embargo, hay todavía provincias donde los gremios que agrupan a los maestros rechazaron las propuestas de aumento ofrecidas por los respectivos gobiernos y mantienen su amenaza de no iniciar las clases si no reciben la oferta superadora que esperan. De no lograrse el acuerdo, no habría comienzo de clases mañana para los chicos de La Rioja, Río Negro, San Luis y Corrientes. En otros seis distritos -San Juan, Santa Cruz, Neuquén, Jujuy, Mendoza y La Pampa- la perspectiva de comenzar efectivamente se presenta un poco mejor.

Nadie niega la justicia de los reclamos de los docentes. Es más: toda la sociedad debe estar de acuerdo en que, si espera que sus hijos reciban la educación que les permitirá alcanzar un grado óptimo de integración social y laboral, es justo que los encargados directos de encaminarlos, sus maestros y profesores, reciban un salario acorde con tan exigente tarea.

Sin embargo, tampoco es justo que todos los años, para esta época, tanto los alumnos como sus familias se vean sometidos a la incertidumbre de si podrán entrar en la rutina escolar de una vez por todas, con esa normalidad que debería ser regla general para todas las actividades educativas en la Argentina.

Este tironeo entre los conflictos por mejores salarios y una mejor educación es una extorsión que se repite con cada comienzo del ciclo lectivo. Es injusta para ambas partes, por supuesto, pero, sobre todo, para los protagonistas silenciosos del acto escolar, que son los alumnos, siempre los más perjudicados.

Este año, el caso de la provincia de Corrientes es "ejemplar". Allí, los seis sindicatos del sector docente convocaron a un paro de cinco días, en respuesta a la decisión del gobierno provincial de suspender el inicio de las paritarias. En 2007, Corrientes acumuló treinta días de paro; ante la perspectiva de que algo parecido suceda este año, la Asociación de Padres y Tutores de la provincia ya pidió garantías para el inicio de clases con una presentación judicial.

El ministro de Educación, Juan Carlos Tedesco, dijo recientemente que "la huelga es la ultimísima instancia", si las negociaciones no arriban a resultados favorables. Ayer, en su discurso ante el Congreso, también Cristina Kirchner llamó a los gremios docentes a "encontrar mejores instrumentos" que las huelgas, y recordó que entre 2003 y 2007, hubo nada menos que 1025 días de paro.

Hacemos votos, pues, para que la historia cambie, los niños argentinos no sean tomados como rehenes, y la educación y sus protagonistas reciban el respeto que se merecen desde todos los ámbitos involucrados.

Los deberes de la oposición


No es justa la definición de que la democracia exige necesariamente la alternancia en el poder de fuerzas de diferente signo. Aceptarlo sería establecer un método de gobierno sin recompensas para quienes han realizado una tarea que comprometa el reconocimiento general y los beneficie, por ende, con la lógica ratificación de confianza para nuevos turnos en el mando político.

El otro extremo sería justificar los procedimientos de acumulación de poder a cualquier precio con vistas a la perpetuación en los cargos públicos.

En el medio, como expresión de la prudencia, el equilibrio y la recta interpretación de las leyes consolidadas en el tiempo por la sabiduría humana, figura la doctrina que mejor se adapta a los propósitos intrínsecos de un régimen de libertad y de justicia: la posibilidad de la alternancia en el poder debe ser una vía permanentemente abierta y transitada, o no, según el grado de satisfacción popular con las expectativas puestas en los gobernantes al momento de la consagración victoriosa de sus candidaturas.

Esa posibilidad está vinculada con el cumplimiento de no pocas condiciones. La primera de todas es la existencia de un ámbito de libertad para la expresión de las opiniones, sin importar cuán críticas e inoportunas resulten a juicio de quienes ocupan sitiales públicos. La segunda supone comicios garantizados en su pureza. Si bien esto viene ocurriendo invariablemente en el país, las elecciones presidenciales de octubre último estuvieron teñidas por denuncias de irregularidades que, al margen de no poner en duda el resultado electoral, obligan a revisar los hechos producidos, en especial en el Gran Buenos Aires, con el fin de evitar su repetición. Cabe esperar que la tarea asumida por el nuevo ministro del Interior contribuya a superar, entre otros muchos, males como el señalado.

El juego democrático establece que haya instancias abiertas para que la oposición ocupe en cualquier momento posiciones de gobierno. Sería, sin embargo, contrario a la naturaleza de la política pretender que el oficialismo haga por las fuerzas adversas lo que ellas no realicen por sí mismas con esfuerzo y grandeza. A éstas les corresponde encontrar las respuestas y los caminos para acceder al poder tan pronto como declinen las energías y la imaginación de quienes lo ejercen. En cuanto al Gobierno, cabe, sí, requerirle ecuanimidad en el uso de los múltiples recursos del Estado y que se abstenga de ardides destinados a neutralizar toda opinión crítica de su gestión.

Ningún otro período, desde la restauración democrática de 1983, ha ofrecido blancos más vulnerables en la aplicación de principios republicanos que el de los últimos cuatro largos años. Urge, pues, una corrección en los procedimientos, ajustándolos a los del sistema inspirado por la Constitución de 1853/60.

Hay presiones verosímiles. Basta tomar nota, en ese sentido, del incomprensible aval otorgado por organizaciones empresarias y por empresarios a la manipulación de estadísticas económicas oficiales. O del temor por el cual se mitiga la difusión de cuestionamientos formulados en privado al desempeño de funcionarios públicos.

Los medios de comunicación oficial deben estar abiertos por igual a la oposición y a las agrupaciones oficialistas. No debemos olvidar que esos medios son solventados por la sociedad. Violenta el sano espíritu de la ley y de la moral pública disponer lo contrario.

Los dirigentes de la oposición, por su parte, no pueden dilapidar experiencias de raigambre histórica en el país. Una de ellas es la del viejo radicalismo, que hasta hace no muchos años supo concentrar en sus filas, sin mengua de su personalidad centenaria, las características a las que también un ejército cívico eficaz y no sólo un cuerpo militar bien comandado ajusta su estructura al desplegarse en el campo de combate. Ese radicalismo se componía de un centro y de dos alas diferenciadas, a izquierda y a derecha.

A partir de unos pocos, pero insoslayables principios que constituyen la naturaleza de una fuerza política razonablemente homogénea, el dogmatismo pasa a ser algo propio de sectas, no de partidos con vocación de poder fundado en el voto popular. Al respecto, son valiosos los ejemplos de Propuesta Republicana (Pro) en la ciudad de Buenos Aires, donde creció hasta llegar al gobierno, y de la Coalición Cívica encabezada por Elisa Carrió, que se convirtió en la segunda fuerza política nacional en los comicios de octubre. Pues bien: la reconstrucción de la UCR sólo es imaginable con una renovación de dirigentes y del padrón de afiliados, sobre la base de un panradicalismo y, por lo tanto, con absorción de la diversidad de matices con los que llegó más de una vez al poder.

No es ésa una tarea para demorar. El debate interno que en estas semanas viene teniendo lugar en los dos grandes partidos de los Estados Unidos, que se disputan el poder presidencial, puede servir de ejemplo. Habrá que avanzar mucho, claro está, en el ejercicio de una democracia interna basada en una cultura política que, lamentablemente, se ha ido perdiendo en la última década en la Argentina. Una democracia interna que, más allá del necesario respeto por procedimientos electorales que han sido reemplazados por la soberanía del dedo de un caudillo, debe poner énfasis especial en el retorno de la tolerancia como valor fundamental.

La Cruz del Sur


Los gobiernos de las repúblicas de la Argentina y de Chile están en vías de concretar un acuerdo histórico. Sus fuerzas armadas organizan una iniciativa conocida como Fuerza de Paz Combinada Cruz del Sur, un acuerdo político, militar y diplomático inédito, particularmente destacable entre dos naciones con una profusa historia de desencuentros.

Chile y la Argentina comparten uno de los límites entre dos naciones más extensos del mundo, con más de cinco mil kilómetros de extensión. Esa circunstancia y las particulares condiciones en las que ambos países forjaron sus estados naciones fueron generando escenarios propicios para los desencuentros, pese a que las dos repúblicas lucharon juntas por su independencia.

La mutua percepción es uno de los factores clave para comprender cualquier relación bilateral. También la argentino-chilena. Así, a los encontronazos generados por incertidumbres fronterizas, diferentes tiempos políticos y modelos de desarrollo se les sumaron los desencuentros imaginarios, que resultan más peligrosos que los reales. Una distorsionada imagen del otro, junto a la construcción histórica de una imagen propia saturada de inocencias hacía que lo propio pareciera estar pertinazmente amenazado por el siniestro vecino.

Los expertos aportan los conceptos de “fronteras jurídicas, imaginarias y reales” buscando hacer inteligibles varios siglos de perspicacias, nacionalismos ramplones, estereotipos oficiales, prejuicios sociales y una instalada noción de expansionismo de uno y otro lado. Ello impidió una y otra vez que la frontera fuera puente y no barrera. Una división –Borges dixit– “cara a los cartógrafos”, que dio paso a desatinadas teorías del vecino avasallante, a ambos lados de los Andes.

Cuando estos condicionantes culturales históricos se combinaron con malditas circunstancias, como la de estar gobernados por regímenes políticos autocráticos, sólo hizo falta que el dictador de turno vislumbrase el imaginario rédito político de instalar al vecino como enemigo. En diciembre de 1978, estos factores se combinaron como una fórmula fatal, un plan imperioso que desembocaría en el disparate, el horror y la guerra fratricida, evitada a última hora gracias a la intervención del Vaticano.

Con la recuperación de la democracia y la lenta acumulación de sensatez a ambos lados de la cordillera, se fue generando un espacio propicio para concebir al otro como una oportunidad y no como un peligro.

Al renacer político de la relación bilateral le siguió un fenómeno de fuerte integración económica, inversiones mutuas y complementación comercial que forjaron condiciones para la erradicación de la desconfianza, incluso en el plano más sensible de todos: el militar.

Las medidas iniciales de mutua confianza, sólo formales y no tan fructíferas, se fueron combinando favorablemente con el cambio en el patrón de seguridad y defensa. El abandono de mutuas hipótesis de conflicto, la completa subordinación de las FF. AA. a los gobiernos democráticos, la solución de los problemas limítrofes pendientes y los giros pragmáticos en política exterior fueron elementos que condujeron a chilenos y argentinos a una nueva etapa de histórica complementación.

En julio de 1998, Chile y la Argentina solicitaron a la Comisión Económica para América Latina (Cepal), de la ONU, un estudio técnico conducente a la adopción de una metodología estandarizada común para medir los gastos de defensa en ambos países. El informe de la Cepal fue entregado a los dos países en agosto de 2001 y los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa lo aceptaron ese mismo año, lo que constituyó un ejemplo seguido por otros países de la región.

Treinta años después de una guerra inminente, los ejércitos de ambos lados de la cordillera se unen para ayudar al mundo, trabajar por la paz y dar lo mejor de sí mismos. Los ministerios de Defensa de ambos países organizaron la Fuerza de Paz Combinada Cruz del Sur (FPC), una fuerza militar conjunta especialmente concebida para participar en operaciones de mantenimiento de la paz ordenadas por las Naciones Unidas. Esta será una fuerza de despliegue rápido, que estará constituida por alrededor de mil efectivos.

El nombre de la FPC es un feliz hallazgo: la Cruz del Sur es la más pequeña constelación de todas, pero la más necesaria para guiarse por estos mares, por estos cielos inmensos y también por las rugosidades de la Historia.

En una iniciativa casi sin precedentes, Chile y la Argentina están formando una fuerza militar para ser empleada bajo el mandato de las Naciones Unidas (Consejo de Seguridad), ante una convocatoria oficial y sujeta a la aprobación política binacional.

La FPC podrá prevenir escaladas de violencia, monitorear ceses de fuego, proporcionar áreas seguras y asegurar operaciones humanitarias en las zonas en que las Naciones Unidas así lo dispongan.

Este hecho singular merecer ser destacado, porque los argentinos y los chilenos hemos evolucionado –como sociedades, como vecinos, como pueblos hermanos– del de-satino y la bravata temeraria a la labor sensata y feliz. No hay nada aquí de azar histórico ni de mágico reencuentro. Es el resultado de un cambio cultural estratégico y de un consecuente trabajo por la paz. Treinta años después del desacierto, hemos construido el arduo camino del encuentro, guiados por la Cruz del Sur.

Jorge Argüello y Heraldo Muñoz son, respectivamente, los embajadores de la Argentina y Chile ante las Naciones Unidas.

Versiones libres,

pero también muy respetuosas



Por Ernesto Schoo
Opinión La Nación


Diez o doce años atrás, el célebre director teatral alemán Peter Stein se dio el gusto de poner en escena el Fausto, de Goethe, íntegro. Hasta incluyó los textos obscenos del aquelarre en la famosa noche de Walpurgis, o noche de brujas, en las montañas del Harz, que el autor mismo, con su prudencia habitual y teniendo en cuenta los prejuicios de la época, suprimió de las ediciones corrientes.

Stein eligió un vasto terreno comunal en la periferia de Francfort, donde alzó una enorme estructura metálica con plataformas, pasadizos y escaleras, por los que el público discurría, siguiendo la acción según sus preferencias. Si alguien quería verlo completo debía concurrir varias veces, para lo cual se proveía de un abono, como los de la ópera y los conciertos.

Cada una de las acciones transcurría en una determinada escenografía, y tanto en ésta como en el vestuario, Stein (reconocido por sus tendencias innovadoras y la originalidad de sus puestas) se propuso no quitar una coma del original de Goethe y la total fidelidad a la época en que transcurre la historia. La consecuencia fue que, en tanto los críticos del resto de Europa cantaron loas a este Fausto colosal, sus colegas alemanes se enfurecieron y lo tildaron de reaccionario, retrógrado, anacrónico, dinosaurio y otros epítetos similares.

Se entiende: Alemania es el país europeo donde más fervorosamente se cultiva la experimentación, tanto en el teatro de prosa como en la ópera, con generosa ayuda estatal y absoluta libertad creadora. Como suele ocurrir, Stein se benefició de esa reacción: miles de personas quisieron comprobar qué había de cierto en los ataques, el Fausto viajó en gira triunfal por varios países y el director hasta lucró con la venta, años después, de la estructura metálica como chatarra.

La historia viene a cuento porque en los últimos tiempos, tanto aquí como en el resto del mundo, se multiplican las "versiones libres" de textos clásicos o no tanto, pero cuya frecuentación los ubica en el rango de tradicionales. Desde ya que el proceder es tan legítimo como el del compositor que escribe "variaciones sobre un tema de fulano". Cambian los estilos de escritura y de actuación, y nada ha cambiado más, en menos de un siglo, que la noción del transcurso del tiempo: el espectador de hoy exige razonables cortes y alteraciones en textos demasiado frondosos.

Todo está bien siempre que se respeten las intenciones del autor y no se traicione su esencia. En este sentido, hay buenos ejemplos recientes: la versión de Tartufo , de Molière, por Tito Cossa; la de Un enemigo del pueblo , de Ibsen, por Sergio Renán en el San Martín; la de La gata en el tejado de zinc caliente , de Tennessee Williams, por Oscar Barney Finn, uno de los grandes éxitos de la temporada 2007.

Pero otros hay, en la cartelera actual, que pueden provocar confusión en espectadores novatos o poco avisados, creídos de que asisten a un producto legítimo. Consejo de Perogrullo: prudencia, sentido común y, sobre todo, humildad. No sea que debamos coincidir con aquella burlona conclusión acerca de que la única vanguardia posible hoy sería la absoluta fidelidad a los textos originales.

Los jóvenes y el ruido


Las sociedades del siglo XXI viven una permanente paradoja: buscan ansiosamente mejorar la calidad de vida de sus integrantes, pero, al mismo tiempo, hacen todo lo posible por destruirla. En la actualidad, un alto porcentaje de niños y jóvenes está expuesto a niveles de ruido que muchas veces sobrepasan los límites saludables. Escuchar música a altos niveles sonoros, por el uso indiscriminado de iPod, MP4 o discman, o por la concurrencia habitual a las discotecas, durante un espacio de tiempo prolongado, los expone cada vez más a probables pérdidas auditivas. Los especialistas sostienen que el riesgo de sufrir daños auditivos en este tipo de situaciones es grande y que los jóvenes de entre 16 a 25 años son los más expuestos a la contaminación sonora.

Los argentinos no estamos, lamentablemente, ajenos a esta realidad. Justamente, a esa conclusión llegaron el director del Centro de Investigación y Transferencia en Acústica (Cintra), Mario Serra, y la doctora Ester Biassoni, experta en psicoacústica del mismo centro, que depende de la Universidad Tecnológica Nacional, en Córdoba. Serra codirige un grupo multidisciplinario de investigadores del Centro de Alta Tecnología del Hospital de Córdoba y del Centro Piloto de Detección de Errores Metabólicos, de la Universidad Nacional de Córdoba, que ponen en práctica un programa de conservación y promoción de la salud auditiva adolescente. La aplicación de este programa comenzó en 2006, con la participación de 210 alumnos, de entre 14 y 15 años, de una de las principales escuelas técnicas de la ciudad de Córdoba, y continuó en establecimientos similares.

Con este programa se busca determinar la capacidad auditiva de los jóvenes mediante técnicas avanzadas de audiología, para probar su validez como predictoras tempranas de hipoacusia por exposición al ruido.

Los datos de este estudio y otros similares deben llamar la atención de los padres y de los educadores, en primer término, pero también de todos quienes tengan algún grado de responsabilidad con respecto a la población más joven sobre el alto riesgo en el que ésta se encuentra.

Así, un tercio de los adolescentes estudiados está expuesto a niveles dañinos de ruido, pero no está en condiciones de comprender la gravedad del caso. Por el contrario, la mayoría de las actividades de recreación juveniles se desarrollan en ambientes con altos niveles sonoros. Los responsables no son ya sólo los lugares donde se baila o los megarrecitales, o el hecho de tocar instrumentos musicales de gran potencia sonora como la batería; en la era de la tecnología digital, los MP3, MP4 y los iPod reivindican su protagonismo y ya hay algunos especialistas que empiezan a hablar de la "sordera del iPod". Con estos dispositivos se puede subir el volumen hasta los 100 decibeles (dB), el equivalente al ruido de un avión al despegar, sin que el sonido se distorsione. Pero los 85 dB son el límite entre la exposición "peligrosa" y "no peligrosa" a ruido continuo. El mencionado informe señala que, en discotecas de la ciudad de Córdoba, se muestran valores de entre 104,3 y 112,4 dB, con picos de hasta 119 dB.

Probablemente sea difícil convencer a nuestros jóvenes de que estas actividades a las que dedican tantas horas de su vida son ruinosas para su salud auditiva -escuchar música a más del 60 por ciento del volumen máximo y durante más de 60 minutos seguidos es arriesgarse a quedar sordo precozmente- y para su salud mental a largo plazo. Y decimos que es difícil porque la sociedad argentina suele vivir en ambientes donde la estridencia manda, porque gritar rinde más beneficios que sentarse a dialogar.

Sin embargo, no se puede dilatar mucho más el comienzo de campañas públicas para promover la prevención temprana de los posibles daños auditivos entre niños y jóvenes. Como lo hemos señalado en estas columnas editoriales muchas veces, ese debe ser un deber indelegable del Estado. Pero el resto de la sociedad no puede soslayar el compromiso de cuidar de sus niños y jóvenes. Los informes de nuestros investigadores pueden seguir alertándonos, pero las conductas reparatorias sólo podrán surgir de la sociedad en su conjunto.

Defensa de la libertad de expresión


Es una señal positiva que la Cámara de Casación haya anulado la condena a un mes de prisión que había impuesto, en 1998, la Corte Suprema de Justicia al ex director de la revista Humor , Tomás Sanz, quien había sido querellado por calumnias por el ex senador Eduardo Menem.

La decisión fue tomada por la Sala IV del tribunal penal -integrada por los jueces Gustavo Hornos, Alfredo Bisordi y Ana María Capolupo de Durañona y Vedia-, que consideró prescripta la causa, oponiéndose así al criterio que el año pasado había sostenido la Corte Suprema de Justicia. Según la Cámara de Casación, cuando la Corte confirmó en 1998 una condena pronunciada por la Cámara de Apelaciones en 1995, dejó vencer el plazo útil que tenía para dictar esa sentencia. Por eso, en un fallo dictado en diciembre último, los integrantes de la Sala IV afirmaron que se había producido la prescripción y absolvieron a Sanz.

La condena de la Corte, que en aquellos años estaba integrada por jueces de extracción menemista, había sido muy criticada, porque importó un serio retroceso para la libertad de expresión. Los hechos se originaron en 1991, cuando Humor , en una nota sobre casos de corrupción, afirmó que el ex senador Eduardo Menem tenía un depósito en un banco uruguayo, mencionó a un semanario uruguayo como fuente de esa información y, además, reprodujo la desmentida de Menem. Es decir que la publicación había cumplido sobradamente con todos los requisitos que establece la jurisprudencia más arraigada de la Corte para no responsabilizar a un medio de comunicación por sus publicaciones. Pero el máximo tribunal, desconociendo sus propios criterios, hizo igualmente lugar a la querella y condenó al periodista.

La discusión se planteó nuevamente, porque Sanz alegó que la ley 25.990, de 2005, había modificado el cómputo de los plazos de prescripción por lo cual, a su respecto, ésta era la ley más benigna. Pero, en 2006, aun cuando la Corte nacional tuvo la oportunidad de intervenir en la causa por segunda vez, la mayoría del tribunal, en un fallo dividido, no corrigió la decisión dictada ocho años antes y mantuvo en pie la condena. Uno de los fundamentos fue la cosa juzgada, que ya no permitía una nueva revisión de la sentencia. Ratificaron la sentencia Enrique Petracchi, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Carmen Argibay y el conjuez Alejandro Uslengui; se pronunciaron en disidencia Raúl Zaffaroni, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, que defendieron la prescripción y advirtieron que por ser "una causa vinculada con la libertad de prensa, excede el interés de las partes".

Ahora, el nuevo fallo de la Cámara de Casación declaró prescripta la causa y anuló la posibilidad de aplicar una condena.

Como muchas veces hemos destacado en estas columnas, la libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de la democracia y su suerte no puede quedar expuesta a procesos judiciales dilatados e inciertos que finalizan con sentencias que se dictan más allá de todo plazo razonable y legal. Considerada como una libertad estratégica, la plena vigencia de la democracia requiere el reconocimiento del espacio más amplio posible para la libertad de expresión y cualquier gobierno que intente silenciarla estará, en última instancia, socavando la esencia de la democracia que debería representar y ayudar a construir.

Mágica y misteriosa sociedad


Federico Fellini y Nino Rota hicieron juntos más de 15 películas. Con motivo del lanzamiento de un CD que reúne la música de los films del director, Tutto Fellini (Acqua Records), esta nota recrea la relación entre ellos y rescata otros dúos memorables


Poco antes de los títulos de Ocho y medio , en la playa de Ostia, donde se levanta la astronave que montó para su película, el torturado Guido Anselmi asiste al desfile interminable de los personajes que poblaron su vida junto a las criaturas que iban a ser parte de ese improbable film. Presente y pasado, sueño y realidad, todo se mezcla para ofrecer al director en crisis -álter ego de Federico Fellini encarnado por Marcello Mastroianni- una suerte de redención, y a un clásico del cine, un final a toda orquesta. El elemento que funde esas dimensiones en una nueva, marca registrada del arte de Fellini, es precisamente una música de ritmo marchoso que le confiere a la escena la levedad de lo onírico y una atmósfera circense, una música que, como el cine del director italiano, tiene el don de conjugar alegría y tristeza, tragedia y comedia, empañándolo todo de una nostalgia irresistible.

El autor de esa partitura, Giovanni (Nino) Rota Rinaldi (Milán, 1911 - Roma, 1979), venía de una familia de músicos y había sido un niño prodigio admirado por D Annunzio y Toscanini. Tras haber estrenado su primer oratorio con apenas doce años, el chico iba encaminado a hacer toda una carrera como compositor de música clásica y cumplió ese destino con la escritura de casi diez óperas, cinco ballets e innumerables trabajos para orquesta que se siguen interpretando en las salas del mundo. Sin embargo, un encuentro de aspectos tan fantásticos e ilusorios como su música daría lugar a las melodías por las que sería recordado.

Fellini y Rota se conocieron a principios de la posguerra, cuenta Tullio Kezich en Fellini , una exhaustiva biografía del director que acaba de publicar Tusquets. "Un día, al salir de los estudios Lux, en Via Po, Federico ve al maestro en la parada de autobús. Le pregunta qué número está esperando y Rota le contesta; pero el que le dice no pasa por allí. Y mientras Fellini se lo explica, el autobús en cuestión, inesperadamente, llega. La anécdota es tan típicamente felliniana que parece mentira, y cifra muy bien el tipo de relación que director y músico mantendrán durante un cuarto de siglo: una relación empática, irracional, mágica."

Carlo Savina, músico que solía dirigir la orquesta que ejecutaba las partituras de Rota, afirmó que entre ellos no había desencuentros o discusiones. Mérito de Rota, persona angelical y siempre inspirada que supo interpretar la doble condición, entre festiva y melancólica, del espíritu felliniano, dice Kezich. Una pulsión que posiblemente compartía. En las 17 películas que hicieron juntos, que van de El jeque blanco (1952) a Ensayo de orquesta (1979), trabajaron de un modo bastante particular. A veces, en la sala de proyecciones, Federico se sentaba al piano junto a Rota y sobre el flujo de las imágenes que discurrían en la pantalla jugaban con distintos motivos, cruzando el gusto por los ritmos machacones y las tonadas pegadizas de Fellini con el bagaje académico y el talento melódico del compositor.





"Cuando le preguntaba qué motivo musical tenía en mente para comentar esta o aquella secuencia, advertía claramente que no miraba las imágenes: el suyo era un mundo interno, al que la realidad tenía pocas posibilidades de acceso", ha dicho de Rota el mismo Fellini. "Uno sentía su creatividad tan cerca que daba como una especie de ebriedad, la sensación de que la música la estuviera haciendo uno. Entraba en los personajes, en las atmósferas, en los colores de mis películas tan plenamente que los permeaba con su música."

Ecléctico, Rota era un músico que abrevaba en todas las fuentes y jugaba con materiales de las más variadas procedencias: la tradición italiana, el período clásico, las estridencias modernas de Stravinsky, pero también la música popular, sobre todo la canzonetta napolitana y el jazz . A veces se enamoraba tanto de páginas ajenas que insistía en dejar de manera definitiva piezas que habían usado como música provisional. En la música de La dolce vita , por ejemplo, el tema compuesto por Rota tiene reminiscencias de Mack the Knife , de Kurt Weill, al que habían apelado en un primer momento y que no pudieron conservar en la banda de sonido por una cuestión de derechos. Sin embargo, todo material sonoro que pasaba por las manos del músico acababa convertido en algo diferente que indefectiblemente llevaba su sello. La mayor parte de las veces, en piezas en las que una especie de música de kermesse o de feria, que denota la farsa de la vida, puede derivar sin escalas en una lírica frase de trompeta o de cuerdas que provoca un nudo en la garganta. Ligereza y emoción de la mano.

Hoy esa música (Acqua Records acaba de reunirla en un CD doble, Tutto Fellini , que recoge la banda de sonido original de las películas del director) se mantiene invicta sin necesidad de apoyatura visual pero, casi como acto reflejo, dispara en la mente escenas de films inolvidables. La triste melodía de La Strada remite al rostro angelical de Gelsomina, así como la música con aire de blues de Los inútiles devuelve a Alberto Sordi y sus amigos a su deriva sin remedio por calles vacías cuando la fiesta ha terminado, mientras que la perezosa tonadilla de Amarcord (otro "himno" felliniano) transporta al oyente al fuego de una hoguera en la plaza de una Rímini que ya no existe, o que tal vez nunca existió, y a las generosas caderas de la Gradisca.

La historia del cine ha dado varios ejemplos de esta relación de tipo simbiótica entre director y compositor, hecha de una correspondencia y un entendimiento casi absolutos. Un listado incompleto puede incluir a Sergio Leone y Ennio Morricone, Blake Edwards y Henri Mancini, Steven Spielberg y John Williams, pero sobre todo a Alfred Hitchcock y Bernard Herrmann y a François Truffaut y Georges Delerue (ver aparte). Entre todos ellos, la pareja más fuertemente ligada en la memoria de los seguidores del séptimo arte posiblemente sea la que integran Rota y Fellini.

La música de uno y las imágenes del otro cifran, entre otras cosas, una nostalgia infinita por un tiempo ido. Hoy la vida ya no da ese tono. Esas partituras a veces cargadas de lirismo, por momentos de ritmo desvencijado, son un eco lejano que recuerda la medida humana de las cosas. Al escucharlas, así como cuando vemos algunas películas de Fellini, sentimos una doble nostalgia. La primera, por el tiempo que evocan. La segunda, por el tiempo en que esas películas y esa música reflejaban la vida.

Por Héctor M. Guyot
De la Redacción de LA NACION

Trenes bala y trenes eficientes


En tanto el gobierno nacional anunció con bombos y platillos el inicio del megaproyecto del tren bala que conectaría las ciudades de Buenos Aires, Rosario y Córdoba, los servicios ferroviarios suburbanos y los escasos de larga distancia concesionados siguen exhibiendo pésimos niveles de calidad y puntualidad.

Ya no cabe hablar de la gota que rebasó el vaso, porque el vaso de la paciencia de quienes son víctimas indefensas de estas irregularidades se ha desbordado muchísimas veces, hasta el extremo de provocar, el año último, más que agresivas reacciones de algunos usuarios.

Por citar apenas dos ejemplos recientes de esas deficiencias, el lunes último se quedó detenido en medio del campo, por un desperfecto, un convoy que corría desde Mar del Plata hacia la Capital Federal. La abrupta parada impidió el tránsito de otros dos y demoró el diagrama horario: el tren que debía salir a las 6.55 de Plaza Constitución con destino a la citada ciudad balnearia sólo pudo hacerlo pasadas las 11. Los pasajeros de las formaciones detenidas y retrasadas tuvieron que afrontar un auténtico calvario, dada la insuficiencia de las explicaciones y la falta de elementos para, por lo menos, hacer más llevadero el contratiempo. Además, según testimonios de los pasajeros, los vagones de las clases más económicas estaban en pésimas condiciones de higiene, con muchos de sus asientos en condiciones precarias y más de una ventanilla desprovista de vidrios.

Ese ejemplo resume ni más ni menos que las oprobiosas condiciones en que deben viajar quienes se movilizan por casi todos los ramales suburbanos. Justamente, el lunes último una locomotora que llegaba a la estación Santos Lugares para remolcar una formación allí detenida, se estrelló contra su último vagón, presumiblemente por una falla de los frenos, con el saldo de medio centenar de heridos.

Nuestro país progresó y se engrandeció merced a la vastedad y eficiencia de su red ferroviaria, cuyo tendido fue iniciado hace 150 años, en su momento una de las más importantes del mundo. Cientos de localidades se establecieron a la vera de sus trazas y prósperas actividades florecieron gracias al tráfico de pasajeros y cargas.

Aquella fisonomía es triste recuerdo de tiempos mejores. Sin ir más lejos, hoy en día alrededor de 400 pueblos bonaerenses se encuentran en una agonía casi irremisible, iniciada cuando el ferrocarril dejó de pasar por ellas -primordialmente las líneas de trocha angosta-, tratándose del único medio que tenían para intercomunicarse con las localidades cabeceras de sus respectivos distritos.

En estas alturas del siglo XXI ha quedado de sobra demostrado que ningún sistema de transporte puede monopolizar el mercado, de manera tal que todos y cada uno -terrestre automotor o por ferrocarril, aéreo y marítimo- deben complementarse para atender la demanda de manera correcta, ofreciéndoles a los aspirantes a viajar la posibilidad de elegir el sistema más conveniente o más de su agrado. Así pareció entenderlo el anterior gobierno nacional, al anunciar medidas que encuadró dentro de un proyecto de reactivación y recuperación ferroviarias.

Algo se ha avanzado, sin duda. Fueron resucitados el mundialmente conocido Tren de las Nubes, el Tren de las Sierras, el tren a vapor entre Viedma y Bariloche, los servicios entre las provincias del Chaco y de Santa Fe, y, mal que mal, los servicios entre Federico Lacroze y Posadas.

Así y todo, aún queda mucho por hacer, empezando por la proyectada reparación de las vías que permitirían rehabilitar los servicios entre Buenos Aires y Mendoza, y la definición del futuro de las líneas Belgrano Norte y Belgrano Sur. Ello sin contar que en el terreno de la reposición de material rodante, el Gobierno se ha limitado a comprar en Europa locomotoras y formaciones usadas, en ciertos casos más aptas para el descarte que para la utilización intensiva.

Se ha progresado, aunque no lo suficiente. Esto no desmerece la propuesta del tren de alta velocidad, que enlazará los tres centros urbanos más importantes del país, siempre y cuando los negocios que implica se ejecuten con plena transparencia y las autoridades también velen para que todas las líneas dispongan de trazas aptas, apropiados materiales de tracción y remolque e infraestructura acorde con la importancia de sus prestaciones. En otras palabras, que ofrezcan servicios en cantidad suficiente para satisfacer la demanda, cómodos, limpios y seguros en todo sentido.

El progreso debe ser bienvenido, pero sin dejar de tomar en cuenta que el conjunto de las medidas previstas para reactivar el ferrocarril deberían consagrar una política de Estado. De esa manera, las líneas concesionadas, pero no por ello liberadas de la fiscalización oficial, habrán de recuperarse y podrán atender sin inconvenientes y en forma debida la finalidad social de los trenes, no menos importante que su condición de medio de transporte veloz, confiable y poco contaminante.

El mundo y los derechos humanos


Después de una pausa procesal de casi seis meses, el Tribunal Especial de las Naciones Unidas que juzga al liberiano Charles Taylor por la responsabilidad que pudiera caberle en el conflicto armado interno que se desarrolló en Sierra Leona entre 1991 y 2002 acaba de reanudar las actuaciones.

Los fiscales actuantes presentaron testimonios vívidos sobre muertes y mutilaciones sufridas por civiles inocentes en ese país y sobre apetencias que aparentemente tienen que ver con el comercio de diamantes, que habría sido una de las lamentables razones del conflicto. Se trata de las primeras declaraciones prestadas por un total de 144 testigos que los fiscales se aprestan a presentar en un juicio en el que la sentencia de primera instancia sería dictada a fines del año próximo.

De esta manera, la comunidad internacional parece afirmar, una vez más, la voluntad de conferir vigencia absoluta e irrestricta a la protección conferida por el derecho humanitario internacional a los civiles inocentes (y a todos aquellos que estén comprendidos en esa protección), incluidos por cierto los conflictos armados internos. Ella deriva del artículo común 3 de todas las convenciones de Ginebra de 1949.

Esta protección absoluta ha sido expresamente reconocida, desde hace mucho tiempo, como válida para los conflictos armados internos, tanto por la Corte Internacional de Justicia en el caso "Nicaragua", decidido en 1986, en el que la extendió a las acciones de los llamados "contras", como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el dictamen correspondiente al caso "La Tablada", de 1997, que confirmó que, de acuerdo con el derecho internacional, la protección a los civiles inocentes obliga de la misma manera a todas las partes en conflicto, sean ellas el Estado o sus agentes, o los movimientos insurgentes o disidentes, como los llama la Comisión.

Este es también, desde hace rato, el criterio adoptado por el propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, exteriorizado en casi dos décadas de distintas resoluciones relativas a los conflictos armados internos en la ex Yugoslavia, Somalia, Ruanda y Afganistán.

Lo antedicho evidencia que en el derecho internacional contemporáneo se ha plasmado inequívocamente una norma consuetudinaria según la cual las violaciones al derecho internacional humanitario en los conflictos armados internos son crímenes de guerra y, al propio tiempo, delitos de lesa humanidad a los que se les aplican las normas de las Convenciones de Ginebra antes aludidas, que -recordemos- son derecho interno en la Argentina desde mediados de la década del 50.

Queda claro entonces que no es posible sostener que una conducta prohibida por el derecho internacional no es, simultáneamente, una infracción penal. Menos aún, que en la letra de las convenciones de Ginebra se prohíba perseguir y sancionar dichas violaciones, lo cual es un verdadero despropósito.

Con sus constantes decisiones en casos como los que tienen que ver con la ex Yugoslavia, Ruanda, Uganda, Congo o Sudán, los tribunales penales internacionales no están haciendo más que reiterar la aplicabilidad de la protección de las convenciones de Ginebra de 1949 a los conflictos no internacionales.

La jurisprudencia argentina, sin embargo, no parece haber tomado nota aún de la existencia de todos estos precedentes, como lo reflejan algunos fallos tan cuestionables como el que acaba de sobreseer a integrantes de la agrupación Montoneros por un cruel atentado contra un comedor del Departamento Central de Policía, cometido en 1976.

El olvido de la reforma política


Por Natalio R. Botana
Para LA NACION
Caricatura: Alfredo Sabat


En recientes declaraciones, Elisa Carrió recomendó organizar un foro de partidos políticos para impulsar modificaciones en el régimen electoral.

Es una propuesta que cae de madura para los intereses de la oposición. La renovación por mitades cada dos años de la Cámara de Diputados y del tercio del Senado, estipulada en la Constitución nacional, delimita un intervalo muy breve entre elecciones.

En el curso de un período, sólo el cincuenta por ciento del tiempo de un presidente no esta pautado por el ritmo que imponen los procesos electorales. Si a ello se suma la polémica suscitada por los comicios del año pasado en cuanto a la provisión de boletas para garantizar un acceso equitativo a todos los candidatos en los recintos donde la ciudadanía emite su voto, nos encontramos ante un cuadro que combina las presunciones de corrupción con la ineficiencia de un método anacrónico.

Lo que quedó demostrado en esas elecciones es que a mayor capacidad de recursos humanos y financieros para allegar boletas de votación, menor posibilidad de los otros partidos para hacerse presentes al momento del voto en un pie de igualdad.

Aunque esta hipótesis no se verificó en aquellos distritos donde hubo una competencia entre dos coaliciones políticas bien equipadas (por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Santa Fe), los datos que se han ido acumulando acerca de la falta de boletas en el Gran Buenos Aires deberían ser un aliciente para encarar la tantas veces postergada reforma electoral.

Convengamos en que la tarea no será sencilla, por varias razones. En primer lugar porque en cualquier proceso de reforma electoral el interés de la oposición entra en colisión con el interés del oficialismo.

La masa de boletas oficialista, siempre a punto y renovada, contrastó con la escuálida oferta de una oposición con escasa movilidad y pocos fiscales.

Se entiende, por tanto, que la idea de reemplazar estos mecanismos por una boleta única, en la cual figuren todos los candidatos, impresa y distribuida por la justicia electoral, logre la adhesión de quienes más han sufrido aquellas carencias.

El voto electrónico podría significar, asimismo, otra reforma viable, así como la selección de autoridades de mesa competentes y bien retribuidas.

Con sólo avanzar sobre estos aspectos circunscriptos (boletas únicas y autoridades) podríamos dar un paso hacia adelante para evitar el riesgo de una declinación en esa esfera sensible de la democracia que atañe a la transparencia del sufragio.

Sin embargo, las reformas electorales son apenas un sitio sobresaliente en un campo minado por criterios que subordinan la universalidad del Estado a las apetencias de los gobiernos.

Si los gobiernos, con sus diversas facciones, se confunden con el Estado y hacen uso y abuso de instituciones que deberían estar destinadas a toda la población, entonces cualquier reforma electoral que se emprenda podría reproducir, con sucesivas vueltas de tuerca, el mismo esquema de dominación.

Si bien este juego lo practica la red caciquil que en varios distritos intenta fabricar un voto útil a su designio, es preciso recordar que esos perturbadores de la libre voluntad ciudadana forman parte del Estado en sus tres niveles (en el nacional, el provincial y el municipal).

El Estado se convierte, de este modo, en la maquinaria electoral de un partido. No es instrumento de la sociedad al servicio del bien común, sino instrumento del gobierno al servicio de su interés particular.

Varios ejemplos históricos ilustran este dilema. En la literatura especializada se registra habitualmente el año 1832, cuando el Parlamento dictó en Inglaterra la primera reforma electoral inscripta en un largo proceso de extensión del sufragio.

Los expertos suelen destacar las modificaciones atinentes al tamaño de los distritos y a los procedimientos adoptados para convertir los votos en bancas, pero no subrayan con el mismo énfasis -al menos, en nuestro país- el hecho de que, un año más tarde, se hayan puesto en marcha en Inglaterra las primeras leyes para instaurar un servicio civil del Estado basado en el mérito, el concurso y la evaluación de los candidatos a ocupar cargos en la burocracia.

Sin servicio público no hay Estado que merezca el nombre de tal, del mismo modo que sin buenas leyes electorales no hay representación política que afiance la calidad de la democracia.

Como podrá observarse, están aquí en juego dos legitimidades: una que viene de abajo, a través de las elecciones, y otra que viene de arriba, mediante la articulación de los cuerpos profesionales y neutrales del Estado.

¿Habrá que seguir insistiendo en estos argumentos para percatarse, una vez más, del carácter invertebrado del Estado argentino?

Llevada a sus últimas consecuencias, esta manera espuria de agenciar el poder afecta directamente la base electoral de la democracia e impide cumplir con el cometido fundamental de garantizar la transparencia de los comicios.

Vista de cerca, se trata de una circunstancia que adquiere mayor dramatismo en la medida en que los gobernantes recientemente elegidos abren el cerrojo de un sistema de prebendas y protecciones recíprocas.

Ya sea que se ponga a descubierto el régimen de contratos, como ocurre actualmente en la ciudad de Buenos Aires, o que se intente en la provincia del mismo nombre distribuir tarjetas electrónicas para cobrar beneficios sociales sin intermediarios (algunos de ellos violentos), lo cierto es que, ante el ciudadano que vota y paga impuestos, el Estado emerge como un botín pronto a ser capturado por partidos, sindicatos u organizaciones ad hoc.

Esta imagen reduccionista, que por ser tal no toma en cuenta otras zonas del Estado mejor equipadas y más idóneas, debe ser disipada cuanto antes, porque nos hace mal a todos.

Por otra parte, si de ejemplos históricos se trata, es claro que la Argentina tiene sobrada experiencia en relación con las reformas electorales desde que, hacia los años veinte del siglo XIX, se disparó hacia el porvenir la promesa del sufragio universal.

Magníficos propósitos que fueron ratificados en la última centuria por las dos grandes leyes de reforma electoral, que estatuyeron primero el voto masculino secreto y obligatorio, y después el femenino.

No obstante, es prácticamente imposible para el historiador identificar un momento comparable que tuviese por cometido una reforma del Estado tan trascendente como sin duda fueron aquellas reformas. Las leyes electorales modificaron, en efecto, muchos comportamientos, pero el Estado quedó librado a un concepto de apropiación particular de sus recursos que se ampliaba en proporción al crecimiento de la participación electoral.

Hubo entre nosotros experiencias de todo tipo: de aumento, de reducción, de utilización del Estado para los fines más perversos y criminales.

En ninguna de ellas se logró, sin embargo, constituir un Estado en forma, apto para servir y no solamente para dominar. Hasta se llegó a desarrollar un estamento privilegiado con respecto al resto de la sociedad, mediante la estabilidad del empleo público.

Pese a las excelentes intenciones que animaban a los legisladores de mediados del último siglo, esta categoría laboral no pudo resolver para nada esas malformaciones. La estabilidad se convirtió, así, en una recompensa, no en un mérito.

Quizás estas consideraciones nos sirvan para entender que nuestra meta es una reforma política que abarque simultáneamente la reforma electoral y la reforma del Estado. Es hora, pues, de poner manos a la obra y nada mejor que habilitar este debate en el Congreso de la Nación para remontar, entre otros motivos, su alicaído prestigio.

El abecé de las vacaciones

Por Nora Bär
La Nación


Las calles semivacías de Buenos Aires y el apabullante número de oficinistas, médicos, estudiantes, amas de casa, ejecutivos, escolares... en resumen, seres humanos de todas las edades que durante el resto del año se dedican a una miríada de ocupaciones, pero que en estos días pueden darse ese pequeño gran lujo de estar tendidos al sol sobre la arena atlántica o sumergidos en un baño de aire puro en cualquiera de los otros destinos turísticos de nuestro país están, en suma, dedicándose de lleno al tan anhelado dolce far niente que para la mayoría de nosotros resulta irresistible.

Por alguna extraña carambola genética, en mi familia no ocurre lo mismo: a pesar de que empleo todos mis argumentos de seducción, ni a mi marido ni a ninguno de nuestros cuatro vástagos les parece atractiva la idea de trasladarse a un lugar en el que la naturaleza se muestra en todo su esplendor.

En todo caso, si hay algo por lo que ese alejamiento del trabajo, la escuela o la universidad vale oro, es porque brinda la oportunidad de ponerse "al día" con una oferta editorial que se multiplica sin cesar. Y esto es particularmente cierto en el área floreciente de la llamada divulgación científica.

Basta con asomarse a una buena librería para advertir que nos esperan decenas de títulos, a cual más interesante y tentador. Desde la colección Ciencia que Ladra , dirigida por Diego Golombek, cuya última producción es Trasplantes de órganos y reconstrucción del cuerpo humano , escrito por el doctor Pablo Argibay, pero que incluye best-sellers como Matemática, ¿estás ahí? , de Adrián Paenza, o Sexo, drogas y rock and roll , del propio Golombek, más una larga lista de propuestas que recorren desde la biología de las hormigas a la física en la vida cotidiana.

Más allá de los clásicos como Carl Sagan, Stephen Hawking o Jorge Wagensberg, otras editoriales dedican parte de su catálogo a los libros de ciencia para público general, como Katz Editores ( Qué es el altruismo , de L. Dugatkin, A cada cual su cerebro , de F. Ansermet y P. Magistretti) y Tusquets ( La simetría y la belleza del universo , de L. Lederman y C. Hill).

Algunas obras son más exigentes, como Biotecnología , de la Universidad Nacional de Quilmes, y otras, cercanas a las vivencias de los adolescentes, como La física de los superhéroes , de J. Kakalios (Editorial Ma Non Troppo).

En el caso de los libros dedicados a los más chicos, antes de comprarlos la Asociación Nacional de Maestros de Ciencias de los Estados Unidos aconseja verificar si el autor es prestigioso, si el contenido es coherente, si las fotos e ilustraciones son fáciles de seguir, si el lenguaje es adecuado y si las experiencias sugeridas son seguras.

En fin, la lista de posibilidades es inagotable, pero queda claro que la lectura no tiene desperdicios: al final de cuentas, un libro nos llevará más lejos que cualquiera de nuestros viajes... En mi caso particular, leer en la playa sigue siendo un deporte insuperable. Aunque por ahora sólo sea algo así como un recuerdo del futuro.

Los "Pitufos" festejan sus 50

años de vida invadiendo Europa


Los "Pitufos", los célebres duendes azules creación del dibujante belga Peyo, festejan sus 50 años de existencia con toda la pompa y serán objeto de una serie de homenajes en Europa, incluyendo una edición limitada de muñecos, la emisión de sellos postales y exposiciones.

Famosos en el mundo entero, los "pitufos" ("schtroumpfs", en el original en francés) aparecieron por primera vez en el álbum "La flauta de seis agujeros" publicado en 1958 en la revista Spirou por el dibujante "Peyo", cuyo verdadero nombre era Pierre Culliford (1928-1992).

En ocasión del 50 aniversario de su creación, los hombrecitos azules tendrán canciones de aniversario, muñequitos en edición limitada, una colección especial de vestimenta, la emisión de sellos postales y exposiciones.
"Durante este año festivo, veinte ciudades de Europa serán invadidas por los 'pitufos'", dijo este lunes a la prensa Véronique, la hija de Culliford, a presentar el "Euro Tour" organizado en forma cojunta con UNICEF.

Según Hendrick Coysman, presidente de IMPS, la empresa que tiene los derechos de los duendes azules y es controlada por la viuda de Peyo y sus dos hijos, la invasión "comenzará el 20 de enero y terminará en octubre".
Para ello, UNICEF (El Fondo de la ONU para la Infancia) distribuirá en toda Europa decenas de miles de muñecos en arcilla blanca de los "pitufos" para que los niños puedan decorarlos.

"La iniciativa culminará con la subasta de producciones gigantes de los 'pitufos' el 23 de octubre", fecha exacta en la que aparecieron los duendes azules en una aventura de otros dos famosos personajes de Peyo, "Johan y Pirlouit".
Tras aquel comienzo como invitados, los "pitufos" ganaron protagonismo adueñándose de una tira propia y vendieron más de 25 millones de ejemplares de historietas traducidas a 25 idiomas.





El éxito mundial les llegó gracias a los 272 episodios de dibujos animados para la televisión producidos en nueve años por los estudios norteamericanos Hanna Barbera.
En ocasión del 50 aniversario, un nuevo álbum, "Los pitufos y el libro que dice todo", será lanzado el 18 de enero con varias novedades, entre ellas la ausencia de "Papá pitufo", cuyo lugar será ocupado por el "pitufo sabio", y la multiplicación de personajes femeninos para acompañar a la hasta ahora única "pitufina".

Además, IMPS, que administra el catálogo de más de 3.500 páginas de historietas, quiere "relanzar" la veta cinematográfica mediante la coproducción de un filme con la compañía estadounidense Paramount y una serie de 26 capítulos para la televisión, indicó Coysman.

De su lado, una editorial belga y otra francesa, Les Editions du Lombard y Dargaud respectivamente, publicarán una colección pedagógica, mientras que en forma más clásica la revista Spirou pondrá en venta un número especial.

En cuanto a la palabra "Schtroumpf" con la que se conoce originalmente a los duendes azules, su creación se remonta a una cena entre los dibujantes Peyo y Franquin, en la que el primero dijo, indicando el salero, "Pásame la... el... schtroumpf!", provocando una graciosa respuesta de su colega.

Con este nuevo aniversario se renuevan los comentarios sobre sus motivos ocultos. Teorías malditas e hipótesis de conspiración fueron analizadas por investigadores de todo el mundo. Un repaso por las más importantes

Muchos son los mitos que encierran estos personajes azules. Detrás de su imagen, aparentemente inofensiva, se tejieron todo tipo de conjeturas, la mayoría de ellas que apuntaba a su origen satánico.

Según recuerda el sitio 20Minutos.es, los siete pecados capitales aparecen representados en las características de los pitufos más importantes. Así, el Pitufo Filósofo representaría la soberbia, Glotón la gula, Gruñón la envidia, Pitufina la lujuria, Perezoso la pereza y Fortachón la fuerza y la codicia.

Por otra parte, no fueron pocos los analistas que afirmaron que la comunidad de los Pitufos se asemeja a la utópica sociedad marxista, en la que no hay rastros visibles de las ideas de dinero, familia, religión e individualidad.

Asimismo, el símbolo del mal que representaría el sacerdote en Marx estaría encarnado en Gargamel, cuya casa es muy similar a una iglesia y su vestimenta a una sotana de monje.

Otra teoría que se difundió allá por los años 80, esta vez en México, decía que los personajes azules estaban malditos y asesinaban por las noches a los niños que estuviesen durmiendo en sus casas.

Empleo informal,

un mal persistente


A pesar de los avances concretos registrados en la reducción del desempleo, aún persiste un notable porcentaje de ocupados informales o "en negro". Aunque para algunos pueda tratarse de una forma de disminuir la desocupación, la persistencia de esa modalidad laboral no es positiva, en especial porque, lamentablemente, más de una vez el Estado nacional, las provincias y los municipios apelan al recurso de tomar empleados con contratos que, tras varios años de vigencia, encubren una virtual e irregular relación de dependencia.

Uno de los aspectos más favorables de la gestión presidencial de Néstor Kirchner fue, precisamente, el empequeñecimiento del desempleo, mal que hasta ese momento impedía a vastos sectores de nuestra población atender sus necesidades más imperiosas y las sumía en el estado de angustia que esa precariedad implica. Casi un millón y medio de personas obtuvo trabajo a partir de la segunda mitad de 2003; otras 700.000 trocaron los subsidios provenientes de planes sociales por empleos de mercado y un millón de ellas encontró ocupación digna. Todo ese progreso redundó en la disminución en alrededor de 30 puntos del índice de pobreza.

Pero tales avances no incidieron con hondura en la baja de la informalidad laboral. Tanto es así que la actividad informal o en negro, tomando como referencia los empleos de mercado, sólo cayó -de acuerdo con un minucioso informe de SEL Consultores- del 42 al 39 por ciento. Y una muestra incompleta del Indec, la Encuesta Permanente de Hogares, que dejó sin cubrir ciudades importantes de nuestro país, admitió que el 40,9 por ciento de los ocupados lo son según la modalidad de informales.

No hay duda de que para quien penó, acaso durante largo tiempo, abrumado por la triste condición de desocupado, la posesión de un empleo informal o en negro hasta podría equivaler a alcanzar algo así como el paraíso. Sin embargo, ese aliento para poder enfrentar en mejores condiciones la lucha por la propia subsistencia no es ni puede ser una solución definitiva: sólo equivale a un paliativo, importante y eficaz, pero paliativo al fin.

Para el trabajador, el empleo en negro no deja de ser el disparador de una permanente sensación de precariedad laboral y de aprensión respecto de la continuidad de la reconfortante posesión de un empleo. La informalidad laboral lo margina de la normativa previsional, pues esos períodos de labor no le serán computados llegado el momento de gestionar su jubilación. Y por fin, el trabajo en negro excluye al empleado -o casi- de las obligaciones y beneficios incluidos en la legislación laboral.

Cabe coincidir, entonces, que llegados a este punto en que por cierto resulta ser notable, positiva y plausible la caída de la tasa de desempleo, habría que comenzar a encarar la "desinformalización" del trabajo en negro, incluyendo incentivos impositivos como los aplicados, por ejemplo, para la regularización del personal doméstico. La acción debería comenzar por crear oportunidades de formación y capacitación laboral para adultos, de manera que la baja preparación no sirva de excusa para alentar, justamente, el trabajo informal. Y después, fiscalizar a rajatabla el cumplimiento de las disposiciones que lo prohíben.

La nueva corte:


los fallos que renovaron el perfil del tribunal


En el año que marcó el final del proceso de renovación de la Corte, en 2007 el máximo tribunal del país mostró mediante sus resoluciones una mayor independencia del poder político


Por Laura Zommer
Enfoques – La Nación


La Corte Suprema de Justicia de la Nación con la que deberá convivir Cristina Fernández de Kirchner durante su mandato provocará sin duda más de un encono a la Presidenta, si el máximo tribunal del país profundiza el nuevo perfil que ensayó durante 2007.

La Corte, en cuya conformación definitiva Cristina tuvo mucho que ver al impulsar desde el Congreso la aprobación de una ley para reducir el número de miembros de 9 a 5, parece haber dejado de lado los dos modos tradicionales de respuesta que los expertos tanto critican a la Justicia argentina: el "pasivismo" y el "activismo indiscriminado".

En sus fallos, los jueces del máximo tribunal se cuidaron de tomar decisiones que concernieran a los otros poderes, pero no se mostraron dispuestos a tolerar o justificar sin más que se registren violaciones de derechos constitucionales por la inacción o impericia del Estado.

El tribunal tiene aún pendiente de resolución varios casos que podrían tener impacto político: la validez y los límites del dictado de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y demás facultades legislativas del Presidente de la Nación, la constitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura ideada por Cristina Fernández cuando era senadora, la incorporación del ex comisario Luis Patti al Congreso y el eterno -y gravísimo- problema de contaminación del Riachuelo son algunos de ellos.

El año que acaba de terminar fue clave para la Corte. No lo fue sólo porque concluyó su proceso de renovación, iniciado en 2002, al calor de la demanda popular de "que se vayan todos", ni porque el tribunal resolvió al menos una veintena de casos de trascendencia institucional y adoptó varias medidas a favor de una mayor transparencia (aunque aún adeuda muchísimas otras), sino también, y principalmente, porque se muestra dispuesta a jugar un rol más activo y relevante que en el pasado, algo saludable para el régimen institucional argentino, caracterizado por muchos como un sistema hiperpresidencialista.

Roberto Gargarella, profesor de las universidades de Buenos Aires y Torcuato Di Tella, celebra que la "nueva Corte" haya ensayado un tercer modo de respuesta, al que califica como "una luminosa novedad" en la historia judicial argentina. "Lo que han hecho los actuales jueces de la Corte en varios casos equivale a decir: «el problema que tenemos frente a nosotros es de naturaleza política y debe ser resuelto políticamente, pero ello no nos exime de actuar, porque el problema involucra graves violaciones de derechos humanos. Lo que debemos hacer es asumir nuestra responsabilidad institucional, ayudando a que los poderes políticos resuelvan de acuerdo a derecho»".

Este tercer tipo de respuesta no implica ni la retracción de la Corte de la política -de hecho, el año último, en varias ocasiones jueces del máximo tribunal y el ex presidente Néstor Kirchner o sus ministros se criticaron mutuamente y polemizaron en público- ni la imposición de sus propios criterios sobre el poder político. En coherencia con la nueva modalidad de respuesta, lo que hizo la Corte en varios casos fue convocar a audiencias públicas, reunir a los actores involucrados, pedir informes a los otros poderes o solicitar reportes u opiniones a especialistas.

Bajo esta lógica, la Corte decidió intervenir y promover una solución para la grave contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo en el caso "Mendoza" y en 2007 celebró cinco audiencias públicas, así como el año anterior lo había hecho en el caso "Verbitsky" con la intención de mejorar el pésimo estado de las cárceles bonaerenses.

También utilizó esta nueva modalidad de convocar y pedir respuestas a los poderes involucrados -la provincia de Chaco y el Estado nacional- en un caso impulsado por la Defensoría del Pueblo para que se garantice a las poblaciones indígenas, en su mayoría tobas, la provisión de agua potable, alimentos, transporte y comunicación.

Derechos sociales

Pero el máximo tribunal también resolvió, durante el año que acaba de concluir, varias controversias generadas por las llamadas normas de emergencia económica, dictadas por la crisis de 2001 (aunque aun tiene otras pendientes), y dijo que el derecho de vivienda es preferente frente al de los acreedores, además de convalidar nuevamente la pesificación de los depósitos.

Además, ordenó al Congreso y al Poder Ejecutivo Nacional que garantizaran la movilidad de los haberes previsionales de los jubilados y pensionados establecida en la Constitución (en el caso "Badaro") y mostró una acentuada sensibilidad ante reclamos de prestaciones sociales básicas de salud y educación, algo que en el pasado no había evidenciado.

"En estos y otros casos, la Corte empujó o favoreció la modificación de ciertas políticas públicas, pero evitó imponer remedios que pudieran afectar significativamente aspectos presupuestarios del Gobierno", opinó al respecto Roberto Saba, director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).

Desde la Corte, el ministro Eugenio Raúl Zaffaroni explicó a LA NACION los fundamentos teóricos de este cambio de rol. "Con la globalización, los Estados nacionales han perdido bastante poder y tienen poca capacidad de resolver la conflictividad social cuando ella necesita reformas estructurales. Entonces, es bastante común que los poderes propiamente partidistas del Estado deriven esa conflictividad a la Justicia. Pero lo máximo que puede hacer la Justicia es decir «hagan una política», aunque no determina qué política. Y aún así hay algunos que nos critican y dicen que esto constituye un activismo judicial".

Zaffaroni advirtió, al igual que los demás expertos consultados, que existe un peligro cierto de que la Corte, aún con su intervención, no logre resolver los conflictos planteados y frustre las esperanzas de los justiciables. "Si el Poder Judicial por una cuestión de indiferencia, narcisismo o protagonismo asume la solución de esos conflictos, está destinado al fracaso, y eso, sin duda, produce un desprestigio público. Las expectativas de la gente en la Justicia son superiores a sus posibilidades, sin perjuicio de todos los defectos que tenga el propio servicio de justicia. Este es un fenómeno mundial y no exclusivo de la Argentina."

Pero la Corte no sólo se concentró en 2007 en cuestiones vinculadas con dramáticos problemas individuales o violaciones de derechos sociales, sino que resolvió varios asuntos de índole institucional. Así, indicó a la cámara de Diputados que no puede rechazar el ingreso de un legislador electo con el argumento de su "inhabilidad moral" en el caso de Antonio Domingo Bussi y que debe respetar la decisión del electorado. De cualquier modo, Bussi no llegó a asumir, porque su mandato había concluido cuando se dictó la sentencia. La Corte tiene pendiente de resolución un planteo similar de Patti: habrá que ver si también deja pasar el tiempo de mandato antes de decidir.

Los ejemplos siguen: en el caso "Rosza", la Corte no convalidó el sistema de subrogancias de jueces diseñado por el Consejo de la Magistratura ante la gran cantidad de vacantes que hay actualmente en la Justicia nacional y federal, y también se pronunció sobre la distribución de la publicidad oficial. Sentó así un importante precedente para todos los gobiernos (incluido el nacional, que enfrenta un reclamo por discriminación de la Editorial Perfil), al sostener que el retiro de publicidad oficial del gobierno de Neuquén al diario Río Negro tras la publicación de información crítica constituye un supuesto de presión que afecta, de modo indirecto, la libertad de prensa.

Derechos humanos

El máximo tribunal reveló también un interés especial porque se mejoren las condiciones de detención en todo el país y se respeten las garantías de las personas sometidas a procesos penales, aunque para varios penalistas el caso "Minaglia" implicó un retroceso en materia de inviolabilidad del domicilio, porque se convalidó una orden de allanamiento judicial genérica.

La Corte ratificó también una clara posición respecto de la inconstitucionalidad de los indultos a los militares (con el caso "Mazzeo") y sostuvo lo mismo en la causa "López" respecto de los tribunales militares, porque no son independientes, ya que dependen del Poder Ejecutivo, que tiene vedada la aplicación de penas. El fallo motivó una reforma legislativa impulsada desde el Ministerio de Defensa.

"Algunas decisiones de la Corte muestran un cambio de rumbo en materia judicial respecto de lo que fueron las decisiones de los años 90. Esto se expresa no sólo en su forma de intervenir sino en la incorporación de los estándares de derechos humanos al análisis de los casos. Los fallos ponen en evidencia la voluntad de la Corte de posicionarse como un actor de peso, con capacidad de instalar temas en el debate público, desde una perspectiva de derechos", opinó Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Para Chillier, otra cuestión positiva es que la Corte no sólo enfocó el tema de derechos humanos a las violaciones cometidas por el terrorismo de Estado. "Sus decisiones -precisó- se han dirigido también a robustecer o restablecer garantías penales y procesales, desprestigiadas desde varios sectores en los últimos años. Entre otras cosas, ha tomado intervención en la grave situación de las personas privadas de libertad [en los casos "Lavado" o "Gramajo"], ha promovido la efectividad del derecho de defensa [en "Schenone" o "Noriega", entre otros], así como el control de las detenciones policiales. En términos generales, esta Corte parece optar por un uso limitado y racional del derecho penal".

Más transparencia

El nuevo espacio institucional y el respeto social que busca tener la Corte no sólo se advierten en algunos de los fallos que dictó en el último tiempo sino también en varias decisiones de índole administrativa, la mayoría impulsada por el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti. Con posterioridad a una decisión similar del Consejo de la Magistratura que alcanza a los jueces de las instancias inferiores y después de ocho años de la sanción de la ley de etica pública, la Corte aceptó dar a conocer las declaraciones juradas de sus jueces. Lo hizo ante un pedido de LA NACION.

Además, a tono con diversas medidas tomadas en los últimos años con el objetivo de acercar la Justicia a la gente, creó en el Palacio de Tribunales una Oficina de Información Judicial y otra, impulsada por la vicepresidenta Elena Highton de Nolasco, de Violencia Doméstica, y reglamentó la celebración de audiencias públicas (en todo el año realizó seis). Y, con la intención de revertir las prácticas que la llevaron a acumular miles de expedientes y la voluntad de agilizar la resolución de los casos sencillos para concentrarse en los de mayor trascendencia, fijó límites para los escritos de las partes que se presentan ante la Corte (con un máximo de 40 páginas) y aumentó de 1000 a 5000 pesos el depósito que debe hacerse cuando se recurre en queja (en forma directa) ante el máximo tribunal.

Hay cuestiones pendientes, sin embargo. "Pese a que la Corte intenta abrirse a la ciudadanía, todavía queda una importante deuda por saldar para que sus decisiones sean cabalmente comprendidas y, eventualmente, se advierta su relevancia por parte de los interesados en conocerlas", observa Saba. Y añade: "Para lograr una mejor comunicación con los ciudadanos a quienes van dirigidas sus sentencias, sería deseable que la Corte insistiera en presentarlas con mayor claridad, intentando brindar una única y completa exposición de los hechos juzgados e identificando concretamente, en lo posible a través de una voz unificada, cuáles son las cuestiones que sus fallos resuelven en cada caso".

A contrapelo de lo que dijo Cristina Fernández en su discurso ante la Asamblea Legislativa y de lo que sería deseable para mejorar la transparencia y el compromiso ciudadano de los jueces, la Corte perdió la oportunidad de terminar con la prerrogativa de que los magistrados estén exentos del pago de impuesto a las ganancias. ¿Será 2008 el año en el que se termine con este privilegio? Si así fuera, con seguridad la medida ayudaría a avanzar en el camino de restablecer la confianza de la gente en la justicia argentina.

Verano al desnudo

Por Alina Diaconú
Para LA NACION


Existimos por lo real, pero vivimos por lo ideal.
Víctor Hugo

Esta es la época del año en que el cuerpo adquiere un protagonismo único e inusitado. Las vacaciones en contacto con la naturaleza o en medio del paisaje urbano, donde el asfalto se ablanda por las altas temperaturas, nos obligan al striptease de rigor. Nos liberamos del peso de las vestimentas cerradas y, según dónde nos encontremos, nos abrimos a la liviandad de las telas frescas, de la ropa sin mangas, de las bermudas, de los trajes de baño, de las sandalias.

Con la llegada del verano, nuestros cuerpos se liberan, sueltan amarras y cerrojos; los jóvenes entran en un juego exhibicionista propio de la edad. Las muchachas pasean sus barrigas al aire, los muchachos ostentan sus brazos tatuados, trabajados en los gimnasios.

El verano se convierte en sinónimo de desnudarse, de mostrar lo que durante el año permanecía oculto, de abrirse a nuevas sensaciones, a una sensualidad renovada. Es una ruptura con lo viejo, con lo antiguo, con lo convencional. Una suerte de rebeldía de los sentidos, en el que el cuerpo clama por su estrellato.

Y eso sucede no sólo con los jóvenes, sino con todos nosotros. Todos, de algún modo, entramos en esa necesidad corporal de aligerar la carga del año que concluyó con la apertura a una mayor libertad y creatividad y que, en cierta forma, representa la llegada de la temporada estival.

El cuerpo es primordial. Y siempre lo fue. Ya Montaigne, en el siglo XVI, anotaba en sus Pensamientos: “Tiene el cuerpo gran parte en nuestro ser, ocupa en él puesto muy principal; y así su estructura y composición son de muy merecida importancia”.

Sentados hoy a la mesa de un parador en la playa o en la de un bar cualquiera de la ciudad, advertimos prácticamente lo mismo: un incesante desfile de cuerpos que se muestran de las más diversas maneras, con más o menos originalidad en su ropa, pero siempre tratando de poner de relieve la belleza de sus atributos físicos. Las mujeres, las piernas, los pechos o la cola. Los hombres, la musculatura de sus tórax, de sus bíceps.

La piel , puesta en contacto directo con el sol, se vuelve también otro de los atractivos del cuerpo en verano.








Se nos ocurre que más allá de la desnudez del cuerpo que brega por liberarse de viejas estructuras para seducir, abrirse a nuevas sensaciones o porque sí, simplemente porque hace calor y necesita ventilarse, podríamos aprovechar esta ocasión para desnudar otros aspectos de nosotros mismos. Desnudar también nuestro yo interno. Liberarnos de aquellos aspectos que, a lo mejor, no nos gustan tanto de nosotros mismos y que Jung llamó “la sombra”. Y soltarlos, de la misma manera en que nos desembarazamos de los ropajes del invierno, de la vestimenta pesada, cerrada, que nos sofocaría en estos días de verano si la usáramos todavía.

“La sombra es la parte inferior de la personalidad –escribió Carl Gustav Jung en Recuerdos, sueños y pensamientos–. La figura de la sombra personifica todo lo que el sujeto no reconoce y lo que, sin embargo, una y otra vez, lo fuerza directa o indirectamente. Así, por ejemplo, rasgos de carácter de valor inferior y demás tendencias irreconciliables.”

Mirémonos por dentro. Quizás albergamos viejos rencores y odios, quizás estamos llenos de contradicciones, tal vez sea frecuente nuestra imposibilidad de perdonar, quizá nuestros impulsos nos lleven a estallar en enojos, ansiedades e iras con las que hacemos mucho daño a otros y que luego se nos vuelven en contra. Acaso no seamos coherentes entre lo que pensamos y pregonamos, y lo que practicamos. Acaso exijamos demasiado a los demás, y a nosotros mismos. “En nosotros radica el origen de toda posible maldad”, declaraba Jung. Todos esos aspectos nos oscurecen la vida. Son nuestra “sombra”. Y la sombra suele ser más grande que nuestro cuerpo. Parece un gigante que camina con nosotros. Pero si somos capaces de mirarla, de reconocerla, veremos que ella es una proyección de nosotros mismos. Es decir, que podemos quitarle poder y misterio, y peligro. Ahora, para eso será necesario hacer un minucioso análisis de conciencia. Desnudar nuestra personalidad, nuestro ego, del mismo modo en que desnudamos nuestro cuerpo. Capa tras capa, como quitando las camisas de una cebolla.

Y entonces, seguramente llegaremos a nuestra esencia, a nuestro cuerpo fundamental, básico, que no es material, porque es nuestro ser profundo, y ese ser es luminoso y libre, y perfecto. Y es tan real como nuestro cuerpo físico.

Entonces, a partir de ahí, de ese autoanálisis introspectivo y de los cambios subsiguientes podremos hacer mejor nuestros planes de futuro, nuestros proyectos, ver cuáles son nuestros sueños para este nuevo año, cuáles nuestros ideales. Qué cosas queremos llevar a cabo. Lo haremos así desde un corazón más abierto, desde una mente más límpida. Todo será más claro. Estaremos desnudos por dentro, sincerados con nuestro yo.

Alina Diaconú es escritora. Poemas del silencio es su libro más reciente.

Todos contra los "ñoquis"


Por Daniel Della Costa
Para LA NACION


De pronto los “ñoquis” han pasado a ser el gran tema. Y todo porque al jefe de gobierno porteño se le ocurrió la peregrina idea de hacerles la guerra. A la que promete sumarse Daniel Scioli y vaya a saber quién más. Porque acá se pone de moda el saco con dos tajitos o la liposucción y todos siguen la corriente. Lo que, más allá de las consecuencias de esta embestida antiñoqui, sugiere una pregunta: ¿por qué hoy se adjetiva del modo que se lo hace, con ese sabroso sustantivo de origen italiano, que designa a un sencillo bollito de harina y papa que, al fileto o a la putanesca, es deleitoso?

Se sabe que antaño también se lo usó fuera del plato, pero para amedrentar al rival. “Te voy a dar un ñoqui, te voy a dar”, solían decir los pibes mostrándole el puño al rival. Pero desde hace poco se lo aplica al tipo que sólo acude a su conchabo a cobrar, el 29 de cada mes, por forzada analogía con esa costumbre de servir ñoquis los 29 y poner bajo el plato unos pesos con la ilusión de que habrán de multiplicarse.

Ahora bien: siempre hubo empleados públicos que se ganaron el puchero sin trabajar. Pero que hoy se lance una cruzada para combatirlos sugiere que lo que alguna vez fue raro hoy, por alguna razón, es corriente. Y acá puede hablarse de dos razones. Una, que el escaso crecimiento que se arrastraba desde los 30, seguido por las nacionalizaciones de los cuarenta y los cincuenta, llevaron a la exacerbación de la empleomanía, ya que ni los organismos públicos ni las empresas del Estado se fijaban en sandeces tales como la productividad, la eficiencia y los límites presupuestarios. Y otra, que las privatizaciones de los noventa, sumadas a la crisis de hace unos pocos años, produjeron un doble y sentido efecto: la desocupación rampante y la búsqueda desesperada del empleo público como alternativa para salir del pozo. Así habría sido como, por ejemplo, en 20 años se duplicó la nómina salarial de los laburantes de la ciudad capital.

Todo aparentemente muy redondito, salvo por un detalle: ¿por qué la “ñoquimanía” no se detuvo, sino que, aparentemente, se exacerbó, durante estos años de crecimiento? Una respuesta: el crecimiento lo está midiendo el Indec. Otra, hay demasiados tipos que trabajan en un lado y cobran en dos, ya que nadie les avisó que se terminó la crisis. Y tres, los ejemplos que vienen de arriba no ayudan. Está bien que asumir la Presidencia un 10 de diciembre, en vísperas casi del tórrido verano porteño, es criminal. Pero tampoco le agrega ganas a los que ya vienen con extenuación crónica, el hecho de que la Presidenta, después de apenas una semana de trabajo, se haya tomado vacaciones y ahora ande proyectando irse a España para reunirse con el rey.

Es decir, nadie le pide que, con semejante clima, reme las ocho horas todos los días, pero verla entrar diariamente a la Rosada saludando a los granaderos hubiera ayudado a que quienes hoy ejercen de “ñoquis” experimenten, siquiera, algún cargo de conciencia. “Maestro –dijo el reo de la cortada de San Ignacio, mientras se daba aire con una vieja pantalla de cartón, de un tintorería nipona–, ¿usted sabe la energía que se ahorró preparando en Calafate y no acá el plan de canje de lamparitas? Porque allá, minga de aire acondicionado. Hasta le tienen que poner un braserito a los pies.”

Una epidemia de accidentes viales


La principal causa de muerte de jóvenes de entre 15 y 19 años no pasa por el sida ni el cáncer ni cualquier otra enfermedad, sino por los accidentes de tránsito. En efecto, según el director del Departamento de Prevención de Heridas y Violencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los accidentes de tránsito matan en el mundo a 1,2 millones de personas cada año y 400.000 son jóvenes menores de 25 años.

Por desgracia, la Argentina no es ajena a esta epidemia mundial, sino todo lo contrario. Según un relevamiento de la organización no gubernamental Luchemos por la Vida, el año último volvió a ser récord por este motivo -más de 8000 personas perdieron así la vida-, a pesar de que oficialmente se lo anunció como "el año de la seguridad vial".

El nuevo año no comenzó de mejor manera. Basta recordar el trágico accidente ocurrido en la madrugada de anteayer en Arrecifes, que provocó cuatro muertos y veinte heridos.

De acuerdo con recientes estadísticas del Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV), la tasa de mortalidad en accidentes de tránsito aumentó a 28,5 cada 100.000 habitantes, lo cual representa un aumento sustancial si se tiene en cuenta que durante 2006 el índice había sido de 26,2. La tasa de mortalidad de la Argentina es la segunda más alta de América latina, sólo superada por México (28,9) y muy lejos de Venezuela (19,3), Brasil (18,5), Uruguay (17,2) y Chile (13,1). En realidad, todos los índices que divulgó el ISEV alarman si se compara 2007 con el año anterior. El de mortalidad subió el 10 por ciento; el de cantidad de lesionados graves, el 15,3 por ciento, y el de siniestros graves, el 21,4 por ciento.

Por su parte, Luchemos por la Vida, a partir de las estadísticas oficiales, lleva un recuento de la cantidad de muertos. Si bien son cifras provisorias, no dejan de ser espeluznantes, ya que, según los cálculos de la ONG, la cifra de 8014 personas fallecidas en 2007 implica un promedio de unas 668 víctimas por mes y un promedio de 22 muertes por día. Comparado con el año anterior, hubo 547 muertes más.

El 60 por ciento de los accidentes ocurre en la provincia de Buenos Aires, con 3134 muertos; la siguen Santa Fe, con 707; Córdoba, con 598, y Mendoza, con 423.

Los accidentes de tránsito tienen distintas causas. Los expertos afirman que cerca del 90 por ciento de éstos se producen por fallas humanas del conductor y señalan la imprudencia al conducir como la causa principal; a continuación están el exceso de velocidad, la ingesta de alcohol y otras drogas, y, finalmente, las deficiencias en las calles y rutas, y las fallas mecánicas de los vehículos.

Sin embargo, el fenómeno responde también a causas más profundas: una patológica actitud suicida en los conductores; características culturales; la deficiente planificación urbana, y el escaso mantenimiento de la infraestructura vial. Entre los rasgos culturales que son causales de accidentes de tránsito están la falta de conciencia vial, el manejo descuidado y la habitual falta de respeto hacia las normas de tránsito. Para el director del ISEV, Eduardo Bertotti, "nuestras autoridades crearon nuevas normas cuando el problema es que no se cumplen ni se controlan las vigentes. Para acabar con este flagelo hace falta una verdadera voluntad política. Se debe encarar la seguridad vial como política de Estado".

Las muertes y las lesiones a consecuencia de los accidentes de tránsito son absolutamente evitables. La experiencia de otros países y la opinión de los expertos indican que el problema debe ser enfrentado con diversas medidas necesariamente integradas, producto de una formulación previa de objetivos y políticas globales en torno del tema. Así, se requieren políticas orientadas a la educación de los automovilistas y choferes en general; al aumento de las exigencias en el momento de conceder las licencias de conducir; a incrementar la cantidad de multas para los conductores y peatones que violan las señales de tránsito, y a los registros con puntaje.

Si es necesario, se podría recurrir a la experiencia de otros países que, con conductas parecidas a las nuestras, han logrado, como España, bajar sus índices de accidentes de tránsito.

Es de destacar que el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, haya decidido prorrogar la emergencia vial en su provincia por seis meses porque "aún subsisten las circunstancias fácticas" que llevaron a su antecesor, Felipe Solá, a decretarla en enero de 2007. Como se recordará, se puede disponer, entre otras medidas, el arresto de los conductores que conduzcan alcoholizados o bajo los efectos de drogas, corran picadas, crucen una barrera sin derecho de paso o crucen tres veces con luz roja.

Es de desear que 2008 sea un año en el cual los argentinos empecemos a atacar esta enfermedad colectiva de raíz. La situación requiere acciones inmediatas, pues cada día que pasa hay más víctimas y pérdidas que lamentar.

Mariano Rajoy, al ataque


Por Joaquín Morales Solá
La Nación - Opinión
Caricatura: Alfredo Sabat


España ha entrado en los últimos sesenta días de la campaña electoral para elegir su gobierno nacional de los próximos cuatro años. Un clima político crispado, de renuencia al diálogo y a la construcción de consensos, parece enturbiar por momentos ese ejemplo de civilización política que tanto inspiró aquí el discurso de los argentinos, aunque esa inspiración se quedó siempre en un simple soplo local y nunca fue trasladada a los actos concretos.

Los principales candidatos a presidir el futuro gobierno español, el actual jefe de la administración, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del opositor Partido Popular, Mariano Rajoy, están al frente de fuertes organizaciones políticas, que ganan o pierden sólo por pequeños márgenes. Los dos han estado en Buenos Aires en las últimas semanas, tratando de conquistar a los más de 250.000 argentinos con doble nacionalidad que están en condiciones de votar en los comicios españoles. Hay muchos más hispano-argentinos, pero algunos no tienen aún edad para votar.

Rajoy y Rodríguez Zapatero vienen de contradictorias historias políticas. Rajoy era, en las elecciones de hace cuatro años, el candidato de la victoria casi cantada.

Este gallego simpático (nació en Pontevedra y estudió en Santiago de Compostela) debió, en cambio, enfrentar la derrota.

"Han sido cuatro años muy difíciles, porque mi partido estaba preparado para gobernar y tuvo que militar en la oposición", confiesa ahora.

Venía con fama de ser el más dialoguista de los dirigentes del Partido Popular y se convirtió en el más crítico opositor -hasta ofensivo, a veces- de Rodríguez Zapatero.

"Su política de diálogo con ETA y su decisión de ceder a las pretensiones autonomistas me apartaron de cualquier consenso con este gobierno", explica.

A su vez, Rodríguez Zapatero había ganado por un puñado de votos el liderazgo del PSOE y la mayoría política española, incluidos algunos dirigentes de su partido, lo imaginaban sólo como el futuro jefe de la oposición del eventual gobierno de Rajoy. Rodríguez Zapatero, un leonés enigmático y culto, admirador fanático de Borges, cuyos versos suele regalar como preciados tesoros, no sólo ganó aquellas elecciones, sino que mostró la garra suficiente para asirse al poder y no dejarlo ir.

Llegó a la Moncloa como el "hombre del talante" y de los acuerdos posibles, pero no le tembló el pulso para aplicar audaces leyes sociales o para cumplir en el acto con su promesa electoral de retirar las tropas españolas que José María Aznar había enviado a Irak.

Desde entonces, nunca pudo reconciliarse con George W. Bush, aunque tampoco nunca criticó en público al presidente norteamericano. Por el contrario, mandó a sus ministros a establecer una fluida relación con Washington. Esta misión fue posible, pero no la reconciliación entre los dos presidentes.

Rajoy toma ese entrevero para sacudir a Rodríguez Zapatero. "Me es imposible entender que el presidente del gobierno de España no pueda alzar el teléfono y hablar con el presidente de los Estados Unidos -dispara-. Esa distancia hay que borrarla rápidamente, para colocar a España en el lugar que le corresponde." Tiene la formación evidente de un hombre de Estado: poco le importan, en última instancia, las actuales encuestas sobre la impopularidad de Bush. Lo que le importa es la presencia de España en el mundo y, andando por esos carriles, casi no marca diferencias con su competidor cuando habla de América latina.

"Europa es muy pequeña y la Unión Europea tiene muchos problemas que atender: Rusia, los Balcanes, Afganistán, Irak, China y la India. ¿Quién debe ocuparse de América latina? España, sin duda", subraya.

Rodríguez Zapatero podría decir lo mismo. Pero Rajoy lo aguijonea: "Nunca más puede pasar lo de la última Cumbre Iberoamericana en Santiago de Chile. Al señor Hugo Chávez hay que pedirle respeto. No puede haber buena relación con alguien que lo maltrata a uno", señala.

Los problemas de fondo en la campaña electoral española son, sin embargo, dos. El trato con la organización guerrillera vasca ETA y las constituciones de las autonomías, sobre todo la de Cataluña.

"Es muy difícil un acuerdo con este gobierno sobre el caso ETA. Mi posición es muy clara: no se debe negociar, ni en privado ni en público, con los que matan. No después de la muerte." En rigor, todos los gobiernos españoles, desde Felipe González hasta Rodríguez Zapatero, pasando por Aznar, intentaron un acuerdo de paz con la organización terrorista. Todos fracasaron. La única (y no menor) diferencia en esta campaña es que la cuestión del terrorismo vasco forma parte del debate electoral; antes, todos los políticos habían apartado ese asunto de la competencia por el gobierno.

Rajoy enrojece de excitación y pierde su habitual calma cuando habla de las autonomías. "No puede haber constituciones autonómicas sin el consenso del Partido Popular y del PSOE. Es la única manera de defender la unidad de España. Rodríguez Zapatero está haciendo aprobar constituciones en alianza con partidos pequeños y autonomistas, y deja afuera al otro gran partido político español", lanza. Rodríguez Zapatero sostiene, por su lado, que el problema de las regiones y las autonomías siempre estuvo latente, sumergido, y que era, por lo tanto, peligroso si no lo atendían los políticos de Madrid. "Muy bien. Pero hagamos un acuerdo los dos grandes partidos para garantizar que España sea una sola", replica Rajoy.

Si de ser opositor se trata, Rajoy evoca con nostalgia los tiempos de Felipe González. "Yo participé de muchos acuerdos con él y sé que él no está de acuerdo con muchas cosas de este gobierno", hinca. ¿Con qué cosas, por ejemplo? "Con la ley de memoria histórica, por ejemplo", responde este hombre que no fue franquista ni fue perseguido por el franquismo. Su contraste con Rodríguez Zapatero consiste en que el abuelo del actual presidente del gobierno fue fusilado por Franco.

"Echemos página", responde Rajoy, que parece emocionarse: "No podemos olvidar fácilmente aquel momento único de la historia en el que un ex ministro de Franco, Manuel Fraga, firmó un documento de pacificación con un ex exiliado de Franco, Santiago Carrillo". Menta, sin nombrarlo, el Pacto de la Moncloa. Dice coincidir con la tesis de Felipe González, según la cual la transición española se asentó sobre dos columnas imprescindibles: amnistía y amnesia.

A pesar de todo, el Pacto de la Moncloa flamea desde siempre en la política argentina como un ejemplo perfecto que aquí nunca se siguió.

¿Qué sucede en España cuando por primera vez en 32 años se pone en discusión la figura del rey Juan Carlos? Rajoy vuelve al golpear: "No hay discusión sobre la figura del rey. Es el jefe del Estado y merece el respeto de todos; del mío, en primer lugar. Pero sucede que Rodríguez Zapatero abrió tantos pleitos al mismo tiempo que terminó afectando la figura del monarca".

Rodríguez Zapatero defiende con el mismo arrebato la figura y el papel del rey: "Nadie puede olvidar lo que el monarca hizo por la democracia española", suele repetir.

El monarca, cauteloso y equidistante de las luchas partidarias, sólo añora, dicen fuentes reservadas de palacio, los tiempos de Felipe González, el jefe del gobierno con el que mejor convivió durante catorce años, más de la mitad de su largo reinado.

La Argentina ante la crisis

financiera global



Aun no es posible precisar los alcances internacionales de la crisis originada en los Estados Unidos a partir del extendido default de las hipotecas de alto riesgo. El final de lo que puede calificarse como una burbuja inmobiliaria repercutió en el sistema financiero estadounidense y mundial mucho más de lo que podía preverse.

La formación de esa burbuja sólo se explica por el prolongado proceso de crecimiento de la economía norteamericana de los últimos diez años y por la fuerte confianza que hubo en el sostenimiento de esa tendencia. La liquidez del sistema financiero y las muy reducidas tasas de interés encontraron un destino atractivo en los créditos para viviendas. Esto alentó al público a tomarlos y a canalizarlos en la compra de inmuebles, impulsando la demanda y el aumento de sus precios de forma más acentuada que los de otros bienes.

La constante valorización inmobiliaria generó beneficios patrimoniales a los tomadores de los préstamos y tranquilidad a quienes los otorgaban, alentando el ciclo. Las entidades financieras emitieron bonos respaldados por esos créditos hipotecarios, colocándolos en otras entidades o en el mercado nacional e internacional. De esa forma restablecían su capacidad prestable y alimentaban el ciclo. Estas colocaciones alcanzaron una amplia dispersión en grandes bancos, no sólo de los Estados Unidos, sino también de Europa, Japón y otros países. Pero el aumento de la tasa de interés y el retroceso de los valores de las propiedades, en respuesta a la sobreoferta, revirtieron el círculo virtuoso.

Miles de tomadores de préstamos no pudieron hacer frente a sus obligaciones y la mora en las carteras de créditos hipotecarios subió fuertemente. Los bonos respaldados por estas carteras se desvalorizaron y esto comprometió la situación de los bancos, muchos de ellos importantes y con casas matrices en distintos países. La globalización se expuso de esa forma como una vía en los dos sentidos: se extendieron los beneficios, pero también ahora las consecuencias de los problemas originados en países centrales.

La Reserva Federal y el Banco Central Europeo han actuado con rapidez inyectando cuantiosos fondos en los sistemas para darles liquidez y evitar derrumbes que pudieran extenderse como una suerte de efecto dominó. Con ello han evitado consecuencias mayores, aunque no han impedido que muchos bancos enfrentasen problemas de solvencia y hayan tenido que recurrir a vender activos o enajenar parte de su capital. Tampoco se ha podido evitar el impacto macroeconómico que se está traduciendo en una reducción del ritmo de crecimiento de la economía estadounidense y también de la de otros países desarrollados.

La Argentina no está exenta de sufrir las repercusiones de esta crisis internacional, pero hay una justificada expectativa de que sus efectos sean menos sensibles que los ocasionados en otros países. El aumento de la tasa de interés y la búsqueda de destinos más seguros para los flujos financieros son ciertamente una mala noticia para nuestra economía, pero estos efectos están más que compensados por el incremento notable de los precios internacionales de los productos agrícolas y minerales. En el caso de los alimentos, que componen una parte sustancial de nuestras exportaciones y en los que nuestro país tiene aún enorme potencial, el aumento de los precios parece perdurable. El ingreso de millones de personas en dietas alimentarias mejores en China, India y otros países está presionando estructuralmente la demanda. Además, el persistente aumento del precio del petróleo y razones estratégicas están orientando una parte de la producción agrícola a la elaboración de combustibles. Hay fundamentadas razones para proyectar un ciclo largo de buenos precios agrícolas.

De todas maneras, la economía argentina dependerá en gran medida de sus políticas internas. Nuestro destino estará más relacionado con el control de la inflación, junto a la eliminación de las distorsiones de precios ocasionadas por los controles y congelamientos. El costo interno del capital y el aumento de las inversiones responderán en mayor medida a la reducción de los riesgos propios y a la recomposición de las relaciones financieras con el mundo que a las turbulencias internacionales.

En resumen, la crisis internacional de las hipotecas sin duda importa en el marco dentro del cual deberá moverse nuestro país, aunque su efecto debería más que compensarse por los excelentes precios agrícolas. La escalada internacional del precio del petróleo debería ser tomada como una oportunidad para la Argentina, sólo aprovechable si se revisa radicalmente la errónea política de precios y retenciones aplicada a la producción hidrocarburífera. De cualquier forma, el futuro de nuestra economía estará condicionado a la seriedad e idoneidad de nuestras propias políticas.

El sobreseimiento de los montoneros


En una sentencia cuyos fundamentos sorprenden por su ligereza, la Sala I de la Cámara Federal porteña dictaminó que los crímenes cometidos por miembros de la agrupación terrorista Montoneros no pueden ser considerados delitos de lesa humanidad, por lo que se encuentran prescriptos.

Los camaristas Gabriel Cavallo, Eduardo Freiler y Eduardo Farah confirmaron, así, un anterior fallo de la jueza María Servini de Cubría y rechazaron el intento de Hugo Briazzo, sobreviviente de un atentado cometido por la organización guerrillera, por reabrir la causa judicial contra siete montoneros a quienes se les imputó el hecho, entre quienes se hallaban Mario Firmenich y Horacio Verbitsky.

La Cámara Federal admitió que el atentado cometido el 2 de julio de 1976 contra un comedor del Departamento Central de Policía, que causó 24 muertos y numerosos heridos, era un "suceso aberrante" causante de un "daño inconmensurable", pese a lo cual no puede "subsumirse" dentro del derecho penal internacional, por no constituir un delito de lesa humanidad ni un crimen de guerra.

Los argumentos de la sentencia provocan desazón respecto de la calidad de nuestros tribunales y hasta sospechas acerca de su imparcialidad.

Para descartar la existencia de crímenes de lesa humanidad, el fallo esgrime equivocadamente que éstos sólo pueden ser cometidos por quienes actúan en representación del Estado, o de una organización que, controlando un territorio, posea además poder político, lo que no es ciertamente así. Para dejar de lado la posible calificación de crímenes de guerra, sostiene que la acción de los montoneros no tuvo ni la duración ni la intensidad necesaria para poder conformar un "conflicto armado interno", y que apenas configuró tensiones internas o disturbios sin mayor gravedad, prueba de lo cual -sostiene- fue el hecho de haber sido la organización terrorista derrotada en "todas las acciones de envergadura emprendidas", lo que supone reconocer la envergadura singular de las operaciones terroristas de los montoneros, de las que el atentado investigado es una prueba evidente. Finalmente, admitiendo su propia e injustificable "confusión" respecto de la posible calificación de terrorismo, concluye que en nuestro país el terrorismo es, en todo caso, un fenómeno no tipificado; algo que, frente a los compromisos asumidos por el Estado argentino frente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es una admisión tan equivocada como peligrosa.

Llama poderosamente la atención que la sentencia ignore lo decidido por la justicia penal internacional en el caso "Celebici", que confirmó que la protección a todos los civiles inocentes dispuesta por el Artículo 3 común de todas las Convenciones de Ginebra (conocido como "Cláusula Martens") debe tenerse como una norma de aplicación obligatoria en todos los Estados que, como la Argentina, suscribieron la Convención de Viena sobre los tratados internacionales. Esa protección absoluta no puede dejar de aplicarse a los conflictos armados internos, como el de la década del 70.

También ignora el fallo que el pretendido requisito de "reconocimento de beligerancia" dejó de usarse desde la Guerra Civil Española; que no hay justificación alguna para conferir trato diferente a las atrocidades cometidas en un conflicto interno y las que ocurren en un conflicto internacional y que es imposible sostener que una conducta expresamente prohibida por el derecho internacional no conforma un delito nacional.

La sentencia tampoco advierte que existe el deber para el Estado de perseguir los crímenes cometidos en los conflictos internos y que la existencia de un "conflicto armado interno" debe ser determinada por los tribunales en función de un análisis serio de la intensidad del conflicto, de su duración y del grado de organización de las partes, lo que no ha sido hecho.

Ningún requisito formal puede exonerar responsabilidades por haber violado la prohibición absoluta de atentar contra civiles inocentes o personas "fuera de combate". Los crímenes de guerra pueden ser cometidos por civiles, combatientes o no y, respecto de ellos, no es de aplicación el requisito de que formen parte de "un ataque generalizado y sistemático contra la población civil".

Un elemento que importa a la hora de considerar si un delito debe ser considerado de lesa humanidad, y por ende imprescriptible, es que los ataques efectuados por los grupos terroristas de los años 70 rara vez se llevaban a cabo por un motivo de índole personal contra un individuo determinado, sino por su pertenencia a un grupo, la mayoría de las veces sin que los guerrilleros conocieran siquiera la identidad de las víctimas.

Ignora el fallo también que no pocos miembros de la agrupación Montoneros, si bien no representaban al Estado, se sirvieron de cargos públicos durante el gobierno peronista iniciado en 1973, además de recibir financiamiento de gobiernos extranjeros.

Nada de esto ha sido tenido en cuenta por una decisión judicial que ciertamente no estuvo a la altura de las circunstancias. Cabe esperar que las instancias superiores que aún falta transitar analicen estas cuestiones como lo exige la justicia y lo reclama la historia.

La reconciliación de los argentinos exige que la memoria de los trágicos sucesos ocurridos en los años setenta sea asumida en forma integral y no fragmentada.

El plan para ahorrar energía


Hacia fines del año que acaba de concluir, el gobierno nacional puso en marcha el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía (Pronuree), con la modificación del huso horario en todo el territorio nacional. En el futuro inmediato se prevé la distribución gratuita de cinco millones de lámparas de bajo consumo para ser usadas en los hogares y el reemplazo de luminarias de alumbrado público con similar criterio. Se instrumentarían, además, incentivos crediticios para quienes adquieran electrodomésticos de consumo reducido. El objetivo del programa es lograr un ahorro del 6 por ciento en el consumo de energía eléctrica.

En función de las carencias en el suministro de energía eléctrica en los días calurosos de este verano -evidenciadas con los cortes de luz que en estas horas está sufriendo casi todo el país- y de la necesidad de plazos prolongados para incrementar la capacidad de generación, el propósito de ahorrar energía se torna imperioso.

El plan tiene algunos aspectos positivos. Debe destacarse el reconocimiento más manifiesto de que existe una crisis energética. Hasta ahora, las autoridades nacionales se habían resistido a reconocer abiertamente esta situación. Algunas medidas, como las ahora adoptadas, habían sido analizadas y propuestas desde hace al menos cuatro años. Deben ponderarse también positivamente los conceptos propuestos de racionalidad y eficiencia en el uso de la energía, aunque el adelantamiento de la hora ha generado protestas en las provincias del Oeste que tienen un fuerte fundamento en su impacto sobre los hábitos sociales.

Sin embargo, una visión más abarcadora del problema lleva a considerar la insuficiencia de las medidas encaradas. El 6 por ciento de ahorro, aunque ponderable, apenas alcanza para cubrir el crecimiento del consumo en menos de un año y sería casi equivalente por ejemplo, a la merma de generación recientemente provocada por la falla de un transformador en la Central Puerto.

La crisis eléctrica se ha originado en la insuficiencia de oferta por la ausencia de inversiones durante siete años. La causa principal ha sido la intervención gubernamental en el sistema de precios, tanto mediante congelamientos de tarifas como por medio de desmesurados derechos de exportación. Es, en esencia, el mismo origen que ha determinado faltantes en la provisión de gas y el que está llevando al país a la pérdida del autoabastecimiento de petróleo cuando su precio internacional toca los 100 dólares por barril.

Sólo una recuperación de la rentabilidad y la confianza, que alienten la inversión en generación y en el refuerzo de las redes de transmisión y distribución, permitirá resolver la crisis eléctrica que vivimos.

En ámbitos oficiales se sigue sosteniendo que las empresas no han invertido desde mediados de la década del 90. Probablemente por razones ideológicas se intenta desvirtuar el impulso que las privatizaciones le dieron al sector energético y, además, desvincular los congelamientos tarifarios del origen de la crisis. El Enargas, en su momento, informó que las empresas del sector habían cumplido con las obligaciones pactadas hasta 2002. Desde la devaluación con pesificación y congelamiento de las tarifas, los observadores independientes vienen advirtiendo sobre la problemática situación de las empresas privatizadas de servicios.

El Gobierno apostó a que, mediante subsidios e inversiones con fondos fiduciarios de origen básicamente tributarios, se pudieran neutralizar los efectos. Pero esto no ha funcionado en el mercado del gas ni en el eléctrico, estando ambos intrínsecamente relacionados. A pesar de las fuertes reducciones de las exportaciones de gas a Chile, las centrales eléctricas y las industrias han sufrido restricciones de suministro, que se han manifestado con fuerza creciente desde 2004, durante los inviernos. El uso de fueloil o gasoil a un precio mucho mayor implica crecientes erogaciones fiscales cuando es compensado por el Estado, o mayores costos cuando deben solventarlo los propios productores.

El Pronuree reconoce como antecedente el PURE (Programa de Uso Racional de la Energía), que persiguió reducir el crecimiento del consumo de electricidad mediante un plan de premios y castigos tarifarios sobre los consumos residenciales que superaran los registros del año anterior. Hoy se reconoce la relativa ineficacia de aquel programa. Tal vez haya tenido mayor impacto sobre la demanda eléctrica de redes públicas la disposición adoptada hace más de un año de que los consumos industriales adicionales se resuelvan con autogeneración. La incorporación de grupos electrógenos propios en fábricas ha cobrado importancia, como se deduce de la información sobre importaciones.

Este hecho se refleja también en la disminución en los últimos meses de la tasa de crecimiento de la demanda eléctrica a las redes. En noviembre último esa tasa fue de apenas el 3% respecto del mismo mes del año anterior debido a la reducción de las compras de industrias, mientras que la producción manufacturera creció a un ritmo superior al 8 por ciento. Esta sería, a la vez, una buena y una mala noticia. Por el lado positivo, estaría contribuyendo a un alivio en la crisis; por el negativo, mostraría ineficiencia y costos crecientes en relación con un sistema energético racional. Además, el fuerte aumento de la autogeneración está demandando consumos crecientes de gasoil y provocando por ese lado dificultades en el suministro de este combustible a las estaciones de servicio.

Los programas de ahorro de energía deben ser bienvenidos. No obstante, la solución estructural de la crisis debe pasar por la recomposición del marco institucional y económico del sector y por el aliento a la inversión privada. Una estructura de precios realista y que refleje los costos es el camino idóneo para reducir los consumos superfluos e incentivar el crecimiento de la oferta. La verdadera inteligencia aplicada al problema será aquella que lo logre, atendiendo a la vez la amortiguación de los efectos sociales de corto plazo que puedan derivarse de las verdaderas soluciones estructurales.

El frustrado rescate en Colombia


Profunda decepción causó en Colombia y en el mundo entero el fracaso del plan anunciado y profusamente publicitado por el presidente Hugo Chávez para lograr la liberación de tres personas secuestradas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La esperada liberación quedó trunca por el incumplimiento del compromiso asumido por la organización terrorista.

Por ello, y tras varios días de incertidumbre y de marchas y contramarchas, se anunció mediante un comunicado la "suspensión provisoria" de la labor de la comisión de garantes internacionales que llegó a Colombia para supervisar la frustrada operación de rescate de los rehenes en poder de las FARC, hasta que estén dadas las condiciones necesarias para que puedan ser liberados.

Sin caer en exageraciones, han sido muchos los países alrededor del mundo que se han movilizado para que las FARC entiendan lo cruel y desalmado que resulta, a la luz de toda noción de humanidad, mantener cautiva en la selva inhóspita a cualquier persona. Sin embargo, de poco o nada han servido esos clamores mundiales. Quienes conducen este grupo terrorista, financiado por el narcotráfico y por los secuestros, se mantienen impasibles e indiferentes ante cualquier voz y únicamente les interesa sacar algún dividendo político. Tan sólo con el protagonismo internacional que han tenido en los últimos meses, han obtenido su ganancia.

No es la primera vez que las FARC se valen de los secuestrados y de la buena voluntad de los colombianos y de los extranjeros para alargar el tiempo de espera y lograr así el interés y la audiencia que les niegan sus atrocidades. Como tampoco es novedoso que esta fuerza terrorista ofrezca supuestas señales de buena voluntad para después cerrarle la puerta a la esperanza, mediante el incumplimiento a cualquiera que les dé muestras de confianza.

Hay quienes sostienen que, con su activo protagonismo, Chávez buscó mantenerse vigente en el plano internacional y erigirse en el líder indiscutido de la región, además de demostrar que ya superó la derrota electoral sufrida hace pocas semanas.

No han faltado analistas para quienes el show montado alrededor de la anunciada liberación de apenas tres de las aproximadamente 750 personas que las FARC mantienen cautivas estuvo dirigido a debilitar al presidente colombiano, Alvaro Uribe, tanto en el nivel local como en el ambiente internacional.

Seguramente ajeno a estas especulaciones, el gobierno argentino se involucró en el operativo frustrado con un nivel de exposición que no pareció el adecuado. Sorprendió que la delegación de nuestro país estuviera encabezada por el ex presidente Néstor Kirchner, cuando el resto de los países que integraron el comisionado de garantes extranjeros enviaron a funcionarios de menor jerarquía.

Probablemente, la travesía por la selva le sirvió al ex presidente Kirchner para descubrir la forma en que actúa este grupo terrorista del que sólo siendo muy ingenuos podemos aguardar gestos humanitarios.

Una eventual liberación de unos pocos secuestrados hoy no podría hipotecar la libertad de mañana ni fortalecer la imagen de un grupo que está a la cabeza de las violaciones de los derechos humanos en el mundo occidental. Quedan muchos muertos en vida en los campos de concentración de las FARC en las selvas colombianas.

Frente al drama de los secuestros, la libertad es el único rédito posible. No caben en estos casos especulaciones sobre proyectos políticos personales o sobre próceres contemporáneos que, en el fondo, deben su intervención en estos patéticos casos a una afinidad ideológica que, tratándose de un grupo que secuestra, mata y trafica drogas, poco tiene de meritorio.

El presidente Uribe ha tenido la grandeza de ser coherente en aquello que pregonó desde que procuró canjear secuestrados por guerrilleros de las FARC detenidos. Haberles permitido a Chávez y a los emisarios de siete países adentrarse en el territorio colombiano fue, sí, un gesto humanitario.

No se puede jugar ni especular, hasta los límites de la crueldad, con los familiares de los secuestrados y con las esperanzas de los colombianos y las de millones de ciudadanos en el mundo, que vislumbran en la liberación prometida un primer paso para un acuerdo que permita la liberación de todos los rehenes que por años han vivido la tortura del secuestro a manos de verdaderos rufianes dedicados a lucrar con el dolor ajeno.

Objetivos prioritarios en educación


El ministro de Educación nacional Juan Carlos Tedesco y el titular de la Dirección General de Educación y Cultura de la provincia de Buenos Aires Mario Oporto, en sendas entrevistas con LA NACION, expusieron algunos de los objetivos que estiman prioritarios en el curso de sus respectivas gestiones.

Oportuno es señalar algunos cambios significativos ocurridos en el último bienio en el campo educativo que tienen lógica incidencia en el modo de concebir y planificar el futuro. En un libro publicado por la Academia de Educación en octubre de 2005, titulado Política educativa para nuestro tiempo , Juan Carlos Tedesco, en un capítulo a su cargo, marcó ciertas características de la transformación de la enseñanza en nuestro país. De esos rasgos algunos ya se han modificado en el corto tiempo transcurrido. Así, aunque ha persistido el propósito de servirse de la ley como instrumento de cambio educativo, la norma entonces vigente ya caducó y dio paso, en 2006, a la nueva ley nacional de educación 26.206.

Las dos normativas tuvieron un carácter integral, más acentuado en la última, que posee el carácter de un plan de gobierno. En 2005, la estructura del sistema de enseñanza establecía tres niveles; ahora, rige otra vez la estructura primario-secundaria. Por lo tanto, los responsables del área educativa deben diseñar las políticas sectoriales en un cuadro muy fluido, que admite cambios y retornos sustanciales.

Para el ministro Juan Carlos Tedesco el objetivo principal se cifra en recuperar la calidad educativa de nuestro sistema -meta hoy distante-, que permita superar los bajos resultados registrados en las pruebas de evaluación, según patrones internacionales. Para este fin, el funcionario enfatizó la responsabilidad de los aportes del Estado, la escuela y la familia. Además subrayó que, habiendo sido el descenso de calidad uno de los efectos de la crisis económica de principios de este siglo, superada parcialmente esa situación, corresponde a los padres obrar con mayor presencia, control e interés en el aprendizaje de los hijos, en una acción más eficaz y coordinada con los docentes.

Lo dicho por el funcionario nacional no es novedoso, pero es positivo que se insista en los beneficios de una acción conjunta familia-escuela. A la vez, es indispensable que se insista en la influencia del contexto socioeconómico como determinante del desigual aprovechamiento del aprendizaje por parte de los alumnos, de modo que las diferencias exigen para su corrección la mejora de las condiciones sociales y laborales en que se desenvuelve la familia.

En lo que concierne a las declaraciones referidas a la jurisdicción bonaerense, el profesor Mario Oporto puso como primer propósito la extensión horaria, de acuerdo con el artículo 28 de la actual ley educativa. En la propuesta se insinúa dejar a un lado el debate por un mayor número de días de clases y sustituirlo por un incremento de la carga horaria que, comparativamente, es mucho menor entre nosotros que en la mayoría de los países y está muy por debajo de los que alcanzan mejores rendimientos. La aspiración es válida, aunque de difícil realización, porque los cambios de horarios afectan a todos: familia, docentes y hasta las escuelas en las que se trabaja en distintos turnos y con distintas modalidades de enseñanza.

Otro objetivo de importancia enunciado por el profesor Mario Oporto es la reducción de la deserción escolar, mal que no abandona al sistema y constituye un plausible propósito por lograr. El mismo juicio merece la política de avanzar en el desarrollo de la obligatoriedad escolar, desde la educación inicial hasta el fin de la escuela media. Desde luego, todo eso exige progresos en la construcción y en los equipamientos de escuelas en una provincia en la cual 1375 edificios presentan deterioros y, de ellos, 400 con daños severos.

En suma, los objetivos están justificados en los dos casos, la cuestión es ponerlos en marcha, lo que demanda continuidad de las políticas, tan irregulares entre nosotros, y asegurar su financiación. Importaría, también, que las metas no sean enunciados abstractos, sino que se especifiquen en términos parciales, pero concretos, los tiempos de ejecución.

Pero, por sobre todas las cosas y como muchas veces hemos insistido en estas columnas, se requiere que toda la sociedad, incluidos sus dirigentes, comprenda que es urgente traducir todos los buenos deseos en acciones claras y coherentes, que sepan transmitirles a las nuevas generaciones la convicción sobre la real preocupación por el estado de la enseñanza. La construcción de una verdadera política de Estado, en la que se valore la cultura del trabajo y del esfuerzo por saber y aprender, no puede seguir siendo pospuesta indefinidamente.

La vigencia de la vieja política


El año que está por concluir, al igual que los últimos, nos deja a los argentinos una enorme deuda en materia de calidad institucional.

Es paradójico que esta antigua asignatura pendiente no encuentre un cauce hacia el progreso, a pesar de que en 2007 la ciudadanía acudió a las urnas para elegir autoridades presidenciales por sexta vez consecutiva desde la reapertura democrática de 1983.

Nuestro déficit de calidad institucional se asocia con la vigencia de la llamada "vieja política", un mal que se advierte tanto en los protagonistas de la vida pública como en los procedimientos para ejercer el poder.

Lo apreciamos el 28 de octubre último en el sinnúmero de irregularidades denunciadas en el acto electoral nacional, que incluyó errores operativos que derivaron en interminables filas de votantes; la desaparición de boletas en los cuartos oscuros; las conocidas maniobras clientelistas, y, también, un escaso compromiso cívico demostrado por no pocos ciudadanos que, habiendo sido designados como autoridades de mesa, no cumplieron con su deber.

Observamos esa baja calidad institucional en un Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) víctima de la expulsión de profesionales, cuyos responsables parecen sólo preocupados por disimular una realidad que no escapa a los bolsillos de la población, que no entienden de manipulaciones numéricas.

Y la vemos, entre otros tantos ejemplos, en la ineficacia de la Justicia para condenar como se debe a los delincuentes comunes o para desentrañar los más graves casos de una corrupción administrativa que está a la vista de todos, al igual que en la incapacidad del Estado para garantizar el orden público frente a grupos que pugnan permanentemente por ganar la calle.

La presidenta Cristina Kirchner se ha cansado de repetir, tanto desde que asumió la jefatura del Estado como durante su campaña proselitista, que la calidad institucional será uno de los principales ejes de su gestión. Pero eso no será factible si no se separa claramente de los representantes de la vieja política que la acompañan y de sus condenables metodologías.

Cabe dudar de los reales propósitos de la primera mandataria, si se tiene en cuenta que la primera ley que el Congreso de la Nación le concedió fue la emergencia económica, por la cual se prorrogaron facultades legislativas del Poder Ejecutivo, pese a que los tiempos actuales distan afortunadamente de los críticos momentos vividos en 2002, cuando curiosamente la hoy presidenta y entonces senadora se había negado a votarlas.

También cabe dudar de sus verdaderas intenciones, cuando la Presidenta se muestra con llamativa habitualidad tan cerca de algunos intendentes del conurbano bonaerense a quienes alguna vez su antecesor en la Casa Rosada señaló como representantes de la vieja política que había que combatir.

No menos dudas provoca el hecho de que la primera mandataria haya ratificado en sus cargos a funcionarios tan cuestionados como el secretario de Transporte, Ricardo Jaime; el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y Exequiel Espinosa, el presidente de la empresa Enarsa que fletó con dinero de los argentinos el avión que trajo a Guido Antonini Wilson y su valija, junto a un grupo de representantes de la compañía venezolana Pdvsa.

No puede menos que llamar la atención, además, que el gobierno de Cristina Kirchner les haya reservado un lugar a dirigentes piqueteros y que no se descarte una recompensa para el controvertido Luis D Elía, protagonista del insólito copamiento de una comisaría y público defensor del régimen iraní que niega extradiciones solicitadas por el Estado argentino por la causa vinculada con el atentado contra la AMIA. Del mismo modo que sorprende el afán del matrimonio presidencial por codearse con figuras del sindicalismo que, como Hugo Moyano y Gerardo Martínez, no han dudado en sembrar el caos en las calles para medir su poder de convocatoria.

Lamentablemente, la cuestión de la calidad institucional no aparece como un tema prioritario en las encuestas que miden las principales preocupaciones de la opinión pública. Habrá que esperar que la gente advierta que menos calidad institucional afecta y mucho a la economía y, por ende, a sus bolsillos. Se trata de un desafío que la oposición debería asumir como propio antes de que sea muy tarde.

Entretanto, habrá que aguardar que quienes gobiernan el país entiendan que la calidad institucional es mucho más que su mera mención en un discurso político maravillosamente improvisado.

El agro,


el gran exportador



El año que termina muestra un desarrollo exportador de apreciable magnitud que permite aumentar los ingresos y mantener un saldo positivo de la balanza comercial, pese al también creciente desempeño de las importaciones. En efecto, las ventas al exterior de noviembre crecieron un 32 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior y un 19, si se comparan los once primeros meses del año actual respecto del mismo lapso del anterior. Ello permitirá, sumando las ventas de diciembre, supuestamente bastante parecidas a las de noviembre, superar los 55.000 millones de dólares para el año en curso. En gran medida ello ha sido posible por la alta participación de las exportaciones de base agraria, que suman el 57 por ciento del total, vale decir casi 32.000 millones de dólares.

Varios son los factores impulsores de este ímpetu exportador, liderado por el agro. Por un lado, el crecimiento de las naciones en desarrollo en general y principalmente de Asia, con China a la cabeza, que impulsan mejoras en sus estándares alimenticios. Por otro, la incorporación de combustibles basados en recursos renovables, como el etanol, producido a partir de la caña de azúcar y el maíz, y por el biodiesel, a partir de aceites vegetales.

La competencia entablada así entre la alimentación humana y animal, por un lado, y los combustibles, por otro, presiona sobre los precios en un contexto internacional de alto crecimiento. Este nuevo contexto ha cambiado el rol de la producción agroindustrial en el mundo. Durante décadas se pregonó la existencia de un deterioro secular de los términos del intercambio internacional, en el cual los productos agrícolas estaban condenados a perder terreno frente a los demás bienes y servicios. Tales términos están hoy invertidos y, según se espera, el nuevo escenario se ha instalado con perspectivas de perdurar por largo tiempo.

La soja sigue siendo el producto estrella del comercio exterior con una contribución del 18 por ciento del total de las exportaciones, mientras que el maíz lo hizo con el 10 por ciento. Los automóviles y los productos de acero y aluminio, y el trigo constituyeron la base del crecimiento apuntado.

No todo ha tenido la misma tendencia, como lo muestran las exportaciones de combustibles y energía en general, que van perdiendo terreno pese al gran aumento de sus precios internacionales, como consecuencia incuestionable de la reducción de la producción nacional de petróleo y gas. De representar un creciente e importante 18 por ciento de las exportaciones nacionales, estos productos cayeron al 12, mientras que sus importaciones crecen, fortaleciendo la perspectiva de un cercano escenario de importaciones netas del sector, con inexorables y abruptas consecuencias sobre el precio interno de los combustibles. Se redujo también en el curso del año, y pese a la suba de sus precios internacionales, la exportación de leche en polvo, sin duda consecuencia de las presiones ejercidas por la política oficial.

Otro tema por tener en cuenta es la continuidad del déficit de la balanza bilateral de comercio con Brasil, que sumó 3500 millones de dólares en los primeros once meses del año, pese a la gran revaluación del real, mostrando problemas de competitividad favorables al país vecino.

El comercio exterior argentino revela que en las más diversas y continuadas detracciones de sus ingresos, fundadas en políticas públicas, el agro y sus industrias mantienen una posición destacada en el comercio exterior, superando la mitad de las exportaciones y requiriendo relativamente menores importaciones.

Ello se explica por su destacada productividad y competitividad, basadas en la adopción de las más modernas tecnologías y gestiones empresarias. Nada aconseja, sin embargo, la continuidad de tales políticas, que tarde o temprano afrontarán restricciones climáticas y la competencia de naciones que están aprovechando las grandes oportunidades que ofrece el mundo.

El dilema que presenta hoy el Gobierno en el sentido de que "exportamos lo que comemos" podrá ser resuelto con ventaja si se otorgan vales alimentarios u otras compensaciones a la fracción de la población de menores ingresos. Ello ha de ser mucho más eficaz y recomendable que la aplicación de la compleja, arbitraria y burocrática madeja de subsidios cruzados utilizada hoy en día.

Decálogo para medir

la calidad institucional



Por Luis Gregorich
Caricatura: Kovensky

Para LA NACION


La apelación a la calidad institucional tiene, entre nosotros, el tono reiterativo de una plegaria por un bien perdido o la insistencia del deseo enfocado en un don que jamás se tuvo.

Cultivan esa apelación tanto los funcionarios del Gobierno como los dirigentes de la oposición, por caminos paralelos que, claro, nunca llegan a encontrarse.

Yo mismo, seguramente, he sobre-actuado el pedido más de una vez, ingenuamente confiado en el encantamiento de las sonoras palabras que lo constituyen.

¿De qué se trata?

En forma muy simplificada podría decirse que se trata del mejor o peor funcionamiento de las instituciones consagradas por la Constitución Nacional y del cuerpo legal que las secunda. Además, incluye la creación de nuevas instituciones, más adecuadas que las existentes.

Adelantemos que no hay, en nuestra opinión, una calidad institucional de izquierda y otra de derecha, aunque sí puede haber partidos mejor dispuestos, por tradición o por su plataforma, para ejercerla que otros, lo que no asegura su éxito ni brinda, necesariamente, felicidad a sus gobernados.

Podrán darse, por ejemplo, eficaces políticas de educación o de salud o de vivienda o de obras públicas, en un contexto de deplorable calidad institucional de izquierda y otra de derecha, aunque sí puede haber partidos mejor dispuestos que otros a ejercerla, por tradición o plataforma, lo que no asegura su éxito ni brinda, necesariamente, felicidad a sus gobernados.

Podrán darse, por ejemplo, eficaces políticas de salud o de vivienda, o de obras públicas, en un contexto de deplorable calidad institucional, sin que a nadie, o a muy pocos, se les mueva un pelo. Seamos modestos de entrada: hay pocos países o sociedades en el mundo que gocen de alta calidad institucional, que han conquistado pacientemente después de años o siglos de pruebas y fracasos. Porque, en el fondo, estamos hablando de un marco de convivencia señalado por algunas reglas, nunca respetado por todos, pero sí por la gran mayoría.

Como un mero ensayo descriptivo, vamos a bosquejar, siguiendo la superstición del sistema métrico decimal, un decálogo de la calidad institucional que pueda tener validez amplia, aunque resulte provisional y perfectible. Estos modestos diez mandamientos, ejemplificados con situaciones argentinas, valen para el Gobierno, la oposición y la sociedad toda, si bien la responsabilidad primaria por asumirlos y arraigarlos corresponde a los que conducen, temporalmente, los asuntos públicos.

A modo de pasatiempo, califíquese a nuestro gobierno, en cada una de las tablas de esta ley, con un puntaje que vaya del 0 al 5, lo que dará un resultado final entre los extremos imposibles del 0 (una tiranía vesánica e imbécil) y el 5 (una democracia virtuosa y sobrenatural).

1- División de poderes.

El primer mandamiento es obvio: de acuerdo con la letra constitucional, los tres poderes –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– tienen roles propios y separados, y ninguno de ellos debe influir y manipular a los otros. Esta orden es difícil de cumplir, sobre todo en sistemas presidencialistas como el argentino, y su negación pudo llegar a extremos grotescos, como cuando las respectivas cabezas de los tres poderes eran ex socios de un mismo estudio de abogados: Carlos Menem, Eduardo Menem y Julio Nazareno. Para la gestión de Néstor Kirchner se anota el punto positivo de la renovación de la Corte Suprema, mientras el abuso de los decretos de necesidad y urgencia, la discrecionalidad en la reasignación de recursos y el peso del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura tienen el signo contrario.

2) Seguridad jurídica y respeto por la ley.

La credibilidad e independencia de los jueces, y el respeto por sus decisiones (aunque nos perjudiquen), constituyen una fuerte red protectora, no sólo para inversiones y contratos a largo plazo, sino también para los derechos de los más débiles, en el terreno laboral y previsional, y en el espacio cotidiano de los consumidores. En cambio, la morosidad de la Justicia, sumada a la intromisión del poder político, largamente perpetrada en la Argentina, daña profundamente estos objetivos. La falta de estima por la ley, y sus alegres violaciones, sobre todo en la evasión fiscal y en la escena callejera, forman parte de un largo proceso de degradación que ningún gobierno por sí solo puede restaurar, pero cuya corrección cualquier gobierno está obligado a tomar como prioridad.

3) Control de los actos de gobierno.

Aparte de la división de poderes y de la seguridad jurídica, que a su manera ponen límites a los excesos del Ejecutivo, deben existir, y tener claras misiones, organismos o funcionarios que ejerzan diversos tipos de control sobre las actividades gubernativas, llámense defensores del pueblo, síndicos, auditores generales, fiscales de investigaciones administrativas, etc. Su labor debe facilitarse por todos los medios y tener difusión pública adecuada. Un ejemplo de lo que no debe ni puede hacerse es, por caso, incluir en la cúpula de la Sindicatura General de Empresas Nacionales (Sigen) a la esposa del ministro que maneja el mayor presupuesto en obras públicas, como ocurrió, durante toda la gestión del presidente Kirchner, con la cónyuge de Julio De Vido.

4) Relaciones con la oposición.

En naciones moderadamente civilizadas, el presidente o primer ministro suele reunirse, un par de veces al año o cuando situaciones de emergencia lo requieran, con el jefe o los jefes de la oposición. Quizás haya mucho de protocolo en estos encuentros, quizás ambos participantes se sigan odiando cordialmente, pero queda, rescatable, un efecto simbólico de apoyo a la democracia. A la vez, en la segunda línea, habitualmente son los ministros del Interior los encargados de dialogar con el conjunto de fuerzas opositoras. En los últimos cuatro años y medio, nuestro ministro del Interior, hoy ya a cargo de la cartera de Justicia y Seguridad, ocupó el lugar de vocero presidencial (en reemplazo de un vocero oficial sin voz) y se dedicó a agredir sin medida a esas fuerzas. Nobleza obliga: tales groserías tuvieron un ligero atenuante en la dispersión opositora y en su igualmente alto nivel de agresividad.

5) Sistema de partidos estructurado.

Una democracia estable reclama partidos políticos sólidos y diferenciados, dirigidos siempre al bien común, pero con variadas ideologías y programas para alcanzarlo. También esos partidos, sin abandonar su identidad, pueden formar coaliciones y llegar a compartir el gobierno, como sucede en Alemania (con un régimen parlamentario) y en Chile (con un régimen presidencialista). Por el contrario, entre nosotros el peronismo, un movimiento más que un partido, del formato catch-all, ha desarticulado el sistema de partidos, metamorfoseándose de manera sucesiva o simultánea con distintos ropajes, y absorbiendo o comprando a otros grupos comprables. Al radicalismo K, en el nuevo (?) gabinete, ni siquiera le ha tocado una humilde secretaría de Estado.

6) Federalismo sustentable.

Una equilibrada relación entre Nación y provincias, que acate los preceptos constitucionales y no los convierta en palabras al viento, se ve gravemente afectada por la marca histórica del unitarismo; por la falta de proyectos de genuino desarrollo regional; por la asimetría entre provincias atrasadas y patrimonialistas y otras relativamente modernas (aunque casi todas azotadas por el cáncer del clientelismo), y por el manejo partidista, desde Buenos Aires, de los recursos coparticipables.

7) Sistema electoral transparente.

Elecciones limpias son un requisito inexorable de la democracia. En nuestras últimas elecciones presidenciales hubo gran número de irregularidades, pero no fueron decisivas para el resultado final. Las reglas de juego electorales son, en la Argentina, producto del Pacto de Olivos, y establecen un pintoresco y original ballottage, sólo si no se alcanza el 45% de los votos, o bien si se gana por menos del 10%. Este sistema, diseñado a medida del peronismo, debería ser derogado, así como la posibilidad de que familiares directos se sucedan inmediatamente unos a otros, estableciendo de hecho la reelección indefinida y una eventual cuasi monarquía.

8) Libertad de prensa.

Con todas sus debilidades y desviaciones, la prensa constituye un reaseguro de información acerca de la vida social y de los asuntos públicos. En la Argentina, afortunadamente, se disfruta de una libertad de prensa que goza del consenso general, después de duras luchas contra las censuras y las presiones de las dictaduras militares. Sin embargo, en los últimos años, algunas actitudes del Gobierno, como la falta de equidad en la distribución de la publicidad oficial, han encendido una luz de alarma. Al mismo tiempo, no se han destacado por su ecuanimidad los medios y la agencia de noticias controlados por el Estado.

9) Bajo nivel de corrupción.

En materia de corrupción, podría decirse, pocos son los que en el planeta pueden tirar la primera piedra. Sobreprecios en obras públicas, contratos espurios o comisiones ilegales pueden ser suscitados por la deshonestidad individual, rasgo de la naturaleza humana difícil de extirpar, pero que podrían acotar buenos jueces; en cambio, resulta mucho más arduo derribar la corrupción estructural, que atraviesa estamentos políticos, empresariales o sindicales. Casos emergentes, como los de Skanska o la valija de Antonini Wilson, preocupan, más que por ellos mismos, por lo que pudieran representar como puntas de respectivos icebergs.

10) Gestualidad democrática.

El último mandamiento es el más difícil de definir y, quizás, el más revelador. La calidad institucional se relaciona, también, con gestos en la expresión corporal y el tono del discurso de los actores políticos. No hablamos de los abrazos de cocodrilo ni de las fotos para el álbum de la hipocresía, sino de un auténtico y sincero reconocimiento de los otros, en el gesto y la palabra. Experimentamos malestar cuando, al mismo tiempo que escuchamos hablar de unión y acuerdos, advertimos el dedo que nos señala y el matiz admonitorio. Un gran periodista argentino, ya desaparecido, solía exclamar, tras leer un texto que le llevábamos: “¡Qué buena nota…!”. En ese mismo instante, contradictoriamente, su boca y su rostro entero se crispaban en un rictus de disgusto. Para él, sin embargo, valían más las palabras que la mueca. No siempre se puede decir lo mismo de los políticos.

Ya los lectores habrán sumado sus calificaciones por rubro. Más de 25 puntos, diríamos que el Gobierno, con holgura o no, se exime. Entre 15 y 25, apenas regular. Y menos de 15, es para inquietarse, aunque no acabó el mundo.

Es que la calidad institucional no nos salvará ni tampoco nos condenará. No lleva a la revolución social ni a la sociedad posindustrial y globalizada. Es apenas el suelo fértil para que crezcan un poco mejor las necesarias plantas de la igualdad, la libertad, la convivencia y la distribución de la riqueza. Eso sí: es seguro que así crecerán un poco mejor.

Las retenciones en el Mercosur


El reciente aumento del impuesto a las exportaciones llevó la alícuota para granos, petróleo y derivados a niveles astronómicos. También mostró que, lejos de tratarse de gravámenes transitorios para afrontar situaciones de emergencia, este tipo de decisiones se ha convertido en una fuente de recursos fiscales permanentes, destinados a captar toda renta privada que el Gobierno considere excesiva.

Son hechos graves tanto por su impacto interno como por el externo. Las retenciones aplicadas a la soja, el trigo, el maíz, los lácteos y el petróleo, sumadas a otros impuestos de naturaleza federal, provincial y municipal, alcanzan un carácter confiscatorio extraordinario que excede ampliamente la frontera establecida por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el momento en que el Gobierno se apropia de una porción sustancial del capital o de la renta de las actividades productivas, porción de obvia magnitud en estos casos.

Cabe recordar que se juzga inexistente la facultad del Poder Ejecutivo para aplicar este impuesto sobre la base de una delegación del Congreso contenida en el Código Aduanero, la cual está caduca desde la reforma constitucional de 1994. Conviene tener cuenta también la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que, en 2006, falló a favor de la empresa láctea Sancor por negarse a pagar los derechos de exportación de sus productos destinados a Brasil, decisión extensible, por razones obvias, a las otras naciones del Mercosur.

El fallo, que revierte una decisión del Tribunal Fiscal de la Nación y que está ahora en estudio en la Corte Suprema, se sustenta en el artículo 1° del Tratado de Asunción, que establece "la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente".

El tema cala hondo en los aspectos jurídicos de la integración regional, por cuanto una decisión administrativa interna -vale decir, la imposición de derechos aduaneros de exportación por una norma delegada por el Congreso- carece del nivel jerárquico que le permita reemplazar lo que dispone el mencionado Tratado de Asunción y su continuación, el Protocolo de Ouro Preto. Los tratados, según lo dispone la Constitución Nacional, tienen jerarquía superior a las leyes y, por supuesto, a toda otra norma inferior, de tal modo que de sancionarse alguna de ellas estará viciada de nulidad.

En un sentido más general, siendo el propósito y la letra de la Unión Aduanera la conformación de un mercado único, no se explica una medida como la aplicación de derechos de exportación entre sus miembros que introduce un profundo desequilibrio en los precios de sus mercados. Cabe preguntarse qué razones pueden explicar la relativa pasividad de las demás naciones integrantes del Mercosur para tolerar semejante medida tributaria por parte de uno de sus miembros.

Las retenciones restringen la competitividad de los productos argentinos y benefician a los empresarios de las naciones socias del Mercosur. Sin perjuicio de ello, ha habido quejas y acciones formuladas con motivo del desequilibrio creado por la incidencia de retenciones diferentes entre los productos integrantes de una misma cadena productiva.

La realidad muestra que existen limitaciones para la aplicación de tan intempestivas decisiones tributarias. Surge así la necesidad de contar con una Justicia independiente y ágil, capaz de enderezar los errores y excesos que se cometen.

Dónde nació Jesús

¿Belén o Nazaret?


Nota Revista Noticias


La teología popularizó una versión, pero la historia indica otra. Las razones por las que se impuso una idea que no se corresponde con la verdad.

Ante la pregunta: ¿dónde nació Jesús?, la respuesta parece sencilla: en Belén. Lo aprendemos desde niños al celebrar la Navidad y lo cantamos todos los años en los villancicos alrededor del pesebre. Sin embargo, al analizar con detenimiento el Nuevo Testamento descubrimos que no es tan fácil fijar el lugar del nacimiento de Jesús.

Es cierto que dos evangelistas, Mateo y Lucas, afirman expresamente que Jesús nació en Belén. Mateo dice: “Cuando nació Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes...”. Y Lucas: “Cuando ellos (José y María) estaban allí (en Belén), ella dio a luz a su hijo primogénito”. Pero los otros dos evangelistas, Marcos y Juan, presentan a Jesús como si hubiera nacido en Nazaret. En efecto, siempre lo llaman “Jesús de Nazaret”; y sabemos que en la Biblia, cuando después del nombre de una persona se menciona una ciudad, es porque se trata de su lugar de nacimiento.
¿Cuál sería, entonces, la cuna de Jesús: Belén o Nazaret?.

Marcos. El primer Evangelio que se escribió, el de Marcos, da a entender que Jesús nació en Nazaret. Ya al principio, cuando relata su bautismo, dice que Jesús “vino de Nazaret de Galilea”. Es decir, no menciona ninguna otra ciudad de origen fuera de esta. Después, cuando Jesús se va a Nazaret, dice que “se fue a su patria”, y patria (en griego: “patris”) significa literalmente “la tierra natal”, “el lugar de nacimiento”. Esto lo confirma el mismo Jesús cuando, ante el escándalo que producen sus enseñanzas en Nazaret, él exclama: “Un profeta sólo en su patria, entre sus parientes y en su casa, es despreciado”.

Además, todo el mundo lo conoce como Jesús de Nazaret: el endemoniado de Cafarnaúm, la criada del Sumo Sacerdote, el ángel del sepulcro y hasta el mismo evangelista Marcos.

Por lo tanto, cuando Marcos escribió su Evangelio, dio a entender a sus lectores que Jesús había nacido en Nazaret.






Un pueblo de mala muerte

El cuarto evangelista, San Juan, también afirma que Jesús nació en Nazaret. Comienza presentándolo como “un profeta de Nazaret” y dice que todos saben que era de Nazaret. Por ejemplo, Natanael, no quiere creer en él porque dice: “¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno?”.

En efecto, Nazaret era una ciudad ignota, minúscula y de mala fama. Tan insignificante, que en el Antiguo Testamento no se la menciona nunca. Incluso cuando el libro de Josué describe la región de Galilea, saltea a Nazaret. Tampoco la nombra Flavio Josefo, el gran historiador judío del siglo I; al describir las guerras judías contra los romanos, menciona 54 ciudades galileas, pero ignora a Nazaret. Y el “Talmud”, una antiquísima colección de escritos judíos, enumera una lista de 63 ciudades galileas entre las que está ausente Nazaret. Debió de haber sido, pues, una pequeña aldea sin ninguna importancia. Por eso, que alguien tan importante como Jesús hubiera nacido allí, producía escándalo entre la gente. A pesar de eso, el “Evangelio de Juan” en ningún momento aclara que Jesús no era de Nazaret. Al contrario, lo afirma varias veces.

Por ejemplo, al contar una discusión entre los judíos sobre el origen de Jesús, dice que algunos lo rechazan como Mesías porque sabían que había nacido en Nazaret y comentaban: “¿Acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que vendrá... de Belén?”. Y nadie se encarga de explicar que Jesús había nacido en Belén. Más adelante, San Juan afirma que los judíos no querían creer en Jesús porque era de Galilea, y “de Galilea no sale ningún profeta”. En el “Cuarto Evangelio” tampoco se afirma que Jesús haya nacido en Belén. Al contrario, siempre está presente la idea de que había nacido en Nazaret.

Sólo para la infancia

Vemos, pues, que las dos únicas veces en todo el Nuevo Testamento que se dice que Jesús nació en Belén son en los relatos de la infancia de Mateo y Lucas. En ninguna otra parte se menciona ni una sola palabra sobre el origen belenita de Jesús. Ni siquiera San Pablo, que tuvo que discutir acaloradamente varias veces con los lectores de sus cartas para tratar de convencerlos de que Jesús era el Mesías, y a quien le hubiera venido muy bien el argumento de que Jesús había nacido en Belén, parece conocer tal información. Entonces, ¿son o no históricas las afirmaciones de Mateo y de Lucas sobre el nacimiento de Jesús en Belén? Posiblemente, no.

En primer lugar, porque incluso estos dos evangelistas, a pesar de decir que Jesús nació en Belén, cuando lo presentan en su vida adulta cambian su discurso y lo llaman “Jesús de Nazaret”. En segundo lugar, porque los relatos de Mateo y de Lucas se contradicen. Según Mateo, Jesús habría nacido en Belén porque sus padres vivían en Belén. En cambio, según Lucas, Jesús habría nacido en Belén porque su familia estaba de paso en dicha ciudad con motivo de un censo.

También se contradicen en cuanto al tiempo que Jesús vivió en Belén. Según Mateo, estuvo allí casi dos años (Mateo 2,16), hasta que su familia huyó a Egipto. En cambio, según Lucas, Jesús se fue a vivir a Nazaret cuando tenía un mes y medio de vida (Lucas 2,39).

Las pruebas evangélicas sobre el nacimiento de Jesús en Belén son más bien débiles. Pero resultan ser abrumadores los datos en contra. Por eso, la mayoría de los biblistas hoy sostiene que la ciudad natal de Jesús no habría sido Belén, sino Nazaret. Entonces, ¿por qué Mateo y Lucas colocan su nacimiento en Belén?

Cada sucesor, una desilusión. En la actualidad, los estudiosos sostienen que el nacimiento de Jesús en Belén, más que una indicación histórica, resulta una indicación teológica. Es decir, los evangelistas Mateo y Lucas pretendieron transmitir una idea religiosa —enunciada en forma de relato histórico— con el fin de dejar una enseñanza. Se trata de una manera de expresarse muy propia de los pueblos semitas. ¿Y cuál es la enseñanza del nacimiento de Jesús en Belén? Quisieron decir que Jesús era el Mesías esperado por el pueblo de Israel.

Con objeto de entender esto, tengamos en cuenta que para la mentalidad judía el futuro Mesías debía ser un descendiente de la familia del rey David, porque según una antigua promesa que el profeta Natán había hecho al rey David cuando este vivía, Dios había asegurado que nunca iba a faltar un descendiente suyo en el trono de Jerusalén. Frente a la inseguridad en la que vivían los monarcas antiguos —de la falta de un hijo varón para que les sucediera y de que otra familia reinara en su lugar—, Dios le garantizó a David un descendiente suyo (un mesías, es decir, un ungido) en Jerusalén, y que lo haría con sabiduría y con justicia.

Pero cada nuevo rey que subía al trono de Jerusalén era una nueva desilusión para la gente, que veía cómo se sucedían gobernantes corruptos y malvados, desentendidos del pueblo y preocupados sólo por sus intereses personales. Por eso, cada vez que moría un rey y subía su hijo, el pueblo se preguntaba si este sería el Mesías que estaban esperando, que traería la prosperidad y la paz al pueblo.

Abandonar el ambiente de la capital. Hacia el año 500 a. C., un profeta anónimo anunció que iba a modificar estas expectativas. Esa profecía hoy se encuentra en el libro de “Miqueas”, y dice así: “Pero tú, Belén de Efratá, aunque eres pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el que ha de dominar Israel... Él gobernará con el poder y la majestad de Yahvé, su Dios”.

El profeta anunciaba que sí iba a llegar el tan ansiado Mesías, pero vendría de Belén, de donde procedía el rey David. El profeta no se refería directamente al nacimiento de Jesús. Los profetas no adivinaban el futuro ni buscaban predecir hechos desvinculados de la realidad en la que vivían. Su misión era anunciar una palabra de Dios que tuviera que ver con el presente de sus oyentes.

Lo que el profeta quiso decir era que Dios no miraba con buenos ojos a la corte de Jerusalén. Esta ciudad, en la que se habían prostituido tantos reyes con el lujo y el poder, no resultaba ser el mejor ambiente para que surgiera el Mesías. David, el rey más grande que tuvo Israel, había nacido en la humilde Belén. Si ahora ellos querían tener al nuevo Mesías, había que volver a preparar el mismo ambiente de Belén.

La profecía no pretendía fijar un lugar geográfico para el nacimiento del sucesor del Rey. Simplemente, proponía a los gobernantes de Jerusalén volver a la humildad y a la sencillez de sus orígenes. Es decir, sugería cortar con el actual modo de hacer política.

Con las formas literarias que tenían. Con el paso del tiempo, la profecía de Miqueas se volvió famosa, y en la época de Jesús un gran sector del judaísmo esperaba literalmente que el futuro Mesías naciera en el pueblo de Belén.
Por eso, durante los primeros años del cristianismo, cuando los apóstoles salieron a proclamar el Evangelio después de la resurrección de Jesús, tuvieron dificultades en ciertos ambientes judíos, porque Jesús era de Nazaret.

Frente a este problema, algunas comunidades cristianas, que gustaban de preparar sus predicaciones en formas de relato, decidieron presentar el nacimiento de Jesús como sucedido en Belén. Por supuesto que no pretendían falsear la realidad. A los primeros cristianos no les preocupaba el hecho puramente histórico de que Jesús hubiera nacido en Nazaret.

La certeza de que Él era el Mesías esperado constituía lo único importante. Por lo tanto, cuando Mateo y Lucas afirman que Jesús nació en Belén, lo que dicen es que Jesús resulta ser realmente el Mesías que todos esperaban; el que cumplió las expectativas que ningún otro rey de Israel había cumplido. El acento de los evangelistas se pone en esta idea. Y así lo entendieron y lo tomaron también los lectores de los primeros siglos.

Dos maneras de nacer. Cuando Marcos —el primer evangelista que escribió— compuso su relato, no incluyó el dato del nacimiento de Jesús en Belén. Como la mayoría de sus lectores eran de origen pagano, no tuvo problemas en conservar el recuerdo de que había nacido en Nazaret.

En cambio, cuando escribieron Mateo y Lucas, muchos de sus lectores eran cristianos procedentes de los judíos, a quienes sí les preocupaba que Jesús fuera el verdadero Mesías esperado por Israel, el descendiente de David. Por eso ambos evangelistas recurrieron a la narración teológica de su nacimiento en Belén, cada uno de manera diferente, según lo que ellos conocían. Mateo presentó a Jesús naciendo en Belén porque su familia era de allí; y Lucas presentó a Jesús naciendo en Belén por un accidente histórico.

Por último, Juan, que en el momento de componer su Evangelio había llegado a la convicción de que Jesús era Dios y existía desde siempre, tampoco tuvo interés de incluir el nacimiento de Jesús en Belén. Para él, su origen terreno no tenía ninguna importancia porque su verdadero origen era el cielo; Él procedía de Dios y eso bastaba para declararlo Mesías. Por eso, Juan, al igual que Marcos, conservó el dato histórico del origen nazareno de Jesús.








Recordarlo en Navidad

¿Dónde nació pues Jesús? Probablemente, en Nazaret. Su origen nazareno aparece afirmado en veinte lugares del Nuevo Testamento. Aunque las dos únicas veces que aparece Belén como su patria son Mateo 2 y Lucas 2.

Su nacimiento en Belén es una afirmación teológica; no expresa una evidencia histórica, sino una idea religiosa. Entonces, ¿debemos abandonar las tradiciones de Belén o dejar a un lado los villancicos, renunciar a los pesebres y excluir las peregrinaciones a la ciudad de Belén, donde actualmente se venera la gruta de su nacimiento? Por supuesto que no, así como no desechamos la celebración de la Navidad el 25 de diciembre, aun cuando sabemos que ese día no nació Jesús.

Decir que Jesús nació en Belén continúa siendo, para los creyentes, una afirmación fundamental. Equivale a afirmar que Dios, a pesar de ser omnipotente y poderoso, optó por una ciudad minúscula. Prefirió apostar por la debilidad, por la humildad, por los oprimidos, por la mansedumbre. Significa que un Mesías frágil y endeble basta para quebrar el poder de los poderosos de este mundo. Y que quienes afirman seguir a este Mesías deben emplear sus mismas armas.

Ellos y nosotros:

el choque cultural


Por Mariano Grondona
La Nación - Opinión


Cada nación tiene dos constituciones. Una, la constitución escrita , contiene sus textos legales. La otra, la constitución real , es la manera como ella vive su constitución escrita. Aquí, en este nivel más profundo, juegan las creencias, los valores que cada nación ha elaborado en el transcurso del tiempo. La constitución escrita es como el nivel consciente de cada persona: lo que ella querría ser. La constitución real es el nivel del inconsciente que inspira en secreto tanto a las personas como a las naciones.

Al igual que el resto de las naciones, también los Estados Unidos y la Argentina son influidos por su inconsciente colectivo . Y así puede ocurrir que dos países semejantes en el nivel de sus constituciones escritas sean radicalmente diferentes en el nivel de sus constituciones reales. Es lo que pasa entre los Estados Unidos y la Argentina, entre ellos y nosotros.

Tomemos un ejemplo para ilustrar este contraste. En el plano de las constituciones escritas, los Estados Unidos y la Argentina se definen del mismo modo, como "repúblicas presidencialistas". Pero el sentido profundo de la institución presidencial entre ellos y nosotros es opuesto. En los Estados Unidos, la institución presidencial fue creada por Hamilton y Madison para moderar el peligro que los autores de El federalista veían en el posible desborde demagógico del Congreso y de los Estados locales. Entre nosotros, la institución presidencial no fue creada por Alberdi para "moderar" la euforia del Congreso y los gobernadores, sino, al contrario, para darle al país una unidad de mando que lo salvara de la disgregación.

Por eso, en el Norte, la crisis presidencial sobreviene cuando un presidente se vuelve demasiado fuerte, y así fue como Richard Nixon fue destituido por el Congreso norteamericano porque lo acusaban de haberse convertido en un "presidente imperial". Entre nosotros, a la inversa, han corrido peligro los presidentes "débiles" como De la Rúa, porque si algo no soportamos es que no mande nadie.

Un país aborrece el exceso de poder. El otro se estremece ante la ausencia de poder. Este contraste entre ambas constituciones reales se da, sin embargo, al abrigo de una misma constitución escrita.

Es que, en su inconsciente colectivo, nuestros dos países albergan distintos temores. Los norteamericanos temen más que nada el absolutismo , del cual se liberaron con la independencia. Los argentinos tememos un mal que consideramos aún mayor porque lo hemos padecido con frecuencia: ese mal es la anarquía .

El malentendido

Millones de fieles concurren a La Meca. Tanto los musulmanes como los cristianos percibimos la misma manifestación en la pantalla de nuestros televisores. Pero percibimos y no percibimos lo mismo. Quienquiera que, musulmán o cristiano, crea que su percepción es la única valedera comete el pecado de provincianismo.

El episodio del cual Antonini Wilson ha sido protagonista en estos días también es y no es el mismo según los ojos que lo perciban. El nudo facto parece ser que en el famoso avión viajaban diversos "valijeros" portadores de millones de dólares "negros", probablemente derivados de un manejo corrupto de los bonos que Venezuela le compra a la Argentina, y que, cuando los viajeros se dispersaron como estaba previsto con la ayuda de algún funcionario, Antonini Wilson se quedó solo por un inoportuno malestar físico que lo separó del resto.

A partir de ahí, la percepción del mismo hecho fue distinta en los Estados Unidos y en la Argentina. La prensa norteamericana casi lo ignoró. Es que, situados en la cima del mundo, los Estados Unidos son miopes frente a los "pequeños" problemas de otros países. En los Estados Unidos, además, la independencia del poder judicial lleva más de dos siglos de vigencia. Antonini Wilson y sus cómplices no tienen dimensión para ser percibidos como protagonistas en Washington. Pero algo hay de razonable detrás de las sospechas de que, una vez que estalló el escándalo, la CIA y el FBI se interesaron particularmente en él porque desde Washington se percibe a Chávez como un enemigo peligroso al cual, después de su derrota en el plebiscito, le ha llegado la hora.

Pero, en su celoso afán por quedar bien con los Kirchner, nuestra mayoría parlamentaria condenó sin distinciones a "los Estados Unidos", metiéndose ella sola en la "recepción" que algunas agencias norteamericanas habían preparado para Chávez.

Si las agencias de inteligencia norteamericanas son miopes frente a los males de América latina, la reacción de nuestra mayoría parlamentaria al condenar indiscriminadamente a "los Estados Unidos" como el único malo de esta película reveló una crasa ignorancia del contraste cultural entre ellos y nosotros. Los Estados Unidos, por lo pronto, son plurales . La Argentina puede ser vista, al contrario, como un país unitario en manos de un poder presidencial. Aplicar esta misma regla a lo que ocurre en los Estados Unidos suponiendo que allá también todo lo maneja Bush es ignorar arbitrariamente el gigantesco mecanismo institucional norteamericano, con sus poderes independientes del Ejecutivo y su verdadera red federal. "Los Estados Unidos" no son ni pueden ser los únicos culpables de lo que ocurrió en el Aeroparque, como supone la declaración condenatoria de nuestro Congreso porque, como unidad monolítica de acción, simplemente no existen.

La iniciación

En su afán por quedar bien con el único poder que reconocen, empero, los parlamentarios kirchneristas vinieron a frustrar la apertura internacional que Cristina Kirchner estaba intentando. Dada la crispación casi universal que había generado Néstor en su mandato, y habida cuenta de que ambos esposos creían necesario aflojar tensiones en el segundo, la persona indicada para lograrlo ya no era él sino ella.

Hasta ahora, aunque fuera tímidamente, este propósito iba avanzando. Cristina recibió al cardenal Bergoglio y tuvo palabras de moderación frente a las Fuerzas Armadas. Ahora el Gobierno reconoce además la crisis energética mediante el anuncio del nuevo horario que nos ahorrará luz en el verano. En dos ámbitos de la presunta distensión, sin embargo, hubo tropiezos En el primero de ellos, la Presidenta censuró descomedidamente al presidente uruguayo ante el Congreso, pero Tabaré Vázquez la salvó del entuerto al recibirla cordialmente después en Montevideo.

Es desaconsejable que los presidentes improvisen sus principales mensajes. Cristina se enorgullece como oradora, pero también debe considerar que las palabras, en vivo, son indóciles. No debió haber ofendido a Tabaré, aunque éste salvó elegantemente la delicada situación. No sabemos en cambio si el segundo exabrupto de la Presidenta, cuando calificó de "operación basura" de los Estados Unidos el escándalo de Antonini Wilson, será fácilmente remediable porque ahora nuestro gobierno ha quedado aún más cerca de Chávez de lo que estaba. Quizá resulte que, empeñado en hostigar a un Chávez en retirada, el Departamento de Estado norteamericano decida tratar al gobierno argentino como lo hizo Tabaré Vázquez. Una cosa es en todo caso cierta: que la "tercera posición" entre Caracas y Washington se ha vuelto, después del plebiscito, cada día menos viable.

Reconstruir la unión nacional


La República Argentina nació hace casi dos siglos, pero, como cualquier otra nación, se construye todos los días. En la base de esa edificación cotidiana hay un elemento que no puede faltar: es el genuino y fervoroso sentimiento de unión nacional. Sin un espíritu de consenso, que aglutine y hermane a sus habitantes, ninguna nación puede reconocerse como tal.

Es oportuno consignarlo porque falta menos de un año y medio para que celebremos el bicentenario de la Revolución de Mayo. Fue el punto de partida de las guerras de la Independencia y abrió, para los territorios del Virreinato del Río de la Plata, el camino hacia el autogobierno. No debemos olvidar que en los años posteriores al brote revolucionario el pueblo argentino debió afrontar prolongadas y desgastantes guerras internas y tuvo que enfrentar una heroica y sacrificada lucha para que la unión nacional se convirtiera en una realidad.

La generación de 1837, con Echeverría, Alberdi y Mitre a la cabeza, debió desplegar un esfuerzo ciclópeo para que los argentinos dejáramos definitivamente atrás las guerras civiles que nos habían desangrado durante décadas y fuésemos capaces de construir, a partir de la sanción de la Constitución de 1853, una nación unida y solidaria. Gracias a la firmeza y al acierto con que se cumplió ese objetivo histórico, la Argentina pasó a ser, en los comienzos del siglo XX, una de las naciones más progresistas y respetadas del mundo.

Cuando celebramos nuestro primer Centenario, en mayo de 1910, la Argentina era un modelo de país civilizado y moderno. Eso fue posible porque previamente habíamos sabido construir una sociedad asentada sobre un vigoroso espíritu de unión nacional. El tumultuoso proceso inmigratorio de fines del siglo XIX, aunque pueda resultar paradójico o difícil de explicar, no afectó en lo más mínimo la solidez de ese espíritu de unión ciudadana: al contrario, lo fortaleció y lo enalteció. La Argentina moderna se edificó sobre la base de un sentimiento de unidad nacional tan potente como ejemplarizador.

Por eso resulta especialmente doloroso y lamentable que en estos días se insista en sembrar la desunión o profundizar la división entre los argentinos. La estrategia de muchos ideólogos y voceros de la fuerza política que nos gobierna parecería estar dirigida a mantener abiertos los conflictos que enfrentan a unos argentinos con otros. En vez de celebrar o exaltar los motivos de concordia o de unidad que históricamente podrían llegar a presentarse, se exacerban y se agitan permanentemente aquellos asuntos que alimentan el odio, los rencores, las venganzas políticas y los resentimientos históricos.

El principal objetivo de la etapa política que acaba de iniciarse debería ser la reconstrucción del sentimiento de unidad nacional que estuvo en la base de la Argentina de otros tiempos. El país necesita imperiosamente dejar atrás los trágicos factores de desunión y de violencia que desgarraron a nuestra sociedad a partir del antecedente de un terrorismo salvaje y una dictadura despiadada que aniquilaron el sistema argentino de los derechos humanos y abrieron las compuertas del odio y la fragmentación social.

Es imprescindible recuperar ese espíritu de diálogo y de unidad que permitió crear la gran nación que fuimos y que el espíritu sectario de unos pocos ideólogos extremistas de uno y otro lado destruyó en sus cimientos morales. Las fuerzas políticas que nos gobiernan deben abandonar la deleznable práctica de resucitar los viejos antagonismos y de suponer que las heridas abiertas por la violencia irracional de ayer habrán de curarse con redobladas cuotas de odio o con desordenados rebrotes de ánimo revanchista. Dividir a la sociedad y perpetuar sus enfrentamientos internos es la mejor manera de paralizarla, debilitarla o frustrarla.

La celebración del Bicentenario ofrece la gran oportunidad para avanzar hacia una nación unida y moralmente fuerte. En esa dirección deberíamos empezar a caminar todos juntos: la ciudadanía, los políticos y, por supuesto, quienes ejercen las principales responsabilidades públicas.

Si los argentinos no nos sentimos hijos de una misma patria, difícilmente nos reconoceremos como herederos de una historia común y como forjadores de un futuro acorde con los ideales que presidieron, en 1810, nuestro nacimiento a la vida independiente.

Julio Bocca fue declarado ciudadano ilustre


El bailarín argentino que conquistó el mundo con su danza recibió hoy este reconocimiento otorgado por la Legislatura porteña.

Julio Bocca, el bailarín argentino que conquistó el mundo con su danza, fue declarado hoy ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires por la Legislatura porteña en un acto que encabezó el jefe de Gobierno, Mauricio macri, y el vicejefe del Poder Legislativo, Diego Santilli, en el Salón Dorado de ese cuerpo.

Después de 36 años de trayectoria, Bocca se despide de los escenarios con este reconocimiento.

Bocca agradeció el galardón y recordó otros recibidos a lo largo de su carrera, entre ellos en el célebre Teatro Bolshoi, de Moscú, tal vez el más importante de su dilatada y exitosa trayectoria.

Asimismo, al referirse a su designación como ciudadano ilustre, afirmó que tiene "el orgullo de que es de acá, de casa. Este año recibí un premio en España, hace poco me dieron la distinción Pablo Neruda de manos de la presidenta de Chile, así que me faltaba algo nuestro y por suerte se dio y es maravilloso terminar el año de esta forma".

Por su parte, Macri indicó que "lo que siempre resaltó de Julio es su humildad, que hace que uno se sienta cómodo cuando está con él", y agregó que "es un grande porque supo cortar su carrera a tiempo".

El afamado bailarín argentino, quien se está retirando de la actividad, estuvo acompañado por familiares, así como por su colega y compañera de danza, Eleonora Cassano, y su representante, Lino Patalano, entre otros.

Además, asistieron al acto el "Luthier" Daniel Rabinovich y la periodista y conductora Mónica Cahen D´Anvers, quien dedicó al bailarín unas palabras, en representación del público, antes de ver una proyección con escenas de la carrera de Bocca.

Bocca bailará el sábado 22 de diciembre, por última vez, frente al Obelisco de Buenos Aires en un show que incluirá también a artistas como Mercedes Sosa y Diego Torres, entre otros.

Emergencia económica ambigua


La Argentina de hoy, afortunadamente, es diferente de la que, casi seis años atrás, en el verano de 2002, debió admitir una ley de emergencia económica que delegó en el Poder Ejecutivo amplias facultades propias del Poder Legislativo. Sin embargo, días atrás, el Congreso de la Nación prorrogó una vez más esa norma.

La ley en cuestión le permitirá a la presidenta de la Nación renegociar contratos con las empresas de servicios públicos privatizados sin intervención de los legisladores, además de gravar exportaciones y modificar alícuotas impositivas, bloquear determinadas sentencias judiciales y recurrir al per sáltum en los casos de medidas cautelares que obstaculicen, perturben o comprometan actividades esenciales del Estado nacional.

No llama la atención que los legisladores oficialistas, desde hace tiempo meros "levantamanos" que han convertido al Congreso en una suerte de escribanía de la Casa Rosada, hayan aprobado la prórroga de esta norma. Sí sorprenden los argumentos, dado que entre los fundamentos de la ley se señala que aun cuando el país "ha logrado una significativa mejoría en su situación económica y financiera" persisten "situaciones que deben ser atendidas dentro del contexto normativo de emergencia". Entre tales cuestiones son mencionados, sin mayores precisiones, los "numerosos factores internos y externos condicionantes de los objetivos económicos y sociales". Tamaña ambigüedad jamás puede justificar una ley de emergencia.

Del mismo modo, asombra que la presidenta de la Nación, quien durante años se abstuvo de aprobar, en su carácter de legisladora nacional, tanto la ley original como sus sucesivas prórrogas, ahora consienta esta voluminosa delegación de facultades legislativas que muy poco tiene que ver con la calidad institucional que se ha preocupado por pregonar en sus últimos discursos públicos.

El doble mensaje de las autoridades es tan evidente como en muchas otras actitudes vinculadas con la actual política económica. Se cuestiona permanentemente el modelo de los años 90, pero son empleados desde el poder central mecanismos similares a los de aquel entonces para someter a las provincias. Son criticados los gobiernos anteriores, pero se continúan usando sus herramientas distorsivas para recaudar más, como el impuesto al cheque que ideó Domingo Cavallo y la llamada "tablita" para el régimen de ganancias que inspiró José Luis Machinea. Finalmente, se apostó a una política con tipo de cambio alto con el pretexto de favorecer la exportación, mas no se duda en imponer cada vez mayores retenciones a las ventas al extranjero de no pocos productos.

Pero lo más grave pasa por el deterioro institucional que supone la virtual inexistencia del Poder Legislativo, incluso pese a contar el oficialismo, a partir del lunes último, con una abrumadora mayoría en ambas cámaras y por la consolidación de una cultura política donde el tradicional presidencialismo asume por momentos las formas del cesarismo.

Noticia de un secuestro


En una encrucijada se encuentra Uribe desde que Sarkozy promovió la campaña por la liberación de Ingrid Betancourt


Absolutamente sola, Ingrid
Caricatura: Huadi

Por Jorge Elías
La Nación

En un país imaginario llamado Tecala, un hábil y audaz negociador de rescates (Russell Crowe) regatea con el mediador de la guerrilla para lograr la liberación de un ingeniero norteamericano secuestrado (David Morse), de cuya esposa (Meg Ryan) termina enamorándose. El desenlace de la película Prueba de vida , con tiros y bombas, demuestra el fracaso de su gestión. Más allá del guión, Tecala pretende ser Colombia, pero las autoridades de Ecuador, en cuya selva se rodó, pidieron a los realizadores que cambiaran el nombre del país, de modo de evitarse contratiempos con su vecino.

El fenómeno del secuestro comenzó en los setenta en Colombia. En esos años, además de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos menores, operaba el Movimiento 19 de Abril (M-19). El conflicto, una guerra, llevó al país a tener el mayor índice de secuestros del mundo. Y llevó a la gente, a su vez, a extremar recaudos y, en algunos casos, a contratar agencias de seguridad y negociadores expertos.

Fue el caso de Gustavo (nombre ficticio), secuestrado por las FARC. Un caso real. Una de sus hijas, Paula (nombre también ficticio de una buena amiga), recibió una carta de él. Decía: "Me están dando comida y " Y nada más. La carta temblaba en sus manos. Era la primera señal después de dos semanas en inquieta espera de un indicio, una pista sobre la suerte de su padre, colombiano, de 63 años, secuestrado el 19 de septiembre de 1997, a eso de las 13.30, cerca de su finca, a dos horas en coche de Bogotá.

Paula, abogada, la mayor de seis hermanos, recibió la carta por la cual supo que su padre estaba con vida y que había decidido que ella fuera el contacto con los secuestradores. "Desde algún lugar del monte ", decía con tono guerrillero. Le recomendaban la compra, en el mercado negro, de una radio de onda corta con la cual iban a comunicarse, como en la película Prueba de vida .

Gustavo no iba a ver el sol en siete meses. En su mente, me contó tiempo después, se arremolinaban el polvo del camino y la camioneta que salió de la nada y que, con el botín a bordo, partió, rauda, por la banquina. El botín era él, terrateniente, criador de pollos. En menos de media hora, en un punto llamado La Cabaña, en el cual la ruta se pierde en el verde espeso del monte, el conductor aceleró, y Gustavo perdió toda noción del tiempo y del espacio. Tres días permaneció en un cafetal, atado de pies y manos, vendado. Le daban salchichas, comida enlatada y gaseosas, pero estaba sometido al peor ayuno: el silencio.

Impuesto revolucionario

Lo cargaron en un jeep y percibió que, después de mucho zigzag, pisaba tierra caliente. Tan caliente que la temperatura de la celda rondaba los 40 grados. Allí, bajito y menudo, quedó al cuidado de una familia, con chicos, cuyos rostros estaban siempre cubiertos con pañuelos. Eran siete en total. Le quitaron la ropa. Le dieron dos pijamas, tres juegos de ropa interior y un par de pantuflas. El baño estaba fuera. Sólo de noche podía tomar una ducha.

Las comunicaciones por radio con la familia eran impuntuales y erráticas. En el trato, para el cual contrataron un negociador, los secuestradores eran agresivos. Les prometían una mano o una oreja de Gustavo si no cumplían con sus demandas. Decían mocuá en lugar de cambio y mocuá po pa llá en lugar de cambio y fuera. En su afán de obtener una prueba de vida, Paula y sus hermanos se reunieron con un cabecilla de las FARC. Negó que fueran ellos los captores, como acostumbran, pero les prometió ayuda a cambio de una ración fija de alimentos que nunca dejaron de enviarle, como si se tratara de una vacuna (impuesto revolucionario).

La celda, sin ventanas, tenía pequeños huecos desde los que Gustavo percibía el verde como todo horizonte. Era de tres metros por cuatro. En ella se las arregló para hacer ejercicios y caminar 20 kilómetros por día.

Con el tiempo recibió una radio portátil en la que sintonizaba Caracol; luego, un televisor. Creyó que era por buen comportamiento. No sabía que Paula y sus hijos habían desembolsado la primera cuota del millón de dólares que, en números redondos, iba a costarles la liberación.

A las 3.30 del 9 de abril de 1998, con la ropa que llevaba el día del secuestro, Gustavo se sintió libre por primera vez en siete meses. Lo dejaron en un paraje llamado El Talima, a más de cuatro horas en coche de Bogotá. Nunca supo quiénes fueron sus captores. Su vida cambió para siempre.

Pruebas de supervivencia

Para siempre, también, cambió la vida de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, secuestrada el 23 de febrero de 2002 por las FARC. "Este es un momento muy duro para mí -le confiesa a su madre, Yolanda Pulecio-. Piden pruebas de supervivencia a quemarropa y aquí estoy escribiéndote mi alma tendida sobre este papel. Estoy mal físicamente. No he vuelto a comer, el apetito se me bloqueó, el pelo se me cae en grandes cantidades." Las pruebas de supervivencia iban a ser esa carta y un video en el cual se la ve sentada, con las manos sobre las rodillas, abatida, demacrada, como se sentía Gustavo en esa horrible situación.

En Colombia, empeñada en exaltar las razones por las cuales figura después de la isla de Vanuatu, del Pacífico Sur, en el segundo lugar del ranking de los países más felices del mundo, que preparan cada año las organizaciones británicas News Economics Foundation y Friends of the Earth, poca gracia causa la comparación con Tecala, el país imaginario de Hollywood. Y, en el fondo, poca gracia causa la atención, y la presión, internacional en el caso Betancourt, más allá de que sean un salvoconducto para ella y los otros rehenes de las FARC.

El conflicto nunca dejó de ser un asunto interno y reservado de Colombia para el cual los sucesivos presidentes hasta Alvaro Uribe pidieron apoyo y comprensión a otros gobiernos, no participación. Si no, Hugo Chávez hubiera metido sus narices poco después de asumir el mando: en 1999 recibió una invitación de Manuel Marulanda, jefe de las FARC, para dialogar en el área de despeje que le había cedido Andrés Pastrana al sur del país.

Enterado de ello, el entonces presidente colombiano bloqueó todo intento de intervención de su par venezolano, más allá de que, con una frontera compartida de 2300 kilómetros, los problemas derivados de la guerrilla y el narcotráfico pasaran fácilmente de un país al otro. Ocho años después, Chávez ofició de mediador con las FARC. Por un rato. Hasta que Uribe, el único incondicional de George W. Bush en América latina, concluyó que había violado las reglas y, tras acusarlo de haber usado el proceso para expandir la revolución bolivariana y el socialismo del siglo XXI allende Venezuela, decidió quitárselo del medio de mala manera.

Uno y otro militan en extremos antagónicos. No obstante ello, uno y otro, diferentes de los pies a la cabeza, resolvieron añejas disputas limítrofes, incrementaron el comercio, suscribieron planes energéticos y zanjaron no pocas rencillas bilaterales. En su breve gestión de mediador con las FARC, Chávez recibió la bendición de Nicolas Sarkozy, involucrado por la doble nacionalidad francesa y colombiana de Betancourt, y de los familiares de ella, siempre temerosos de que Uribe ordene un rescate con tiros y bombas, como en la película Prueba de vida , sin la suerte que, dentro de lo que cabe, tuvo Gustavo.

Picadas,


una grave amenaza latente


El complejo y dramático problema de la inseguridad en el tránsito debería ser un tema prioritario en la agenda oficial. Sin embargo, no lo es. Un ejemplo de esta tendencia negativa son las reiteradas postergaciones padecidas por la ley que reprime las llamadas "picadas".

Hay numerosas estadísticas que reflejan la gravedad de las alternativas provocadas por las desaprensivas actitudes de los automovilistas. Se reiteran las manifestaciones acerca de la cada vez más imperiosa necesidad de cambiar el curso de los acontecimientos. Es menester realizar un verdadero esfuerzo para reducir el doloroso impacto prácticamente cotidiano de las desgracias y daños producidos como consecuencia de la indisciplina y la imprudencia. Pero el impulso, lamentablemente, no dura lo necesario y termina diluyéndose sin haber producido cambios significativos.

Los índices de accidentes viales son cada vez más altos y se convierten en una señal de alarma que no puede ni debe desatenderse. La manera más eficiente de enfrentar este problema pasa por ejercer controles apropiados, hacer cumplir las normas y aplicar enérgicas sanciones a quienes las transgredan. Sin embargo, una cultura de la anarquía, la indiferencia y la impunidad parece consolidarse sin que nadie reaccione. En efecto, las prácticas de manejo imprudentes y peligrosas están ampliamente difundidas; las normas vigentes son mucho más permisivas y menos penalizadoras que las que existen en países con mejor seguridad vial y, finalmente, los controles son completamente deficientes.

Los accidentes de tránsito siguen constituyendo la principal causa de muerte en la Argentina para las personas de hasta 35 años. Según estadísticas recientes, más de veinte personas mueren por día en accidentes viales y unas 15.000 personas quedan discapacitadas en distinto grado cada año a causa de esos accidentes.

A pesar de todo ello, resulta paradójico que en el Año de la Seguridad Vial, así declarado por el Poder Legislativo nacional para dejar sentado el interés del Estado por encontrar una solución a las muertes producidas en accidentes de tránsito, el Senado sigue sin tratar un proyecto impulsado por los familiares de las víctimas.

Se trata del proyecto de ley que tipifica como delito la realización de picadas o competencias ilegales con penas de entre seis meses y tres años de cárcel y hasta seis de inhabilitación para conducir.

El proyecto incorpora al Código Penal la figura de las destrezas automovilísticas, con penas para quienes corran picadas y para los que faciliten su realización, lo cual alcanzaría a los familiares o amigos que prestaren el automóvil a un conductor a sabiendas de que se lo utilizará para una picada.

Hace pocos días, se dispuso que la familia de la madre y su pequeña hija, fallecidas hace ocho años en una colisión por la cual fue condenado penalmente el automovilista Sebastián Cabello, fuera indemnizada con un millón de pesos. La justicia en lo civil así lo resolvió en primera instancia; obliga a pagar ese resarcimiento a Cabello, sus padres y la compañía en la cual estaba asegurado el automóvil con el cual se causó la tragedia, cuando corría una picada por la avenida Cantilo. Pero será la aseguradora la que, efectivamente, deberá pagar si la Cámara de Apelaciones confirma el fallo que fue apelado por ésta.

La cantidad de muertes que se cobran los accidentes de tránsito representan una verdadera tragedia nacional. Por consiguiente, resulta necesario crear en los automovilistas y choferes de vehículos en general una cultura que preserve la vida. La única forma de lograrlo es mediante el estricto apego a las normas vigentes en la materia. Por otro lado, deberá instarse a los legisladores a no demorar la sanción de un proyecto de ley que penaliza una práctica condenable desde todo punto de vista y que se ha cobrado demasiadas víctimas inocentes.

El daño que provocan las antinomias


Con el final de una administración política no concluyen los problemas del país. Se prolongan a la administración que sigue y su resolución o no, y hasta su potenciación, depende de los actos que aquélla produzca. Sin embargo, en toda transición entre un período y otro se abre siempre, como es natural, la esperanza de cambios en una dirección mejor que la preexistente. Y es esto así, al margen de las evidencias que pueda haber sobre las semejanzas, mucho más que sobre las diferencias, respecto de la sucesión de gobiernos.

Entre las cuestiones que deberían demandar corrección y suscitar el mayor interés de la nueva presidenta figura nada menos que el concepto práctico de nacionalidad como vínculo histórico y destino común de los argentinos. La idea de Nación está degradada en la Argentina, y a su enaltecimiento no puede sentirse ajeno quien rija los destinos del país.

El quinto país productor de alimentos, como es el nuestro, ha expulsado millones de compatriotas en las últimas décadas. Es mucho lo que se ha discutido sobre el número exacto de quienes han integrado el éxodo, pero sólo en los Estados Unidos la tasa de residentes originarios de la Argentina impresiona por su significación.

Gobiernos maniqueos -militares y civiles, sin distinción- han cristalizado un caprichoso país de buenos y de malos, en lugar de dedicarse a la consolidación de un sistema de valores compartidos por la ciudadanía, y han ahondado los rencores que nos separan, en vez de estimular las coincidencias que unen por encima de la diversidad que enriquece la unidad que está en la base de una nación.

En América latina, de la que nuestro país es parte esencial, se ha ido instalando últimamente una cuestión que suponíamos superada desde los tiempos de la ruptura con el poder colonial, pronto hará dos siglos: la de la secesión como recurso de última instancia para dirimir problemas que la política convencional se muestra incapaz de resolver en sociedades fragmentadas. El solo hecho de que como hipótesis prospere la conjetura sobre el curso inédito en que podrían derivar en Bolivia los gravísimos conflictos institucionales que la aquejan es una señal de alerta para los países vecinos. La historia nos ha enseñado de qué manera el efecto del contagio se ensaña con los cuerpos sociales, no sólo con la fisiología de los individuos.

En tiempos de convulsión en diversos escenarios del continente, deben extremarse los cuidados sobre la continuidad histórica de la Nación. En el caso argentino, deben repararse con urgencia inigualada las heridas -sujetas al reiterado desdén de quienes carecen de visión histórica- que existen en la articulación de la comunidad nacional y evitarse la propagación de lo que tienda a dividirla aún más.

En un país de múltiples y malsanas antinomias como el nuestro, se ha actualizado recientemente, con más vocación por el desgobierno que por la responsabilidad de interpretar correctamente el papel insustituible de los sectores básicos de la producción nacional, el enfrentamiento entre la industria y el campo. El resentimiento de unos pocos o la viveza criolla de algunos más -ambos elementos decisivos del proceso de involución nacional de más de medio siglo- han logrado sumar aquella absurda antinomia a otras dicotomías no menos lesivas para la argentinidad.

Las antinomias, por decirlo con palabras de Ferrater Mora en su Diccionario de filosofía , son conflictos entre ideas, proposiciones, actitudes. A esa definición cabe completarla con la observación de que las ilusiones de la razón y el desenfreno de las pasiones tienden a agigantar y perpetuar aquellos conflictos como contradicciones por oposición a cualquier entendimiento superador de los desencuentros del pasado.

¿Hasta cuándo proseguir, en efecto, con la antinomia irresoluble de peronistas y antiperonistas? ¿Hasta cuándo prolongar la falsa disyuntiva entre seguridad o gatillo fácil mientras crece el espanto por la ola de asaltos y crímenes innúmeros? ¿O hasta dónde extender la premisa de que los derechos de los ciudadanos no tienen en el cumplimiento de los deberes que les incumben la contrapartida lógica que los hace posibles?

Alguna otra antinomia, por fortuna, entre las muchas que surcan con su fiero tajo la sociedad argentina, parecería en retirada después de haber incursionado como un relámpago por el espacio político: religión y ateísmo. Pero no se trata de hacer una enumeración más o menos exacta de los fenómenos que acentúan la predisposición argentina por las afirmaciones dogmáticas que mellan la unidad de fondo de la sociedad, sino de exponer el problema a la consideración general. Debe explicarse con perseverancia docente lo que supone su continuidad perniciosa en el tiempo.

No se trata de estimular ejercicios de frívola o forzada simpatía por lo que otros sienten y piensan, sino de la necesidad de actuar con una voluntad de empatía que facilite la comprensión recíproca. Así como no hay derechos absolutos, tampoco hay verdades que se hayan construido sin contribuciones ajenas. "Nada hay solitario y estanco", decía Ortega.

Entre el blanco y el negro, la naturaleza ha puesto ante nuestros ojos la infinitud de una coloratura de matices intermedios. Ese legado es una metáfora que insta a la deposición de dogmatismos estériles, a bajar los decibeles en las interpretaciones de un puro determinismo gozoso ante la perpetuación de antinomias que tanto han dañado el espíritu nacional.

Con la perspectiva de quien conducía la institución cuyas miras universales están por encima de las fronteras siempre estrechas de un único país, Juan Pablo II observaba: "Manejar el patrimonio histórico y cultural de la Humanidad significa prestar fe y conformidad a todo lo que otros han hecho por mí". Son palabras para emular entre nosotros y para reflejar en nuestra conducta ante el mundo.

Saldar la deuda institucional, el próximo desafío


Por Joaquín Morales Solá
Para LA NACION


Ayer, que será recordado como el día más sereno y dulce que Cristina Kirchner vivirá como presidenta, terminó la transición desde la monumental crisis de 2001 y 2002. De alguna manera, ella lo reconoció implícitamente cuando recordó que su esposo asumió con más desocupados que votos.

El dato ciertamente insólito del lunes kirchneristamente festivo fue el traspaso del poder dentro del círculo de un matrimonio, un caso sin antecedente en el país y, probablemente, sin antecedente en el mundo según las condiciones argentinas vividas ayer.

En efecto, los comicios de octubre se parecieron a una elección suiza comparados con los que ungieron a su esposo en 2003 y que convirtieron a Néstor Kirchner, por la mezquindad personal y la indolencia institucional de Carlos Menem, en el presidente menos votado de la historia argentina. El período entre la elección y la asunción de ayer fue también relativamente pacífico y careció de los apurones y las turbaciones que hubo en la escasa semana de transición entre Eduardo Duhalde y Kirchner.

La Argentina parece necesitar siempre un tramo de entre 5 y 6 años para reponerse de los períodos más conflictivos y traumáticos de su historia. La gestión de Raúl Alfonsín, en la década del 80, también fue una transición entre el desastroso final de la dictadura y la consolidación definitiva de un sistema democrático. Sólo a principios de la década del 90 la nación política se estabilizó durante un largo período. La transición ha terminado, pero no han desaparecido todas las consecuencias de la gran crisis. Sólo hubo, por ahora, una elección normal después de elecciones anormales, y un traspaso ordenado del poder luego de tiempos macerados en desórdenes de órdago. Punto. La crisis institucional está casi intacta y lo único que se reconstruyó fue la institución presidencial; por eso, quizás, fue ahí donde se vio con más nitidez el fin de la transición.

Incapaz de mostrar sus emociones en público, tensa por ese férreo límite que les impone a los comunes sentimientos humanos, la flamante presidenta aceptó de hecho que todavía resta un largo trecho para consolidar las instituciones destruidas. Habló de la institución parlamentaria, que sigue siendo una asignatura quizás más pendiente que antes, y subrayó la necesidad de continuar con la reforma judicial. Pero defendió la reforma del Consejo de la Magistratura, que ella misma armó en el Senado y que no ha mejorado la Justicia.

Tiene, sin duda, una relación de amor y odio con los medios periodísticos. ¿Valía la pena mencionarlos en ese instante solemne como la oposición que no es pero que se parece, según ironizó? A estas alturas ya hay que resignarse: Cristina Kirchner nunca será Cristina Kirchner si no se coloca en la pose de una profesora implacable frente a los periodistas y los medios. Usará otros medios, pero la relación de ella con la prensa no será muy distinta de la conflictiva relación que tuvo su esposo con el periodismo.

Reivindicó la política (y lo hizo bien), pero le faltó una referencia clara a la reforma política y a la crisis del sistema de partidos. El viejo sistema está destruido y no ha despuntado uno nuevo. Hasta el peronismo es una federación de estirpes que responde sólo pasajeramente al liderazgo que está en el poder. La política sabe, por ahora, sólo de carismas personales, necesarios pero no suficientes.

Cristina Kirchner se equivocaría si creyera que esos problemas son de los otros. La administración de una democracia es defectuosa cuando sólo hay personas, cuando los partidos no están y cuando, por lo tanto, los programas son cambiantes. A ella le tocará, además, gobernar problemas que su marido sólo tuvo en el tramo final de su gestión. Son las consecuencias de problemas no resueltos y del crecimiento de la economía en los últimos cuatro años: la inflación creciente, la escasa inversión, la insuficiente energía y la por momentos desbocada puja salarial. Néstor Kirchner tuvo que lidiar, fundamentalmente, con el conflicto social; su esposa deberá vérselas con el problema salarial.

Ayer repitió conceptos generales que ya había enhebrado sobre la necesidad de terminar con la opción entre la industria y el campo. Sin embargo, se anotó un alto puntaje en el mundo empresarial cuando estampó una frase nueva en el kirchnerismo: "No voy a ser el gendarme de la rentabilidad de los empresarios ni me voy a meter en internas sindicales o políticas". Adiós, entonces, a los métodos de Guillermo Moreno, aunque no hablaba en ese momento del polémico secretario de Comercio Interior, sino de los acuerdos sociales que imagina. No hablaba de él, pero lo aludía sin remedio.

Sea como fuere, la inversión y la energía están condenadamente vinculadas. Cristina Kirchner viene de un período en el que la primera no fue una prioridad, al revés de lo que sucede en los países del mundo prudente, y la segunda mereció más trajines para ocultarla que para resolverla. Marido y esposa hablan del Indec cuando les preguntan por la inflación, que es otra cosa.

Ratificó que su compromiso con los derechos humanos es, tal vez, más fuerte y más antiguo que el de su esposo. Con todo, por primera vez se refirió a las Fuerzas Armadas de ahora y del futuro. "Debemos separar la paja del trigo", puntualizó. Y eso, que parece una verdad elemental, estuvo ausente en los últimos años de escasas referencias presidenciales a los actuales militares. Aquel compromiso de la Presidenta parece ir más allá de los asuntos internos de hace tres décadas y eso se vio en su conmovedora apelación por la libertad de Ingrid Betancourt, secuestrada en Colombia desde hace casi seis años por la guerrilla más vieja y cruel de América latina.

Pasó sin grandes novedades sobre la política exterior, aunque esas cuestiones son una pasión que se le conoce. Sólo cabe consignar la cálida referencia al presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, y al pueblo ("hermano", dijo) uruguayo. Habló de "resituar" el problema en su contexto técnico y jurídico y recordó la posición argentina ante los tribunales de La Haya. Habló, en fin, de despojar el conflicto de las cuestiones personales que lo empaparon feamente en los tiempos recientes.

Nadie sabe aún si Néstor Kirchner tendrá la sensibilidad de su esposa, que durante los últimos años influyó de manera decisiva sin que se notara. Ningún periodista estuvo nunca en condiciones fiables de afirmar que la senadora Kirchner tenía una opinión diferente sobre algún aspecto de la administración, aunque se olfateaba que algo había en ese sentido. Pero el ex presidente está acostumbrado a mezclarse con lo que le concierne y a continuación con lo que no le concierne. ¿Cambiará de ahora en más?

Ayer, la Presidenta sólo mostró enfado cuando su marido equivocó el orden de la firma con la entrega de los símbolos del poder presidencial. Néstor Kirchner no tiene remedio: es el único presidente al que el protocolo no lo disciplinó durante casi un lustro. Los que conocen a Cristina Kirchner dicen estar seguros de que no habrá un doble comando del poder durante su gestión. Aquella anécdota de su enfado de ayer por los desbarajustes protocolares de su esposo tiene también una lectura política: nunca se resignará a aparecer como una simple delegada de su esposo entre vacíos rituales de la presidencia. Sabe, en síntesis, que en política el poder de la palabra no cuenta nada sin las garras afiladas del poder.

Borges escribió que la mañana finge un comienzo. El desafío de Cristina Kirchner consiste en demostrar que lo que sucedió ayer no fue el mero fingimiento de un comienzo, sino el umbral de otra experiencia política, suya fundamentalmente.Los que conocen a Cristina Kirchner dicen estar seguros de que no habrá un doble comando del poder durante su gestión

Saldar la deuda institucional, el próximo desafío


Por Joaquín Morales Solá
Para LA NACION


Ayer, que será recordado como el día más sereno y dulce que Cristina Kirchner vivirá como presidenta, terminó la transición desde la monumental crisis de 2001 y 2002. De alguna manera, ella lo reconoció implícitamente cuando recordó que su esposo asumió con más desocupados que votos.

El dato ciertamente insólito del lunes kirchneristamente festivo fue el traspaso del poder dentro del círculo de un matrimonio, un caso sin antecedente en el país y, probablemente, sin antecedente en el mundo según las condiciones argentinas vividas ayer.

En efecto, los comicios de octubre se parecieron a una elección suiza comparados con los que ungieron a su esposo en 2003 y que convirtieron a Néstor Kirchner, por la mezquindad personal y la indolencia institucional de Carlos Menem, en el presidente menos votado de la historia argentina. El período entre la elección y la asunción de ayer fue también relativamente pacífico y careció de los apurones y las turbaciones que hubo en la escasa semana de transición entre Eduardo Duhalde y Kirchner.

La Argentina parece necesitar siempre un tramo de entre 5 y 6 años para reponerse de los períodos más conflictivos y traumáticos de su historia. La gestión de Raúl Alfonsín, en la década del 80, también fue una transición entre el desastroso final de la dictadura y la consolidación definitiva de un sistema democrático. Sólo a principios de la década del 90 la nación política se estabilizó durante un largo período. La transición ha terminado, pero no han desaparecido todas las consecuencias de la gran crisis. Sólo hubo, por ahora, una elección normal después de elecciones anormales, y un traspaso ordenado del poder luego de tiempos macerados en desórdenes de órdago. Punto. La crisis institucional está casi intacta y lo único que se reconstruyó fue la institución presidencial; por eso, quizás, fue ahí donde se vio con más nitidez el fin de la transición.

Incapaz de mostrar sus emociones en público, tensa por ese férreo límite que les impone a los comunes sentimientos humanos, la flamante presidenta aceptó de hecho que todavía resta un largo trecho para consolidar las instituciones destruidas. Habló de la institución parlamentaria, que sigue siendo una asignatura quizás más pendiente que antes, y subrayó la necesidad de continuar con la reforma judicial. Pero defendió la reforma del Consejo de la Magistratura, que ella misma armó en el Senado y que no ha mejorado la Justicia.

Tiene, sin duda, una relación de amor y odio con los medios periodísticos. ¿Valía la pena mencionarlos en ese instante solemne como la oposición que no es pero que se parece, según ironizó? A estas alturas ya hay que resignarse: Cristina Kirchner nunca será Cristina Kirchner si no se coloca en la pose de una profesora implacable frente a los periodistas y los medios. Usará otros medios, pero la relación de ella con la prensa no será muy distinta de la conflictiva relación que tuvo su esposo con el periodismo.

Reivindicó la política (y lo hizo bien), pero le faltó una referencia clara a la reforma política y a la crisis del sistema de partidos. El viejo sistema está destruido y no ha despuntado uno nuevo. Hasta el peronismo es una federación de estirpes que responde sólo pasajeramente al liderazgo que está en el poder. La política sabe, por ahora, sólo de carismas personales, necesarios pero no suficientes.

Cristina Kirchner se equivocaría si creyera que esos problemas son de los otros. La administración de una democracia es defectuosa cuando sólo hay personas, cuando los partidos no están y cuando, por lo tanto, los programas son cambiantes. A ella le tocará, además, gobernar problemas que su marido sólo tuvo en el tramo final de su gestión. Son las consecuencias de problemas no resueltos y del crecimiento de la economía en los últimos cuatro años: la inflación creciente, la escasa inversión, la insuficiente energía y la por momentos desbocada puja salarial. Néstor Kirchner tuvo que lidiar, fundamentalmente, con el conflicto social; su esposa deberá vérselas con el problema salarial.

Ayer repitió conceptos generales que ya había enhebrado sobre la necesidad de terminar con la opción entre la industria y el campo. Sin embargo, se anotó un alto puntaje en el mundo empresarial cuando estampó una frase nueva en el kirchnerismo: "No voy a ser el gendarme de la rentabilidad de los empresarios ni me voy a meter en internas sindicales o políticas". Adiós, entonces, a los métodos de Guillermo Moreno, aunque no hablaba en ese momento del polémico secretario de Comercio Interior, sino de los acuerdos sociales que imagina. No hablaba de él, pero lo aludía sin remedio.

Sea como fuere, la inversión y la energía están condenadamente vinculadas. Cristina Kirchner viene de un período en el que la primera no fue una prioridad, al revés de lo que sucede en los países del mundo prudente, y la segunda mereció más trajines para ocultarla que para resolverla. Marido y esposa hablan del Indec cuando les preguntan por la inflación, que es otra cosa.

Ratificó que su compromiso con los derechos humanos es, tal vez, más fuerte y más antiguo que el de su esposo. Con todo, por primera vez se refirió a las Fuerzas Armadas de ahora y del futuro. "Debemos separar la paja del trigo", puntualizó. Y eso, que parece una verdad elemental, estuvo ausente en los últimos años de escasas referencias presidenciales a los actuales militares. Aquel compromiso de la Presidenta parece ir más allá de los asuntos internos de hace tres décadas y eso se vio en su conmovedora apelación por la libertad de Ingrid Betancourt, secuestrada en Colombia desde hace casi seis años por la guerrilla más vieja y cruel de América latina.

Pasó sin grandes novedades sobre la política exterior, aunque esas cuestiones son una pasión que se le conoce. Sólo cabe consignar la cálida referencia al presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, y al pueblo ("hermano", dijo) uruguayo. Habló de "resituar" el problema en su contexto técnico y jurídico y recordó la posición argentina ante los tribunales de La Haya. Habló, en fin, de despojar el conflicto de las cuestiones personales que lo empaparon feamente en los tiempos recientes.

Nadie sabe aún si Néstor Kirchner tendrá la sensibilidad de su esposa, que durante los últimos años influyó de manera decisiva sin que se notara. Ningún periodista estuvo nunca en condiciones fiables de afirmar que la senadora Kirchner tenía una opinión diferente sobre algún aspecto de la administración, aunque se olfateaba que algo había en ese sentido. Pero el ex presidente está acostumbrado a mezclarse con lo que le concierne y a continuación con lo que no le concierne. ¿Cambiará de ahora en más?

Ayer, la Presidenta sólo mostró enfado cuando su marido equivocó el orden de la firma con la entrega de los símbolos del poder presidencial. Néstor Kirchner no tiene remedio: es el único presidente al que el protocolo no lo disciplinó durante casi un lustro. Los que conocen a Cristina Kirchner dicen estar seguros de que no habrá un doble comando del poder durante su gestión. Aquella anécdota de su enfado de ayer por los desbarajustes protocolares de su esposo tiene también una lectura política: nunca se resignará a aparecer como una simple delegada de su esposo entre vacíos rituales de la presidencia. Sabe, en síntesis, que en política el poder de la palabra no cuenta nada sin las garras afiladas del poder.

Borges escribió que la mañana finge un comienzo. El desafío de Cristina Kirchner consiste en demostrar que lo que sucedió ayer no fue el mero fingimiento de un comienzo, sino el umbral de otra experiencia política, suya fundamentalmente.Los que conocen a Cristina Kirchner dicen estar seguros de que no habrá un doble comando del poder durante su gestión

Desafíos del nuevo gobierno porteño


Con la asunción de Mauricio Macri quedará formalizada la renovación del gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Se habrá acabado el tiempo de las promesas proselitistas y comenzará el período de cuatro años en que las nuevas autoridades deberán convertirlas en realidades concretas.

No será una tarea sencilla. Cualquier diagnóstico elaborado sobre la base de referencias que están al alcance de los ojos de todos los porteños demostrará que la metrópoli padece numerosas y complejas dificultades. Facilitaría la sana intención de enfrentarlas que el gobierno nacional accediese a profundizar la autonomía constitucional de la ciudad, depusiese su nada disimulada intención de sembrar de obstáculos el camino que han comenzado a recorrer los gobernantes locales y se mostrase desinteresadamente predispuesto a convivir en paz y armonía con quienes son, al fin y cabo, sus vecinos más próximos.

Sin exagerar, nueve de cada diez vecinos interpretan que el más grave de esos inconvenientes es el provocado por el auge de la delincuencia. Están atemorizados y no lo disimulan. Sobre todo, por el ensañamiento que se exhibe en las actividades delictivas y el descaro con el cual los malhechores se mofan de la vigencia de las leyes y del apego por el orden público.

Constituiría un avance significativo en cuanto a disuasión, prevención y represión del delito que tuviese inmediato efecto el demorado traspaso de los servicios metropolitanos de la Policía Federal en los términos meridianamente expresados en la Constitución nacional, sin subterfugios ni torcidas interpretaciones.

Siguiendo con un ordenamiento más o menos lógico, sería menester encarar de inmediato el mejoramiento de la limpieza urbana. Es indisimulable que la ciudad, hoy en día meta de un notable porcentaje del turismo mundial, está muy sucia. Esta mancha es provocada por la escasa eficacia de sus servicios de limpieza y la pésima educación cívica de la mayor parte de sus vecinos, a las cuales se suma la anárquica presencia de los cartoneros.

Siempre en ese orden de prioridades, las nuevas autoridades tendrán que abocarse a resolver, en forma conjunta con el gobierno bonaerense, qué hacer con el denominado polo petroquímico del Dock Sur, la postergada limpieza del Riachuelo y el ordenamiento de los establecimientos industriales establecidos en sus orillas. Se trata, tal vez, del más preocupante riesgo para la salud pública en ambos distritos y, por ese motivo, conjurarla es tarea prioritaria e impostergable. Ello al margen de que no podrán dejar de lado abocarse a conjurar la amenaza gravísima de que la atención hospitalaria está en trance de colapsar por causa de las deficiencias edilicias, la falta de insumos y el constante crecimiento de los pacientes, que, en muchos casos, provienen del territorio bonaerense.

Entretanto, la educación reclama mejoras de contenido y de continente. El adecuamiento de las pautas de enseñanza de acuerdo con criterios actualizados deberá correr en forma paralela con la realización de un esfuerzo que permita disponer de edificios escolares funcionalmente aptos para acometer esa empresa improrrogable.

Hay que continuar la ampliación de la red de subterráneos, siguiendo el ejemplo de las grandes ciudades del mundo. Se debe remediar la cuestión, social y urbanísticamente deprimente, del crecimiento de villas de emergencia, que dan remedio precario a la falta de viviendas dignas. Es imprescindible reparar las calzadas y veredas, horadadas y rotas en nivel de lástima. Se impone preservar el patrimonio arquitectónico para poner a salvo fisonomías irrecuperables en caso de demolición. Plazas, parques y paseos demandan mantenimiento y vigilancia permanentes. Comerciantes y vecinos reclaman la corrección del abuso pertinaz que del espacio público hacen los vendedores ilegales. Y son inadmisibles las demoras en la plena puesta en vigor del Plan Urbano Ambiental. Para todo eso y cuanto queda en el tintero habrá que obtener recursos genuinos que no comprometan las finanzas públicas.

Es previsible que el gobierno porteño ganará en eficiencia y en innovadora confianza a medida que progrese en su desempeño. Con sus iniciativas deberá honrar las esperanzas de quienes lo eligieron y, por qué no, también las de quienes sin haberlo votado y con democrático comportamiento lo sienten ahora su legítima representación y le reclaman que, por una vez, las políticas de Estado estén por sobre los meros intereses políticos, para bien de la ciudad de Buenos Aires y de sus habitantes.

Macri ya habla de una posible reforma constitucional


El nuevo jefe de gobierno porteño, a pocas horas de asumir, dijo que es una buena idea "para hacer una gestión más austera", que obligaría a "todos los que vengan a tener un foco en la inversión"


Mauricio Macri sostuvo que se debe modificar la carta magna "para que haya un límite de gastos. Buscar que la ley te obligue a tener un superávit en la inversión".

Y expresó: "El gran desafío es si logramos vencer los miedos y las trabas que la gente tiene con la tecnología. Si logramos poner toda la gestión de compras en internet, cualquier ciudadano se puede divertir viendo en qué se gasta su dinero".

Las explicaciones que argumentan una futura reforma laboral están relacionadas con la idea de "hacer una gestión más austera y obligar a todos los que vengan a tener un foco en la inversión".

Por otra parte, Macri adelantó que en su futura gestión pondrá el eje en un mayor uso del transporte público y dijo que apela a un "cambio cultural", que también dependerá de los vecinos. “Tenemos que descomprimir el caos que se vive todos los días en la ciudad”, señaló el jefe de gobierno electo, en respuesta a una demanda de larga data de los porteños.

“Priorizaremos el uso del transporte público por sobre el de los autos particulares”, explica. Para ello “vamos a desarrollar un plan integral que incluya la incorporación de un nuevo transporte superficial del tipo de los colectivos con fuelles y vamos a ampliar los centros de maniobra de los subtes para triplicar la frecuencia de los servicios”, según explicó al diario La Nación.

También, entre los planes del futuro jefe de Gobierno figura “concretar la creación de las líneas F, G e I y modificar la traza de la línea H para que pueda transportar a más de las 25 mil personas previstas en el proyecto original”.

En una línea más global, Macri proclama que su gobierno “marcará un cambio cultural y de valores”, pero que para ello necesitará el compromiso de los vecinos.

En cuanto al control de gastos de la ciudad, piensa valerse de internet para transparentar las compras. “Cualquier ciudadano se podrá divertir viendo en qué se gasta su dinero”, describe.

El tremendismo no paga


Por Daniel Larriqueta
Para LA NACION
Caricatura: Kovensky


¿Usted no se cansó un poco de las noticias impactantes y los comentarios tormentosos? Es cierto, el presidente Kirchner ha contribuido con su estilo del atril a fomentar la agitación. Pero los agitados son muchos más, en la política, en la prensa escrita, en los escandalosos noticieros policiales de la televisión y hasta en las ruedas de conversación social. Pareciera que esto de que el mundo comienza cada mañana y puede terminarse el mismo día es un rasgo de nuestra identidad colectiva. Nos gustan las emociones fuertes y, en especial los porteños, cultivamos la queja.

Suelo referir esta psicología de Buenos Aires a una herencia cultural de gallegos y genoveses. Los de Galicia, cuando invitan a alguien a su casa, acostumbran decir, "pero venite llorado". Los genoveses de la época de oro de la gran ciudad portuaria tenían en su dialecto la palabra mugugno , por queja, y cuando se enrolaba a los marineros en los buques, se les ofrecía elegir diferente salario, más alto "sin derecho a mugugno " o más bajo "con derecho a mugugno ". Estas referencias ayudan a explicar lo que todos sabemos: no hay mejor conversación con un taxista que empezar quejándonos de algo.

Pero las emociones fuertes van más allá de la queja. Próximos a festejar los 25 años de democracia, no podemos menos que anotar que, en este cuarto de siglo, hemos usado en la vida pública toda clase de epítetos, calificativos fuertes, anuncios de desastre y denuncias sin fin que raramente producen resultados judiciales. Hemos vivido un poco a los gritos. Parece, sin embargo, que este rasgo de nuestra identidad se está debilitando.

Por lo pronto, todos hemos desarrollado el sexto sentido de preguntarnos qué es lo que hay de verdad detrás de cada escándalo.

El más estridente, largo y cansador es el empeño en meter dentro de la radicación de una fábrica de pasta de celulosa los trescientos años de historia común con Uruguay, desde que el gobernador de Buenos Aires don Bruno Mauricio de Zavala dispuso la fundación de Montevideo, en 1726. Hay miles de argentinos muertos en las guerras orientales para ayudar a los uruguayos a defenderse de las pretensiones imperiales de Portugal y de Brasil, y hay decenas de grandes militares orientales inscriptos en la historia de formación de la Argentina y la definición de nuestras instituciones al cabo de las guerras civiles. ¿Cómo estamos honrando esa memoria?

No menos turbulento aparece el largo conflicto del Indec, mezclando la necesidad del servicio público con reclamos gremiales internos nunca bien explicados. ¿O son todos ángeles patriotas los agitados funcionarios del organismo? Cuando en 2001 se demoraba inexplicablemente la puesta en marcha del Censo Nacional de Población, el entonces jefe de Gabinete, Christian Colombo, tomó el asunto en sus manos para forzar la ejecución. Yo lo acompañé en ese acto de responsabilidad pública y advertí que algunas de las resistencias estaban conectadas con el interés de funcionarios del Indec de controlar las importantes pautas de publicidad que acompañaban la labor censal.

En estos días, la prensa de Buenos Aires se relame dando amplio espacio a los problemas del Teatro Colón. Cuando el electo gobierno de Mauricio Macri anunció el nombre de Horacio Sanguinetti para dirigir el teatro, todo el mundo aplaudió la jerarquía y la idoneidad del elegido. Ahora que Sanguinetti parece dispuesto a meter el bisturí en las muchas deformaciones y excesos de esa casa, el revuelo se vuelve escandaloso y casi se nos anuncia que se está por destruir la célebre institución. Los abonados del teatro, cansados desde hace añares del desorden y el maltrato para renovar o adquirir localidades y de la soberbia con que los sindicatos mechan sus denuncias en plena función o alteran el cumplimiento de lo programado, desconfiamos de esos gritos.

En suma, hemos aprendido que los escándalos esconden. Y de a poco se va abriendo paso un modo más ponderado de tratar los temas y fijar posiciones. La nominación del nuevo ministro de Economía, Martín Lousteau, ha sido una buena ocasión de ver el cambio: oficialistas y opositores han abierto un compás de espera sobre su futura acción y han registrado los buenos antecedentes del candidato.

Desde ya, es en el terreno de la economía donde esto de jugar a la catástrofe ha sido más habitual. Pero, ahora, ni aun con la mayor inquina se puede afirmar que las cosas andan redondamente mal. Tengo muchos amigos empresarios y muchos de ellos en el sector agropecuario -y ya se sabe que los agricultores son quejosos siempre y en todo el mundo- y cuando empiezan con los murmullos de dolor, he tomado la costumbre de preguntarles en voz baja, para que no oigan los vecinos: "Pero vos ¿estás perdiendo plata?". La respuesta es siempre tranquilizadora. Y esto lleva a otro terreno: ¿se puede ser opositor sin ser tremendista?

Algunos ya comprendieron que el tremendismo no paga. Lo hemos visto, incluso, en la campaña electoral recién terminada. Las palmas se las lleva Roberto Lavagna, que, ya sea por modalidad o por buen olfato sobre la evolución de la sociedad, ha hecho una campaña con pocos adjetivos, al ensayar una oposición de contenidos, sin anunciar hecatombes; a muchos esa campaña les sonó insípida, pero no a los tres millones que lo votaron. Desde otro ángulo ideológico, Hermes Binner también se mostró reflexivo, al cuidando, acaso, el espacio político de su gobernación, pero aportando a un clima general más distendido. Y es posible que estas dos figuras cosechen frutos postergados de esa postura.

Si los políticos encuentran nuevos lenguajes, quedará en mora la prensa. En la competencia desatada que suele ser la vida periodística hemos ido caminando hacia un estilo profesional frívolo: dar noticias catastróficas, rápidamente, con poco cuidado de la sustancia. Esto no es paradójico: tiene que ver con la naturaleza del producto periodístico. En los buenos y recordados tiempos en que integré la redacción de Primera Plana , hacíamos un periodismo de mucho material para una pequeña nota, lo que daba al lector un verdadero compacto de información. No era nuevo: era, y es, el admirable modo de trabajar de The Economist . Pero ese estilo es caro, supone muchos redactores de sólida cultura y gran dedicación y en la Argentina de nuestros días las empresas no quieren o no pueden pagarlo. Pero si lo que estoy percibiendo como ambiente de la opinión es veraz, el periodismo tremendista irá perdiendo público y prestigio.

Por fin, la campaña electoral se clausuró la noche del escrutinio con un mensaje de la presidenta electa. La señora Cristina Fernández habló con un tono mesurado y dirigiéndose a todos. Podía haberse tomado como un episodio ocasional, un rasgo de prudencia en aquella noche que la consagró. Pero en todas las intervenciones siguientes, y en las entrevistas que ha dado desde entonces, ella ha seguido enarbolando ese modo. ¿Habrá llegado hasta la nueva presidenta este cambio de matiz en la cultura o la identidad pública argentina? En tal caso, ella estaría haciendo una lectura perspicaz y, a lo mejor, poniéndose delante de un cambio en el ánimo colectivo.

Y los gritos deberán ceder lugar al debate de ideas, y los intereses impresentables no podrán seguir ocultándose detrás de los escándalos. Sería otra etapa de la democracia argentina, más parecida a la madurez.

El autor es economista e historiador.

El debate sobre los tickets canasta


No es frecuente que un proyecto legislativo que durante años parecía frenado de golpe avance velozmente hasta merecer la sanción de una de las cámaras del Congreso, como acaba de ocurrir con la iniciativa presentada por el diputado Héctor Recalde, conocido asesor del líder sindical Hugo Moyano, para que los vales alimentarios que reciban los trabajadores pasen a ser remunerativos.

Sin duda, la denuncia sobre un intento de soborno por parte de una cámara empresarial al diputado autor del proyecto de ley para que éste fuera "cajoneado", que incluyó una filmación con cámara oculta, provocó la agilización del referido trámite parlamentario. Más aún, modificó la indiferente o negativa posición del gobierno nacional hacia la iniciativa de Recalde. Altos funcionarios avalaron por primera vez el proyecto, incluso luego de que semanas atrás el Poder Ejecutivo decidiera aumentar el monto que los empleadores pueden pagarles a los trabajadores diariamente en concepto de tickets canasta.

Desde ya, corresponde que la denuncia sobre la tentativa de sobornar a un legislador sea investigada por la Justicia con la debida profundidad y que tanto el diputado en cuestión como la cámara empresarial acusada y las empresas del sector aporten todos los elementos indispensables para que se esclarezca este oscuro episodio, al tiempo que se les imponga una digna sanción a los corruptos.

Del mismo modo, el Congreso debería aprovechar este escándalo para reflotar el tratamiento de numerosas iniciativas presentadas por legisladores con el fin de transparentar los procedimientos legislativos, empezando por la regulación de la gestión de intereses, actividad conocida en forma corriente como lobbying .

Pero el hecho en sí de la denuncia, que lógicamente conmovió a la opinión pública, no debería habilitar a los diputados y senadores a tratar con ligereza el proyecto de ley que originó el escándalo.

Nada debe obligarnos a deducir que una iniciativa legal es adecuada o justa por el solo hecho de que intereses sectoriales hayan pretendido abortarla mediante procedimientos absolutamente condenables.

Es menester que los senadores nacionales, ahora que el proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados, se aboquen a estudiar si, efectivamente, la iniciativa de Recalde es tan favorable para los trabajadores como se dice o si sólo beneficiará a las obras sociales, que verán incrementar su recaudación por el mayor pago de aportes laborales.

Cabe recordar que el trabajador que percibe vales alimentarios, al no tener éstos carácter remuneratorio según la legislación vigente, sufre menores descuentos destinados a la seguridad social, lo cual implica un mayor ingreso inmediato. Como desventaja para el trabajador, puede señalarse que esos tickets limitan la libertad de consumo del trabajador, al tiempo que disminuyen su ahorro previsional.

Desde el punto de vista del empleador, la transformación de los vales alimentarios en remuneratorios implicará un aumento del costo laboral, por la vía de mayores cargas sociales por pagar. Más aún, como el proyecto que analiza el Congreso prevé que las empresas adicionen el monto necesario para evitar que llegue menos dinero al bolsillo de los trabajadores, ese costo pesará todavía más en el desembolso que deberán concretar los empleadores si se hace efectiva la iniciativa presentada por el diputado Recalde.

Esta cuestión, incluso, podría llegar a impactar con impredecible magnitud en las próximas negociaciones paritarias, a la hora de discutir las retribuciones salariales, y no precisamente en forma favorable para el trabajador.

Del mismo modo, la consagración de la iniciativa de que los tickets canasta fuesen remuneratorios haría que la mayoría de los empleadores optasen por abonar esa parte de los salarios con moneda corriente, lo cual llevaría, es previsible, a una más rápida que lenta desaparición de las empresas de vales alimentarios.

Frente a esta situación, corresponde que el Poder Legislativo analice el proyecto en cuestión con la seriedad necesaria, sin pausa, pero sin una prisa excesiva que omita consultas con todos los sectores involucrados, tratando de equilibrar los genuinos intereses de trabajadores y empleadores.

Violencia en Bolivia


Desde que Evo Morales asumió la primera magistratura de Bolivia, la paz social de este país se ha ido deteriorando paulatinamente hasta alcanzar el estado actual de altísima tensión que derivó en una ola de enfrentamientos violentos.

Hay algunas razones que pueden explicar en alguna medida lo sucedido. Por una parte, aparecen las consecuencias de la siembra constante y disociadora de miedos, odios y resentimientos impulsada desde el poder. Por otro lado, la arbitraria falta de respeto por las instituciones de la República, incluido el Poder Judicial, acompañada de cada vez más flagrantes violaciones a la ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente y a los compromisos expresamente asumidos a partir del resultado de un transparente referendo popular, en el que la voluntad de autonomía de la población de los departamentos que conforman la llamada "media luna" del oriente boliviano se manifestó con contundente claridad. La abierta intervención en los asuntos internos de Bolivia por parte de Hugo Chávez ha contribuido ciertamente a alimentar la intolerancia y a exacerbar los ánimos.

Lo cierto es que Bolivia se encuentra hoy en una verdadera situación límite, muy cerca de la ruptura de la democracia, con una población cada vez más polarizada en posiciones que parecen irreconciliables y con una manifiesta incapacidad para que el gobierno y la oposición puedan dialogar en un marco de respeto recíproco y con voluntad de encontrar equilibrios, de modo de poder alcanzar la concordia.

Tras la vertiginosa aprobación del confuso proyecto de nueva Constitución, ocurrida entre gallos y medianoche el fin de semana último, con una mayoría que para el Colegio Nacional de Abogados de Bolivia es legalmente insuficiente, seis de los nueve departamentos del país realizaron un paro de protesta, de 24 horas, y llamaron dramáticamente a la desobediencia civil.

Ahora todos ellos preparan nuevas medidas de resistencia pacífica contra el gobierno de Evo Morales, entre las que se proyecta hasta una masiva huelga de hambre que se iniciaría pasado mañana.

Pese a ello, Morales decidió primero continuar con su actitud belicosa y posibilitó que el Congreso sancionara -irregular y apresuradamente, alimentando aún más la tirantez imperante- una norma particularmente delicada. Esto sucedió mientras se imposibilitaba a los parlamentarios de la oposición el ingreso en el edificio de la Cámara baja mediante la acción de piqueteros emplazados en torno de este.

Seguramente preocupado por la gravísima situación político-social, a la que su propio vicepresidente describió como un "empate catastrófico", Morales acaba de modificar su rumbo y ha convocado al diálogo con los prefectos e invitado a la oposición a reincorporarse a los debates de la Asamblea Constituyente, pese a que pocas horas antes había señalado que le daba igual si eso sucedía o no.

Es posible que en el repentino cambio de posición de Morales hayan influido no sólo las circunstancias, sino la presión internacional exteriorizada en la valiente posición asumida por los embajadores de la Unión Europea, quienes solicitaron públicamente a Morales respeto por la legalidad y los principios democráticos.

Morales, por su arrogancia, parece haber perdido la credibilidad, razón por la cual la oposición está sugiriendo la participación en el diálogo que propone la Iglesia Católica, una de las pocas instituciones que aún tiene el respeto de la mayoría de los bolivianos. La idea sería impulsar la mediación del propio cardenal Julio Terrazas, un hombre de quilates que fue capaz de frenar los intentos de la administración de manipular el sistema educativo boliviano. Hasta ahora, Morales se ha resistido a esta alternativa, pero sería un grave error mantenerse en su proverbial intransigencia ante la gravedad de la hora que vive el pueblo de Bolivia.

La situación apuntada ha provocado, por su extrema gravedad, que algunos de los países vecinos de Bolivia comiencen a contemplar planes de emergencia para eventualmente evacuar a sus respectivos nacionales. La hora llama a no abandonar a Bolivia ni a su pueblo. Más allá de las diferencias intestinas que separan marcadamente a nuestros hermanos del Norte, es necesario ayudarlos a encarrilar el diálogo pacífico y respetuoso para, a partir de él, estimular la formación de consensos generales.

El riesgo para la paz de la región parece haber crecido sustancialmente. La Argentina debe extender a todos los bolivianos por igual su tradicional amistad y ofrecer al menos la posibilidad de ser incluso instrumento para su reencuentro.

La aberrante manipulación del Indec


La manipulación y el falseamiento de los índices oficiales de precios en la Argentina no es una cuestión de consumo interno sino de difusión internacional. Se lo menciona en artículos e informes referidos a nuestro país y es tema recurrente en reuniones académicas y de negocios. Bien lo saben los funcionarios del Gobierno que por alguna razón tienen contacto o presencia frecuente con contrapartes del exterior.

La realidad incontrastable de cuanto ocurre en el Indec surge del testimonio de los propios técnicos del organismo, que expresan de viva voz lo que se ven obligados a hacer por imposición superior. La manipulación reconoce la omisión de las lecturas de los precios con alzas elevadas, la inclusión de listas de precios regulados pero no respetados ni vigentes, y otras arbitriedades.

El llamado Indice Nacional, que el Indec elabora con la información proveniente de las direcciones provinciales de estadística, es ostensiblemente alterado con el simple cambio del dato recibido. La provincia de Mendoza, donde aún es gobernador el vicepresidente electo, Julio Cobos, ha hecho pública esta anomalía sin que esto hubiera sido óbice para que se continuara haciéndolo.

Si se necesitara otra evidencia de este aberrante comportamiento, basta con comparar el índice de precios al consumidor del Indec que supuestamente refleja la Capital Federal y el Gran Buenos Aires con el promedio de las mediciones de once provincias que lo hacen. Este último muestra en septiembre de 2007 un incremento del 21 por ciento respecto del mismo mes del año anterior. Para ese mismo período, el Indec expone sólo un 8,6 por ciento. No hay ningún factor económico o social que explique tamaña diferencia. Similares conclusiones surgen cuando se mide la inflación implícita en la evolución de la recaudación del IVA.

Frente a consultas periodísticas, la presidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, ha dicho que "los modelos de medición no son el Talmud ni el Corán ni la Biblia". Esta respuesta, que implica decir que los métodos de medición son modificables, intenta desviar la cuestión al terreno metodológico, cuando no es allí donde se alteran los índices.

También se ha argumentado que detrás de las críticas hay intereses que pretenden índices más altos para lograr ganancias financieras en los ajustes de sus títulos. Es otra forma populista de lograr apoyo, desviando el tema de su esencia.

La presidenta electa también ha afirmado que los índices del Indec coinciden con el pronóstico mensual de numerosas consultoras que envían su estimación al sistema REM del Banco Central. Tal vez desconozca que el ranking de aciertos de esa entidad se establece por comparación de esos pronósticos con el índice oficial. Por lo tanto, todas las consultoras tratan de anticipar lo que el Indec publicará y no la inflación real.

No es aceptable que un país falsee sus estadísticas oficiales. Lo que comenzó con el índice de precios al consumidor se ha extendido a otras mediciones relacionadas y parece alcanzar también a las mediciones de la producción. Hay implicancias legales y motivos para invocar una situación de default en títulos indexados por la variación del costo de vida.

Por otro lado, si el propósito es impedir las expectativas inflacionarias y reducir la base de los reclamos de aumentos salariales, debe decirse que el efecto logrado puede ser el contrario. La certeza de la manipulación autoriza a suponer cualquier nivel de inflación, incluso superior al verdadero. Estos inaceptables procedimientos deben suprimirse de inmediato.

La Holografía



La holografía es una técnica avanzada de fotografía, que consiste en crear imágenes tridimensionales. Para esto se utiliza un rayo láser, que graba microscópicamente una película fotosensible. Ésta, al recibir la luz desde la perspectiva adecuada, proyecta una imagen en tres dimensiones.

La holografía fue inventada en el año 1947 por el físico húngaro Dennis Gabor, que recibió por esto el Premio Nobel de Física en 1971. Recibió la patente GB685286 por su invención. Sin embargo, se perfeccionó años más tarde con el desarrollo del láser, pues los hologramas de Gabor eran muy primitivos a causa de las fuentes de luz tan pobres que se utilizaban en sus tiempos.





Originalmente, Gabor sólo quería encontrar una manera para mejorar la resolución y definición de las imágenes del microscopio electrónico. Llamó a este proceso holografía, del griego holos, "completo", ya que los hologramas mostraban un objeto completamente y no sólo una perspectiva.



Los primeros hologramas que verdaderamente representaban un objeto tridimensional bien definido fueron hechos por Emmett Leith y Juris Upatnieks, en Estados Unidos en 1963, y por Yuri Denisyuk en la Unión Soviética.

Uno de los avances más prometedores hechos recientemente ha sido su uso para los reproductores de DVD y otras aplicaciones. También se utiliza actualmente en tarjetas de crédito, billetes y discos compactos, además de su uso como símbolo de originalidad y seguridad.

La ciencia como política de Estado


Al tratar de encontrar las causas que permiten enfrentar con exito las amenazas y aprovechar las oportunidades del nuevo orden global, la experiencia mundial enseña que es imprescindible desarrollar capacidades para generar, trasmitir y usar correctamente el conocimiento. Es indiscutible que sin tecnología, cambio técnico y conocimiento no se producen los aumentos en productividad. Por ello resultan auspiciosas la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y la designación de Lino Barañao al frente de la cartera, a partir de la etapa gubernamental que comenzará el 10 del mes próximo.

La acertada decisión de la presidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, coincide con una vigorosa recuperación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), iniciada a partir de 2002 con el ingreso masivo de becarios y con el regreso al país de 345 científicos de alto nivel académico. Además, según el "Informe de Gestión 2002-2007", el salario promedio creció un 240 por ciento para las categorías iniciales y un 126 por ciento para las superiores; se multiplicó el registro de patentes y está planificada la construcción de 70 centros de investigación, lo que implicará agregar 130.000 metros cuadrados de superficie para albergar a los nuevos científicos.

Entre los logros destacados en ese lapso, el informe señala que se promovió una mejor distribución de los científicos, tradicionalmente concentrados en el centro del territorio, mediante mecanismos de financiamiento para el traslado y la instalación en centros de menor desarrollo relativo. Asimismo, un programa de apoyo estimuló la incorporación de becarios en las universidades nacionales que tenían muy pocas postulaciones. Este año se están evaluando 150 para formar núcleos de crecimiento en las provincias. Sólo en 2007 se crearon seis centros cientificotecnológicos en Bahía Blanca, Comahue, Córdoba, La Plata, Rosario, Santa Fe y Tucumán.

El Conicet financia el 70 por ciento de las becas de doctorado del país, que en 2009 rondarán las 7500, y luego de la suspensión por falta de recursos en 2002, se decidió volver a ofrecer becas para viajes al exterior a aquellos investigadores que tuvieran una posición estable dentro del sistema; es decir, jóvenes ya incorporados a la carrera.

No menos relevante es el crecimiento de la transferencia tecnológica y la cooperación público-privada, que posibilitó la firma de alrededor de 500 convenios, lo cual permitió aumentar los ingresos por servicios y patentes.

El nuevo ministerio deberá orientarse a retomar los esfuerzos con miras a impulsar un ambiente propicio para la innovación y fomentar esta cultura en la sociedad, a fin de contribuir con los cambios necesarios para insertar al país en los nuevos paradigmas de modelos productivos instalados en un mundo globalizado, basados fundamentalmente en la valoración del talento y en el desarrollo cientificotecnológico. La ciencia, la tecnología y la innovación son actividades cruciales y prioritarias para el país, pues inciden directamente en el crecimiento de su economía, en su desarrollo, en la inclusión social y en el mejoramiento continuo de las políticas públicas, la cultura y la vida artística.

Por todo eso resulta necesario invertir en la producción de conocimiento, para lo cual no sólo será indispensable un firme respaldo a la tarea que viene realizando el Conicet, sino que también lo será el otorgamiento de las partidas presupuestarias suficientes para alcanzar la meta propuesta.

Es de esperar que, en adelante, el desarrollo científico y tecnológico sea atendido como una política de Estado, colocada en un contexto estratégico, en el que se planifique para el corto, el mediano y el largo plazos, y no resulte ser una labor desintegrada y solitaria. La designación al frente del ministerio de un reconocido científico, que está al margen de los intereses partidarios, es una buena señal en esa dirección.

Nuestro patrimonio cultural, en jaque


El departamento Interpol de la Policía Federal Argentina allanó a dos museos que traficaban ilegalmente piezas arqueológicas de gran valor cultural y secuestró doce objetos pertenecientes a culturas precolombinas


El Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina dio a conocer una noticia que pone en alerta al patrimonio cultural: se trata de la existencia de museos que trafican bienes culturales en nuestro país de forma ilegal. Según las investigaciones, diversas instituciones están violando la Ley de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, que se ocupa de la preservación, protección y tutela de los elementos de los grupos socioculturales que habitaron el país desde épocas precolombinas.

"Desde finales del año 2006 se tomó conocimiento de que un grupo de personas estaba ofreciendo a la venta objetos arqueológicos y paleontológicos de gran valor científico y comercial. El negocio partía del museo Privado de Ciencias Naturales de la localidad de Villa Cañás, Provincia de Santa Fe, desde el cual se proveían objetos a diferentes puntos del país", explicó el Subcomisario del Departamento Interpol, Marcelo El Haibe.

Entre los lugares que traficaban la mercadería proveniente de Santa Fe, se logró intervenir a uno ubicado en la localidad de Temperley, por orden del Juzgado interventor de la causa, en donde se secuestraron doce piezas arqueológicas, agregaron fuentes policiales.

Estos elementos de gran valor pertenecían a la cultura Moche y consistían en vasijas, personajes de diversas figuras, animales decorados y máscaras, cuyo valor por unidad oscila entre u$s 5.000 y u$s 8.000.

Además la Sección Centro Nacional de Protección del Patrimonio Cultural junto con la Subdelegación Venado Tuerto allanaron el Museo privado de Villa Cañás que funcionaba sin la habilitación correspondiente. Allí se secuestraron sesenta fósiles de distinto tipo y antigüedad y treinta y cinco objetos arquelógicos, muchos de los cuales también pertenecían a la cultura Moche.

La Ley de Protección del patrimonio arqueológico y paleontológico se dedica a la preservación, protección y tutela del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación y el aprovechamiento científico y cultural del mismo. Forman parte de este patrimonio las cosas muebles e inmuebles o vestigios de cualquier naturaleza que puedan proporcionar información sobre los grupos socioculturales que habitaron el país desde épocas precolombinas hasta épocas históricas recientes.

El Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, es el organismo que tiene a su cargo la conservación de este patrimonio para contribuir a que la historia del suelo que habitamos no se pierda.

Para acceder a la lectura completa de esta ley, ingresar a http://www.alihuen.org.ar/legislacion-ambiental/ley-25.743-proteccion-del-patrimonio-arqueologico-y-paleontol.html

Maia Jastreblansky
De la Redacción de adnCULTURA.com

Un país sin Poder Legislativo


El mal ejemplo dado por las autoridades nacionales ha cundido en todo el país. Los llamados superpoderes, como se conocen las tan cuestionables delegaciones legislativas en el Poder Ejecutivo, ya son una triste moda en el orden nacional.

De acuerdo con la información publicada por LA NACION el martes último, son 18 las provincias en las cuales rige la posibilidad de reasignar fondos presupuestarios o ingresos excedentes sin ninguna participación del Poder Legislativo.

La extensión de esta irregularidad, denunciada en numerosas ocasiones desde esta columna editorial, no puede dejar de sorprender. El artículo 29 de la Constitución Nacional señala que "el Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna". Y añade que "actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria".

El afán de concentrar el poder, por lo visto, ha podido más que la propia Constitución. El año último, el Congreso le confirió por ley al jefe de Gabinete la facultad permanente de modificar el presupuesto sin intervención parlamentaria. Esta norma le permite al citado funcionario reasignar gastos corrientes y de capital, al igual que aplicaciones financieras. Del mismo modo, puede alterar la distribución de las finalidades de las erogaciones previstas en la ley de presupuesto nacional.

Esta práctica ha provocado una nueva minimización del papel del Congreso en la confección del presupuesto. A tal punto que, durante todo este año, se estima que el Poder Ejecutivo gastará unos 26.000 millones de pesos más por fuera del presupuesto 2007, sin intervención del Poder Legislativo.

Este aumento del gasto público representa alrededor del 23 por ciento por encima de las erogaciones previstas en la ley presupuestaria de este año, aprobada por el Congreso, y constituye el incremento más abultado desde que Néstor Kirchner asumió la presidencia de la Nación, en 2003.

Tanto la letra como el espíritu de la Constitución Nacional determinan la prohibición de la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, al tiempo que nuestra Ley Fundamental también establece que sólo el Congreso puede fijar por ley los recursos públicos. No obstante, las autoridades nacionales encontraron la forma de burlar esos principios.

Un mecanismo frecuente en los últimos años, y repetido recientemente, con la aprobación del proyecto de presupuesto 2008 por la Cámara de Diputados de la Nación, ha consistido en subestimar las metas de crecimiento económico, lo cual asegura que el presidente de la Nación y el jefe de Gabinete podrán decidir la dirección del excedente de los ingresos presupuestados en forma discrecional. Algo que tiene doble valor político en un año electoral, como el que está concluyendo.

Lamentablemente, este avance hacia el hiperpresidencialismo y hacia hábitos que poco tienen en cuenta la división de poderes se está transformando en parte de una cultura política que se extiende a casi todo el país y que amenaza la propia salud de nuestro sistema institucional y de la República.

La tendencia a la concentración del poder en manos del Ejecutivo ha sido contagiada a prácticamente todo el país. Sólo seis provincias -Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Mendoza y Santa Fe- se encuentran a salvo de los superpoderes. En 13 distritos, los superpoderes son totales y en cinco, parciales.

El mal ejemplo del gobierno nacional ha llegado muy lejos y se extiende a otras cuestiones, como el uso de la publicidad oficial como mecanismo de premios y castigos a los medios de comunicación, o la manipulación de los jueces.

La consideración de los procedimientos democráticos y del cumplimiento cabal de las disposiciones constitucionales como meros formalismos burocráticos que dificultan la tarea de gobernar es un criterio tan equivocado como peligroso para nuestras instituciones. Sólo cabe esperar que quienes tienen las más altas responsabilidades de gobierno lo adviertan, antes de que la República se convierta apenas en un vocablo que las nuevas generaciones tengan que buscar en un diccionario para conocer su significado.

La generación del 2000

Por Juan J. Llach
Para LA NACION
Caricatura: Huadi


Pero ¿dónde está la generación del ochenta? Tal es la pregunta constante del descreído auditorio cuando procuro convencerlo de que el nacimiento del siglo le ha traído a la Argentina la que muy probablemente terminará siendo la mejor oportunidad de desarrollo económico y social de su historia, con potencial aun mayor que la de fines del siglo XIX. Ante la evocación de semejante icono hay que resistir el reflejo condicionado de caer en el polo depresivo de la ciclotimia nacional para abrir paso a una perspectiva analítica y matizada, desmenuzando proyectos y pasiones de la generación del ochenta y aguzando la mirada para capturar los signos del presente.

Soslayando la superficialidad iconoclasta de las historias de consumo mediático a la moda, será mucho más fructífero releer, por ejemplo, La generación del 80 y su proyecto (Oscar Cornblit, Ezequiel Gallo y Alfredo O’Connell, 1962) y advertir que lejos estuvo ella de ser puro altruismo, consenso y clarividencia; también mostró divisiones, errores y enconos apasionados. Además, sus logros fueron posibles por el fuerte viento de cola de la belle époque, con su valorización vertiginosa de las pampas argentinas y su capacidad de albergar a millones de inmigrantes, que escapaban de hambrunas y otros males europeos.

Pero el halo de grandeza que aún conserva esta generación se funda sólidamente en su visión de largo plazo, en su apuesta por la educación y en una vasta construcción institucional que incluyó tempranamente el voto masculino universal.

¿Qué decir del presente? Sin pretensiones de igualar lo inigualable, ¿hay signos del nacimiento de una dirigencia política y social con parejas apuestas al futuro, a la educación, a las instituciones y, exigencias del siglo, capaz también de representar genuinamente los mandatos de la sociedad y no las pasiones hegemónicas de los caudillos o aparatos de turno? En coincidencia con Carlos Helbling, mi respuesta es afirmativa. Está surgiendo, de abajo hacia arriba, una nueva dirigencia política y social con renovados estándares éticos, aunque todavía sin entidad suficiente para garantizar que aprovecharemos cabalmente la inédita oportunidad que el mundo nos ofrece.

La vemos nacer, al menos, en cuatro lugares de nuestra geografía social. En los resultados electorales de Tierra del Fuego, la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Neuquén y aun Salta o Mendoza, cuya enumeración revela que no me refiero a ideologías, sino a nuevos modos de hacer política que también han mostrado algunos de los principales liderazgos nacionales de la oposición.

En segundo lugar, en muchas ciudades se perfilan intendentes de nuevo cuño, desde Inriville hasta Zárate, desde Neuquén hasta Rosario, desde Córdoba hasta partidos del Gran Buenos Aires en los que fueron derrotadas las viejas maquinarias.

Florecen, en tercer lugar, nuevos liderazgos sociales en dirigentes de base que se niegan a ser presa del clientelismo y las dádivas, y en empresarios o líderes lisos y llanos que se han dado cuenta de que un país no puede edificarse sólidamente con la dolorosa exclusión social de la Argentina de hoy.

Hay, en fin, una creciente oferta y demanda de programas de capacitación de dirigentes públicos y también de fomento de la amistad cívica, como la que promueve notablemente la Red de Acción Política (RAP).

Estas señales no siempre son percibidas por parte de nuestras elites económicas, sociales o aun académicas, frecuentemente refugiadas en un pesimismo crónico que percibe a la política argentina como un escenario, en el fondo, bárbaro, salvo en las raras ocasiones en que triunfa un candidato ideológicamente afín.

Debería aceptarse que no pocos de los males políticos que nos aquejan se originaron en el abandono que buena parte de las clases ilustradas hizo de los partidos políticos desde 1930, para ofrecerse luego como intelectualidad orgánica de gobiernos militares o, en el otro extremo, de movimientos guerrilleros.

Es nada más ni nada menos que esta tendencia la que ha empezado a revertirse desde el restablecimiento de la democracia, primero muy tibiamente y ahora con más fuerza.

También es necesario entender, sin despreciar, que el apoyo electoral al oficialismo de numerosos sectores populares tiene una razón de ser: la de haber premiado al gobierno en cuyo transcurso millones pudieron salir del desempleo y de la pobreza. Una razón de ser que no necesariamente será vitalicia. Si logra soslayarse un tropezón y el país sigue creciendo, cada vez serán más los que exigirán también mejor educación, seguridad o justicia. Y si llegara el infortunio de otra crisis, también cambiará la orientación del voto.

En una Argentina que va dejando de ser hegemónica y empieza a ser plural prevalecerán, al fin, quienes sean capaces de entender y hacer entender que es necesario y posible combinar el crecimiento con la distribución del ingreso en una propuesta de desarrollo integral.

No les faltan, empero, razones a los pesimistas. El mismo interior del país al que el mundo le abre una oportunidad inédita en su historia, es crecientemente expropiado de sus genuinas rentas fiscales por el poder central, como lo muestra la reciente suba de impuestos a las exportaciones. La parte de éste y otros impuestos que correspondería a provincias y municipios supera ya los 12.000 millones de pesos anuales. En estas condiciones, les será mucho más difícil a Scioli o a Binner, por ejemplo, brindar la educación de calidad para todos que ellos seguramente desean. Se coloca así a tantos gobernadores e intendentes ante la opción de pactar con el hegemonismo central o no poder gobernar.

“La cuestión del tesoro es, en el fondo, el eje de toda la política argentina desde la emancipación. Las luchas civiles, las disensiones partidistas, las complicaciones políticas, el enardecimiento de unitarios y de federales, de porteños y de provincianos, el caudillaje mismo, todo ha nacido de ahí y ha gravitado a su derredor: tocar esta cuestión es picar en arena candente; aclararla es encontrar el hilo de Ariadna, que nos guía en el laberinto de la política argentina.”

Aún dice verdades esta descripción de Ernesto Quesada de 1898, pero quizás estemos más cerca de encontrar a quienes, pensando lateralmente como Ariadna, logren sacarnos del laberinto, cuestión crucial, que por cierto deberían meditar las autoridades electas.

El autor es economista y sociólogo; profesor del IAE-Universidad Austral

El triunfo de los prepotentes


La prepotencia provoca instintivo rechazo, en tanto conducta antisocial y francamente desagradable. Así y todo, abusar del poder y hacer alarde de él se ha convertido en un hábito de no pocos sectores de nuestra sociedad, que hasta les permite obtener ventajas a quienes no hacen otra cosa que despreciar la convivencia y la concordia.

Valga como botón de muestra la violenta reacción de sectores de los gremios de choferes de camiones y taxistas al protestar por la probable aprobación de la norma que sancionaría las infracciones viales con quitas de puntos e inhabilitaciones para conducir. Los desbocados profesionales del volante pretendieron forzar su ingreso en la Legislatura local y, al no lograrlo, la emprendieron a pedradas y palazos contra la custodia policial, muchos de cuyos integrantes fueron a parar al hospital. No conformes con ello, los dirigentes de los revoltosos los justificaron haciendo uso del remanido argumento de la "defensa de la fuente laboral". De inmediato, autoerigidos en expertos en educación vial, calificaron de "mamarracho" el proyecto de ley que estaba en consideración de los legítimos representantes del pueblo de la ciudad de Buenos Aires.

Es lamentable tener que consignarlo, pero lo cierto es que, en definitiva, la prepotencia parece haber salido triunfante del trance. El proyecto será sometido a revisión para atemperarlo al gusto de quienes malinterpretan ser titulares de una situación privilegiada que intentan imponer por la fuerza, a pesar de que sus inconductas viales provocan numerosos y gravísimos accidentes de tránsito.

Por si ese ejemplo no fuese suficiente, el viernes último, en Mar del Plata, trabajadores de la industria de la pesca agredieron de hecho y de palabra al intendente local, Daniel Katz, cuando concurrió a la sede gremial con la intención de mediar en el conflicto que aquéllos sostienen con las empresas del ramo. Pedradas e insultos retribuyeron la iniciativa del jefe comunal; nadie, que se sepa, por lo menos trató de impedirlo.

Usurpaciones de propiedades, cortes de la vía pública y de ramales ferroviarios, ocupaciones de establecimientos de enseñanza y hasta amenazas de bombas en escuelas, el semiprofesionalizado quehacer de los piqueteros, el tenebroso imperio de las barras bravas y la impunidad delictiva configuran otras tantas muestras de la institucionalización de la prepotencia.

De hecho, la violencia y las bravuconadas -por el estilo de aquellas de las que suelen hacer gala ciertos funcionarios- han suplantado en no pocas ocasiones al entendimiento, el diálogo, la razonabilidad, la comprensión, la solidaridad y los buenos modales. Al parecer, los prepotentes sólo ceden cuando se los enfrenta con prepotencias de mayor calibre. Casi de más está decir que por ese abrupto camino se llega a imprevisibles confrontaciones y dolorosas consecuencias.

Es difícil, por no decir francamente imposible, convivir con la prepotencia, enemiga mortal de cualquier estilo civilizado de vida. Las autoridades, sin embargo, en lugar de asumir el compromiso firme de salir a erradicarla, parecen resignarse a tolerarla. Y la sociedad está llegando a un riesgoso estado de desaliento y acostumbramiento frente a esta perversa metodología. No es extraño, sobre todo si se tiene en cuenta que más de una vez los prepotentes y sus bárbaros comportamientos han sido justificados y hasta alentados desde lo más alto del poder político.

Más impuestos a la energía


A pocos días de aplicar un importante aumento de los impuestos a las exportaciones de cereales y oleaginosas, el gobierno nacional anunció otro incremento de gran magnitud en las retenciones a las ventas al exterior de petróleo y todos sus derivados. La medida, desacertada e inoportuna, apunta a contener la suba de los precios internos y a cubrir necesidades fiscales.

El petróleo representó tradicionalmente un importante rubro de las importaciones nacionales, incluso hasta mucho después de su descubrimiento en nuestro suelo en 1913. El monopolio estatal de la actividad de exploración, perforación y extracción no pudo abastecer al mercado local, hasta que prevaleció la convicción de la necesidad de incorporar a la actividad privada esas actividades, algo que cobró fuerza a partir de los años 80. Sus favorables resultados le abrieron paso al abastecimiento de los requerimientos propios, lo cual dio comienzo a las exportaciones que a principios de la década actual representaron nada menos que el 18 por ciento del total de las ventas del país al exterior.

No sólo del líquido negro se trata, sino también del gas y de productos diversos obtenidos con el concurso de las destilerías. Las importaciones continuaron, dada la necesidad de cubrir requerimientos específicos, pero el saldo neto de ambas corrientes fue extremadamente favorable.

Recientemente, a partir de la gran devaluación producida en 2002, se adoptaron dos decisiones en la materia, consistentes en la congelación de los precios internos de la energía, incluidos los combustibles, y en la aplicación de impuestos a sus exportaciones. Se lo hizo sobre la base de una escala que, con motivo del crecimiento sostenido de los precios internacionales del petróleo se situó en el 45 por ciento de su valor.

El extenso período de vigencia de este congelamiento en un contexto de crecimiento de los costos de producción, sumado a la aplicación de los mencionados impuestos a las exportaciones, tuvo como resultado una merma de las inversiones en el sector con las consecuencias conocidas. Vivimos así una crisis energética a todas luces que, aun ante la evidencia, el Gobierno se niega a reconocer.

En el sector externo viene produciéndose una disminución sistemática del valor obtenido por las exportaciones de petróleo y gas, que hoy representan no ya el 18 sino el 12 por ciento del total, hecho tanto más significativo si se tiene en cuenta que tal reducción se da en un contexto de altísimos precios internacionales del petróleo y sus derivados. Mientras ello ocurre, las importaciones registran aumentos y achican el saldo neto del comercio externo del sector.

Dadas las proyecciones decrecientes de la producción petrolífera, puede pronosticarse en un horizonte cercano el retorno a la importación de petróleo, lo cual anularía este poderoso pilar de nuestro comercio exterior. De presentarse este escenario, sería ya imposible utilizar los actuales mecanismos de contención de los precios, los cuales serían la expresión lisa y llana de las cotizaciones internacionales. Sólo con abundantes recursos fiscales, inexistentes por cierto, se podría contener el crecimiento de los referidos precios.

Con un precio de 95 dólares por barril, el Estado retendrá a partir de ahora cerca del 60 por ciento del embarque, por lo que quedará alrededor del 40 por ciento para el exportador. Adicionalmente, las retenciones a las exportaciones de los productos derivados, naftas y otros, pasarán del 5 por ciento a un mínimo del 34 por ciento.

Un dato no poco inquietante es que este abrupto cambio en las reglas del juego llega en momentos en que dos compañías petroleras internacionales, Repsol YPF y Esso, se hallan en negociaciones para vender parcial o totalmente sus activos en la Argentina. Esto ha generado lógicas especulaciones sobre la posibilidad de que, desde el gobierno nacional, se esté buscando favorecer a potenciales compradores con una baja del precio de aquellas empresas a partir de la muy probable disminución de sus ganancias.

Un abanico de opiniones sectoriales ha puesto de manifiesto que, en el corto plazo, la medida podrá ser efectiva para contener los precios en el orden doméstico. Sin embargo, resulta indispensable tener en cuenta que las grandes inversiones requeridas para revertir la grave crisis energética preferirán escenarios más amigables que el que aquí les ofrecemos. Además, la sola participación del secretario Guillermo Moreno en la instrumentación del sistema es un mensaje en sí mismo. En suma, pan para hoy y hambre para mañana.

Educación inclusiva: equidad y calidad


Aceptar hoy que todos tenemos capacidades diferentes parece obvio. Sin embargo, este concepto no es en absoluto comprendido por todos. Por eso cobran tanta relevancia los resultados que arrojó recientemente la encuesta Educar en la Diversidad, según la cual la mayoría de los padres (un 65%) y los docentes (un 53%), particularmente aquellos que tienen más experiencia, tanto de escuelas de gestión pública como privada de la ciudad de Buenos Aires, creen que es posible llevar a la práctica una educación inclusiva en el mediano plazo.

¿Qué significa hablar de educación inclusiva y de escuelas inclusivas? La educación inclusiva es la que ofrece la posibilidad de que todas las instituciones educativas estén preparadas para incorporar a personas con necesidades educativas especiales (NEE). Y conviene aclarar que por persona con NEE se entiende a toda aquella que, por poseer alguna característica de orden biológico o cultural, necesita una atención especial por parte del sistema educativo (es decir, tanto una persona sordomuda como un inmigrante recién llegado que no habla el idioma, pasando por todas las formas posibles de diversidad).

La Fundación Par, organización que promueve la igualdad de oportunidades, dio a conocer en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires los resultados de una consulta vinculada con las dificultades con que tropiezan alumnos con necesidades educativas especiales, consulta a la cual respondieron 835 entrevistados, entre padres, docentes y vecinos. También participó de la realización de la encuesta Intus, un grupo de jóvenes sociólogos que trabajan con el objetivo de contribuir, desde la investigación social, al fortalecimiento institucional del país

En cuanto a los resultados de la encuesta, para el 82 por ciento de los padres la escuela no está preparada para atender satisfactoriamente las expectativas de una educación inclusiva, criterio que compartieron los maestros en un 92 por ciento y los vecinos en un 85 por ciento. También siete de cada diez padres consideró que falta capacitación en los docentes para atender los requerimientos de la enseñanza especial y el 13 por ciento de ellos señaló que la arquitectura escolar era inadecuada y agregaba obstáculos al desempeño de sus hijos. Por su parte, los docentes apreciaron, además, que la actitud de los padres era más temerosa (en un 36 por ciento) que abierta (sólo en un 23 por ciento) a la deseada educación inclusiva.

La ley educativa Nº 26.206, en su capítulo VIII, consagrado a esta modalidad de la enseñanza, asegura el derecho a la educación de quienes sufren de discapacidades y agrega que la educación especial debe regirse por el principio de la inclusión educativa. Asimismo, dice que el Ministerio de Educación nacional "garantizará la integración de los alumnos/as con discapacidades". Se trata de la enunciación de grandes principios, pero en la realidad del proceso educativo están todavía lejos de cumplirse con eficacia, tal como lo demuestran las conclusiones de la encuesta citada.

En términos amplios puede afirmarse que los alumnos con NEE requieren una particular orientación y conducción pedagógica en función de sus condiciones. Ese proceso está inserto en el objetivo general de que todo menor debe recibir una educación que le permita ser miembro útil de la sociedad, aspiración coherente con los principios de inclusión e integración social sostenidos por la ley educativa.

Según lo deja ver el sondeo de la Fundación Par, las demandas justificadas para contar con una escuela gobernada por aquellos principios en el caso de los alumnos con NEE, no sólo exigen mejoras en la formación de los docentes y una asistencia en el aula dentro de una reorganización escolar o cambios edilicios.

Es evidente que los campos de trabajo son varios y todos igualmente importantes. El sistema educativo debe contribuir a aumentar la conciencia de la población en general sobre los derechos de las personas con capacidades diferentes, así como sobre los aportes que estas son capaces de hacer a toda la sociedad. Sobre esa base mínima de acuerdo es que se podrá construir una estructura social firme, que incluya finalmente a todos los niños y niñas, sin distinciones de capacidades.

Deben recuperarse las instituciones


El día en que se produjo su holgado triunfo electoral, la candidata del oficialismo, Cristina Fernández de Kirchner, convocó a toda la sociedad a esforzarse por recuperar las instituciones de la República luego de que en los últimos años del gobierno actual abundaron críticas basadas en el menoscabo de la calidad democrática. Entre otras iniciativas y acontecimientos, han sido vehementemente rechazadas por los partidos opositores, la sociedad civil organizada y otros actores sociales la modificación de la composición del Consejo de la Magistratura, los superpoderes, el intento de limitar las potestades de la Auditoria General de la Nación (AGN), las restricciones a la prensa y la reciente supresión de un subsidio estatal a una asociación de consumidores crítica. En ese contexto, las palabras de la futura primera mandataria han sido muy bien recibidas.

Sin embargo, en los últimos días, el Gobierno -de quien Fernández de Kirchner forma parte, como lo muestran las recientes visitas oficiales a distintos mandatarios extranjeros- adoptó una actitud disonante con aquellas esperanzadoras palabras pronunciadas en los momentos de celebración por la victoria comicial obtenida.

En primer lugar, tal como difundió como primicia LA NACION, se emitió un decreto reglamentario de la ley de administración financiera (la norma que rige las reglas de diseño y control presupuestarias) que permitiría la intervención de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) en las cuentas de los otros poderes del Estado. De ese modo, la Sigen, organismo dependiente exclusivamente del Poder Ejecutivo, podría avasallar la independencia de los poderes Legislativo y Judicial.

Debe advertirse que las potestades que articulan el sistema de frenos y contrapesos -por el cual los poderes se controlan mutuamente- deben encontrarse explícitamente incorporadas en la Constitución Nacional. Así, por ejemplo, el Congreso Nacional posee, por el artículo 86 de ese texto legal, la potestad de controlar externamente al Poder Ejecutivo. No existe, sin embargo, ninguna cláusula que habilite o faculte a la Sigen para controlar las cuentas de los demás poderes.

El ministro del Interior, Aníbal Fernández, afirmó textualmente que este diario "ha hecho confundir a prestigiosos juristas, haciéndoles creer que este decreto echa mano al Poder Judicial, al Legislativo y al Ministerio Público, una locura propia del que desconoce. Los juristas -agregó- se tiraron de los pelos al divino botón".

Más allá de que las palabras del ministro desconocen que los reconocidos constitucionalistas difícilmente incurrirían en errores en la materia en que son expertos, debe esperarse una respuesta elevada de un funcionario de tan alta jerarquía que explique en forma detallada las razones por las que considera que debe efectuarse una interpretación legal distinta de la que surge de su lectura lineal.

En principio, y esto no ha sido debidamente aclarado, las normas indican la posibilidad de que la Sigen audite las cuentas de los otros poderes. En la mejor de las situaciones, se trataría de un error en la redacción de esas cláusulas, las que deben ser inmediatamente rectificadas.

En segundo lugar, la Cámara de Diputados de la Nación designó con su actual composición a sus tres auditores generales que habrán de integrar la AGN durante ocho años. Como ha sucedido a lo largo del tiempo, lo hizo sin concurso público, sin publicidad suficiente y sin una mínima posibilidad de participación ciudadana para que ésta pudiera impugnar las candidaturas a cargos tan trascendentes. A lo ya cotidiano se agregó esta vez que la designación fue realizada por la actual composición parlamentaria de Diputados pese a que el nombramiento de quienes concluyen sus mandatos se efectuó el 15 de diciembre de 1999, es decir, con la composición que asumió el 10 de diciembre de aquel año. Esto es relevante, pues si fuera la próxima integración la que efectuara los nombramientos, podrían verse modificadas las minorías parlamentarias con derecho a nombrar a quienes se encargarán de controlar las cuentas de las futuras gestiones ejecutivas.

Por otra parte, el nombramiento del actual presidente de la Comisión Revisora de Cuentas, Oscar Lamberto, como auditor general no resulta la decisión más atinada pues afecta la independencia funcional que debe mantener la AGN en relación con el Congreso Nacional. Quien tenía tal poder de decisión en el ámbito legislativo sobre la materia buscará imponer los criterios dispuestos por ese organismo. A ello se agrega que el año último el propio Lamberto se vio involucrado en una denuncia pública fundada, revelada por el diario Clarín , por falsificación de las actas de reuniones de aquella comisión. No fue debidamente esclarecida por falta de voluntad política de quienes comparten bancada con el actual legislador.

En síntesis, la elogiable iniciativa de recuperación de las instituciones democráticas debe comenzar cuanto antes -incluso antes del recambio gubernamental- y quienes mayor responsabilidad tienen, más allá de lo que puedan aportar los demás participantes de la arena pública, son las autoridades responsables de los órganos políticos. El resto de la ciudadanía debe acompañar con esfuerzos y aportes constructivos un esquema en el que no predomine un poder sobre otro y en el que la oposición tenga espacios para poder intervenir eficazmente. Si ello ocurre, los principales actores de la democracia argentina habrán demostrado una voluntad de recuperarse de la crisis política, cultural e institucional por la que atravesamos desde hace mucho tiempo.

Vida Silvestre, treinta años después
Por Aníbal Fernando Parera


La Fundación Vida Silvestre Argentina empezó a hablar de conservación de la naturaleza en nuestro país cuando la cuestión todavía se debatía en sótanos de museos y en indescifrables informes científicos. “Tendimos un puente entre la naturaleza y el ciudadano común”, me dijo una vez Miguel Reynal, el apasionado ideólogo de la primera hora de la institución y primero de sus tres presidentes en treinta años. Lo siguieron, todos por períodos de diez años, Teodosio César Brea y Héctor Laurence, quien actualmente preside el consejo de administración de la organización.

Muchos argentinos todavía recordamos la primera campaña pública masiva dirigida a sumar el esfuerzo de la ciudadanía en procura del bien común. Transcurrían los años ochenta y los televidentes recibían el siguiente mensaje: con cada compra realizada con tarjeta de crédito Diners se entregaría un metro cuadrado de tierras a la novel Fundación, para proteger al casi extinto venado de las pampas en la bahía Samborombón.

Con aquel gesto, el ciudadano común se sumaba a la defensa medioambiental en la Argentina, en la que fue la más recordada campaña de la corta historia filantrópica de nuestro país. Se sumaron tres mil hectáreas para la primera reserva natural de la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA), Campos del Tuyú, administrada durante más de veinte años por la entidad, pero hoy a punto de convertirse en el primer parque nacional ubicado en la provincia de Buenos Aires.

Con la presidencia de Brea, fuertemente vinculado al WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza, organismo mundialmente conocido por su carismático logotipo del oso panda), la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) comenzó a proyectarse internacionalmente. Se convirtió entonces en la “representante del panda” en la Argentina. Sin embargo, prefirió no convertirse en la WWF Argentina, como se denominaban las delegaciones del Fondo Mundial en los demás países, sino seguir manteniendo su nombre y su propia marca, la también emblemática del oso hormiguero.

Por sobre todas las cosas, la FVSA siempre quiso mantener sus prioridades pensando en el país, aportando una mirada de la realidad ambiental puertas adentro. El oso hormiguero y la selva misionera, están antes que el oso kodiak y las selvas del Congo. Un espíritu que late desde entonces en el sexto piso de Defensa 251, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, desde el que se conducen las acciones de decenas de expertos y de dos oficinas regionales de soporte: una en Puerto Iguazú, Misiones, y otra, en Mar del Plata. La primera se ocupa, lógicamente, de los asuntos de la selva, mientras que la segunda coordina las actividades costeras y marinas que la organización mantiene en todas las provincias litorales desde hace casi diez años.

En la medida en que la globalización fue avanzando a lo largo de la vida de la Fundación, la organización se hizo más y más consciente de que los problemas ambientales no podían ceñirse a la flora y a la fauna. Ni aun a los temas de nuestra “pequeña aldea”. Los informes de Vida Silvestre fueron pioneros en incluir al hombre en el centro de su debate y de sus acciones. Algunos títulos de aquellos reportes hoy parecen extraños, por ejemplo “La conservación de la selva paranaense y el hombre”. Pero marcaron una época.

Más tarde, la Fundación avanzó francamente sobre el tema de la contaminación, los problemas sociales con impacto ambiental y los temas urbanos que preocupan a la sociedad en general.

Llegaría el turno de abordar los problemas globales, sin perder la perspectiva local.

Héctor Laurence ha señalado: “No podemos permanecer impávidos frente al cambio climático, porque vemos que constituye una realidad de estos días, mientras que hace poco tiempo parecía cosa del futuro”.

La Fundación, que cada cinco años publica Situación ambiental argentina (algo así como el “libro gordo” del ambiente en nuestro país), hoy está dispuesta a liderar el cambio frente al cambio climático global. “Los argentinos tenemos que pasar a la acción en este terreno. No podemos seguir elucubrando predicciones, mientras el agua empieza a mojarnos los tobillos. Necesitamos, por el contrario, tomar medidas, porque nuestra ganadería, agricultura, obras públicas y ciudades deberán adaptarse a la realidad en el curso de los próximos años”, me comentó recientemente Laurence.

Vale festejar el cumpleaños de una fundación que empezó entre osos hormigueros y campamentos organizados por jóvenes hace treinta años y que hoy enfrenta los grandes temas del ambiente en la Argentina con su clásico estilo sobrio y equilibrado, que prefiere la propuesta a la protesta, que lleva donados tres parques nacionales al Estado nacional (Monte León, El Nogalar y, en estos momentos, Campos del Tuyú, ni más ni menos que aquella reserva natural adquirida gracias a los usuarios de una tarjeta de crédito) y que tiene otras dos reservas propias (Urugua-í, en Misiones, y San Pablo, en la Península Valdés, Chubut) y convenios con propietarios de tierras para la conservación de decenas de miles de hectáreas a lo ancho y a lo largo del país.

Las velitas del oso se apagaron anoche en el Salón Roof Garden del Hotel Alvear, en un acto denominado La noche de la naturaleza. Allí concurrieron importantes personalidades y auspiciantes, que acompañaron a la FVSA en su historia. Pero también se soplaron velitas, al menos de manera simbólica, en cada hectárea de tierra conservada para las futuras generaciones de argentinos, y para venados, macás tobianos y huemules, que hoy pueden vivir un poco más relajados gracias a las acciones emprendidas por el “equipo del oso”.

Todos los interesados en pertenecer a Vida Silvestre, para apoyar su labor y recibir la siempre jugosísima revista Vida Silvestre, pueden hacerlo desde la página web de la organización, www.vidasilvestre.org.ar o en el teléfono 4331-3631, int. 41.

El autor es biólogo y director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina.

Un coloquio auspicioso


Se al requerimiento oficial, lamentablemente atendido, para forzar la inasistencia de un panelista que iba a exponer un crítico informe sobre la crisis energética, el coloquio anual del Instituto para el Desarrollo de Empresarios en la Argentina (IDEA) concluyó el fin de semana último en Mar del Plata con avances apreciables respecto de reuniones anteriores y con un balance favorable merced a la excelencia de las ponencias y al amplio espectro de tendencias políticas que siguió sus alternativas.

El coloquio anterior había dejado una disconformidad manifiesta entre muchos de los concurrentes por las limitaciones para debatir de manera suficiente cuestiones que incomodan al Gobierno. Ha de ser siempre un motivo de curiosidad que los condicionamientos de esa naturaleza puedan prosperar en un régimen democrático. Sobre todo, mientras se cortan a diario calles y puentes sin que haya mayor interés por los derechos ciudadanos que suelen quebrantarse ante el silencio e impasibilidad de los poderes públicos.

A poco que se afine el examen de los obstáculos que interfieren en el desarrollo pleno de debates libres en el país, se observará que la raíz de males como ése finca en un punto que, sin haber figurado de forma explícita en el coloquio, estuvo igualmente presente en las tres jornadas de su realización: la baja calidad institucional que afecta a la Argentina. Lo ha hecho notar con todas las letras un parlamentario chileno, sin que ninguna voz se alzara para contradecirlo.

Es de lamentar que, una vez más, el Gobierno haya vuelto a sustraerse, salvo contadas excepciones, de participar de paneles que dejaron una riqueza de contenido expositivo, a disposición de quien quiera utilizarla hasta para la discrepancia.

La citada eliminación de un especialista en cuestiones energéticas tras un pedido gubernamental en nada modificó el curso de las deliberaciones. Por el contrario, los asistentes comprendieron con mayor claridad que en las deficiencias energéticas que se han padecido en los últimos años, y que, de no mediar cambios, se acentuarán por su gravedad en el futuro inmediato, gira uno de los asuntos sobre los cuales es a esta altura insensato callar, como lo sería hacerlo respecto de la adulteración de estadísticas oficiales.




Durante el coloquio, convocado con el lema de "Argentina, un trabajo de todos", se habló con claridad, con respeto por las opiniones más diversas -incluidas, por cierto, las del oficialismo- y con conocimiento de lo que se abordaba.

Fue, en definitiva, un ejercicio alejado de la penosa cumbre iberoamericana de jefes de Estado. Si el coloquio de Mar del Plata fue una expresión de alta civilidad y compromiso cívico, aquella versión de la cumbre ha puesto al rojo vivo, ante un mundo desconcertado, que en la pérdida desoladora de buenas maneras en la política y la diplomacia subyace una intolerancia disfrazada.

Con la sutileza propia de un diplomático experimentado y de regreso hace tiempo de las aventuras marxistas de su juventud, el ex presidente del Brasil, Fernando Henrique Cardoso, advirtió que no hay futuro para los países que se dejen aprisionar por procesos inflacionarios o para los que crean que hay prosperidad posible si se encierran a sí mismos con regulaciones ajenas a las leyes fundamentales de los mercados o prescinden de atender con urgencia las injusticias sociales más flagrantes.

No menos interesante fue la intervención del pensador francés Guy Sorman a propósito de si el liberalismo estaba en crisis en el mundo. Le alcanzó con decir que si a ese liberalismo los dirigentes de China y del Brasil quieren llamarlo "socialdemocracia" cuando hablan de sus economías exitosas, él no veía un problema de fondo sino una formalidad secundaria.

Cuando falta poco menos de dos años para el bicentenario de Mayo, resultó conmovedor el anuncio de que un grupo de empresarios se ha unido en la decisión de brindar al Estado argentino cien escuelas confortables, dotadas de elementos de última tecnología. Confiemos en que ese ejemplo se expanda hacia otras iniciativas destinadas a fortalecer, a través de la educación pública y común, el principio republicano de igualdad de oportunidades.

Una de las enseñanzas del coloquio es que debe volverse a la calificación del nivel de enseñanza y aprendizaje escuela por escuela para conocer como es debido el nivel educativo del país. Se han logrado en los últimos diez años progresos sustanciales en cuanto al apoyo de organizaciones no gubernamentales y empresarias hacia establecimientos carentes de recursos razonables, pero no alcanza. Se requieren más esfuerzos porque el 6 por ciento del presupuesto nacional contemplado para la educación -que debe atender, además, a los estudios e investigaciones científicas y técnicas- es insuficiente. Por si fuera poco, una política incomprensible desvía casi el cincuenta por ciento de aquel porcentaje a subsidios y exenciones a sectores pudientes.

Venimos de un pasado de locuras, dijo el fiscal de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo: "En los años setenta hubo grupos guerrilleros derivados de la elite universitaria, paramilitares que exterminaban a la izquierda, un Estado que se dedicó a eliminar en forma secreta a personas sospechadas de ser subversivas, luego casi una guerra con Chile y, por fin, la guerra de las Malvinas". Desde el 2002, precisó Moreno Ocampo, la legislación internacional prescribe investigar y castigar los delitos de genocidio y los crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos por el Estado o por el terrorismo, indistintamente.

Deberíamos ir, como voluntad generalizada expresada por el coloquio de IDEA, hacia un futuro de reconciliación y consenso.

En este último punto, la voluntad de la presidenta electa de lograr un pacto social de concertación encontró en Mar del Plata un ámbito estimulante, pero no para dejar las cosas a mitad de camino con un acuerdo limitado a precios y salarios, sino dirigido a un horizonte más ambicioso y también más real, que incluya la productividad y el desarrollo. La experiencia de 1973-1974 fue tan nefasta que a nadie se le podría ocurrir con alguna seriedad reproducirla.

Atucha II genera dudas


La continuidad de la construcción de Atucha II plantea una situación muy delicada a la que debe darse la máxima importancia.

La central atómica, diseñada en la década del setenta, comenzó a construirse en Zárate, sobre las costas del río Paraná de las Palmas, en 1980 y, si bien debía terminarse para 1987, pasados casi treinta años, y con prolongadas interrupciones de inactividad, las obras aún no han finalizado.

El gobierno nacional anunció la continuación de las obras, pero existen dudas sobre la aptitud de Atucha II para funcionar de acuerdo con las normas internacionales de seguridad establecidas después del accidente en Chernobyl, en abril de 1986. Es natural que la sociedad en su conjunto se plantee si tiene sentido seguir adelante con la construcción de una central nuclear en estas condiciones o si resulta más adecuado desmantelarla. En especial, debido a que muchos científicos plantearon dudas respecto de la seguridad de las operaciones y de la obsolescencia de la planta.

Es cierto que se han gastado varios miles de millones de dólares hasta el momento y que sería necesario invertir un monto también elevado para finalizar la obra comprometida, pero cabe la duda: ¿el diseño actual es viable?, ¿contaría la planta con los máximos niveles de seguridad?

La sostenibilidad del proyecto debe combinar los aspectos económicos, sociales y de protección medioambiental, y por ello es imprescindible abrir un debate profundo sobre el uso de todas las fuentes de energía, sin descartar ninguna.

Frente al notable crecimiento de la demanda energética que se espera en los próximos años y al aumento del precio del crudo, la energía nuclear puede ser vista como una opción para sostener el crecimiento económico. Especialmente, porque esta energía no produce gases con efecto invernadero. Sin embargo, la energía nuclear es costosa, peligrosa y aún no se ha encontrado solución para sus residuos que resultan altamente contaminantes a largo plazo; el combustible gastado en las centrales nucleares tiene una elevada radiactividad y un período de enfriamiento que se calcula entre 20.000 y 100.000 años. También debe considerarse la carga financiera que las futuras generaciones estarán obligadas a sobrellevar para afrontar los costos de cierre de las plantas.

Ocurre que los residuos no son el único elemento riesgoso de la energía nuclear. El tema de la seguridad, tanto interna como externa, es otro de los factores preocupantes. Desde el punto de vista interno, el accidente de Chernobyl puso al descubierto las graves deficiencias en elementos de seguridad y control en muchas centrales, lo que redundó en un mayor control internacional. Desde el punto de vista externo, no puede desconocerse que el terrorismo es hoy uno de los principales riesgos a los que se expone una sociedad que cuenta con plantas nucleares por lo que se han reforzado, en el plano internacional, las medidas de seguridad luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001. La sociedad argentina ha padecido atentados que demuestran que, lamentablemente, nuestro territorio es vulnerable a esos ataques.

Desde otro punto de vista sería una hipocresía mantener un conflicto por la construcción de una planta de pasta para papel con nuestro país vecino y seguir adelante con la puesta en marcha de la planta de Atucha II sin plantearnos seriamente los aspectos sociales y ambientales involucrados, y la razonabilidad de aplicar a este proyecto los fondos necesarios para contar con una planta con las máximas condiciones de seguridad.

Sin duda también habrá que abordar otros aspectos, como el desarrollo de energías limpias y la posibilidad de reducir sustancialmente la energía consumida a través de un uso más eficiente, sin dejar de proporcionar servicios iguales o mejores, con lo cual se reduciría el actual impacto de su generación y uso sobre el ambiente. En el sector comercial, residencial y en el sector transporte se podrían logran importantes reducciones solamente con promover medidas básicas. Con ello se reducirían las emisiones de efecto invernadero.

Por la trascendencia del tema es imprescindible plantearse adecuadamente la viabilidad de continuar con la construcción de Atucha II e, incluso, la necesidad de asumir los costos de los errores cometidos hasta el momento, a fin de evitar situaciones más graves en el futuro. La magnitud del problema exige elevar la mira más allá de lo meramente técnico o coyuntural y proceder a un debate integral. La experiencia que se puede sacar de los errores ya cometidos, enseña que un caso como el de esta central nuclear puede crear no sólo conflictos sociales inminentes, sino ambientales muy graves para las generaciones actuales y las futuras.

Gasta el Estado, paga el campo


El gobierno nacional dispuso mediante una controvertida resolución del Ministerio de Economía, un aumento de las retenciones a las exportaciones de soja, maíz, trigo y girasol. Los incrementos no han sido leves. La soja, que pagaba el 27,5 por ciento, pasará al 35; el maíz sube del 20 por ciento al 25 y el trigo, del 20 por ciento al 28. A su vez, los aceites aumentan su retención de manera de mantener el diferencial con los granos sin procesar.

Tan sólo para exponer el significado de este cambio, es menester observar que por la soja el productor recibía antes un 72,5 por ciento del precio internacional, mientras que ahora sólo se queda con el 65. La reducción del precio para él es de un 9 por ciento y el efecto sobre su margen es del orden del 25 para un rendimiento equivalente al promedio del país. Sin embargo, para los productores de zonas marginales, cuyos costos de producción y flete son mayores, el margen puede llegar a desaparecer. Debe tenerse en cuenta, además, el cúmulo de otros impuestos que caen sobre la actividad agrícola. Es así como la aspiración del Gobierno de quedarse con todo el incremento del precio internacional afectará a los productores más débiles y seguramente afectará las decisiones de siembra de la próxima temporada.

La motivación de la medida es fundamentalmente fiscal, aunque el Gobierno argumente que con el incremento de las retenciones evita el encarecimiento de los productos alimenticios en el mercado interno. Hay suficientes evidencias del deterioro de las cuentas públicas. En los tres últimos meses, el Tesoro hubiera caído en déficit financiero si no hubiera contado con los recursos extraordinarios del traspaso de los ahorros de aportantes de las AFJP. La desaparición en adelante de estos recursos obliga al Gobierno a recurrir a nuevos tributos para evitar que la situación se agrave en la medida en que el gasto público sigue creciendo a mayor ritmo que los ingresos impositivos.

Sólo la supresión rápida de los subsidios hubiera aliviado esta situación, pero eso está sujeto al sinceramiento de las tarifas de la energía y del transporte público. La presidenta electa ha dicho que aplicará gradualidad en este sinceramiento y la realidad es que la inflación está actuando sobre los costos y que esa gradualidad podría no resolver la necesidad de iguales o mayores subsidios. El aumento de las retenciones ha sido el instrumento más atractivo para el Poder Ejecutivo: no es evadible y afecta a un sector con moderada capacidad de resistirlo.

La circunstancia de que los cambios en las retenciones difieran por tipo de cultivo pone en evidencia la discrecionalidad de este tipo de medidas. Un funcionario público, desde su escritorio, decide quiénes deben recibir menos o más precio. La nueva gabela se incorpora cuando las siembras ya fueron realizadas y los productores no tienen ninguna capacidad de modificar sus decisiones. Este es el peor de los mundos para cualquier actividad empresarial. Un comportamiento oficial de este tipo aumenta notablemente la percepción de riesgo para cualquier inversión, en momentos en que el desafío es recuperar la confianza para revitalizar las inversiones y crecer genuinamente.

El altísimo nivel que han alcanzado los derechos de exportación a los productos agrícolas no encuentra parangón con ningún otro país. No es posible imaginar cómo puede la Argentina reclamar el levantamiento de las barreras de protección y los subsidios agrícolas en la Unión Europea y otros países, si por su lado pone derechos de hasta un 35 por ciento a la exportación de esos mismos productos.

El propósito de no trasladar a los consumidores locales los aumentos del precio internacional, además de intentar servir vanamente como máscara de la verdadera intención recaudatoria, no es compatible con una gestión económica racional y positiva. Cuando la estructura de precios internos se desvía artificialmente de la internacional, se inducen decisiones empresariales inadecuadas para la productividad, la competitividad y el futuro del país. A la larga, se afecta el crecimiento y el salario real. Desde el punto de vista del interés general es claramente más conveniente y equitativo sostener programas de ayuda alimentaria y planes sociales a las familias de menores ingresos.

El aumento de las retenciones exhibe la falta de creatividad para encarar otras alternativas frente al debilitamiento fiscal. No es una buena noticia cuando estamos a sólo 30 días de iniciar un nuevo período de gobierno.

Acceso al agua y desigualdad


Siete años atrás, en septiembre de 2000, más de 150 naciones acordaron en la Asamblea General de las Naciones Unidas llevar adelante una serie de tareas destinadas a reforzar el compromiso frente a las poblaciones menos desarrolladas. Ese compromiso se tradujo en objetivos que deberían ser alcanzados en 2015 y que abordan temáticas relacionadas con la pobreza, el cuidado de la maternidad y la infancia, y la educación primaria universal, entre otros.

Unos de estos objetivos se orienta a asegurar un medio ambiente sostenible y, dentro de él, se estableció como meta reducir a la mitad en 2015, respecto de 1990, el porcentaje de personas que no accede a fuentes seguras de agua para beber y a servicios básicos de saneamiento. La Argentina asumió esta meta, comprometiendo una reducción de dos terceras partes de ese porcentaje.

En la actualidad, una variedad de reportes internacionales coincide en que la tasa de cumplimiento de este objetivo será variada en las ciudades, pero muy baja en las comunidades rurales, donde la situación adquiere complejidad creciente año tras año.

Un reciente estudio del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) analiza, por un lado, la evolución de esta meta en función de la pobreza y ruralidad en el nivel departamental en la Argentina y, por otro, su cumplimiento en el nivel provincial, considerando su evolución entre 1991 y 2001 -fecha del último censo nacional-, con proyecciones estimativas para 2015.

Los resultados muestran que la situación de la población rural en la Argentina reproduce las iniquidades a las que se encuentra sometido este grupo poblacional en otros países. El país cuenta con más de 270 distritos (más de la mitad de los existentes en la totalidad de las provincias) que presentan una densidad poblacional menor que los 5 habitantes por kilómetro cuadrado. Quienes habitan en estos distritos presentan, además de mayor pobreza, mayor déficit en el acceso al sistema público de salud y menor acceso a fuentes seguras de agua y saneamiento básico, aun considerando estrategias de provisión que van más allá de las redes públicas, como son las perforaciones seguras y los sistemas mejorados de saneamiento.

En el análisis de la evolución provincial, el estudio muestra que la mayor parte de las jurisdicciones alcanzaría la meta propuesta. Sin embargo, así como algunas de ellas habrían logrado reducciones prácticamente absolutas, otras se encontrarían todavía muy lejos del objetivo, mostrando una profundización de las diferencias y de la brecha de iniquidad. En este contexto, más de medio millón de argentinos no tendría acceso a un bien fundamental como es el agua segura, aún en 2015, cuando según las proyecciones realizadas, habrá provincias con cobertura casi total frente a otras con grandes déficits en el acceso. Entre ellas, las provincias de Chaco y Formosa resultarían las más perjudicadas, concentrando tan sólo entre ellas un tercio del total de la población desabastecida al finalizar el período.

El estudio pone de manifiesto dos aspectos negativos en la Argentina. El primero de ellos es la iniquidad entre los ámbitos urbano y rural, donde serias carencias en el campo se enfrentan a un importante derroche y mala utilización del agua en los centros urbanos en una dinámica que parece profundizarse en el tiempo. El segundo, la profunda desigualdad, también creciente, entre las provincias, aun para la materialización de derechos humanos y fundamentales sostenidos y ratificados mundialmente. El informe del Cippec, en síntesis, constituye otro llamado de atención sobre la necesidad de que se formulen políticas activas que reduzcan estas brechas en la búsqueda necesaria de una sociedad más equitativa.

Defender el patrimonio urbano


Patrimonio, como sugiere el vocablo, es lo que se deriva de nuestros padres, de nuestros antepasados. El patrimonio histórico es, en sentido estricto, todo aquello que, habiendo asumido un valor artístico o cultural, se enraíza con algunas de las etapas de la organización social de un país o ciudad a lo largo de siglos, como en el caso de Buenos Aires, o de milenios, como en los de Grecia o Roma. Debe seguirse por eso con interés la decisión del Ministerio de Cultura de la ciudad de preparar un proyecto de ley para extender el área de protección histórica a lo que habitualmente se conoce como el patrimonio de la City porteña.

En países de América latina, como el nuestro, la identidad entre cultura y nación ha alcanzado, por razones constitutivas y de continuidad histórica, un grado de exactitud, de espejo entre ambas, que llama la atención del mundo. Cómo no proteger, entonces, los valores patrimoniales que se derivan de esa cultura de excepcional significación y en la que está presente nuestro futuro mismo, porque de él seremos actores nosotros y quienes nos sucedan.





Con no poco ingenio se ha dicho que la más rotunda de las ignorancias, la más perversa y desoladora también, es la de quien tiene todo el pasado por delante. Es decir, todo para ser aprendido, nada para el aprovechamiento del espíritu y de la imaginación. Pobres los seres humanos en esa situación, impedidos de reconocerse a sí mismos por fuerza de desconocer lo que los ha precedido y ha determinado que sean lo que son en lugar de ser otros.

Debemos celebrar que en Buenos Aires, una de las grandes ciudades del mundo, la constelación política local se exprese al menos con una razonable base de consenso sobre el respeto que merece el patrimonio histórico urbano.

La constitución local estimula iniciativas de esa naturaleza, que permitirían preservar más de cien edificios y catorce monumentos. La lista contempla el Obelisco, que simboliza el nacimiento de Buenos Aires, y también los edificios del Banco Central, los cines teatro Opera y Gran Rex, los hoteles Justen y Continental, y la librería El Ateneo, entre otros.

No sin admiración han de recordarse ahora los esfuerzos que algunos pioneros, como el arquitecto José María Peña, no pocas veces casi en soledad, realizaron para salvar de la piqueta lo más antiguo de San Telmo, medio siglo atrás. El resultado de la perseverancia y el celo de esos ilustres visionarios salta a la vista. San Telmo figura en el corazón de las guías turísticas que definen el espíritu porteño en el mundo.





La contemporaneidad parece haber aprendido, en todas partes, que no hay historia superior a la historia de la cultura. Ahí están conjugadas todas las dimensiones por las cuales se ha expresado el desenvolvimiento de la humanidad. Basta tomar en cuenta la celebridad de Cartagena de Indias, que los colombianos protegen como muestrario vivo de lo que fue el punto de partida hacia Europa de las inmensas riquezas que salían de América durante el imperio español. O el bienestar que han causado a los ecuatorianos y a cualquier viajero permeable al profundo significado del mestizaje de culturas las restauraciones que un par de buenas administraciones municipales continuadas han logrado los últimos años en Quito y Guayaquil. O lo que supone visitar, a fin de inspirar a un espíritu abierto a la imaginación, el México de Guanajuato, de Oaxaca o de Zacotecas, para comprender que Buenos Aires no podía dilapidar más, como lo había hecho en el pasado, una riqueza que se construye paso a paso.

Tiempo y espacio, las dos grandes categorías en las que se expresa el hombre, no admiten, en efecto, desdén alguno cuando se trata de la preservación de valores culturales. Lo supo Constantino, que se empeñó en disponer la colección de los objetos artísticos de su imperio. Lo supo el linaje de los Borbones que dieron a España las academias. Y lo supo el espíritu renacentista, que se encuentra vivo en los proyectos internacionales de la Unesco. No sólo para restaurar lo degradado y preservarlo, sino para conservar las ruinas que han llevado al hombre a soñar con las grandes creaciones de las civilizaciones del pasado y de las que se prolongan hasta nuestros días.

No sólo lo saben los gobiernos y los organismos internacionales que han trabajado en todo esto en los dos últimos siglos. Lo saben, y porque lo saben y sienten han unido la acción a la palabra, los vecinos de Buenos Aires unidos bajo la consigna "Basta de demoler". Ellos han impedido la pérdida del palacio Bemberg, ubicado frente a la plaza Vicente López, cuando estaba a punto de ser destruido.

Hay algo más de 2700 edificios inventariados como representativos del patrimonio tangible de la ciudad. Aun así, y a pesar de las coincidencias básicas de sectores políticos separados por brechas amplias en otras cuestiones, en los últimos años nada de efectivo se ha hecho, sin embargo, para evitar la desaparición de algunas piezas valiosas para el acervo arquitectónico y cultural porteño.

Es menester, entonces, actuar en la actual dirección, pero sin mengua del sentido práctico que cabe acordar a las decisiones públicas y con el espíritu de justicia que debe presidir, desde luego, tanto para los intereses de la comunidad como de los individuos, toda decisión que compromete patrimonios y bienes y, por cierto, un pasado que no podría quedar, como en el caso pavoroso de quienes todo lo ignoran, por delante.

El pasado, vínculo del presente con el futuro, debe reflejar la condición de sólida base activa de una cultura sin exclusiones y de la identidad individual y colectiva de quienes componen nuestra sociedad.

Elecciones bajo la lupa:

¿Hay que cambiar el sistema electoral?


Después de los escandalosos comicios del domingo pasado, lo que quedó al descubierto fue la vulnerabilidad de un sistema que no puede garantizar un proceso transparente


Por Pablo Mendelevich
Enfoques - La Nación


Los comicios del domingo pasado fueron realmente singulares. No batieron uno sino cuatro récords dentro de la serie nacional iniciada en 1983. Los más lentos. Los más estirados. Los menos concurridos (participó el 74,34 por ciento del padrón). Y los que más quejas por robo de boletas acumularon en toda la historia.

¿Qué falló? ¿Por qué? ¿Cómo hay que hacer para que no vuelva a suceder? Por el momento, parece estar más claro el diagnóstico que el tratamiento. ¿Cuál es el diagnóstico? En líneas generales, los expertos consultados apuntan a las listas colgadas como desmembramientos de otras fuerzas, a los personalismos generalizados, la autorización a las colectoras y, en definitiva, la quiebra del sistema de partidos.

"El tema es muy complejo -dice la politicóloga María Inés Tula, de CIPPEC-; desde 2003 en adelante se sucedieron avales de la Justicia que contribuyeron a que pase todo esto. Todo está permitido, incluso las nefastas listas espejo (listas iguales con distinto número y diferente sello partidario)".

Tanto en el Gobierno como en la oposición, y desde luego en la justicia electoral, saben que los robos mayoristas de boletas existieron en algunas mesas y que la novedad consistió en la magnitud y la reiteración. Como escribió Mariano Obarrio el viernes en este diario, incluso altos funcionarios de Néstor Kirchner se mostraron preocupados por las incongruencias de los números finales: en la provincia de Buenos Aires figura que hubo 142.000 votantes más para elegir presidente que para senadores o diputados provinciales, cuando el número de electores debería ser casi el mismo.

Y aunque los argumentos que se dieron desde el Gobierno apuntan a errores en la confección de las actas de votación por parte de los fiscales de mesa, la explicación no alcanza para disolver por completo la desconfianza. Se habló de un intento

organizado de perjudicar a la Coalición Cívica, pero también de maniobras sutiles, como las que le atribuyeron a seguidores kirchneristas unos manotazos de boletas propias, supuestamente para que mejoraran las chances de De Narváez y, de ese modo, Daniel Scioli no aventajara tanto a Cristina Kirchner.

Sin embargo, la suma de cosas fuera de lugar -a las demoras y la falta de boletas podría agregarse la extraña forma en la que el Gobierno dio los resultados, tapando a las diez de la noche a Elisa Carrió con Roberto Lavagna- sugiere que no se está frente a un brote de picardías sino a un sistema que cruje.




Escasos de fiscales, algunos pensaron que aumentar la cantidad de votantes por mesa -y así reducir el número de mesas- iba a ser útil para un Estado con dudoso poder de convocatoria a la hora de conseguir autoridades de mesa (el ministro Fernández hizo pública una carta de Patricia Bullrich, fechada el 17 de septiembre, en la que la Coalición Cívica proponía incrementar considerablemente el tamaño de las mesas). Sin embargo, el promedio nacional de votantes por mesa terminó siendo de 390, más alto que en elecciones anteriores, pero inferior al techo de 450 que figura en el Código Electoral.

Aun cuando esta vez la discusión siguió canales civilizados como revisar el problema de las mesas, los fiscales y las boletas, muchos especialistas creen que lo que ayudó a conservar las buenas maneras después del domingo, pese a las irregularidades, fue la importante lejanía porcentual entre gobierno y oposición, algo que nadie podrá garantizar para las próximas legislativas. "Si el que sale segundo -no cualquiera, sino el segundo-, como ha sido el caso, ahora, de Carrió, denuncia que le robaron las boletas en un contexto de paridad, mientras a la vez se viola la prohibición de difundir el boca de urna, no me quiero imaginar lo que puede pasar en un domingo electoral cuando las pasiones están exacerbadas", dijo a LA NACION un importante miembro de la justicia electoral que pidió no ser identificado.

¿Quedó a la vista la vulnerabilidad del sistema? El que responde es el director nacional electoral Alejandro Tullio: "Yo no hablaría de vulnerabilidad. Prefiero decir que hay dificultades crecientes en el sistema."

-¿Y qué hay que hacer?

-Se deben modificar los plazos de oficialización de candidaturas, limitar las instancias de revisión, unificar y simplificar los criterios formales sobre presidentes de mesa y reducir la cantidad de información que ellos deben completar.

-¿Pero no hace falta cambiar el sistema?

-Hay que estudiar los mecanismos para simplificar la forma en que los electores expresan su voto.

-¿Eso significa ir a un sistema de boleta única?

-Boleta única o boleta provista por el Estado.

Actualmente el Ministerio del Interior financia la impresión de las boletas, cosa que está a cargo de los partidos. ¿Qué cantidad de boletas se imprimen? El equivalente a tres padrones por distrito (históricamente uno lo repartían los militantes, otro era para el comité y otro iba a la elección). Pero sucede que militantes y comité ya casi no hay. ¿Cuántas boletas se imprimieron realmente? El Estado, que sólo financia un padrón, no tiene forma de saberlo. A razón de 0,09 pesos por cuerpo de boleta por cantidad de electores, para un padrón nacional de 27.090.000 (nivel presidencial), el costo de la impresión financiado por el Estado es de 243.810 pesos por partido.

De modo que una hipótesis de máxima es ir hacia la boleta única. Pero hay una hipótesis de mínima que consiste en modificar el sistema de financiamiento, impresión y distribución de las boletas por partidos. En buen romance, se trataría de estatizar todo el proceso. El Estado dejaría de darles plata a los partidos para que imprimieran las boletas y se ocuparía él. Eso permitiría asumir la responsabilidad por eventuales faltantes de boletas, responsabilidad que hoy las autoridades niegan, porque es un asunto partidario.

Huelga decir que, si no cambia nada, los próximos comicios también se harán, una vez más, con toneladas y toneladas de papel -las boletas por partidos-, a esta altura casi una excentricidad argentina. Paradoja al uso nostro, el ejemplo de buen comportamiento lo dieron el domingo los presos sin condena, quienes hicieron debutar el voto carcelario. En las cárceles no se usaron boletas por partidos sino una única papeleta de cartulina que el preso marcaba con un bolígrafo según sus preferencias, sistema que muchas autoridades electorales y apoderados partidarios ahora proponen extender con entusiasmo a los votantes que están en libertad.

Vulnerables

Unos y otros reconocen que quedó a la vista la vulnerabilidad del sistema, dicho esto en sentido integral, académico, profundo y también en sentido llano. Todo el mundo sabe desde la semana pasada que robar boletas del cuarto oscuro es fácil, que perjudica a quien no tiene stock ni una aceitada logística de reposición, que al que lo hace no le pasa nada (sobre un universo de 74 mil mesas en todo el país, al cabo hubo 30 denuncias en la Capital Federal y 34 en la provincia de Buenos Aires y no hubo un solo detenido) y que, en definitiva, se trata de un delito difícil de probar, supuestamente rendidor en términos electorales. Como mínimo, perturbador.

Delia Ferreira Rubio, una de las más prestigiosas especialistas en temas electorales, dice que el inconveniente medular en las elecciones del domingo fue la ausencia de fiscales, y sostiene -en esto coinciden casi todas las fuentes- que eso se debe a la crisis de los partidos. Se inclina por la hipótesis de que la desaparición de boletas fue orquestada (agrega el dato de que en Córdoba, su ciudad, aparecieron fajos de boletas abandonadas en bolsas de supermercado), pero acuerda en que la responsabilidad principal del control de los comicios es de los partidos.

Sin embargo, contra lo que suponen algunos respecto de que el problema se solucionaría con el voto electrónico, Ferreira Rubio tiene enormes reparos. "Voto electrónico con gente que trampea es más peligroso, porque se puede hacer fraude en forma mucho más disimulada". Ella misma fue testigo de cómo a un observador electoral de la Unión Europea en comicios celebrados en Nicaragua le llamó la atención una antena, en el exterior del edificio donde se hacía el escrutinio, lo que permitió descubrir que existía una vía paralela de ingreso de datos.

De hecho, unos pocos países tienen generalizado y aceitado el sistema de voto electrónico -India, Brasil-, varios están en la etapa experimental, pero lo más común en América latina -y en países como Alemania, Australia, Italia, Nueva Zelanda- es el voto manual con boleta única.

"El voto electrónico no resuelve los inconvenientes del sistema actual y en cambio crea otros mucho más grandes, porque tiene más posibilidades de alteración de resultados", opina también el ingeniero Juan Manuel Calvo, del CEMA.

En cuanto a las ventajas y desventajas del voto electrónico, curiosamente, en un sitio del gobierno, el de la Dirección Nacional Electoral, hay información bastante completa. Además de que una transición hacia el voto electrónico sería escalonada (a Brasil le llevó 16 años), para extenderlo a todo el país harían falta unas 80 mil máquinas. Cada una cuesta alrededor de tres mil dólares.

En cambio, pasar de las boletas por partidos a un sistema de boleta única sería más rápido y más económico. Requeriría, entre otras cosas, una ley que modificara el sistema electoral, lo que exige mayoría absoluta del total de los miembros de las cámaras. Pero, más allá de la aritmética parlamentaria, fluida para el gobierno que viene, no hace falta ser psicoanalista para advertir que es éste un tema muy traumático para la dirigencia política. El artículo que habla de modificaciones al régimen electoral es el que en 1994 los constituyentes perdieron. Hubo que hacer una ley para encontrarlo.

Por lo menos hay que agradecerle al último domingo electoral el haber roto con ese clásico menú de anécdotas -el muerto empadronado, la señora que va a votar con una bolsa de radicheta, el bisabuelo nonagenario que subió dos pisos para cumplir con su deber-, espacio usurpado esta vez con historias menos candorosas, más inquietantes. Baste una, la de la Escuela Estanislao del Campo, en el barrio Altamira de la ciudad de Córdoba, donde a media tarde se acumularon varias mujeres que se quejaban de que faltaban boletas, pese a lo cual, se ve, el trámite continuó. Hasta que en un momento dado el presidente de mesa, a viva voz, puso orden: "A ver -dijo- las que votan por Carrió formen fila acá". Le bastaron diez palabras para derrumbar los principios fundamentales del sufragio que están por cumplir un siglo.

Positiva decisión de la Corte


La decisión de la Corte Suprema de Justicia de acceder a la difusión de las declaraciones juradas de sus ministros es un paso importante y significativo para la transparencia de la República y un ejemplo para los jueces de las instancias inferiores. Sería muy importante que a la opinión pública y a los organismos de control ciudadano se les facilitase en todo cuanto sea posible la posibilidad de analizar esas declaraciones juradas.

En 1999, el Congreso nacional aprobó la ley de ética pública, pero, inexplicablemente, el máximo tribunal, en ese entonces presidido por Julio Nazareno, consideró que los jueces no estaban obligados a presentar el detalle de sus bienes. De esa forma, la Corte, cuya conducta debe iluminar a los integrantes de la Justicia, se convirtió en el principal responsable de burlar esa obligación legal.

Sin duda, tal actitud repercutió en todo el Poder Judicial. Cuando este diario, hace un año, solicitó las declaraciones juradas de los doce jueces federales, casi todos ellos y el Consejo de la Magistratura se negaron a darlas a publicidad. Por eso, cuando ante un requerimiento idéntico la Corte reaccionó con celeridad y en cinco días accedió a entregarle a la prensa la documentación solicitada, el máximo tribunal marcó una sustancial diferencia y señaló un camino por seguir.

Conocer el patrimonio de los jueces y funcionarios que se desempeñan en distintos poderes del Estado es esencial no sólo para controlar la corrección y honestidad de sus desempeños, sino también, en particular, para inculcarles a aquéllos y, en general, a la población que la función pública debe ser entendida como un servicio a la ciudadanía y al país, y no como una oportunidad para obtener beneficios personales.

Por eso, es de desear que esta muy saludable decisión de la Corte Suprema sirva para comenzar a torcer el rumbo en este importantísimo tema de la transparencia pública, respecto del cual el país perdió el rumbo hace ya mucho tiempo.