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La vigencia de la vieja política


El año que está por concluir, al igual que los últimos, nos deja a los argentinos una enorme deuda en materia de calidad institucional.

Es paradójico que esta antigua asignatura pendiente no encuentre un cauce hacia el progreso, a pesar de que en 2007 la ciudadanía acudió a las urnas para elegir autoridades presidenciales por sexta vez consecutiva desde la reapertura democrática de 1983.

Nuestro déficit de calidad institucional se asocia con la vigencia de la llamada "vieja política", un mal que se advierte tanto en los protagonistas de la vida pública como en los procedimientos para ejercer el poder.

Lo apreciamos el 28 de octubre último en el sinnúmero de irregularidades denunciadas en el acto electoral nacional, que incluyó errores operativos que derivaron en interminables filas de votantes; la desaparición de boletas en los cuartos oscuros; las conocidas maniobras clientelistas, y, también, un escaso compromiso cívico demostrado por no pocos ciudadanos que, habiendo sido designados como autoridades de mesa, no cumplieron con su deber.

Observamos esa baja calidad institucional en un Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) víctima de la expulsión de profesionales, cuyos responsables parecen sólo preocupados por disimular una realidad que no escapa a los bolsillos de la población, que no entienden de manipulaciones numéricas.

Y la vemos, entre otros tantos ejemplos, en la ineficacia de la Justicia para condenar como se debe a los delincuentes comunes o para desentrañar los más graves casos de una corrupción administrativa que está a la vista de todos, al igual que en la incapacidad del Estado para garantizar el orden público frente a grupos que pugnan permanentemente por ganar la calle.

La presidenta Cristina Kirchner se ha cansado de repetir, tanto desde que asumió la jefatura del Estado como durante su campaña proselitista, que la calidad institucional será uno de los principales ejes de su gestión. Pero eso no será factible si no se separa claramente de los representantes de la vieja política que la acompañan y de sus condenables metodologías.

Cabe dudar de los reales propósitos de la primera mandataria, si se tiene en cuenta que la primera ley que el Congreso de la Nación le concedió fue la emergencia económica, por la cual se prorrogaron facultades legislativas del Poder Ejecutivo, pese a que los tiempos actuales distan afortunadamente de los críticos momentos vividos en 2002, cuando curiosamente la hoy presidenta y entonces senadora se había negado a votarlas.

También cabe dudar de sus verdaderas intenciones, cuando la Presidenta se muestra con llamativa habitualidad tan cerca de algunos intendentes del conurbano bonaerense a quienes alguna vez su antecesor en la Casa Rosada señaló como representantes de la vieja política que había que combatir.

No menos dudas provoca el hecho de que la primera mandataria haya ratificado en sus cargos a funcionarios tan cuestionados como el secretario de Transporte, Ricardo Jaime; el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y Exequiel Espinosa, el presidente de la empresa Enarsa que fletó con dinero de los argentinos el avión que trajo a Guido Antonini Wilson y su valija, junto a un grupo de representantes de la compañía venezolana Pdvsa.

No puede menos que llamar la atención, además, que el gobierno de Cristina Kirchner les haya reservado un lugar a dirigentes piqueteros y que no se descarte una recompensa para el controvertido Luis D Elía, protagonista del insólito copamiento de una comisaría y público defensor del régimen iraní que niega extradiciones solicitadas por el Estado argentino por la causa vinculada con el atentado contra la AMIA. Del mismo modo que sorprende el afán del matrimonio presidencial por codearse con figuras del sindicalismo que, como Hugo Moyano y Gerardo Martínez, no han dudado en sembrar el caos en las calles para medir su poder de convocatoria.

Lamentablemente, la cuestión de la calidad institucional no aparece como un tema prioritario en las encuestas que miden las principales preocupaciones de la opinión pública. Habrá que esperar que la gente advierta que menos calidad institucional afecta y mucho a la economía y, por ende, a sus bolsillos. Se trata de un desafío que la oposición debería asumir como propio antes de que sea muy tarde.

Entretanto, habrá que aguardar que quienes gobiernan el país entiendan que la calidad institucional es mucho más que su mera mención en un discurso político maravillosamente improvisado.