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Malvinas: realismo en serio

Por Andrés Cisneros
Para LA NACION


El 11 de este mes, LA NACION publicó un artículo en el que William Ratliff proponía un acuerdo realista sobre las Malvinas. Se trata de las mismas ideas de una nota suya, más amplia, publicada en Estados Unidos cuatro días antes, con ideas que vale la pena revisar.

Es verdad que "cambiar un statu quo de 174 años sería, inevitablemente, difícil". Sin embargo, no sería mayor que la descolonización de todo lo que, durante mucho tiempo, integraba el imperio británico. Cierto que en ninguna parte los habitantes británicos eran mayoría, pero piénsese en la India, Hong Kong, Medio Oriente y el sudeste asiático. Medidos con las eventuales dificultades de descolonizar las Malvinas, seguramente requirieron un esfuerzo incomparablemente superior.

El reclamo argentino se basa en derechos que distan mucho de una escala que vaya "de lo poco convincente a lo ridículo". La entera comunidad jurídica internacional y las Naciones Unidas los reputan como serios y consistentes.

Acierta, en cambio, este profesor al afirmar que, para los británicos, el problema consiste en "salvar el obstáculo de la existencia misma de los isleños". En efecto: ese es su principal problema, y si no ayudamos a resolverlo jamás avanzaremos un paso.

Hombre práctico, afirma que el asentamiento de británicos en las islas debe "prevalecer sobre cualquier reclamo legal". En la Argentina preferimos pensar que los derechos de ambas partes deberían ser articulados armoniosamente, no meramente consagrando los hechos consumados por la parte más poderosa en el litigio.

Su reivindicación del principio de autodeterminación de los isleños es un error jurídico ya sancionado por la resolución 2065 de las Naciones Unidas. Desde 1982, los ex kelpers son ciudadanos británicos plenos. Como bien ha dicho Rodolfo Terragno, supeditar todo a su opinión significaría convertirlos en juez y parte, la esencia de lo antijurídico.

Ratliff también desvaloriza el derecho territorial argentino que surge de nuestra cercanía geográfica con el archipiélago y procura ilustrarlo con ejemplos que él mismo califica de absurdos. Al respecto, debe decirse que EE.UU. nunca pretendió soberanía sobre Bahamas, ni China sobre Japón, ni Francia sobre el Reino Unido. No, al menos, en los últimos 700 años. Ratliff debería tomarlo en cuenta, así como el hecho de que, mala o buena, la expulsión de los indígenas en América no puede compararse con la de los argentinos de Malvinas en 1833: por ese entonces, Inglaterra y Argentina se reconocían mutuamente como países soberanos, mantenían relaciones diplomáticas y formaban parte de un mismo sistema internacional, crecientemente liderado por Londres y sedicentemente comprometido con la vigencia del derecho y el respeto entre los Estados.

Discutible en su argumentación, acierta, sin embargo, el autor en su propuesta de incrementar la cooperación, que él imagina con las islas bajo administración tripartita con la ONU, creciente interacción entre ambas sociedades, reconocimiento británico de nuestro reclamo y moratoria razonable (serían demasiados los 174 años que sugiere) para la discusión final de soberanía. Como aquí lo propuso lúcidamente Guido Di Tella, toda cooperación acordada debe ser bienvenida. La solución definitiva vendrá mucho menos de las astucias de políticos y diplomáticos que de la convivencia cooperativa de los ciudadanos de a pie.

El autor concluía la versión norteamericana de ese artículo manifestando su escasa esperanza en nuestros actuales gobernantes. Omitido esto por él mismo en la edición local, seguramente por delicadeza, sus conclusiones también pueden compartirse: la solución en las Malvinas no es imposible, pero requiere de estadistas. En estos momentos, no estamos siendo gobernados por ellos. Ni aquí ni en Londres.

El autor fue secretario de Relaciones Exteriores y Asuntos Latinoamericanos (1996-1999)