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Objetivos prioritarios en educación


El ministro de Educación nacional Juan Carlos Tedesco y el titular de la Dirección General de Educación y Cultura de la provincia de Buenos Aires Mario Oporto, en sendas entrevistas con LA NACION, expusieron algunos de los objetivos que estiman prioritarios en el curso de sus respectivas gestiones.

Oportuno es señalar algunos cambios significativos ocurridos en el último bienio en el campo educativo que tienen lógica incidencia en el modo de concebir y planificar el futuro. En un libro publicado por la Academia de Educación en octubre de 2005, titulado Política educativa para nuestro tiempo , Juan Carlos Tedesco, en un capítulo a su cargo, marcó ciertas características de la transformación de la enseñanza en nuestro país. De esos rasgos algunos ya se han modificado en el corto tiempo transcurrido. Así, aunque ha persistido el propósito de servirse de la ley como instrumento de cambio educativo, la norma entonces vigente ya caducó y dio paso, en 2006, a la nueva ley nacional de educación 26.206.

Las dos normativas tuvieron un carácter integral, más acentuado en la última, que posee el carácter de un plan de gobierno. En 2005, la estructura del sistema de enseñanza establecía tres niveles; ahora, rige otra vez la estructura primario-secundaria. Por lo tanto, los responsables del área educativa deben diseñar las políticas sectoriales en un cuadro muy fluido, que admite cambios y retornos sustanciales.

Para el ministro Juan Carlos Tedesco el objetivo principal se cifra en recuperar la calidad educativa de nuestro sistema -meta hoy distante-, que permita superar los bajos resultados registrados en las pruebas de evaluación, según patrones internacionales. Para este fin, el funcionario enfatizó la responsabilidad de los aportes del Estado, la escuela y la familia. Además subrayó que, habiendo sido el descenso de calidad uno de los efectos de la crisis económica de principios de este siglo, superada parcialmente esa situación, corresponde a los padres obrar con mayor presencia, control e interés en el aprendizaje de los hijos, en una acción más eficaz y coordinada con los docentes.

Lo dicho por el funcionario nacional no es novedoso, pero es positivo que se insista en los beneficios de una acción conjunta familia-escuela. A la vez, es indispensable que se insista en la influencia del contexto socioeconómico como determinante del desigual aprovechamiento del aprendizaje por parte de los alumnos, de modo que las diferencias exigen para su corrección la mejora de las condiciones sociales y laborales en que se desenvuelve la familia.

En lo que concierne a las declaraciones referidas a la jurisdicción bonaerense, el profesor Mario Oporto puso como primer propósito la extensión horaria, de acuerdo con el artículo 28 de la actual ley educativa. En la propuesta se insinúa dejar a un lado el debate por un mayor número de días de clases y sustituirlo por un incremento de la carga horaria que, comparativamente, es mucho menor entre nosotros que en la mayoría de los países y está muy por debajo de los que alcanzan mejores rendimientos. La aspiración es válida, aunque de difícil realización, porque los cambios de horarios afectan a todos: familia, docentes y hasta las escuelas en las que se trabaja en distintos turnos y con distintas modalidades de enseñanza.

Otro objetivo de importancia enunciado por el profesor Mario Oporto es la reducción de la deserción escolar, mal que no abandona al sistema y constituye un plausible propósito por lograr. El mismo juicio merece la política de avanzar en el desarrollo de la obligatoriedad escolar, desde la educación inicial hasta el fin de la escuela media. Desde luego, todo eso exige progresos en la construcción y en los equipamientos de escuelas en una provincia en la cual 1375 edificios presentan deterioros y, de ellos, 400 con daños severos.

En suma, los objetivos están justificados en los dos casos, la cuestión es ponerlos en marcha, lo que demanda continuidad de las políticas, tan irregulares entre nosotros, y asegurar su financiación. Importaría, también, que las metas no sean enunciados abstractos, sino que se especifiquen en términos parciales, pero concretos, los tiempos de ejecución.

Pero, por sobre todas las cosas y como muchas veces hemos insistido en estas columnas, se requiere que toda la sociedad, incluidos sus dirigentes, comprenda que es urgente traducir todos los buenos deseos en acciones claras y coherentes, que sepan transmitirles a las nuevas generaciones la convicción sobre la real preocupación por el estado de la enseñanza. La construcción de una verdadera política de Estado, en la que se valore la cultura del trabajo y del esfuerzo por saber y aprender, no puede seguir siendo pospuesta indefinidamente.