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Acceso al agua y desigualdad


Siete años atrás, en septiembre de 2000, más de 150 naciones acordaron en la Asamblea General de las Naciones Unidas llevar adelante una serie de tareas destinadas a reforzar el compromiso frente a las poblaciones menos desarrolladas. Ese compromiso se tradujo en objetivos que deberían ser alcanzados en 2015 y que abordan temáticas relacionadas con la pobreza, el cuidado de la maternidad y la infancia, y la educación primaria universal, entre otros.

Unos de estos objetivos se orienta a asegurar un medio ambiente sostenible y, dentro de él, se estableció como meta reducir a la mitad en 2015, respecto de 1990, el porcentaje de personas que no accede a fuentes seguras de agua para beber y a servicios básicos de saneamiento. La Argentina asumió esta meta, comprometiendo una reducción de dos terceras partes de ese porcentaje.

En la actualidad, una variedad de reportes internacionales coincide en que la tasa de cumplimiento de este objetivo será variada en las ciudades, pero muy baja en las comunidades rurales, donde la situación adquiere complejidad creciente año tras año.

Un reciente estudio del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) analiza, por un lado, la evolución de esta meta en función de la pobreza y ruralidad en el nivel departamental en la Argentina y, por otro, su cumplimiento en el nivel provincial, considerando su evolución entre 1991 y 2001 -fecha del último censo nacional-, con proyecciones estimativas para 2015.

Los resultados muestran que la situación de la población rural en la Argentina reproduce las iniquidades a las que se encuentra sometido este grupo poblacional en otros países. El país cuenta con más de 270 distritos (más de la mitad de los existentes en la totalidad de las provincias) que presentan una densidad poblacional menor que los 5 habitantes por kilómetro cuadrado. Quienes habitan en estos distritos presentan, además de mayor pobreza, mayor déficit en el acceso al sistema público de salud y menor acceso a fuentes seguras de agua y saneamiento básico, aun considerando estrategias de provisión que van más allá de las redes públicas, como son las perforaciones seguras y los sistemas mejorados de saneamiento.

En el análisis de la evolución provincial, el estudio muestra que la mayor parte de las jurisdicciones alcanzaría la meta propuesta. Sin embargo, así como algunas de ellas habrían logrado reducciones prácticamente absolutas, otras se encontrarían todavía muy lejos del objetivo, mostrando una profundización de las diferencias y de la brecha de iniquidad. En este contexto, más de medio millón de argentinos no tendría acceso a un bien fundamental como es el agua segura, aún en 2015, cuando según las proyecciones realizadas, habrá provincias con cobertura casi total frente a otras con grandes déficits en el acceso. Entre ellas, las provincias de Chaco y Formosa resultarían las más perjudicadas, concentrando tan sólo entre ellas un tercio del total de la población desabastecida al finalizar el período.

El estudio pone de manifiesto dos aspectos negativos en la Argentina. El primero de ellos es la iniquidad entre los ámbitos urbano y rural, donde serias carencias en el campo se enfrentan a un importante derroche y mala utilización del agua en los centros urbanos en una dinámica que parece profundizarse en el tiempo. El segundo, la profunda desigualdad, también creciente, entre las provincias, aun para la materialización de derechos humanos y fundamentales sostenidos y ratificados mundialmente. El informe del Cippec, en síntesis, constituye otro llamado de atención sobre la necesidad de que se formulen políticas activas que reduzcan estas brechas en la búsqueda necesaria de una sociedad más equitativa.