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Un país sin Poder Legislativo


El mal ejemplo dado por las autoridades nacionales ha cundido en todo el país. Los llamados superpoderes, como se conocen las tan cuestionables delegaciones legislativas en el Poder Ejecutivo, ya son una triste moda en el orden nacional.

De acuerdo con la información publicada por LA NACION el martes último, son 18 las provincias en las cuales rige la posibilidad de reasignar fondos presupuestarios o ingresos excedentes sin ninguna participación del Poder Legislativo.

La extensión de esta irregularidad, denunciada en numerosas ocasiones desde esta columna editorial, no puede dejar de sorprender. El artículo 29 de la Constitución Nacional señala que "el Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna". Y añade que "actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria".

El afán de concentrar el poder, por lo visto, ha podido más que la propia Constitución. El año último, el Congreso le confirió por ley al jefe de Gabinete la facultad permanente de modificar el presupuesto sin intervención parlamentaria. Esta norma le permite al citado funcionario reasignar gastos corrientes y de capital, al igual que aplicaciones financieras. Del mismo modo, puede alterar la distribución de las finalidades de las erogaciones previstas en la ley de presupuesto nacional.

Esta práctica ha provocado una nueva minimización del papel del Congreso en la confección del presupuesto. A tal punto que, durante todo este año, se estima que el Poder Ejecutivo gastará unos 26.000 millones de pesos más por fuera del presupuesto 2007, sin intervención del Poder Legislativo.

Este aumento del gasto público representa alrededor del 23 por ciento por encima de las erogaciones previstas en la ley presupuestaria de este año, aprobada por el Congreso, y constituye el incremento más abultado desde que Néstor Kirchner asumió la presidencia de la Nación, en 2003.

Tanto la letra como el espíritu de la Constitución Nacional determinan la prohibición de la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, al tiempo que nuestra Ley Fundamental también establece que sólo el Congreso puede fijar por ley los recursos públicos. No obstante, las autoridades nacionales encontraron la forma de burlar esos principios.

Un mecanismo frecuente en los últimos años, y repetido recientemente, con la aprobación del proyecto de presupuesto 2008 por la Cámara de Diputados de la Nación, ha consistido en subestimar las metas de crecimiento económico, lo cual asegura que el presidente de la Nación y el jefe de Gabinete podrán decidir la dirección del excedente de los ingresos presupuestados en forma discrecional. Algo que tiene doble valor político en un año electoral, como el que está concluyendo.

Lamentablemente, este avance hacia el hiperpresidencialismo y hacia hábitos que poco tienen en cuenta la división de poderes se está transformando en parte de una cultura política que se extiende a casi todo el país y que amenaza la propia salud de nuestro sistema institucional y de la República.

La tendencia a la concentración del poder en manos del Ejecutivo ha sido contagiada a prácticamente todo el país. Sólo seis provincias -Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Mendoza y Santa Fe- se encuentran a salvo de los superpoderes. En 13 distritos, los superpoderes son totales y en cinco, parciales.

El mal ejemplo del gobierno nacional ha llegado muy lejos y se extiende a otras cuestiones, como el uso de la publicidad oficial como mecanismo de premios y castigos a los medios de comunicación, o la manipulación de los jueces.

La consideración de los procedimientos democráticos y del cumplimiento cabal de las disposiciones constitucionales como meros formalismos burocráticos que dificultan la tarea de gobernar es un criterio tan equivocado como peligroso para nuestras instituciones. Sólo cabe esperar que quienes tienen las más altas responsabilidades de gobierno lo adviertan, antes de que la República se convierta apenas en un vocablo que las nuevas generaciones tengan que buscar en un diccionario para conocer su significado.