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Positiva decisión de la Corte


La decisión de la Corte Suprema de Justicia de acceder a la difusión de las declaraciones juradas de sus ministros es un paso importante y significativo para la transparencia de la República y un ejemplo para los jueces de las instancias inferiores. Sería muy importante que a la opinión pública y a los organismos de control ciudadano se les facilitase en todo cuanto sea posible la posibilidad de analizar esas declaraciones juradas.

En 1999, el Congreso nacional aprobó la ley de ética pública, pero, inexplicablemente, el máximo tribunal, en ese entonces presidido por Julio Nazareno, consideró que los jueces no estaban obligados a presentar el detalle de sus bienes. De esa forma, la Corte, cuya conducta debe iluminar a los integrantes de la Justicia, se convirtió en el principal responsable de burlar esa obligación legal.

Sin duda, tal actitud repercutió en todo el Poder Judicial. Cuando este diario, hace un año, solicitó las declaraciones juradas de los doce jueces federales, casi todos ellos y el Consejo de la Magistratura se negaron a darlas a publicidad. Por eso, cuando ante un requerimiento idéntico la Corte reaccionó con celeridad y en cinco días accedió a entregarle a la prensa la documentación solicitada, el máximo tribunal marcó una sustancial diferencia y señaló un camino por seguir.

Conocer el patrimonio de los jueces y funcionarios que se desempeñan en distintos poderes del Estado es esencial no sólo para controlar la corrección y honestidad de sus desempeños, sino también, en particular, para inculcarles a aquéllos y, en general, a la población que la función pública debe ser entendida como un servicio a la ciudadanía y al país, y no como una oportunidad para obtener beneficios personales.

Por eso, es de desear que esta muy saludable decisión de la Corte Suprema sirva para comenzar a torcer el rumbo en este importantísimo tema de la transparencia pública, respecto del cual el país perdió el rumbo hace ya mucho tiempo.