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Deben recuperarse las instituciones


El día en que se produjo su holgado triunfo electoral, la candidata del oficialismo, Cristina Fernández de Kirchner, convocó a toda la sociedad a esforzarse por recuperar las instituciones de la República luego de que en los últimos años del gobierno actual abundaron críticas basadas en el menoscabo de la calidad democrática. Entre otras iniciativas y acontecimientos, han sido vehementemente rechazadas por los partidos opositores, la sociedad civil organizada y otros actores sociales la modificación de la composición del Consejo de la Magistratura, los superpoderes, el intento de limitar las potestades de la Auditoria General de la Nación (AGN), las restricciones a la prensa y la reciente supresión de un subsidio estatal a una asociación de consumidores crítica. En ese contexto, las palabras de la futura primera mandataria han sido muy bien recibidas.

Sin embargo, en los últimos días, el Gobierno -de quien Fernández de Kirchner forma parte, como lo muestran las recientes visitas oficiales a distintos mandatarios extranjeros- adoptó una actitud disonante con aquellas esperanzadoras palabras pronunciadas en los momentos de celebración por la victoria comicial obtenida.

En primer lugar, tal como difundió como primicia LA NACION, se emitió un decreto reglamentario de la ley de administración financiera (la norma que rige las reglas de diseño y control presupuestarias) que permitiría la intervención de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) en las cuentas de los otros poderes del Estado. De ese modo, la Sigen, organismo dependiente exclusivamente del Poder Ejecutivo, podría avasallar la independencia de los poderes Legislativo y Judicial.

Debe advertirse que las potestades que articulan el sistema de frenos y contrapesos -por el cual los poderes se controlan mutuamente- deben encontrarse explícitamente incorporadas en la Constitución Nacional. Así, por ejemplo, el Congreso Nacional posee, por el artículo 86 de ese texto legal, la potestad de controlar externamente al Poder Ejecutivo. No existe, sin embargo, ninguna cláusula que habilite o faculte a la Sigen para controlar las cuentas de los demás poderes.

El ministro del Interior, Aníbal Fernández, afirmó textualmente que este diario "ha hecho confundir a prestigiosos juristas, haciéndoles creer que este decreto echa mano al Poder Judicial, al Legislativo y al Ministerio Público, una locura propia del que desconoce. Los juristas -agregó- se tiraron de los pelos al divino botón".

Más allá de que las palabras del ministro desconocen que los reconocidos constitucionalistas difícilmente incurrirían en errores en la materia en que son expertos, debe esperarse una respuesta elevada de un funcionario de tan alta jerarquía que explique en forma detallada las razones por las que considera que debe efectuarse una interpretación legal distinta de la que surge de su lectura lineal.

En principio, y esto no ha sido debidamente aclarado, las normas indican la posibilidad de que la Sigen audite las cuentas de los otros poderes. En la mejor de las situaciones, se trataría de un error en la redacción de esas cláusulas, las que deben ser inmediatamente rectificadas.

En segundo lugar, la Cámara de Diputados de la Nación designó con su actual composición a sus tres auditores generales que habrán de integrar la AGN durante ocho años. Como ha sucedido a lo largo del tiempo, lo hizo sin concurso público, sin publicidad suficiente y sin una mínima posibilidad de participación ciudadana para que ésta pudiera impugnar las candidaturas a cargos tan trascendentes. A lo ya cotidiano se agregó esta vez que la designación fue realizada por la actual composición parlamentaria de Diputados pese a que el nombramiento de quienes concluyen sus mandatos se efectuó el 15 de diciembre de 1999, es decir, con la composición que asumió el 10 de diciembre de aquel año. Esto es relevante, pues si fuera la próxima integración la que efectuara los nombramientos, podrían verse modificadas las minorías parlamentarias con derecho a nombrar a quienes se encargarán de controlar las cuentas de las futuras gestiones ejecutivas.

Por otra parte, el nombramiento del actual presidente de la Comisión Revisora de Cuentas, Oscar Lamberto, como auditor general no resulta la decisión más atinada pues afecta la independencia funcional que debe mantener la AGN en relación con el Congreso Nacional. Quien tenía tal poder de decisión en el ámbito legislativo sobre la materia buscará imponer los criterios dispuestos por ese organismo. A ello se agrega que el año último el propio Lamberto se vio involucrado en una denuncia pública fundada, revelada por el diario Clarín , por falsificación de las actas de reuniones de aquella comisión. No fue debidamente esclarecida por falta de voluntad política de quienes comparten bancada con el actual legislador.

En síntesis, la elogiable iniciativa de recuperación de las instituciones democráticas debe comenzar cuanto antes -incluso antes del recambio gubernamental- y quienes mayor responsabilidad tienen, más allá de lo que puedan aportar los demás participantes de la arena pública, son las autoridades responsables de los órganos políticos. El resto de la ciudadanía debe acompañar con esfuerzos y aportes constructivos un esquema en el que no predomine un poder sobre otro y en el que la oposición tenga espacios para poder intervenir eficazmente. Si ello ocurre, los principales actores de la democracia argentina habrán demostrado una voluntad de recuperarse de la crisis política, cultural e institucional por la que atravesamos desde hace mucho tiempo.