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Picadas,


una grave amenaza latente


El complejo y dramático problema de la inseguridad en el tránsito debería ser un tema prioritario en la agenda oficial. Sin embargo, no lo es. Un ejemplo de esta tendencia negativa son las reiteradas postergaciones padecidas por la ley que reprime las llamadas "picadas".

Hay numerosas estadísticas que reflejan la gravedad de las alternativas provocadas por las desaprensivas actitudes de los automovilistas. Se reiteran las manifestaciones acerca de la cada vez más imperiosa necesidad de cambiar el curso de los acontecimientos. Es menester realizar un verdadero esfuerzo para reducir el doloroso impacto prácticamente cotidiano de las desgracias y daños producidos como consecuencia de la indisciplina y la imprudencia. Pero el impulso, lamentablemente, no dura lo necesario y termina diluyéndose sin haber producido cambios significativos.

Los índices de accidentes viales son cada vez más altos y se convierten en una señal de alarma que no puede ni debe desatenderse. La manera más eficiente de enfrentar este problema pasa por ejercer controles apropiados, hacer cumplir las normas y aplicar enérgicas sanciones a quienes las transgredan. Sin embargo, una cultura de la anarquía, la indiferencia y la impunidad parece consolidarse sin que nadie reaccione. En efecto, las prácticas de manejo imprudentes y peligrosas están ampliamente difundidas; las normas vigentes son mucho más permisivas y menos penalizadoras que las que existen en países con mejor seguridad vial y, finalmente, los controles son completamente deficientes.

Los accidentes de tránsito siguen constituyendo la principal causa de muerte en la Argentina para las personas de hasta 35 años. Según estadísticas recientes, más de veinte personas mueren por día en accidentes viales y unas 15.000 personas quedan discapacitadas en distinto grado cada año a causa de esos accidentes.

A pesar de todo ello, resulta paradójico que en el Año de la Seguridad Vial, así declarado por el Poder Legislativo nacional para dejar sentado el interés del Estado por encontrar una solución a las muertes producidas en accidentes de tránsito, el Senado sigue sin tratar un proyecto impulsado por los familiares de las víctimas.

Se trata del proyecto de ley que tipifica como delito la realización de picadas o competencias ilegales con penas de entre seis meses y tres años de cárcel y hasta seis de inhabilitación para conducir.

El proyecto incorpora al Código Penal la figura de las destrezas automovilísticas, con penas para quienes corran picadas y para los que faciliten su realización, lo cual alcanzaría a los familiares o amigos que prestaren el automóvil a un conductor a sabiendas de que se lo utilizará para una picada.

Hace pocos días, se dispuso que la familia de la madre y su pequeña hija, fallecidas hace ocho años en una colisión por la cual fue condenado penalmente el automovilista Sebastián Cabello, fuera indemnizada con un millón de pesos. La justicia en lo civil así lo resolvió en primera instancia; obliga a pagar ese resarcimiento a Cabello, sus padres y la compañía en la cual estaba asegurado el automóvil con el cual se causó la tragedia, cuando corría una picada por la avenida Cantilo. Pero será la aseguradora la que, efectivamente, deberá pagar si la Cámara de Apelaciones confirma el fallo que fue apelado por ésta.

La cantidad de muertes que se cobran los accidentes de tránsito representan una verdadera tragedia nacional. Por consiguiente, resulta necesario crear en los automovilistas y choferes de vehículos en general una cultura que preserve la vida. La única forma de lograrlo es mediante el estricto apego a las normas vigentes en la materia. Por otro lado, deberá instarse a los legisladores a no demorar la sanción de un proyecto de ley que penaliza una práctica condenable desde todo punto de vista y que se ha cobrado demasiadas víctimas inocentes.