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viernes, noviembre 30, 2007

- INDEC -





La aberrante manipulación del Indec


La manipulación y el falseamiento de los índices oficiales de precios en la Argentina no es una cuestión de consumo interno sino de difusión internacional. Se lo menciona en artículos e informes referidos a nuestro país y es tema recurrente en reuniones académicas y de negocios. Bien lo saben los funcionarios del Gobierno que por alguna razón tienen contacto o presencia frecuente con contrapartes del exterior.

La realidad incontrastable de cuanto ocurre en el Indec surge del testimonio de los propios técnicos del organismo, que expresan de viva voz lo que se ven obligados a hacer por imposición superior. La manipulación reconoce la omisión de las lecturas de los precios con alzas elevadas, la inclusión de listas de precios regulados pero no respetados ni vigentes, y otras arbitriedades.

El llamado Indice Nacional, que el Indec elabora con la información proveniente de las direcciones provinciales de estadística, es ostensiblemente alterado con el simple cambio del dato recibido. La provincia de Mendoza, donde aún es gobernador el vicepresidente electo, Julio Cobos, ha hecho pública esta anomalía sin que esto hubiera sido óbice para que se continuara haciéndolo.

Si se necesitara otra evidencia de este aberrante comportamiento, basta con comparar el índice de precios al consumidor del Indec que supuestamente refleja la Capital Federal y el Gran Buenos Aires con el promedio de las mediciones de once provincias que lo hacen. Este último muestra en septiembre de 2007 un incremento del 21 por ciento respecto del mismo mes del año anterior. Para ese mismo período, el Indec expone sólo un 8,6 por ciento. No hay ningún factor económico o social que explique tamaña diferencia. Similares conclusiones surgen cuando se mide la inflación implícita en la evolución de la recaudación del IVA.

Frente a consultas periodísticas, la presidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, ha dicho que "los modelos de medición no son el Talmud ni el Corán ni la Biblia". Esta respuesta, que implica decir que los métodos de medición son modificables, intenta desviar la cuestión al terreno metodológico, cuando no es allí donde se alteran los índices.

También se ha argumentado que detrás de las críticas hay intereses que pretenden índices más altos para lograr ganancias financieras en los ajustes de sus títulos. Es otra forma populista de lograr apoyo, desviando el tema de su esencia.

La presidenta electa también ha afirmado que los índices del Indec coinciden con el pronóstico mensual de numerosas consultoras que envían su estimación al sistema REM del Banco Central. Tal vez desconozca que el ranking de aciertos de esa entidad se establece por comparación de esos pronósticos con el índice oficial. Por lo tanto, todas las consultoras tratan de anticipar lo que el Indec publicará y no la inflación real.

No es aceptable que un país falsee sus estadísticas oficiales. Lo que comenzó con el índice de precios al consumidor se ha extendido a otras mediciones relacionadas y parece alcanzar también a las mediciones de la producción. Hay implicancias legales y motivos para invocar una situación de default en títulos indexados por la variación del costo de vida.

Por otro lado, si el propósito es impedir las expectativas inflacionarias y reducir la base de los reclamos de aumentos salariales, debe decirse que el efecto logrado puede ser el contrario. La certeza de la manipulación autoriza a suponer cualquier nivel de inflación, incluso superior al verdadero. Estos inaceptables procedimientos deben suprimirse de inmediato.

jueves, noviembre 29, 2007

- HOLOGRAFIA -




La Holografía



La holografía es una técnica avanzada de fotografía, que consiste en crear imágenes tridimensionales. Para esto se utiliza un rayo láser, que graba microscópicamente una película fotosensible. Ésta, al recibir la luz desde la perspectiva adecuada, proyecta una imagen en tres dimensiones.

La holografía fue inventada en el año 1947 por el físico húngaro Dennis Gabor, que recibió por esto el Premio Nobel de Física en 1971. Recibió la patente GB685286 por su invención. Sin embargo, se perfeccionó años más tarde con el desarrollo del láser, pues los hologramas de Gabor eran muy primitivos a causa de las fuentes de luz tan pobres que se utilizaban en sus tiempos.





Originalmente, Gabor sólo quería encontrar una manera para mejorar la resolución y definición de las imágenes del microscopio electrónico. Llamó a este proceso holografía, del griego holos, "completo", ya que los hologramas mostraban un objeto completamente y no sólo una perspectiva.



Los primeros hologramas que verdaderamente representaban un objeto tridimensional bien definido fueron hechos por Emmett Leith y Juris Upatnieks, en Estados Unidos en 1963, y por Yuri Denisyuk en la Unión Soviética.

Uno de los avances más prometedores hechos recientemente ha sido su uso para los reproductores de DVD y otras aplicaciones. También se utiliza actualmente en tarjetas de crédito, billetes y discos compactos, además de su uso como símbolo de originalidad y seguridad.

martes, noviembre 27, 2007

- CIENCIA -



La ciencia como política de Estado


Al tratar de encontrar las causas que permiten enfrentar con exito las amenazas y aprovechar las oportunidades del nuevo orden global, la experiencia mundial enseña que es imprescindible desarrollar capacidades para generar, trasmitir y usar correctamente el conocimiento. Es indiscutible que sin tecnología, cambio técnico y conocimiento no se producen los aumentos en productividad. Por ello resultan auspiciosas la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y la designación de Lino Barañao al frente de la cartera, a partir de la etapa gubernamental que comenzará el 10 del mes próximo.

La acertada decisión de la presidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, coincide con una vigorosa recuperación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), iniciada a partir de 2002 con el ingreso masivo de becarios y con el regreso al país de 345 científicos de alto nivel académico. Además, según el "Informe de Gestión 2002-2007", el salario promedio creció un 240 por ciento para las categorías iniciales y un 126 por ciento para las superiores; se multiplicó el registro de patentes y está planificada la construcción de 70 centros de investigación, lo que implicará agregar 130.000 metros cuadrados de superficie para albergar a los nuevos científicos.

Entre los logros destacados en ese lapso, el informe señala que se promovió una mejor distribución de los científicos, tradicionalmente concentrados en el centro del territorio, mediante mecanismos de financiamiento para el traslado y la instalación en centros de menor desarrollo relativo. Asimismo, un programa de apoyo estimuló la incorporación de becarios en las universidades nacionales que tenían muy pocas postulaciones. Este año se están evaluando 150 para formar núcleos de crecimiento en las provincias. Sólo en 2007 se crearon seis centros cientificotecnológicos en Bahía Blanca, Comahue, Córdoba, La Plata, Rosario, Santa Fe y Tucumán.

El Conicet financia el 70 por ciento de las becas de doctorado del país, que en 2009 rondarán las 7500, y luego de la suspensión por falta de recursos en 2002, se decidió volver a ofrecer becas para viajes al exterior a aquellos investigadores que tuvieran una posición estable dentro del sistema; es decir, jóvenes ya incorporados a la carrera.

No menos relevante es el crecimiento de la transferencia tecnológica y la cooperación público-privada, que posibilitó la firma de alrededor de 500 convenios, lo cual permitió aumentar los ingresos por servicios y patentes.

El nuevo ministerio deberá orientarse a retomar los esfuerzos con miras a impulsar un ambiente propicio para la innovación y fomentar esta cultura en la sociedad, a fin de contribuir con los cambios necesarios para insertar al país en los nuevos paradigmas de modelos productivos instalados en un mundo globalizado, basados fundamentalmente en la valoración del talento y en el desarrollo cientificotecnológico. La ciencia, la tecnología y la innovación son actividades cruciales y prioritarias para el país, pues inciden directamente en el crecimiento de su economía, en su desarrollo, en la inclusión social y en el mejoramiento continuo de las políticas públicas, la cultura y la vida artística.

Por todo eso resulta necesario invertir en la producción de conocimiento, para lo cual no sólo será indispensable un firme respaldo a la tarea que viene realizando el Conicet, sino que también lo será el otorgamiento de las partidas presupuestarias suficientes para alcanzar la meta propuesta.

Es de esperar que, en adelante, el desarrollo científico y tecnológico sea atendido como una política de Estado, colocada en un contexto estratégico, en el que se planifique para el corto, el mediano y el largo plazos, y no resulte ser una labor desintegrada y solitaria. La designación al frente del ministerio de un reconocido científico, que está al margen de los intereses partidarios, es una buena señal en esa dirección.

lunes, noviembre 26, 2007

- PATRIMONIO -




Nuestro patrimonio cultural, en jaque


El departamento Interpol de la Policía Federal Argentina allanó a dos museos que traficaban ilegalmente piezas arqueológicas de gran valor cultural y secuestró doce objetos pertenecientes a culturas precolombinas



El Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina dio a conocer una noticia que pone en alerta al patrimonio cultural: se trata de la existencia de museos que trafican bienes culturales en nuestro país de forma ilegal. Según las investigaciones, diversas instituciones están violando la Ley de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, que se ocupa de la preservación, protección y tutela de los elementos de los grupos socioculturales que habitaron el país desde épocas precolombinas.

"Desde finales del año 2006 se tomó conocimiento de que un grupo de personas estaba ofreciendo a la venta objetos arqueológicos y paleontológicos de gran valor científico y comercial. El negocio partía del museo Privado de Ciencias Naturales de la localidad de Villa Cañás, Provincia de Santa Fe, desde el cual se proveían objetos a diferentes puntos del país", explicó el Subcomisario del Departamento Interpol, Marcelo El Haibe.

Entre los lugares que traficaban la mercadería proveniente de Santa Fe, se logró intervenir a uno ubicado en la localidad de Temperley, por orden del Juzgado interventor de la causa, en donde se secuestraron doce piezas arqueológicas, agregaron fuentes policiales.

Estos elementos de gran valor pertenecían a la cultura Moche y consistían en vasijas, personajes de diversas figuras, animales decorados y máscaras, cuyo valor por unidad oscila entre u$s 5.000 y u$s 8.000.

Además la Sección Centro Nacional de Protección del Patrimonio Cultural junto con la Subdelegación Venado Tuerto allanaron el Museo privado de Villa Cañás que funcionaba sin la habilitación correspondiente. Allí se secuestraron sesenta fósiles de distinto tipo y antigüedad y treinta y cinco objetos arquelógicos, muchos de los cuales también pertenecían a la cultura Moche.

La Ley de Protección del patrimonio arqueológico y paleontológico se dedica a la preservación, protección y tutela del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación y el aprovechamiento científico y cultural del mismo. Forman parte de este patrimonio las cosas muebles e inmuebles o vestigios de cualquier naturaleza que puedan proporcionar información sobre los grupos socioculturales que habitaron el país desde épocas precolombinas hasta épocas históricas recientes.

El Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, es el organismo que tiene a su cargo la conservación de este patrimonio para contribuir a que la historia del suelo que habitamos no se pierda.

Para acceder a la lectura completa de esta ley, ingresar a http://www.alihuen.org.ar/legislacion-ambiental/ley-25.743-proteccion-del-patrimonio-arqueologico-y-paleontol.html

Maia Jastreblansky
De la Redacción de adnCULTURA.com

domingo, noviembre 25, 2007

- LEGISLACION -






Un país sin Poder Legislativo


El mal ejemplo dado por las autoridades nacionales ha cundido en todo el país. Los llamados superpoderes, como se conocen las tan cuestionables delegaciones legislativas en el Poder Ejecutivo, ya son una triste moda en el orden nacional.

De acuerdo con la información publicada por LA NACION el martes último, son 18 las provincias en las cuales rige la posibilidad de reasignar fondos presupuestarios o ingresos excedentes sin ninguna participación del Poder Legislativo.

La extensión de esta irregularidad, denunciada en numerosas ocasiones desde esta columna editorial, no puede dejar de sorprender. El artículo 29 de la Constitución Nacional señala que "el Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna". Y añade que "actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria".

El afán de concentrar el poder, por lo visto, ha podido más que la propia Constitución. El año último, el Congreso le confirió por ley al jefe de Gabinete la facultad permanente de modificar el presupuesto sin intervención parlamentaria. Esta norma le permite al citado funcionario reasignar gastos corrientes y de capital, al igual que aplicaciones financieras. Del mismo modo, puede alterar la distribución de las finalidades de las erogaciones previstas en la ley de presupuesto nacional.

Esta práctica ha provocado una nueva minimización del papel del Congreso en la confección del presupuesto. A tal punto que, durante todo este año, se estima que el Poder Ejecutivo gastará unos 26.000 millones de pesos más por fuera del presupuesto 2007, sin intervención del Poder Legislativo.

Este aumento del gasto público representa alrededor del 23 por ciento por encima de las erogaciones previstas en la ley presupuestaria de este año, aprobada por el Congreso, y constituye el incremento más abultado desde que Néstor Kirchner asumió la presidencia de la Nación, en 2003.

Tanto la letra como el espíritu de la Constitución Nacional determinan la prohibición de la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, al tiempo que nuestra Ley Fundamental también establece que sólo el Congreso puede fijar por ley los recursos públicos. No obstante, las autoridades nacionales encontraron la forma de burlar esos principios.

Un mecanismo frecuente en los últimos años, y repetido recientemente, con la aprobación del proyecto de presupuesto 2008 por la Cámara de Diputados de la Nación, ha consistido en subestimar las metas de crecimiento económico, lo cual asegura que el presidente de la Nación y el jefe de Gabinete podrán decidir la dirección del excedente de los ingresos presupuestados en forma discrecional. Algo que tiene doble valor político en un año electoral, como el que está concluyendo.

Lamentablemente, este avance hacia el hiperpresidencialismo y hacia hábitos que poco tienen en cuenta la división de poderes se está transformando en parte de una cultura política que se extiende a casi todo el país y que amenaza la propia salud de nuestro sistema institucional y de la República.

La tendencia a la concentración del poder en manos del Ejecutivo ha sido contagiada a prácticamente todo el país. Sólo seis provincias -Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Mendoza y Santa Fe- se encuentran a salvo de los superpoderes. En 13 distritos, los superpoderes son totales y en cinco, parciales.

El mal ejemplo del gobierno nacional ha llegado muy lejos y se extiende a otras cuestiones, como el uso de la publicidad oficial como mecanismo de premios y castigos a los medios de comunicación, o la manipulación de los jueces.

La consideración de los procedimientos democráticos y del cumplimiento cabal de las disposiciones constitucionales como meros formalismos burocráticos que dificultan la tarea de gobernar es un criterio tan equivocado como peligroso para nuestras instituciones. Sólo cabe esperar que quienes tienen las más altas responsabilidades de gobierno lo adviertan, antes de que la República se convierta apenas en un vocablo que las nuevas generaciones tengan que buscar en un diccionario para conocer su significado.

jueves, noviembre 22, 2007

- NUEVA GENERACION -




La generación del 2000

Por Juan J. Llach
Para LA NACION
Caricatura: Huadi



Pero ¿dónde está la generación del ochenta? Tal es la pregunta constante del descreído auditorio cuando procuro convencerlo de que el nacimiento del siglo le ha traído a la Argentina la que muy probablemente terminará siendo la mejor oportunidad de desarrollo económico y social de su historia, con potencial aun mayor que la de fines del siglo XIX. Ante la evocación de semejante icono hay que resistir el reflejo condicionado de caer en el polo depresivo de la ciclotimia nacional para abrir paso a una perspectiva analítica y matizada, desmenuzando proyectos y pasiones de la generación del ochenta y aguzando la mirada para capturar los signos del presente.

Soslayando la superficialidad iconoclasta de las historias de consumo mediático a la moda, será mucho más fructífero releer, por ejemplo, La generación del 80 y su proyecto (Oscar Cornblit, Ezequiel Gallo y Alfredo O’Connell, 1962) y advertir que lejos estuvo ella de ser puro altruismo, consenso y clarividencia; también mostró divisiones, errores y enconos apasionados. Además, sus logros fueron posibles por el fuerte viento de cola de la belle époque, con su valorización vertiginosa de las pampas argentinas y su capacidad de albergar a millones de inmigrantes, que escapaban de hambrunas y otros males europeos.

Pero el halo de grandeza que aún conserva esta generación se funda sólidamente en su visión de largo plazo, en su apuesta por la educación y en una vasta construcción institucional que incluyó tempranamente el voto masculino universal.

¿Qué decir del presente? Sin pretensiones de igualar lo inigualable, ¿hay signos del nacimiento de una dirigencia política y social con parejas apuestas al futuro, a la educación, a las instituciones y, exigencias del siglo, capaz también de representar genuinamente los mandatos de la sociedad y no las pasiones hegemónicas de los caudillos o aparatos de turno? En coincidencia con Carlos Helbling, mi respuesta es afirmativa. Está surgiendo, de abajo hacia arriba, una nueva dirigencia política y social con renovados estándares éticos, aunque todavía sin entidad suficiente para garantizar que aprovecharemos cabalmente la inédita oportunidad que el mundo nos ofrece.

La vemos nacer, al menos, en cuatro lugares de nuestra geografía social. En los resultados electorales de Tierra del Fuego, la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Neuquén y aun Salta o Mendoza, cuya enumeración revela que no me refiero a ideologías, sino a nuevos modos de hacer política que también han mostrado algunos de los principales liderazgos nacionales de la oposición.

En segundo lugar, en muchas ciudades se perfilan intendentes de nuevo cuño, desde Inriville hasta Zárate, desde Neuquén hasta Rosario, desde Córdoba hasta partidos del Gran Buenos Aires en los que fueron derrotadas las viejas maquinarias.

Florecen, en tercer lugar, nuevos liderazgos sociales en dirigentes de base que se niegan a ser presa del clientelismo y las dádivas, y en empresarios o líderes lisos y llanos que se han dado cuenta de que un país no puede edificarse sólidamente con la dolorosa exclusión social de la Argentina de hoy.

Hay, en fin, una creciente oferta y demanda de programas de capacitación de dirigentes públicos y también de fomento de la amistad cívica, como la que promueve notablemente la Red de Acción Política (RAP).

Estas señales no siempre son percibidas por parte de nuestras elites económicas, sociales o aun académicas, frecuentemente refugiadas en un pesimismo crónico que percibe a la política argentina como un escenario, en el fondo, bárbaro, salvo en las raras ocasiones en que triunfa un candidato ideológicamente afín.

Debería aceptarse que no pocos de los males políticos que nos aquejan se originaron en el abandono que buena parte de las clases ilustradas hizo de los partidos políticos desde 1930, para ofrecerse luego como intelectualidad orgánica de gobiernos militares o, en el otro extremo, de movimientos guerrilleros.

Es nada más ni nada menos que esta tendencia la que ha empezado a revertirse desde el restablecimiento de la democracia, primero muy tibiamente y ahora con más fuerza.

También es necesario entender, sin despreciar, que el apoyo electoral al oficialismo de numerosos sectores populares tiene una razón de ser: la de haber premiado al gobierno en cuyo transcurso millones pudieron salir del desempleo y de la pobreza. Una razón de ser que no necesariamente será vitalicia. Si logra soslayarse un tropezón y el país sigue creciendo, cada vez serán más los que exigirán también mejor educación, seguridad o justicia. Y si llegara el infortunio de otra crisis, también cambiará la orientación del voto.

En una Argentina que va dejando de ser hegemónica y empieza a ser plural prevalecerán, al fin, quienes sean capaces de entender y hacer entender que es necesario y posible combinar el crecimiento con la distribución del ingreso en una propuesta de desarrollo integral.

No les faltan, empero, razones a los pesimistas. El mismo interior del país al que el mundo le abre una oportunidad inédita en su historia, es crecientemente expropiado de sus genuinas rentas fiscales por el poder central, como lo muestra la reciente suba de impuestos a las exportaciones. La parte de éste y otros impuestos que correspondería a provincias y municipios supera ya los 12.000 millones de pesos anuales. En estas condiciones, les será mucho más difícil a Scioli o a Binner, por ejemplo, brindar la educación de calidad para todos que ellos seguramente desean. Se coloca así a tantos gobernadores e intendentes ante la opción de pactar con el hegemonismo central o no poder gobernar.

“La cuestión del tesoro es, en el fondo, el eje de toda la política argentina desde la emancipación. Las luchas civiles, las disensiones partidistas, las complicaciones políticas, el enardecimiento de unitarios y de federales, de porteños y de provincianos, el caudillaje mismo, todo ha nacido de ahí y ha gravitado a su derredor: tocar esta cuestión es picar en arena candente; aclararla es encontrar el hilo de Ariadna, que nos guía en el laberinto de la política argentina.”

Aún dice verdades esta descripción de Ernesto Quesada de 1898, pero quizás estemos más cerca de encontrar a quienes, pensando lateralmente como Ariadna, logren sacarnos del laberinto, cuestión crucial, que por cierto deberían meditar las autoridades electas.

El autor es economista y sociólogo; profesor del IAE-Universidad Austral

martes, noviembre 20, 2007

- MALOS EJEMPLOS -



El triunfo de los prepotentes


La prepotencia provoca instintivo rechazo, en tanto conducta antisocial y francamente desagradable. Así y todo, abusar del poder y hacer alarde de él se ha convertido en un hábito de no pocos sectores de nuestra sociedad, que hasta les permite obtener ventajas a quienes no hacen otra cosa que despreciar la convivencia y la concordia.

Valga como botón de muestra la violenta reacción de sectores de los gremios de choferes de camiones y taxistas al protestar por la probable aprobación de la norma que sancionaría las infracciones viales con quitas de puntos e inhabilitaciones para conducir. Los desbocados profesionales del volante pretendieron forzar su ingreso en la Legislatura local y, al no lograrlo, la emprendieron a pedradas y palazos contra la custodia policial, muchos de cuyos integrantes fueron a parar al hospital. No conformes con ello, los dirigentes de los revoltosos los justificaron haciendo uso del remanido argumento de la "defensa de la fuente laboral". De inmediato, autoerigidos en expertos en educación vial, calificaron de "mamarracho" el proyecto de ley que estaba en consideración de los legítimos representantes del pueblo de la ciudad de Buenos Aires.

Es lamentable tener que consignarlo, pero lo cierto es que, en definitiva, la prepotencia parece haber salido triunfante del trance. El proyecto será sometido a revisión para atemperarlo al gusto de quienes malinterpretan ser titulares de una situación privilegiada que intentan imponer por la fuerza, a pesar de que sus inconductas viales provocan numerosos y gravísimos accidentes de tránsito.

Por si ese ejemplo no fuese suficiente, el viernes último, en Mar del Plata, trabajadores de la industria de la pesca agredieron de hecho y de palabra al intendente local, Daniel Katz, cuando concurrió a la sede gremial con la intención de mediar en el conflicto que aquéllos sostienen con las empresas del ramo. Pedradas e insultos retribuyeron la iniciativa del jefe comunal; nadie, que se sepa, por lo menos trató de impedirlo.

Usurpaciones de propiedades, cortes de la vía pública y de ramales ferroviarios, ocupaciones de establecimientos de enseñanza y hasta amenazas de bombas en escuelas, el semiprofesionalizado quehacer de los piqueteros, el tenebroso imperio de las barras bravas y la impunidad delictiva configuran otras tantas muestras de la institucionalización de la prepotencia.

De hecho, la violencia y las bravuconadas -por el estilo de aquellas de las que suelen hacer gala ciertos funcionarios- han suplantado en no pocas ocasiones al entendimiento, el diálogo, la razonabilidad, la comprensión, la solidaridad y los buenos modales. Al parecer, los prepotentes sólo ceden cuando se los enfrenta con prepotencias de mayor calibre. Casi de más está decir que por ese abrupto camino se llega a imprevisibles confrontaciones y dolorosas consecuencias.

Es difícil, por no decir francamente imposible, convivir con la prepotencia, enemiga mortal de cualquier estilo civilizado de vida. Las autoridades, sin embargo, en lugar de asumir el compromiso firme de salir a erradicarla, parecen resignarse a tolerarla. Y la sociedad está llegando a un riesgoso estado de desaliento y acostumbramiento frente a esta perversa metodología. No es extraño, sobre todo si se tiene en cuenta que más de una vez los prepotentes y sus bárbaros comportamientos han sido justificados y hasta alentados desde lo más alto del poder político.

lunes, noviembre 19, 2007

- IMPUESTOS -




Más impuestos a la energía


A pocos días de aplicar un importante aumento de los impuestos a las exportaciones de cereales y oleaginosas, el gobierno nacional anunció otro incremento de gran magnitud en las retenciones a las ventas al exterior de petróleo y todos sus derivados. La medida, desacertada e inoportuna, apunta a contener la suba de los precios internos y a cubrir necesidades fiscales.

El petróleo representó tradicionalmente un importante rubro de las importaciones nacionales, incluso hasta mucho después de su descubrimiento en nuestro suelo en 1913. El monopolio estatal de la actividad de exploración, perforación y extracción no pudo abastecer al mercado local, hasta que prevaleció la convicción de la necesidad de incorporar a la actividad privada esas actividades, algo que cobró fuerza a partir de los años 80. Sus favorables resultados le abrieron paso al abastecimiento de los requerimientos propios, lo cual dio comienzo a las exportaciones que a principios de la década actual representaron nada menos que el 18 por ciento del total de las ventas del país al exterior.

No sólo del líquido negro se trata, sino también del gas y de productos diversos obtenidos con el concurso de las destilerías. Las importaciones continuaron, dada la necesidad de cubrir requerimientos específicos, pero el saldo neto de ambas corrientes fue extremadamente favorable.

Recientemente, a partir de la gran devaluación producida en 2002, se adoptaron dos decisiones en la materia, consistentes en la congelación de los precios internos de la energía, incluidos los combustibles, y en la aplicación de impuestos a sus exportaciones. Se lo hizo sobre la base de una escala que, con motivo del crecimiento sostenido de los precios internacionales del petróleo se situó en el 45 por ciento de su valor.

El extenso período de vigencia de este congelamiento en un contexto de crecimiento de los costos de producción, sumado a la aplicación de los mencionados impuestos a las exportaciones, tuvo como resultado una merma de las inversiones en el sector con las consecuencias conocidas. Vivimos así una crisis energética a todas luces que, aun ante la evidencia, el Gobierno se niega a reconocer.

En el sector externo viene produciéndose una disminución sistemática del valor obtenido por las exportaciones de petróleo y gas, que hoy representan no ya el 18 sino el 12 por ciento del total, hecho tanto más significativo si se tiene en cuenta que tal reducción se da en un contexto de altísimos precios internacionales del petróleo y sus derivados. Mientras ello ocurre, las importaciones registran aumentos y achican el saldo neto del comercio externo del sector.

Dadas las proyecciones decrecientes de la producción petrolífera, puede pronosticarse en un horizonte cercano el retorno a la importación de petróleo, lo cual anularía este poderoso pilar de nuestro comercio exterior. De presentarse este escenario, sería ya imposible utilizar los actuales mecanismos de contención de los precios, los cuales serían la expresión lisa y llana de las cotizaciones internacionales. Sólo con abundantes recursos fiscales, inexistentes por cierto, se podría contener el crecimiento de los referidos precios.

Con un precio de 95 dólares por barril, el Estado retendrá a partir de ahora cerca del 60 por ciento del embarque, por lo que quedará alrededor del 40 por ciento para el exportador. Adicionalmente, las retenciones a las exportaciones de los productos derivados, naftas y otros, pasarán del 5 por ciento a un mínimo del 34 por ciento.

Un dato no poco inquietante es que este abrupto cambio en las reglas del juego llega en momentos en que dos compañías petroleras internacionales, Repsol YPF y Esso, se hallan en negociaciones para vender parcial o totalmente sus activos en la Argentina. Esto ha generado lógicas especulaciones sobre la posibilidad de que, desde el gobierno nacional, se esté buscando favorecer a potenciales compradores con una baja del precio de aquellas empresas a partir de la muy probable disminución de sus ganancias.

Un abanico de opiniones sectoriales ha puesto de manifiesto que, en el corto plazo, la medida podrá ser efectiva para contener los precios en el orden doméstico. Sin embargo, resulta indispensable tener en cuenta que las grandes inversiones requeridas para revertir la grave crisis energética preferirán escenarios más amigables que el que aquí les ofrecemos. Además, la sola participación del secretario Guillermo Moreno en la instrumentación del sistema es un mensaje en sí mismo. En suma, pan para hoy y hambre para mañana.

domingo, noviembre 18, 2007

- POR LA EDUCACION -




Educación inclusiva: equidad y calidad


Aceptar hoy que todos tenemos capacidades diferentes parece obvio. Sin embargo, este concepto no es en absoluto comprendido por todos. Por eso cobran tanta relevancia los resultados que arrojó recientemente la encuesta Educar en la Diversidad, según la cual la mayoría de los padres (un 65%) y los docentes (un 53%), particularmente aquellos que tienen más experiencia, tanto de escuelas de gestión pública como privada de la ciudad de Buenos Aires, creen que es posible llevar a la práctica una educación inclusiva en el mediano plazo.

¿Qué significa hablar de educación inclusiva y de escuelas inclusivas? La educación inclusiva es la que ofrece la posibilidad de que todas las instituciones educativas estén preparadas para incorporar a personas con necesidades educativas especiales (NEE). Y conviene aclarar que por persona con NEE se entiende a toda aquella que, por poseer alguna característica de orden biológico o cultural, necesita una atención especial por parte del sistema educativo (es decir, tanto una persona sordomuda como un inmigrante recién llegado que no habla el idioma, pasando por todas las formas posibles de diversidad).

La Fundación Par, organización que promueve la igualdad de oportunidades, dio a conocer en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires los resultados de una consulta vinculada con las dificultades con que tropiezan alumnos con necesidades educativas especiales, consulta a la cual respondieron 835 entrevistados, entre padres, docentes y vecinos. También participó de la realización de la encuesta Intus, un grupo de jóvenes sociólogos que trabajan con el objetivo de contribuir, desde la investigación social, al fortalecimiento institucional del país

En cuanto a los resultados de la encuesta, para el 82 por ciento de los padres la escuela no está preparada para atender satisfactoriamente las expectativas de una educación inclusiva, criterio que compartieron los maestros en un 92 por ciento y los vecinos en un 85 por ciento. También siete de cada diez padres consideró que falta capacitación en los docentes para atender los requerimientos de la enseñanza especial y el 13 por ciento de ellos señaló que la arquitectura escolar era inadecuada y agregaba obstáculos al desempeño de sus hijos. Por su parte, los docentes apreciaron, además, que la actitud de los padres era más temerosa (en un 36 por ciento) que abierta (sólo en un 23 por ciento) a la deseada educación inclusiva.

La ley educativa Nº 26.206, en su capítulo VIII, consagrado a esta modalidad de la enseñanza, asegura el derecho a la educación de quienes sufren de discapacidades y agrega que la educación especial debe regirse por el principio de la inclusión educativa. Asimismo, dice que el Ministerio de Educación nacional "garantizará la integración de los alumnos/as con discapacidades". Se trata de la enunciación de grandes principios, pero en la realidad del proceso educativo están todavía lejos de cumplirse con eficacia, tal como lo demuestran las conclusiones de la encuesta citada.

En términos amplios puede afirmarse que los alumnos con NEE requieren una particular orientación y conducción pedagógica en función de sus condiciones. Ese proceso está inserto en el objetivo general de que todo menor debe recibir una educación que le permita ser miembro útil de la sociedad, aspiración coherente con los principios de inclusión e integración social sostenidos por la ley educativa.

Según lo deja ver el sondeo de la Fundación Par, las demandas justificadas para contar con una escuela gobernada por aquellos principios en el caso de los alumnos con NEE, no sólo exigen mejoras en la formación de los docentes y una asistencia en el aula dentro de una reorganización escolar o cambios edilicios.

Es evidente que los campos de trabajo son varios y todos igualmente importantes. El sistema educativo debe contribuir a aumentar la conciencia de la población en general sobre los derechos de las personas con capacidades diferentes, así como sobre los aportes que estas son capaces de hacer a toda la sociedad. Sobre esa base mínima de acuerdo es que se podrá construir una estructura social firme, que incluya finalmente a todos los niños y niñas, sin distinciones de capacidades.

viernes, noviembre 16, 2007

- INSTITUCIONES -




Deben recuperarse las instituciones


El día en que se produjo su holgado triunfo electoral, la candidata del oficialismo, Cristina Fernández de Kirchner, convocó a toda la sociedad a esforzarse por recuperar las instituciones de la República luego de que en los últimos años del gobierno actual abundaron críticas basadas en el menoscabo de la calidad democrática. Entre otras iniciativas y acontecimientos, han sido vehementemente rechazadas por los partidos opositores, la sociedad civil organizada y otros actores sociales la modificación de la composición del Consejo de la Magistratura, los superpoderes, el intento de limitar las potestades de la Auditoria General de la Nación (AGN), las restricciones a la prensa y la reciente supresión de un subsidio estatal a una asociación de consumidores crítica. En ese contexto, las palabras de la futura primera mandataria han sido muy bien recibidas.

Sin embargo, en los últimos días, el Gobierno -de quien Fernández de Kirchner forma parte, como lo muestran las recientes visitas oficiales a distintos mandatarios extranjeros- adoptó una actitud disonante con aquellas esperanzadoras palabras pronunciadas en los momentos de celebración por la victoria comicial obtenida.

En primer lugar, tal como difundió como primicia LA NACION, se emitió un decreto reglamentario de la ley de administración financiera (la norma que rige las reglas de diseño y control presupuestarias) que permitiría la intervención de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) en las cuentas de los otros poderes del Estado. De ese modo, la Sigen, organismo dependiente exclusivamente del Poder Ejecutivo, podría avasallar la independencia de los poderes Legislativo y Judicial.

Debe advertirse que las potestades que articulan el sistema de frenos y contrapesos -por el cual los poderes se controlan mutuamente- deben encontrarse explícitamente incorporadas en la Constitución Nacional. Así, por ejemplo, el Congreso Nacional posee, por el artículo 86 de ese texto legal, la potestad de controlar externamente al Poder Ejecutivo. No existe, sin embargo, ninguna cláusula que habilite o faculte a la Sigen para controlar las cuentas de los demás poderes.

El ministro del Interior, Aníbal Fernández, afirmó textualmente que este diario "ha hecho confundir a prestigiosos juristas, haciéndoles creer que este decreto echa mano al Poder Judicial, al Legislativo y al Ministerio Público, una locura propia del que desconoce. Los juristas -agregó- se tiraron de los pelos al divino botón".

Más allá de que las palabras del ministro desconocen que los reconocidos constitucionalistas difícilmente incurrirían en errores en la materia en que son expertos, debe esperarse una respuesta elevada de un funcionario de tan alta jerarquía que explique en forma detallada las razones por las que considera que debe efectuarse una interpretación legal distinta de la que surge de su lectura lineal.

En principio, y esto no ha sido debidamente aclarado, las normas indican la posibilidad de que la Sigen audite las cuentas de los otros poderes. En la mejor de las situaciones, se trataría de un error en la redacción de esas cláusulas, las que deben ser inmediatamente rectificadas.

En segundo lugar, la Cámara de Diputados de la Nación designó con su actual composición a sus tres auditores generales que habrán de integrar la AGN durante ocho años. Como ha sucedido a lo largo del tiempo, lo hizo sin concurso público, sin publicidad suficiente y sin una mínima posibilidad de participación ciudadana para que ésta pudiera impugnar las candidaturas a cargos tan trascendentes. A lo ya cotidiano se agregó esta vez que la designación fue realizada por la actual composición parlamentaria de Diputados pese a que el nombramiento de quienes concluyen sus mandatos se efectuó el 15 de diciembre de 1999, es decir, con la composición que asumió el 10 de diciembre de aquel año. Esto es relevante, pues si fuera la próxima integración la que efectuara los nombramientos, podrían verse modificadas las minorías parlamentarias con derecho a nombrar a quienes se encargarán de controlar las cuentas de las futuras gestiones ejecutivas.

Por otra parte, el nombramiento del actual presidente de la Comisión Revisora de Cuentas, Oscar Lamberto, como auditor general no resulta la decisión más atinada pues afecta la independencia funcional que debe mantener la AGN en relación con el Congreso Nacional. Quien tenía tal poder de decisión en el ámbito legislativo sobre la materia buscará imponer los criterios dispuestos por ese organismo. A ello se agrega que el año último el propio Lamberto se vio involucrado en una denuncia pública fundada, revelada por el diario Clarín , por falsificación de las actas de reuniones de aquella comisión. No fue debidamente esclarecida por falta de voluntad política de quienes comparten bancada con el actual legislador.

En síntesis, la elogiable iniciativa de recuperación de las instituciones democráticas debe comenzar cuanto antes -incluso antes del recambio gubernamental- y quienes mayor responsabilidad tienen, más allá de lo que puedan aportar los demás participantes de la arena pública, son las autoridades responsables de los órganos políticos. El resto de la ciudadanía debe acompañar con esfuerzos y aportes constructivos un esquema en el que no predomine un poder sobre otro y en el que la oposición tenga espacios para poder intervenir eficazmente. Si ello ocurre, los principales actores de la democracia argentina habrán demostrado una voluntad de recuperarse de la crisis política, cultural e institucional por la que atravesamos desde hace mucho tiempo.

jueves, noviembre 15, 2007

- VIDA SILVESTRE -




Vida Silvestre, treinta años después
Por Aníbal Fernando Parera



La Fundación Vida Silvestre Argentina empezó a hablar de conservación de la naturaleza en nuestro país cuando la cuestión todavía se debatía en sótanos de museos y en indescifrables informes científicos. “Tendimos un puente entre la naturaleza y el ciudadano común”, me dijo una vez Miguel Reynal, el apasionado ideólogo de la primera hora de la institución y primero de sus tres presidentes en treinta años. Lo siguieron, todos por períodos de diez años, Teodosio César Brea y Héctor Laurence, quien actualmente preside el consejo de administración de la organización.

Muchos argentinos todavía recordamos la primera campaña pública masiva dirigida a sumar el esfuerzo de la ciudadanía en procura del bien común. Transcurrían los años ochenta y los televidentes recibían el siguiente mensaje: con cada compra realizada con tarjeta de crédito Diners se entregaría un metro cuadrado de tierras a la novel Fundación, para proteger al casi extinto venado de las pampas en la bahía Samborombón.

Con aquel gesto, el ciudadano común se sumaba a la defensa medioambiental en la Argentina, en la que fue la más recordada campaña de la corta historia filantrópica de nuestro país. Se sumaron tres mil hectáreas para la primera reserva natural de la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA), Campos del Tuyú, administrada durante más de veinte años por la entidad, pero hoy a punto de convertirse en el primer parque nacional ubicado en la provincia de Buenos Aires.

Con la presidencia de Brea, fuertemente vinculado al WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza, organismo mundialmente conocido por su carismático logotipo del oso panda), la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) comenzó a proyectarse internacionalmente. Se convirtió entonces en la “representante del panda” en la Argentina. Sin embargo, prefirió no convertirse en la WWF Argentina, como se denominaban las delegaciones del Fondo Mundial en los demás países, sino seguir manteniendo su nombre y su propia marca, la también emblemática del oso hormiguero.

Por sobre todas las cosas, la FVSA siempre quiso mantener sus prioridades pensando en el país, aportando una mirada de la realidad ambiental puertas adentro. El oso hormiguero y la selva misionera, están antes que el oso kodiak y las selvas del Congo. Un espíritu que late desde entonces en el sexto piso de Defensa 251, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, desde el que se conducen las acciones de decenas de expertos y de dos oficinas regionales de soporte: una en Puerto Iguazú, Misiones, y otra, en Mar del Plata. La primera se ocupa, lógicamente, de los asuntos de la selva, mientras que la segunda coordina las actividades costeras y marinas que la organización mantiene en todas las provincias litorales desde hace casi diez años.

En la medida en que la globalización fue avanzando a lo largo de la vida de la Fundación, la organización se hizo más y más consciente de que los problemas ambientales no podían ceñirse a la flora y a la fauna. Ni aun a los temas de nuestra “pequeña aldea”. Los informes de Vida Silvestre fueron pioneros en incluir al hombre en el centro de su debate y de sus acciones. Algunos títulos de aquellos reportes hoy parecen extraños, por ejemplo “La conservación de la selva paranaense y el hombre”. Pero marcaron una época.

Más tarde, la Fundación avanzó francamente sobre el tema de la contaminación, los problemas sociales con impacto ambiental y los temas urbanos que preocupan a la sociedad en general.

Llegaría el turno de abordar los problemas globales, sin perder la perspectiva local.

Héctor Laurence ha señalado: “No podemos permanecer impávidos frente al cambio climático, porque vemos que constituye una realidad de estos días, mientras que hace poco tiempo parecía cosa del futuro”.

La Fundación, que cada cinco años publica Situación ambiental argentina (algo así como el “libro gordo” del ambiente en nuestro país), hoy está dispuesta a liderar el cambio frente al cambio climático global. “Los argentinos tenemos que pasar a la acción en este terreno. No podemos seguir elucubrando predicciones, mientras el agua empieza a mojarnos los tobillos. Necesitamos, por el contrario, tomar medidas, porque nuestra ganadería, agricultura, obras públicas y ciudades deberán adaptarse a la realidad en el curso de los próximos años”, me comentó recientemente Laurence.

Vale festejar el cumpleaños de una fundación que empezó entre osos hormigueros y campamentos organizados por jóvenes hace treinta años y que hoy enfrenta los grandes temas del ambiente en la Argentina con su clásico estilo sobrio y equilibrado, que prefiere la propuesta a la protesta, que lleva donados tres parques nacionales al Estado nacional (Monte León, El Nogalar y, en estos momentos, Campos del Tuyú, ni más ni menos que aquella reserva natural adquirida gracias a los usuarios de una tarjeta de crédito) y que tiene otras dos reservas propias (Urugua-í, en Misiones, y San Pablo, en la Península Valdés, Chubut) y convenios con propietarios de tierras para la conservación de decenas de miles de hectáreas a lo ancho y a lo largo del país.

Las velitas del oso se apagaron anoche en el Salón Roof Garden del Hotel Alvear, en un acto denominado La noche de la naturaleza. Allí concurrieron importantes personalidades y auspiciantes, que acompañaron a la FVSA en su historia. Pero también se soplaron velitas, al menos de manera simbólica, en cada hectárea de tierra conservada para las futuras generaciones de argentinos, y para venados, macás tobianos y huemules, que hoy pueden vivir un poco más relajados gracias a las acciones emprendidas por el “equipo del oso”.

Todos los interesados en pertenecer a Vida Silvestre, para apoyar su labor y recibir la siempre jugosísima revista Vida Silvestre, pueden hacerlo desde la página web de la organización, www.vidasilvestre.org.ar o en el teléfono 4331-3631, int. 41.

El autor es biólogo y director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina.

martes, noviembre 13, 2007

- IDEA -




Un coloquio auspicioso


Se al requerimiento oficial, lamentablemente atendido, para forzar la inasistencia de un panelista que iba a exponer un crítico informe sobre la crisis energética, el coloquio anual del Instituto para el Desarrollo de Empresarios en la Argentina (IDEA) concluyó el fin de semana último en Mar del Plata con avances apreciables respecto de reuniones anteriores y con un balance favorable merced a la excelencia de las ponencias y al amplio espectro de tendencias políticas que siguió sus alternativas.

El coloquio anterior había dejado una disconformidad manifiesta entre muchos de los concurrentes por las limitaciones para debatir de manera suficiente cuestiones que incomodan al Gobierno. Ha de ser siempre un motivo de curiosidad que los condicionamientos de esa naturaleza puedan prosperar en un régimen democrático. Sobre todo, mientras se cortan a diario calles y puentes sin que haya mayor interés por los derechos ciudadanos que suelen quebrantarse ante el silencio e impasibilidad de los poderes públicos.

A poco que se afine el examen de los obstáculos que interfieren en el desarrollo pleno de debates libres en el país, se observará que la raíz de males como ése finca en un punto que, sin haber figurado de forma explícita en el coloquio, estuvo igualmente presente en las tres jornadas de su realización: la baja calidad institucional que afecta a la Argentina. Lo ha hecho notar con todas las letras un parlamentario chileno, sin que ninguna voz se alzara para contradecirlo.

Es de lamentar que, una vez más, el Gobierno haya vuelto a sustraerse, salvo contadas excepciones, de participar de paneles que dejaron una riqueza de contenido expositivo, a disposición de quien quiera utilizarla hasta para la discrepancia.

La citada eliminación de un especialista en cuestiones energéticas tras un pedido gubernamental en nada modificó el curso de las deliberaciones. Por el contrario, los asistentes comprendieron con mayor claridad que en las deficiencias energéticas que se han padecido en los últimos años, y que, de no mediar cambios, se acentuarán por su gravedad en el futuro inmediato, gira uno de los asuntos sobre los cuales es a esta altura insensato callar, como lo sería hacerlo respecto de la adulteración de estadísticas oficiales.




Durante el coloquio, convocado con el lema de "Argentina, un trabajo de todos", se habló con claridad, con respeto por las opiniones más diversas -incluidas, por cierto, las del oficialismo- y con conocimiento de lo que se abordaba.

Fue, en definitiva, un ejercicio alejado de la penosa cumbre iberoamericana de jefes de Estado. Si el coloquio de Mar del Plata fue una expresión de alta civilidad y compromiso cívico, aquella versión de la cumbre ha puesto al rojo vivo, ante un mundo desconcertado, que en la pérdida desoladora de buenas maneras en la política y la diplomacia subyace una intolerancia disfrazada.

Con la sutileza propia de un diplomático experimentado y de regreso hace tiempo de las aventuras marxistas de su juventud, el ex presidente del Brasil, Fernando Henrique Cardoso, advirtió que no hay futuro para los países que se dejen aprisionar por procesos inflacionarios o para los que crean que hay prosperidad posible si se encierran a sí mismos con regulaciones ajenas a las leyes fundamentales de los mercados o prescinden de atender con urgencia las injusticias sociales más flagrantes.

No menos interesante fue la intervención del pensador francés Guy Sorman a propósito de si el liberalismo estaba en crisis en el mundo. Le alcanzó con decir que si a ese liberalismo los dirigentes de China y del Brasil quieren llamarlo "socialdemocracia" cuando hablan de sus economías exitosas, él no veía un problema de fondo sino una formalidad secundaria.

Cuando falta poco menos de dos años para el bicentenario de Mayo, resultó conmovedor el anuncio de que un grupo de empresarios se ha unido en la decisión de brindar al Estado argentino cien escuelas confortables, dotadas de elementos de última tecnología. Confiemos en que ese ejemplo se expanda hacia otras iniciativas destinadas a fortalecer, a través de la educación pública y común, el principio republicano de igualdad de oportunidades.

Una de las enseñanzas del coloquio es que debe volverse a la calificación del nivel de enseñanza y aprendizaje escuela por escuela para conocer como es debido el nivel educativo del país. Se han logrado en los últimos diez años progresos sustanciales en cuanto al apoyo de organizaciones no gubernamentales y empresarias hacia establecimientos carentes de recursos razonables, pero no alcanza. Se requieren más esfuerzos porque el 6 por ciento del presupuesto nacional contemplado para la educación -que debe atender, además, a los estudios e investigaciones científicas y técnicas- es insuficiente. Por si fuera poco, una política incomprensible desvía casi el cincuenta por ciento de aquel porcentaje a subsidios y exenciones a sectores pudientes.

Venimos de un pasado de locuras, dijo el fiscal de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo: "En los años setenta hubo grupos guerrilleros derivados de la elite universitaria, paramilitares que exterminaban a la izquierda, un Estado que se dedicó a eliminar en forma secreta a personas sospechadas de ser subversivas, luego casi una guerra con Chile y, por fin, la guerra de las Malvinas". Desde el 2002, precisó Moreno Ocampo, la legislación internacional prescribe investigar y castigar los delitos de genocidio y los crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos por el Estado o por el terrorismo, indistintamente.

Deberíamos ir, como voluntad generalizada expresada por el coloquio de IDEA, hacia un futuro de reconciliación y consenso.

En este último punto, la voluntad de la presidenta electa de lograr un pacto social de concertación encontró en Mar del Plata un ámbito estimulante, pero no para dejar las cosas a mitad de camino con un acuerdo limitado a precios y salarios, sino dirigido a un horizonte más ambicioso y también más real, que incluya la productividad y el desarrollo. La experiencia de 1973-1974 fue tan nefasta que a nadie se le podría ocurrir con alguna seriedad reproducirla.

domingo, noviembre 11, 2007

- ATUCHA II -


Atucha II genera dudas


La continuidad de la construcción de Atucha II plantea una situación muy delicada a la que debe darse la máxima importancia.

La central atómica, diseñada en la década del setenta, comenzó a construirse en Zárate, sobre las costas del río Paraná de las Palmas, en 1980 y, si bien debía terminarse para 1987, pasados casi treinta años, y con prolongadas interrupciones de inactividad, las obras aún no han finalizado.

El gobierno nacional anunció la continuación de las obras, pero existen dudas sobre la aptitud de Atucha II para funcionar de acuerdo con las normas internacionales de seguridad establecidas después del accidente en Chernobyl, en abril de 1986. Es natural que la sociedad en su conjunto se plantee si tiene sentido seguir adelante con la construcción de una central nuclear en estas condiciones o si resulta más adecuado desmantelarla. En especial, debido a que muchos científicos plantearon dudas respecto de la seguridad de las operaciones y de la obsolescencia de la planta.

Es cierto que se han gastado varios miles de millones de dólares hasta el momento y que sería necesario invertir un monto también elevado para finalizar la obra comprometida, pero cabe la duda: ¿el diseño actual es viable?, ¿contaría la planta con los máximos niveles de seguridad?

La sostenibilidad del proyecto debe combinar los aspectos económicos, sociales y de protección medioambiental, y por ello es imprescindible abrir un debate profundo sobre el uso de todas las fuentes de energía, sin descartar ninguna.

Frente al notable crecimiento de la demanda energética que se espera en los próximos años y al aumento del precio del crudo, la energía nuclear puede ser vista como una opción para sostener el crecimiento económico. Especialmente, porque esta energía no produce gases con efecto invernadero. Sin embargo, la energía nuclear es costosa, peligrosa y aún no se ha encontrado solución para sus residuos que resultan altamente contaminantes a largo plazo; el combustible gastado en las centrales nucleares tiene una elevada radiactividad y un período de enfriamiento que se calcula entre 20.000 y 100.000 años. También debe considerarse la carga financiera que las futuras generaciones estarán obligadas a sobrellevar para afrontar los costos de cierre de las plantas.

Ocurre que los residuos no son el único elemento riesgoso de la energía nuclear. El tema de la seguridad, tanto interna como externa, es otro de los factores preocupantes. Desde el punto de vista interno, el accidente de Chernobyl puso al descubierto las graves deficiencias en elementos de seguridad y control en muchas centrales, lo que redundó en un mayor control internacional. Desde el punto de vista externo, no puede desconocerse que el terrorismo es hoy uno de los principales riesgos a los que se expone una sociedad que cuenta con plantas nucleares por lo que se han reforzado, en el plano internacional, las medidas de seguridad luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001. La sociedad argentina ha padecido atentados que demuestran que, lamentablemente, nuestro territorio es vulnerable a esos ataques.

Desde otro punto de vista sería una hipocresía mantener un conflicto por la construcción de una planta de pasta para papel con nuestro país vecino y seguir adelante con la puesta en marcha de la planta de Atucha II sin plantearnos seriamente los aspectos sociales y ambientales involucrados, y la razonabilidad de aplicar a este proyecto los fondos necesarios para contar con una planta con las máximas condiciones de seguridad.

Sin duda también habrá que abordar otros aspectos, como el desarrollo de energías limpias y la posibilidad de reducir sustancialmente la energía consumida a través de un uso más eficiente, sin dejar de proporcionar servicios iguales o mejores, con lo cual se reduciría el actual impacto de su generación y uso sobre el ambiente. En el sector comercial, residencial y en el sector transporte se podrían logran importantes reducciones solamente con promover medidas básicas. Con ello se reducirían las emisiones de efecto invernadero.

Por la trascendencia del tema es imprescindible plantearse adecuadamente la viabilidad de continuar con la construcción de Atucha II e, incluso, la necesidad de asumir los costos de los errores cometidos hasta el momento, a fin de evitar situaciones más graves en el futuro. La magnitud del problema exige elevar la mira más allá de lo meramente técnico o coyuntural y proceder a un debate integral. La experiencia que se puede sacar de los errores ya cometidos, enseña que un caso como el de esta central nuclear puede crear no sólo conflictos sociales inminentes, sino ambientales muy graves para las generaciones actuales y las futuras.

sábado, noviembre 10, 2007

- RETENCIONES -





Gasta el Estado, paga el campo


El gobierno nacional dispuso mediante una controvertida resolución del Ministerio de Economía, un aumento de las retenciones a las exportaciones de soja, maíz, trigo y girasol. Los incrementos no han sido leves. La soja, que pagaba el 27,5 por ciento, pasará al 35; el maíz sube del 20 por ciento al 25 y el trigo, del 20 por ciento al 28. A su vez, los aceites aumentan su retención de manera de mantener el diferencial con los granos sin procesar.

Tan sólo para exponer el significado de este cambio, es menester observar que por la soja el productor recibía antes un 72,5 por ciento del precio internacional, mientras que ahora sólo se queda con el 65. La reducción del precio para él es de un 9 por ciento y el efecto sobre su margen es del orden del 25 para un rendimiento equivalente al promedio del país. Sin embargo, para los productores de zonas marginales, cuyos costos de producción y flete son mayores, el margen puede llegar a desaparecer. Debe tenerse en cuenta, además, el cúmulo de otros impuestos que caen sobre la actividad agrícola. Es así como la aspiración del Gobierno de quedarse con todo el incremento del precio internacional afectará a los productores más débiles y seguramente afectará las decisiones de siembra de la próxima temporada.

La motivación de la medida es fundamentalmente fiscal, aunque el Gobierno argumente que con el incremento de las retenciones evita el encarecimiento de los productos alimenticios en el mercado interno. Hay suficientes evidencias del deterioro de las cuentas públicas. En los tres últimos meses, el Tesoro hubiera caído en déficit financiero si no hubiera contado con los recursos extraordinarios del traspaso de los ahorros de aportantes de las AFJP. La desaparición en adelante de estos recursos obliga al Gobierno a recurrir a nuevos tributos para evitar que la situación se agrave en la medida en que el gasto público sigue creciendo a mayor ritmo que los ingresos impositivos.

Sólo la supresión rápida de los subsidios hubiera aliviado esta situación, pero eso está sujeto al sinceramiento de las tarifas de la energía y del transporte público. La presidenta electa ha dicho que aplicará gradualidad en este sinceramiento y la realidad es que la inflación está actuando sobre los costos y que esa gradualidad podría no resolver la necesidad de iguales o mayores subsidios. El aumento de las retenciones ha sido el instrumento más atractivo para el Poder Ejecutivo: no es evadible y afecta a un sector con moderada capacidad de resistirlo.

La circunstancia de que los cambios en las retenciones difieran por tipo de cultivo pone en evidencia la discrecionalidad de este tipo de medidas. Un funcionario público, desde su escritorio, decide quiénes deben recibir menos o más precio. La nueva gabela se incorpora cuando las siembras ya fueron realizadas y los productores no tienen ninguna capacidad de modificar sus decisiones. Este es el peor de los mundos para cualquier actividad empresarial. Un comportamiento oficial de este tipo aumenta notablemente la percepción de riesgo para cualquier inversión, en momentos en que el desafío es recuperar la confianza para revitalizar las inversiones y crecer genuinamente.

El altísimo nivel que han alcanzado los derechos de exportación a los productos agrícolas no encuentra parangón con ningún otro país. No es posible imaginar cómo puede la Argentina reclamar el levantamiento de las barreras de protección y los subsidios agrícolas en la Unión Europea y otros países, si por su lado pone derechos de hasta un 35 por ciento a la exportación de esos mismos productos.

El propósito de no trasladar a los consumidores locales los aumentos del precio internacional, además de intentar servir vanamente como máscara de la verdadera intención recaudatoria, no es compatible con una gestión económica racional y positiva. Cuando la estructura de precios internos se desvía artificialmente de la internacional, se inducen decisiones empresariales inadecuadas para la productividad, la competitividad y el futuro del país. A la larga, se afecta el crecimiento y el salario real. Desde el punto de vista del interés general es claramente más conveniente y equitativo sostener programas de ayuda alimentaria y planes sociales a las familias de menores ingresos.

El aumento de las retenciones exhibe la falta de creatividad para encarar otras alternativas frente al debilitamiento fiscal. No es una buena noticia cuando estamos a sólo 30 días de iniciar un nuevo período de gobierno.

jueves, noviembre 08, 2007

- AGUA POTABLE -




Acceso al agua y desigualdad


Siete años atrás, en septiembre de 2000, más de 150 naciones acordaron en la Asamblea General de las Naciones Unidas llevar adelante una serie de tareas destinadas a reforzar el compromiso frente a las poblaciones menos desarrolladas. Ese compromiso se tradujo en objetivos que deberían ser alcanzados en 2015 y que abordan temáticas relacionadas con la pobreza, el cuidado de la maternidad y la infancia, y la educación primaria universal, entre otros.

Unos de estos objetivos se orienta a asegurar un medio ambiente sostenible y, dentro de él, se estableció como meta reducir a la mitad en 2015, respecto de 1990, el porcentaje de personas que no accede a fuentes seguras de agua para beber y a servicios básicos de saneamiento. La Argentina asumió esta meta, comprometiendo una reducción de dos terceras partes de ese porcentaje.

En la actualidad, una variedad de reportes internacionales coincide en que la tasa de cumplimiento de este objetivo será variada en las ciudades, pero muy baja en las comunidades rurales, donde la situación adquiere complejidad creciente año tras año.

Un reciente estudio del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) analiza, por un lado, la evolución de esta meta en función de la pobreza y ruralidad en el nivel departamental en la Argentina y, por otro, su cumplimiento en el nivel provincial, considerando su evolución entre 1991 y 2001 -fecha del último censo nacional-, con proyecciones estimativas para 2015.

Los resultados muestran que la situación de la población rural en la Argentina reproduce las iniquidades a las que se encuentra sometido este grupo poblacional en otros países. El país cuenta con más de 270 distritos (más de la mitad de los existentes en la totalidad de las provincias) que presentan una densidad poblacional menor que los 5 habitantes por kilómetro cuadrado. Quienes habitan en estos distritos presentan, además de mayor pobreza, mayor déficit en el acceso al sistema público de salud y menor acceso a fuentes seguras de agua y saneamiento básico, aun considerando estrategias de provisión que van más allá de las redes públicas, como son las perforaciones seguras y los sistemas mejorados de saneamiento.

En el análisis de la evolución provincial, el estudio muestra que la mayor parte de las jurisdicciones alcanzaría la meta propuesta. Sin embargo, así como algunas de ellas habrían logrado reducciones prácticamente absolutas, otras se encontrarían todavía muy lejos del objetivo, mostrando una profundización de las diferencias y de la brecha de iniquidad. En este contexto, más de medio millón de argentinos no tendría acceso a un bien fundamental como es el agua segura, aún en 2015, cuando según las proyecciones realizadas, habrá provincias con cobertura casi total frente a otras con grandes déficits en el acceso. Entre ellas, las provincias de Chaco y Formosa resultarían las más perjudicadas, concentrando tan sólo entre ellas un tercio del total de la población desabastecida al finalizar el período.

El estudio pone de manifiesto dos aspectos negativos en la Argentina. El primero de ellos es la iniquidad entre los ámbitos urbano y rural, donde serias carencias en el campo se enfrentan a un importante derroche y mala utilización del agua en los centros urbanos en una dinámica que parece profundizarse en el tiempo. El segundo, la profunda desigualdad, también creciente, entre las provincias, aun para la materialización de derechos humanos y fundamentales sostenidos y ratificados mundialmente. El informe del Cippec, en síntesis, constituye otro llamado de atención sobre la necesidad de que se formulen políticas activas que reduzcan estas brechas en la búsqueda necesaria de una sociedad más equitativa.

martes, noviembre 06, 2007

- PATRIMONIO -



Defender el patrimonio urbano


Patrimonio, como sugiere el vocablo, es lo que se deriva de nuestros padres, de nuestros antepasados. El patrimonio histórico es, en sentido estricto, todo aquello que, habiendo asumido un valor artístico o cultural, se enraíza con algunas de las etapas de la organización social de un país o ciudad a lo largo de siglos, como en el caso de Buenos Aires, o de milenios, como en los de Grecia o Roma. Debe seguirse por eso con interés la decisión del Ministerio de Cultura de la ciudad de preparar un proyecto de ley para extender el área de protección histórica a lo que habitualmente se conoce como el patrimonio de la City porteña.

En países de América latina, como el nuestro, la identidad entre cultura y nación ha alcanzado, por razones constitutivas y de continuidad histórica, un grado de exactitud, de espejo entre ambas, que llama la atención del mundo. Cómo no proteger, entonces, los valores patrimoniales que se derivan de esa cultura de excepcional significación y en la que está presente nuestro futuro mismo, porque de él seremos actores nosotros y quienes nos sucedan.





Con no poco ingenio se ha dicho que la más rotunda de las ignorancias, la más perversa y desoladora también, es la de quien tiene todo el pasado por delante. Es decir, todo para ser aprendido, nada para el aprovechamiento del espíritu y de la imaginación. Pobres los seres humanos en esa situación, impedidos de reconocerse a sí mismos por fuerza de desconocer lo que los ha precedido y ha determinado que sean lo que son en lugar de ser otros.

Debemos celebrar que en Buenos Aires, una de las grandes ciudades del mundo, la constelación política local se exprese al menos con una razonable base de consenso sobre el respeto que merece el patrimonio histórico urbano.

La constitución local estimula iniciativas de esa naturaleza, que permitirían preservar más de cien edificios y catorce monumentos. La lista contempla el Obelisco, que simboliza el nacimiento de Buenos Aires, y también los edificios del Banco Central, los cines teatro Opera y Gran Rex, los hoteles Justen y Continental, y la librería El Ateneo, entre otros.

No sin admiración han de recordarse ahora los esfuerzos que algunos pioneros, como el arquitecto José María Peña, no pocas veces casi en soledad, realizaron para salvar de la piqueta lo más antiguo de San Telmo, medio siglo atrás. El resultado de la perseverancia y el celo de esos ilustres visionarios salta a la vista. San Telmo figura en el corazón de las guías turísticas que definen el espíritu porteño en el mundo.





La contemporaneidad parece haber aprendido, en todas partes, que no hay historia superior a la historia de la cultura. Ahí están conjugadas todas las dimensiones por las cuales se ha expresado el desenvolvimiento de la humanidad. Basta tomar en cuenta la celebridad de Cartagena de Indias, que los colombianos protegen como muestrario vivo de lo que fue el punto de partida hacia Europa de las inmensas riquezas que salían de América durante el imperio español. O el bienestar que han causado a los ecuatorianos y a cualquier viajero permeable al profundo significado del mestizaje de culturas las restauraciones que un par de buenas administraciones municipales continuadas han logrado los últimos años en Quito y Guayaquil. O lo que supone visitar, a fin de inspirar a un espíritu abierto a la imaginación, el México de Guanajuato, de Oaxaca o de Zacotecas, para comprender que Buenos Aires no podía dilapidar más, como lo había hecho en el pasado, una riqueza que se construye paso a paso.

Tiempo y espacio, las dos grandes categorías en las que se expresa el hombre, no admiten, en efecto, desdén alguno cuando se trata de la preservación de valores culturales. Lo supo Constantino, que se empeñó en disponer la colección de los objetos artísticos de su imperio. Lo supo el linaje de los Borbones que dieron a España las academias. Y lo supo el espíritu renacentista, que se encuentra vivo en los proyectos internacionales de la Unesco. No sólo para restaurar lo degradado y preservarlo, sino para conservar las ruinas que han llevado al hombre a soñar con las grandes creaciones de las civilizaciones del pasado y de las que se prolongan hasta nuestros días.

No sólo lo saben los gobiernos y los organismos internacionales que han trabajado en todo esto en los dos últimos siglos. Lo saben, y porque lo saben y sienten han unido la acción a la palabra, los vecinos de Buenos Aires unidos bajo la consigna "Basta de demoler". Ellos han impedido la pérdida del palacio Bemberg, ubicado frente a la plaza Vicente López, cuando estaba a punto de ser destruido.

Hay algo más de 2700 edificios inventariados como representativos del patrimonio tangible de la ciudad. Aun así, y a pesar de las coincidencias básicas de sectores políticos separados por brechas amplias en otras cuestiones, en los últimos años nada de efectivo se ha hecho, sin embargo, para evitar la desaparición de algunas piezas valiosas para el acervo arquitectónico y cultural porteño.

Es menester, entonces, actuar en la actual dirección, pero sin mengua del sentido práctico que cabe acordar a las decisiones públicas y con el espíritu de justicia que debe presidir, desde luego, tanto para los intereses de la comunidad como de los individuos, toda decisión que compromete patrimonios y bienes y, por cierto, un pasado que no podría quedar, como en el caso pavoroso de quienes todo lo ignoran, por delante.

El pasado, vínculo del presente con el futuro, debe reflejar la condición de sólida base activa de una cultura sin exclusiones y de la identidad individual y colectiva de quienes componen nuestra sociedad.

domingo, noviembre 04, 2007

- ELECCIONES -




Elecciones bajo la lupa:

¿Hay que cambiar el sistema electoral?


Después de los escandalosos comicios del domingo pasado, lo que quedó al descubierto fue la vulnerabilidad de un sistema que no puede garantizar un proceso transparente


Por Pablo Mendelevich
Enfoques - La Nación



Los comicios del domingo pasado fueron realmente singulares. No batieron uno sino cuatro récords dentro de la serie nacional iniciada en 1983. Los más lentos. Los más estirados. Los menos concurridos (participó el 74,34 por ciento del padrón). Y los que más quejas por robo de boletas acumularon en toda la historia.

¿Qué falló? ¿Por qué? ¿Cómo hay que hacer para que no vuelva a suceder? Por el momento, parece estar más claro el diagnóstico que el tratamiento. ¿Cuál es el diagnóstico? En líneas generales, los expertos consultados apuntan a las listas colgadas como desmembramientos de otras fuerzas, a los personalismos generalizados, la autorización a las colectoras y, en definitiva, la quiebra del sistema de partidos.

"El tema es muy complejo -dice la politicóloga María Inés Tula, de CIPPEC-; desde 2003 en adelante se sucedieron avales de la Justicia que contribuyeron a que pase todo esto. Todo está permitido, incluso las nefastas listas espejo (listas iguales con distinto número y diferente sello partidario)".

Tanto en el Gobierno como en la oposición, y desde luego en la justicia electoral, saben que los robos mayoristas de boletas existieron en algunas mesas y que la novedad consistió en la magnitud y la reiteración. Como escribió Mariano Obarrio el viernes en este diario, incluso altos funcionarios de Néstor Kirchner se mostraron preocupados por las incongruencias de los números finales: en la provincia de Buenos Aires figura que hubo 142.000 votantes más para elegir presidente que para senadores o diputados provinciales, cuando el número de electores debería ser casi el mismo.

Y aunque los argumentos que se dieron desde el Gobierno apuntan a errores en la confección de las actas de votación por parte de los fiscales de mesa, la explicación no alcanza para disolver por completo la desconfianza. Se habló de un intento

organizado de perjudicar a la Coalición Cívica, pero también de maniobras sutiles, como las que le atribuyeron a seguidores kirchneristas unos manotazos de boletas propias, supuestamente para que mejoraran las chances de De Narváez y, de ese modo, Daniel Scioli no aventajara tanto a Cristina Kirchner.

Sin embargo, la suma de cosas fuera de lugar -a las demoras y la falta de boletas podría agregarse la extraña forma en la que el Gobierno dio los resultados, tapando a las diez de la noche a Elisa Carrió con Roberto Lavagna- sugiere que no se está frente a un brote de picardías sino a un sistema que cruje.




Escasos de fiscales, algunos pensaron que aumentar la cantidad de votantes por mesa -y así reducir el número de mesas- iba a ser útil para un Estado con dudoso poder de convocatoria a la hora de conseguir autoridades de mesa (el ministro Fernández hizo pública una carta de Patricia Bullrich, fechada el 17 de septiembre, en la que la Coalición Cívica proponía incrementar considerablemente el tamaño de las mesas). Sin embargo, el promedio nacional de votantes por mesa terminó siendo de 390, más alto que en elecciones anteriores, pero inferior al techo de 450 que figura en el Código Electoral.

Aun cuando esta vez la discusión siguió canales civilizados como revisar el problema de las mesas, los fiscales y las boletas, muchos especialistas creen que lo que ayudó a conservar las buenas maneras después del domingo, pese a las irregularidades, fue la importante lejanía porcentual entre gobierno y oposición, algo que nadie podrá garantizar para las próximas legislativas. "Si el que sale segundo -no cualquiera, sino el segundo-, como ha sido el caso, ahora, de Carrió, denuncia que le robaron las boletas en un contexto de paridad, mientras a la vez se viola la prohibición de difundir el boca de urna, no me quiero imaginar lo que puede pasar en un domingo electoral cuando las pasiones están exacerbadas", dijo a LA NACION un importante miembro de la justicia electoral que pidió no ser identificado.

¿Quedó a la vista la vulnerabilidad del sistema? El que responde es el director nacional electoral Alejandro Tullio: "Yo no hablaría de vulnerabilidad. Prefiero decir que hay dificultades crecientes en el sistema."

-¿Y qué hay que hacer?

-Se deben modificar los plazos de oficialización de candidaturas, limitar las instancias de revisión, unificar y simplificar los criterios formales sobre presidentes de mesa y reducir la cantidad de información que ellos deben completar.

-¿Pero no hace falta cambiar el sistema?

-Hay que estudiar los mecanismos para simplificar la forma en que los electores expresan su voto.

-¿Eso significa ir a un sistema de boleta única?

-Boleta única o boleta provista por el Estado.

Actualmente el Ministerio del Interior financia la impresión de las boletas, cosa que está a cargo de los partidos. ¿Qué cantidad de boletas se imprimen? El equivalente a tres padrones por distrito (históricamente uno lo repartían los militantes, otro era para el comité y otro iba a la elección). Pero sucede que militantes y comité ya casi no hay. ¿Cuántas boletas se imprimieron realmente? El Estado, que sólo financia un padrón, no tiene forma de saberlo. A razón de 0,09 pesos por cuerpo de boleta por cantidad de electores, para un padrón nacional de 27.090.000 (nivel presidencial), el costo de la impresión financiado por el Estado es de 243.810 pesos por partido.

De modo que una hipótesis de máxima es ir hacia la boleta única. Pero hay una hipótesis de mínima que consiste en modificar el sistema de financiamiento, impresión y distribución de las boletas por partidos. En buen romance, se trataría de estatizar todo el proceso. El Estado dejaría de darles plata a los partidos para que imprimieran las boletas y se ocuparía él. Eso permitiría asumir la responsabilidad por eventuales faltantes de boletas, responsabilidad que hoy las autoridades niegan, porque es un asunto partidario.

Huelga decir que, si no cambia nada, los próximos comicios también se harán, una vez más, con toneladas y toneladas de papel -las boletas por partidos-, a esta altura casi una excentricidad argentina. Paradoja al uso nostro, el ejemplo de buen comportamiento lo dieron el domingo los presos sin condena, quienes hicieron debutar el voto carcelario. En las cárceles no se usaron boletas por partidos sino una única papeleta de cartulina que el preso marcaba con un bolígrafo según sus preferencias, sistema que muchas autoridades electorales y apoderados partidarios ahora proponen extender con entusiasmo a los votantes que están en libertad.

Vulnerables

Unos y otros reconocen que quedó a la vista la vulnerabilidad del sistema, dicho esto en sentido integral, académico, profundo y también en sentido llano. Todo el mundo sabe desde la semana pasada que robar boletas del cuarto oscuro es fácil, que perjudica a quien no tiene stock ni una aceitada logística de reposición, que al que lo hace no le pasa nada (sobre un universo de 74 mil mesas en todo el país, al cabo hubo 30 denuncias en la Capital Federal y 34 en la provincia de Buenos Aires y no hubo un solo detenido) y que, en definitiva, se trata de un delito difícil de probar, supuestamente rendidor en términos electorales. Como mínimo, perturbador.

Delia Ferreira Rubio, una de las más prestigiosas especialistas en temas electorales, dice que el inconveniente medular en las elecciones del domingo fue la ausencia de fiscales, y sostiene -en esto coinciden casi todas las fuentes- que eso se debe a la crisis de los partidos. Se inclina por la hipótesis de que la desaparición de boletas fue orquestada (agrega el dato de que en Córdoba, su ciudad, aparecieron fajos de boletas abandonadas en bolsas de supermercado), pero acuerda en que la responsabilidad principal del control de los comicios es de los partidos.

Sin embargo, contra lo que suponen algunos respecto de que el problema se solucionaría con el voto electrónico, Ferreira Rubio tiene enormes reparos. "Voto electrónico con gente que trampea es más peligroso, porque se puede hacer fraude en forma mucho más disimulada". Ella misma fue testigo de cómo a un observador electoral de la Unión Europea en comicios celebrados en Nicaragua le llamó la atención una antena, en el exterior del edificio donde se hacía el escrutinio, lo que permitió descubrir que existía una vía paralela de ingreso de datos.

De hecho, unos pocos países tienen generalizado y aceitado el sistema de voto electrónico -India, Brasil-, varios están en la etapa experimental, pero lo más común en América latina -y en países como Alemania, Australia, Italia, Nueva Zelanda- es el voto manual con boleta única.

"El voto electrónico no resuelve los inconvenientes del sistema actual y en cambio crea otros mucho más grandes, porque tiene más posibilidades de alteración de resultados", opina también el ingeniero Juan Manuel Calvo, del CEMA.

En cuanto a las ventajas y desventajas del voto electrónico, curiosamente, en un sitio del gobierno, el de la Dirección Nacional Electoral, hay información bastante completa. Además de que una transición hacia el voto electrónico sería escalonada (a Brasil le llevó 16 años), para extenderlo a todo el país harían falta unas 80 mil máquinas. Cada una cuesta alrededor de tres mil dólares.

En cambio, pasar de las boletas por partidos a un sistema de boleta única sería más rápido y más económico. Requeriría, entre otras cosas, una ley que modificara el sistema electoral, lo que exige mayoría absoluta del total de los miembros de las cámaras. Pero, más allá de la aritmética parlamentaria, fluida para el gobierno que viene, no hace falta ser psicoanalista para advertir que es éste un tema muy traumático para la dirigencia política. El artículo que habla de modificaciones al régimen electoral es el que en 1994 los constituyentes perdieron. Hubo que hacer una ley para encontrarlo.

Por lo menos hay que agradecerle al último domingo electoral el haber roto con ese clásico menú de anécdotas -el muerto empadronado, la señora que va a votar con una bolsa de radicheta, el bisabuelo nonagenario que subió dos pisos para cumplir con su deber-, espacio usurpado esta vez con historias menos candorosas, más inquietantes. Baste una, la de la Escuela Estanislao del Campo, en el barrio Altamira de la ciudad de Córdoba, donde a media tarde se acumularon varias mujeres que se quejaban de que faltaban boletas, pese a lo cual, se ve, el trámite continuó. Hasta que en un momento dado el presidente de mesa, a viva voz, puso orden: "A ver -dijo- las que votan por Carrió formen fila acá". Le bastaron diez palabras para derrumbar los principios fundamentales del sufragio que están por cumplir un siglo.

viernes, noviembre 02, 2007

- LA CORTE -




Positiva decisión de la Corte


La decisión de la Corte Suprema de Justicia de acceder a la difusión de las declaraciones juradas de sus ministros es un paso importante y significativo para la transparencia de la República y un ejemplo para los jueces de las instancias inferiores. Sería muy importante que a la opinión pública y a los organismos de control ciudadano se les facilitase en todo cuanto sea posible la posibilidad de analizar esas declaraciones juradas.

En 1999, el Congreso nacional aprobó la ley de ética pública, pero, inexplicablemente, el máximo tribunal, en ese entonces presidido por Julio Nazareno, consideró que los jueces no estaban obligados a presentar el detalle de sus bienes. De esa forma, la Corte, cuya conducta debe iluminar a los integrantes de la Justicia, se convirtió en el principal responsable de burlar esa obligación legal.

Sin duda, tal actitud repercutió en todo el Poder Judicial. Cuando este diario, hace un año, solicitó las declaraciones juradas de los doce jueces federales, casi todos ellos y el Consejo de la Magistratura se negaron a darlas a publicidad. Por eso, cuando ante un requerimiento idéntico la Corte reaccionó con celeridad y en cinco días accedió a entregarle a la prensa la documentación solicitada, el máximo tribunal marcó una sustancial diferencia y señaló un camino por seguir.

Conocer el patrimonio de los jueces y funcionarios que se desempeñan en distintos poderes del Estado es esencial no sólo para controlar la corrección y honestidad de sus desempeños, sino también, en particular, para inculcarles a aquéllos y, en general, a la población que la función pública debe ser entendida como un servicio a la ciudadanía y al país, y no como una oportunidad para obtener beneficios personales.

Por eso, es de desear que esta muy saludable decisión de la Corte Suprema sirva para comenzar a torcer el rumbo en este importantísimo tema de la transparencia pública, respecto del cual el país perdió el rumbo hace ya mucho tiempo.

jueves, noviembre 01, 2007

- TEFEFONIA -







Telefonía celular versus fija


Según un informe de la consultora LatinPanel Argentina, en nuestro país ya son más los hogares que prefieren utilizar telefonía celular en vez de telefonía fija. La tendencia está impulsada en especial por los hogares de bajos recursos, los jóvenes y los del interior, y revirtió la situación de preferir la telefonía fija, observada en diciembre del año pasado.

Los teléfonos celulares siguen ganando terreno en el campo de la comunicación y en muchos otros. Hoy en día, este tipo de telefonía le gana a la fija. Los hogares de Argentina que utilizan solamente telefonía celular para su comunicación superan a los que solo tienen telefonía fija en un 4 por ciento, según un estudio de la consultora LatinPanel Argentina.

Una variación notoria se produjo entre diciembre del año pasado y junio de este año, cuando el 25 por ciento que representaban los hogares exclusivos de teléfonos fijos pasó a ser el 23 por ciento, y el 22 por ciento de hogares exclusivos de telefonía móvil se incrementó en dos puntos, llegando al 24 por ciento en la actualidad.

El informe de la consultora se elaboró con información proveniente de su panel permanente de 9500 individuos mayores de 6 años de todo el país. Las nuevas prestaciones, el alcance geográfico extendido y los costos de los teléfonos móviles parecen ser los puntos más relevantes a la hora de ser preferidos por sobre los teléfonos fijos. Ahora, los celulares son alcanzables para algunos e indispensables para otros. El estudio también reveló que en regiones donde la inversión en el cableado que debería hacer la telefonía fija no se justifica por el escaso número de potenciales abonados, la industria de los celulares encuentra importantes posibilidades de desarrollo.

Con respecto a lo económico, los compromisos que representan para el usuario los dos tipos de telefonía son bien diferentes. Mientras que una línea fija acarrea gastos de 180 pesos por la instalación y de 16 pesos mensuales como abono básico, un celular con línea implica un menor desembolso inicial y puede no requerir abono fijo. De hecho, el 70 por ciento de los celulares en uso es con tarjeta prepaga y sin factura.

Otra manera de reducir los costos que se observa es la adquisición de teléfonos usados por parte de los usuarios, y la posterior solicitud de un chip. A estos beneficios, se le suma la posibilidad de estar comunicado en todo momento y en todo lugar, lo que permite entender con mayor facilidad el comportamiento del mercado a favor de la telefonía móvil.

El público que impulsa esta tendencia de preferir comunicarse por medio de telefonía celular se concentra en hogares de bajos recursos, hogares del interior y hogares jóvenes. En los niveles socioeconómicos bajo y marginal, 9 de cada 10 hogares eligen la alternativa móvil.

La tendencia se profundiza de manera notoria también en el interior del país: en el área de Capital Federal y Gran Buenos Aires, el 15 por ciento de los hogares son exclusivos de telefonía móvil; pero, en el interior, los mismos representan casi el doble con un 28,5 por ciento.

Otra diferencia que se presenta entre estas dos áreas es que, en el interior, existe una proporción más importante de hogares de niveles socioeconómicos medio y alto que adhieren a la telefonía móvil como única opción. La edad del ama de casa es decisiva para definir el tipo de telefonía a utilizar en el hogar.

En todo el país y en todos los niveles socioeconómicos, los hogares que más eligen tener solo celular son aquellos en los que las amas de casa son menores a 35 años, con un 43,9 por ciento. A medida que aumenta la edad, esta tendencia pierde fuerza: los hogares con amas de casa de entre 35 y 49 años que solo cuentan con telefonía celular representan el 30 por ciento, y decrece hasta llegar al 9,4 por ciento en hogares con amas de casa de más de 64 años, que, de todas maneras, es un número significativo.


Verónica Fernández Ceriani
Revista Infobrand

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