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El silencio de las encuestas


Entre los muchos flagelos y conspiraciones con los que el gobierno nacional debe lidiar, desde hace un tiempo se encuentra una especie de complot de las matemáticas.

Las primeras señales de que los números comenzaban a rebelarse aparecieron en el Indec. La Casa Rosada creyó advertir allí una patraña de expertos en estadísticas que pretendía hacer creer que la inflación era muy superior a la real. Una intervención sobre el organismo, la remoción de muchos de sus técnicos y la adopción de una nueva metodología de cálculo restauraron el orden y el índice de precios fue puesto de nuevo a raya.

Para que la operación sea completa todavía falta sofocar algunos focos del complot. La recaudación tributaria, por ejemplo, crece de manera desmesurada: entre 30 y 40 por ciento año tras año. El PBI crece, pero no tanto como para explicar ese aumento. Podría suponerse, en cambio, que hubo un salto descomunal de eficiencia en la AFIP. Pero esa hipótesis encuentra una rápida desmentida: la Presidenta se deshizo del funcionario que habría llevado adelante esa hazaña. No queda más remedio que sospechar, entonces, que la mejora en la tributación se debe a que las contribuciones suben porque los precios sobre los que se calculan también subieron. Es lo que sugieren los índices de precios elaborados por los institutos de estadísticas de varias provincias, cuyas subas han sido mucho mayores que las registradas por el Indec.

La incertidumbre tiene una consecuencia nefasta: como se perdieron parámetros objetivos para ponderar la dinámica inflacionaria, cada cual remarca los precios según sus peores presunciones. El ocultamiento y la ignorancia alimentan el mal que se quiere conjurar.

La otra rebelión de las matemáticas se expresó en las encuestas de opinión pública. De pronto comenzó a trascender desde las consultoras que las elaboran que la imagen del Gobierno y de su titular, la señora de Kirchner, registró una caída abrupta, sobre todo a raíz del conflicto con el campo. Algunos especialistas aseguran que nunca se verificó un deterioro de la imagen presidencial tan pronunciado en tan poco tiempo desde la restauración democrática de 1983.

Pero es imposible precisarlo: muchos encuestadores no ofrecen cifras desde que verificaron ese fenómeno. Apenas se filtran, en secreto, algunos datos inquietantes. Un estudio contratado por un intendente del conurbano revela que la consideración positiva hacia la Presidenta tuvo una caída del 60 al 30 por ciento, pero que, al cabo de dos semanas, se reubicó en el 46 por ciento. Otro sondeo, elaborado a pedido del jefe de Gabinete, revelaría que Cristina Kirchner perdió 12 puntos de imagen positiva durante el tramo inicial de la protesta agropecuaria.

El silencio de los encuestadores provoca el mismo daño que la manipulación del Indec: comienza a presumirse que, al haber tanto empeño por ocultar lo que ocurrió con la imagen del Gobierno, el derrumbe ha de ser calamitoso. Mucho peor que lo que quizás es en realidad.

El mutismo de ciertos analistas de opinión pública revela, además, varios rasgos desagradables de la cultura política argentina. El primero de ellos es que, como buena parte de esos consultores son contratados por el Gobierno, aducen que los datos se mantienen en secreto para no perjudicar a ese cliente. Una demostración de discreción profesional que produce una pésima impresión política: hay que presumir que la imagen del cliente que emerge de esos estudios se ha vuelto calamitosa para obligar a un cerco de silencio tan rígido. Sobre todo porque hasta hace poco tiempo los diarios eran inundados con informes sobre la colosal popularidad del oficialismo.

El argumento, además, sería aceptable si no fuera porque esos estudios se pagan con dineros públicos: las empresas que los realizan suscribieron contratos con el Estado, no con el partido gobernante ni con la familia presidencial. La imagen de la Presidenta en la opinión pública no puede convertirse en una secreta cuestión de Estado.

El interrogante que aparece después de esta constatación es elemental: por qué, si existe un instituto oficial de estadísticas, con expertos en la realización de encuestas, el Gobierno contrata consultores privados para realizar sus sondeos de opinión. La respuesta comienza a quedar clara: silenciar a algunos encuestadores privados le ha resultado más sencillo que hacerlo con los empleados públicos que trabajan en el Indec.