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Subsidios:

nada transparentes


La transparencia no ha sido una característica del gobierno de Néstor Kirchner. Habla por sí solo el hecho de que, entre 2004 y 2007, el Poder Ejecutivo Nacional haya manejado sin control casi 50.000 millones de pesos, por la vía de decretos de necesidad y urgencia.

Esta situación es habitualmente la consecuencia del envío al Congreso de proyectos de presupuesto que subestiman la recaudación fiscal, lo cual, en virtud de la absurda ley de los llamados superpoderes, le permite al Poder Ejecutivo administrar discrecionalmente cualquier excedente de recursos por encima de lo presupuestado.

No es ése el único aspecto cuestionable. Los últimos años han dado cuenta de un verdadero festival de subsidios del Estado, a menudo otorgados en función de criterios poco o nada transparentes, y en los cuales los amiguismos políticos han desempeñado un papel preponderante.

Para el año próximo, se estima que el Estado nacional gastará un 28 por ciento más que este año en materia de subvenciones a empresas privadas y estatales y a fondos fiduciarios.

Un ejemplo grotesco de la discrecionalidad que hoy se observa en el sector público, cuyo correlato es el déficit de la calidad institucional, puede advertirse en un reciente decreto de necesidad y urgencia, emitido por el gobierno nacional, mediante el cual se inyectaron en el presupuesto unos 14.200 millones de pesos adicionales, de los cuales casi la mitad fueron destinados al Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido, y fueron aplicados a mayores subsidios al transporte y a paliar la crisis energética.

Entre los subsidios más llamativos que el Estado les entregará el año próximo a empresas e institutos públicos figuran Agua y Saneamientos (AySA), que recibirá 475 millones de pesos; la petrolera Enarsa, 850 millones; el ferrocarril Belgrano, 85 millones; el portal Educ.ar, 13,9 millones; el Sistema Nacional de Medios Públicos, 192 millones, y Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF), 122 millones de pesos.

Con todo, hay aspectos más oscuros aún, como el referido a la adjudicación de subsidios a organizaciones no gubernamentales, sin guardar la necesaria transparencia en su entrega.

Uno de los casos más controvertidos es el de los beneficios concedidos a la organización Madres de Plaza de Mayo, que durante 2006 y lo que va de 2007 percibió del gobierno nacional casi dos millones de pesos. Más llamativo incluso resultó el aporte que esta fundación recibió del gobierno de la ciudad de Buenos Aires: nada menos que 32 millones de pesos para la construcción de 600 viviendas en Villa Soldati.

La sorpresa reside en que, con ese dinero, Madres de Plaza de Mayo organizó el trabajo en tres villas de emergencia, pero el compromiso social involucra un costo para la asistencia de habitantes del lugar, dado por la asistencia a cursos de pensamiento político inocultable mente tendencioso.

Las cátedras son impartidas por personal de la Universidad de las Madres, uno de cuyos docentes es el encargado de negocios de Irán, Moshen Baharvand. No es casual que Hebe de Bonafini haya estado hace unas semanas en Bolivia, invitada a la recepción que el presidente Evo Morales dio al mandatario iraní Mahmoud Ahmadinejad, aliado estratégico del gobierno venezolano.

En reiteradas ocasiones, hemos advertido desde estas columnas la necesidad de fomentar un cambio en la forma de hacer política y de utilizar los fondos públicos, con dirigentes que, a pesar de las diferencias ideológicas, converjan en el bien común.

Punto esencial de ese cambio deberá ser la distribución equitativa, transparente y con la debida rendición de cuentas de los fondos públicos con los controles que toda república debe instrumentar, de modo de despojar su otorgamiento de toda sospecha de corrupción o de pago intencionado de favores políticos o ideológicos.

Hasta tanto no se tenga en cuenta esa necesidad, la Argentina no dejará de estar entre los peores cuando se miden la corrupción, la inseguridad jurídica y la mala calidad de sus instituciones.