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Trámites temibles


En condiciones normales, hacer un trámite en nuestro país casi siempre implica molestas pérdidas de tiempo, incontables demoras e infructuosas gestiones ante una burocracia cerrada e indiferente al padecimiento ajeno. Pero hay ciertas gestiones que tienen un plus de dificultades, lo cual las convierte en francamente temibles. Y muy pocos, que se sepa, se han molestado en volverlas más accesibles al público.

Días atrás, una nota publicada por LA NACION, al igual que algunos programas de la televisión, dio cuenta del calvario al cual son sometidos quienes necesitan obtener o renovar su pasaporte o su cédula de identidad, discutir una multa en la Unidad Administrativa de Control de Faltas del gobierno porteño, renovar el Documento Nacional de Identidad (DNI), legalizar documentación en la Universidad de Buenos Aires o dar de baja una línea de telefonía celular incluso en las principales empresas del rubro, por citar apenas un puñado de ejemplos entre una considerable cantidad de desconsideraciones para con el prójimo inerme.

Hay características negativas que son comunes a todos esos trámites y, también, a muchos otros por el estilo. Casi indefectiblemente hay que concurrir a efectuarlos en oficinas incómodas y atiborradas de usuarios cuyo humor no es el mejor; menudean las quejas y escasean las indicaciones correctas, por lo cual, tras dos horas o más de espera, el usuario hasta puede enterarse de que "acá no es". Estilo usual que oscila entre la incompetencia, la holgazanería y el franco desdén, y que, aunque parezca mentira, ha contagiado a más de una empresa privada.

Nadie, entre los burócratas de turno, se compadecerá de esos frustrados usuarios. Ni tampoco lo hará por el hecho de que esos comportamientos ineficientes implican disponer en forma indebida del tiempo y de la paciencia de quienes no tienen más remedio que el de peregrinar tras una documentación que les es imprescindible.

No resulta casual que recientemente un estudio del Banco Mundial haya ubicado a la Argentina en el 109° puesto en un ranking de competitividad.

En otros países, acaso más civilizados que el nuestro, los funcionarios y los empleados públicos no sólo han sido designados por concurso y están capacitados para desempeñar a la perfección la tarea que tienen asignada, sino que además disponen de los recursos tecnológicos necesarios, forman parte de una carrera administrativa adecuadamente retribuida y se los instruye en la consideración para con el prójimo.

Aquí, por lo visto y comprobado, casi nada de eso ocurre, empezando porque las designaciones para ocupar puestos públicos -si no todas, por lo menos una buena parte- son producto de la mera retribución de favores políticos o de compromisos familiares.

Es de esperar que en esta época de renovación de autoridades, alguien tome nota de la persistencia de estas ignominiosas situaciones y haga cuanto fuese menester para corregirlas.