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Emergencia económica ambigua


La Argentina de hoy, afortunadamente, es diferente de la que, casi seis años atrás, en el verano de 2002, debió admitir una ley de emergencia económica que delegó en el Poder Ejecutivo amplias facultades propias del Poder Legislativo. Sin embargo, días atrás, el Congreso de la Nación prorrogó una vez más esa norma.

La ley en cuestión le permitirá a la presidenta de la Nación renegociar contratos con las empresas de servicios públicos privatizados sin intervención de los legisladores, además de gravar exportaciones y modificar alícuotas impositivas, bloquear determinadas sentencias judiciales y recurrir al per sáltum en los casos de medidas cautelares que obstaculicen, perturben o comprometan actividades esenciales del Estado nacional.

No llama la atención que los legisladores oficialistas, desde hace tiempo meros "levantamanos" que han convertido al Congreso en una suerte de escribanía de la Casa Rosada, hayan aprobado la prórroga de esta norma. Sí sorprenden los argumentos, dado que entre los fundamentos de la ley se señala que aun cuando el país "ha logrado una significativa mejoría en su situación económica y financiera" persisten "situaciones que deben ser atendidas dentro del contexto normativo de emergencia". Entre tales cuestiones son mencionados, sin mayores precisiones, los "numerosos factores internos y externos condicionantes de los objetivos económicos y sociales". Tamaña ambigüedad jamás puede justificar una ley de emergencia.

Del mismo modo, asombra que la presidenta de la Nación, quien durante años se abstuvo de aprobar, en su carácter de legisladora nacional, tanto la ley original como sus sucesivas prórrogas, ahora consienta esta voluminosa delegación de facultades legislativas que muy poco tiene que ver con la calidad institucional que se ha preocupado por pregonar en sus últimos discursos públicos.

El doble mensaje de las autoridades es tan evidente como en muchas otras actitudes vinculadas con la actual política económica. Se cuestiona permanentemente el modelo de los años 90, pero son empleados desde el poder central mecanismos similares a los de aquel entonces para someter a las provincias. Son criticados los gobiernos anteriores, pero se continúan usando sus herramientas distorsivas para recaudar más, como el impuesto al cheque que ideó Domingo Cavallo y la llamada "tablita" para el régimen de ganancias que inspiró José Luis Machinea. Finalmente, se apostó a una política con tipo de cambio alto con el pretexto de favorecer la exportación, mas no se duda en imponer cada vez mayores retenciones a las ventas al extranjero de no pocos productos.

Pero lo más grave pasa por el deterioro institucional que supone la virtual inexistencia del Poder Legislativo, incluso pese a contar el oficialismo, a partir del lunes último, con una abrumadora mayoría en ambas cámaras y por la consolidación de una cultura política donde el tradicional presidencialismo asume por momentos las formas del cesarismo.