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Educación inclusiva: equidad y calidad


Aceptar hoy que todos tenemos capacidades diferentes parece obvio. Sin embargo, este concepto no es en absoluto comprendido por todos. Por eso cobran tanta relevancia los resultados que arrojó recientemente la encuesta Educar en la Diversidad, según la cual la mayoría de los padres (un 65%) y los docentes (un 53%), particularmente aquellos que tienen más experiencia, tanto de escuelas de gestión pública como privada de la ciudad de Buenos Aires, creen que es posible llevar a la práctica una educación inclusiva en el mediano plazo.

¿Qué significa hablar de educación inclusiva y de escuelas inclusivas? La educación inclusiva es la que ofrece la posibilidad de que todas las instituciones educativas estén preparadas para incorporar a personas con necesidades educativas especiales (NEE). Y conviene aclarar que por persona con NEE se entiende a toda aquella que, por poseer alguna característica de orden biológico o cultural, necesita una atención especial por parte del sistema educativo (es decir, tanto una persona sordomuda como un inmigrante recién llegado que no habla el idioma, pasando por todas las formas posibles de diversidad).

La Fundación Par, organización que promueve la igualdad de oportunidades, dio a conocer en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires los resultados de una consulta vinculada con las dificultades con que tropiezan alumnos con necesidades educativas especiales, consulta a la cual respondieron 835 entrevistados, entre padres, docentes y vecinos. También participó de la realización de la encuesta Intus, un grupo de jóvenes sociólogos que trabajan con el objetivo de contribuir, desde la investigación social, al fortalecimiento institucional del país

En cuanto a los resultados de la encuesta, para el 82 por ciento de los padres la escuela no está preparada para atender satisfactoriamente las expectativas de una educación inclusiva, criterio que compartieron los maestros en un 92 por ciento y los vecinos en un 85 por ciento. También siete de cada diez padres consideró que falta capacitación en los docentes para atender los requerimientos de la enseñanza especial y el 13 por ciento de ellos señaló que la arquitectura escolar era inadecuada y agregaba obstáculos al desempeño de sus hijos. Por su parte, los docentes apreciaron, además, que la actitud de los padres era más temerosa (en un 36 por ciento) que abierta (sólo en un 23 por ciento) a la deseada educación inclusiva.

La ley educativa Nº 26.206, en su capítulo VIII, consagrado a esta modalidad de la enseñanza, asegura el derecho a la educación de quienes sufren de discapacidades y agrega que la educación especial debe regirse por el principio de la inclusión educativa. Asimismo, dice que el Ministerio de Educación nacional "garantizará la integración de los alumnos/as con discapacidades". Se trata de la enunciación de grandes principios, pero en la realidad del proceso educativo están todavía lejos de cumplirse con eficacia, tal como lo demuestran las conclusiones de la encuesta citada.

En términos amplios puede afirmarse que los alumnos con NEE requieren una particular orientación y conducción pedagógica en función de sus condiciones. Ese proceso está inserto en el objetivo general de que todo menor debe recibir una educación que le permita ser miembro útil de la sociedad, aspiración coherente con los principios de inclusión e integración social sostenidos por la ley educativa.

Según lo deja ver el sondeo de la Fundación Par, las demandas justificadas para contar con una escuela gobernada por aquellos principios en el caso de los alumnos con NEE, no sólo exigen mejoras en la formación de los docentes y una asistencia en el aula dentro de una reorganización escolar o cambios edilicios.

Es evidente que los campos de trabajo son varios y todos igualmente importantes. El sistema educativo debe contribuir a aumentar la conciencia de la población en general sobre los derechos de las personas con capacidades diferentes, así como sobre los aportes que estas son capaces de hacer a toda la sociedad. Sobre esa base mínima de acuerdo es que se podrá construir una estructura social firme, que incluya finalmente a todos los niños y niñas, sin distinciones de capacidades.