lunes, diciembre 03, 2007
- TICKETS -
El debate sobre los tickets canasta
No es frecuente que un proyecto legislativo que durante años parecía frenado de golpe avance velozmente hasta merecer la sanción de una de las cámaras del Congreso, como acaba de ocurrir con la iniciativa presentada por el diputado Héctor Recalde, conocido asesor del líder sindical Hugo Moyano, para que los vales alimentarios que reciban los trabajadores pasen a ser remunerativos.
Sin duda, la denuncia sobre un intento de soborno por parte de una cámara empresarial al diputado autor del proyecto de ley para que éste fuera "cajoneado", que incluyó una filmación con cámara oculta, provocó la agilización del referido trámite parlamentario. Más aún, modificó la indiferente o negativa posición del gobierno nacional hacia la iniciativa de Recalde. Altos funcionarios avalaron por primera vez el proyecto, incluso luego de que semanas atrás el Poder Ejecutivo decidiera aumentar el monto que los empleadores pueden pagarles a los trabajadores diariamente en concepto de tickets canasta.
Desde ya, corresponde que la denuncia sobre la tentativa de sobornar a un legislador sea investigada por la Justicia con la debida profundidad y que tanto el diputado en cuestión como la cámara empresarial acusada y las empresas del sector aporten todos los elementos indispensables para que se esclarezca este oscuro episodio, al tiempo que se les imponga una digna sanción a los corruptos.
Del mismo modo, el Congreso debería aprovechar este escándalo para reflotar el tratamiento de numerosas iniciativas presentadas por legisladores con el fin de transparentar los procedimientos legislativos, empezando por la regulación de la gestión de intereses, actividad conocida en forma corriente como lobbying .
Pero el hecho en sí de la denuncia, que lógicamente conmovió a la opinión pública, no debería habilitar a los diputados y senadores a tratar con ligereza el proyecto de ley que originó el escándalo.
Nada debe obligarnos a deducir que una iniciativa legal es adecuada o justa por el solo hecho de que intereses sectoriales hayan pretendido abortarla mediante procedimientos absolutamente condenables.
Es menester que los senadores nacionales, ahora que el proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados, se aboquen a estudiar si, efectivamente, la iniciativa de Recalde es tan favorable para los trabajadores como se dice o si sólo beneficiará a las obras sociales, que verán incrementar su recaudación por el mayor pago de aportes laborales.
Cabe recordar que el trabajador que percibe vales alimentarios, al no tener éstos carácter remuneratorio según la legislación vigente, sufre menores descuentos destinados a la seguridad social, lo cual implica un mayor ingreso inmediato. Como desventaja para el trabajador, puede señalarse que esos tickets limitan la libertad de consumo del trabajador, al tiempo que disminuyen su ahorro previsional.
Desde el punto de vista del empleador, la transformación de los vales alimentarios en remuneratorios implicará un aumento del costo laboral, por la vía de mayores cargas sociales por pagar. Más aún, como el proyecto que analiza el Congreso prevé que las empresas adicionen el monto necesario para evitar que llegue menos dinero al bolsillo de los trabajadores, ese costo pesará todavía más en el desembolso que deberán concretar los empleadores si se hace efectiva la iniciativa presentada por el diputado Recalde.
Esta cuestión, incluso, podría llegar a impactar con impredecible magnitud en las próximas negociaciones paritarias, a la hora de discutir las retribuciones salariales, y no precisamente en forma favorable para el trabajador.
Del mismo modo, la consagración de la iniciativa de que los tickets canasta fuesen remuneratorios haría que la mayoría de los empleadores optasen por abonar esa parte de los salarios con moneda corriente, lo cual llevaría, es previsible, a una más rápida que lenta desaparición de las empresas de vales alimentarios.
Frente a esta situación, corresponde que el Poder Legislativo analice el proyecto en cuestión con la seriedad necesaria, sin pausa, pero sin una prisa excesiva que omita consultas con todos los sectores involucrados, tratando de equilibrar los genuinos intereses de trabajadores y empleadores.