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El plan para ahorrar energía


Hacia fines del año que acaba de concluir, el gobierno nacional puso en marcha el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía (Pronuree), con la modificación del huso horario en todo el territorio nacional. En el futuro inmediato se prevé la distribución gratuita de cinco millones de lámparas de bajo consumo para ser usadas en los hogares y el reemplazo de luminarias de alumbrado público con similar criterio. Se instrumentarían, además, incentivos crediticios para quienes adquieran electrodomésticos de consumo reducido. El objetivo del programa es lograr un ahorro del 6 por ciento en el consumo de energía eléctrica.

En función de las carencias en el suministro de energía eléctrica en los días calurosos de este verano -evidenciadas con los cortes de luz que en estas horas está sufriendo casi todo el país- y de la necesidad de plazos prolongados para incrementar la capacidad de generación, el propósito de ahorrar energía se torna imperioso.

El plan tiene algunos aspectos positivos. Debe destacarse el reconocimiento más manifiesto de que existe una crisis energética. Hasta ahora, las autoridades nacionales se habían resistido a reconocer abiertamente esta situación. Algunas medidas, como las ahora adoptadas, habían sido analizadas y propuestas desde hace al menos cuatro años. Deben ponderarse también positivamente los conceptos propuestos de racionalidad y eficiencia en el uso de la energía, aunque el adelantamiento de la hora ha generado protestas en las provincias del Oeste que tienen un fuerte fundamento en su impacto sobre los hábitos sociales.

Sin embargo, una visión más abarcadora del problema lleva a considerar la insuficiencia de las medidas encaradas. El 6 por ciento de ahorro, aunque ponderable, apenas alcanza para cubrir el crecimiento del consumo en menos de un año y sería casi equivalente por ejemplo, a la merma de generación recientemente provocada por la falla de un transformador en la Central Puerto.

La crisis eléctrica se ha originado en la insuficiencia de oferta por la ausencia de inversiones durante siete años. La causa principal ha sido la intervención gubernamental en el sistema de precios, tanto mediante congelamientos de tarifas como por medio de desmesurados derechos de exportación. Es, en esencia, el mismo origen que ha determinado faltantes en la provisión de gas y el que está llevando al país a la pérdida del autoabastecimiento de petróleo cuando su precio internacional toca los 100 dólares por barril.

Sólo una recuperación de la rentabilidad y la confianza, que alienten la inversión en generación y en el refuerzo de las redes de transmisión y distribución, permitirá resolver la crisis eléctrica que vivimos.

En ámbitos oficiales se sigue sosteniendo que las empresas no han invertido desde mediados de la década del 90. Probablemente por razones ideológicas se intenta desvirtuar el impulso que las privatizaciones le dieron al sector energético y, además, desvincular los congelamientos tarifarios del origen de la crisis. El Enargas, en su momento, informó que las empresas del sector habían cumplido con las obligaciones pactadas hasta 2002. Desde la devaluación con pesificación y congelamiento de las tarifas, los observadores independientes vienen advirtiendo sobre la problemática situación de las empresas privatizadas de servicios.

El Gobierno apostó a que, mediante subsidios e inversiones con fondos fiduciarios de origen básicamente tributarios, se pudieran neutralizar los efectos. Pero esto no ha funcionado en el mercado del gas ni en el eléctrico, estando ambos intrínsecamente relacionados. A pesar de las fuertes reducciones de las exportaciones de gas a Chile, las centrales eléctricas y las industrias han sufrido restricciones de suministro, que se han manifestado con fuerza creciente desde 2004, durante los inviernos. El uso de fueloil o gasoil a un precio mucho mayor implica crecientes erogaciones fiscales cuando es compensado por el Estado, o mayores costos cuando deben solventarlo los propios productores.

El Pronuree reconoce como antecedente el PURE (Programa de Uso Racional de la Energía), que persiguió reducir el crecimiento del consumo de electricidad mediante un plan de premios y castigos tarifarios sobre los consumos residenciales que superaran los registros del año anterior. Hoy se reconoce la relativa ineficacia de aquel programa. Tal vez haya tenido mayor impacto sobre la demanda eléctrica de redes públicas la disposición adoptada hace más de un año de que los consumos industriales adicionales se resuelvan con autogeneración. La incorporación de grupos electrógenos propios en fábricas ha cobrado importancia, como se deduce de la información sobre importaciones.

Este hecho se refleja también en la disminución en los últimos meses de la tasa de crecimiento de la demanda eléctrica a las redes. En noviembre último esa tasa fue de apenas el 3% respecto del mismo mes del año anterior debido a la reducción de las compras de industrias, mientras que la producción manufacturera creció a un ritmo superior al 8 por ciento. Esta sería, a la vez, una buena y una mala noticia. Por el lado positivo, estaría contribuyendo a un alivio en la crisis; por el negativo, mostraría ineficiencia y costos crecientes en relación con un sistema energético racional. Además, el fuerte aumento de la autogeneración está demandando consumos crecientes de gasoil y provocando por ese lado dificultades en el suministro de este combustible a las estaciones de servicio.

Los programas de ahorro de energía deben ser bienvenidos. No obstante, la solución estructural de la crisis debe pasar por la recomposición del marco institucional y económico del sector y por el aliento a la inversión privada. Una estructura de precios realista y que refleje los costos es el camino idóneo para reducir los consumos superfluos e incentivar el crecimiento de la oferta. La verdadera inteligencia aplicada al problema será aquella que lo logre, atendiendo a la vez la amortiguación de los efectos sociales de corto plazo que puedan derivarse de las verdaderas soluciones estructurales.