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Gasta el Estado, paga el campo


El gobierno nacional dispuso mediante una controvertida resolución del Ministerio de Economía, un aumento de las retenciones a las exportaciones de soja, maíz, trigo y girasol. Los incrementos no han sido leves. La soja, que pagaba el 27,5 por ciento, pasará al 35; el maíz sube del 20 por ciento al 25 y el trigo, del 20 por ciento al 28. A su vez, los aceites aumentan su retención de manera de mantener el diferencial con los granos sin procesar.

Tan sólo para exponer el significado de este cambio, es menester observar que por la soja el productor recibía antes un 72,5 por ciento del precio internacional, mientras que ahora sólo se queda con el 65. La reducción del precio para él es de un 9 por ciento y el efecto sobre su margen es del orden del 25 para un rendimiento equivalente al promedio del país. Sin embargo, para los productores de zonas marginales, cuyos costos de producción y flete son mayores, el margen puede llegar a desaparecer. Debe tenerse en cuenta, además, el cúmulo de otros impuestos que caen sobre la actividad agrícola. Es así como la aspiración del Gobierno de quedarse con todo el incremento del precio internacional afectará a los productores más débiles y seguramente afectará las decisiones de siembra de la próxima temporada.

La motivación de la medida es fundamentalmente fiscal, aunque el Gobierno argumente que con el incremento de las retenciones evita el encarecimiento de los productos alimenticios en el mercado interno. Hay suficientes evidencias del deterioro de las cuentas públicas. En los tres últimos meses, el Tesoro hubiera caído en déficit financiero si no hubiera contado con los recursos extraordinarios del traspaso de los ahorros de aportantes de las AFJP. La desaparición en adelante de estos recursos obliga al Gobierno a recurrir a nuevos tributos para evitar que la situación se agrave en la medida en que el gasto público sigue creciendo a mayor ritmo que los ingresos impositivos.

Sólo la supresión rápida de los subsidios hubiera aliviado esta situación, pero eso está sujeto al sinceramiento de las tarifas de la energía y del transporte público. La presidenta electa ha dicho que aplicará gradualidad en este sinceramiento y la realidad es que la inflación está actuando sobre los costos y que esa gradualidad podría no resolver la necesidad de iguales o mayores subsidios. El aumento de las retenciones ha sido el instrumento más atractivo para el Poder Ejecutivo: no es evadible y afecta a un sector con moderada capacidad de resistirlo.

La circunstancia de que los cambios en las retenciones difieran por tipo de cultivo pone en evidencia la discrecionalidad de este tipo de medidas. Un funcionario público, desde su escritorio, decide quiénes deben recibir menos o más precio. La nueva gabela se incorpora cuando las siembras ya fueron realizadas y los productores no tienen ninguna capacidad de modificar sus decisiones. Este es el peor de los mundos para cualquier actividad empresarial. Un comportamiento oficial de este tipo aumenta notablemente la percepción de riesgo para cualquier inversión, en momentos en que el desafío es recuperar la confianza para revitalizar las inversiones y crecer genuinamente.

El altísimo nivel que han alcanzado los derechos de exportación a los productos agrícolas no encuentra parangón con ningún otro país. No es posible imaginar cómo puede la Argentina reclamar el levantamiento de las barreras de protección y los subsidios agrícolas en la Unión Europea y otros países, si por su lado pone derechos de hasta un 35 por ciento a la exportación de esos mismos productos.

El propósito de no trasladar a los consumidores locales los aumentos del precio internacional, además de intentar servir vanamente como máscara de la verdadera intención recaudatoria, no es compatible con una gestión económica racional y positiva. Cuando la estructura de precios internos se desvía artificialmente de la internacional, se inducen decisiones empresariales inadecuadas para la productividad, la competitividad y el futuro del país. A la larga, se afecta el crecimiento y el salario real. Desde el punto de vista del interés general es claramente más conveniente y equitativo sostener programas de ayuda alimentaria y planes sociales a las familias de menores ingresos.

El aumento de las retenciones exhibe la falta de creatividad para encarar otras alternativas frente al debilitamiento fiscal. No es una buena noticia cuando estamos a sólo 30 días de iniciar un nuevo período de gobierno.