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Exceso de empleados públicos


La negativa tendencia a sacar provecho de los empleos públicos para hacer proselitismo, retribuir favores electorales y beneficiar a supuestos desposeídos no es nueva. Por lo contrario, está hondamente arraigada en gran parte de nuestra clase política. También ha contagiado al gobierno porteño, que durante los últimos cinco años ha incorporado, en promedio, un agente cada tres horas.

El engrosamiento de la denominada planta funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires viene en paulatino crecimiento desde los tiempos de la ex municipalidad y no ha mostrado visos de ser revertido.

El plantel de empleados estables fue incrementado en casi el 15 por ciento entre 2002 y mayo último, período durante el cual los trabajadores de los sistemas sanitario, educativo, de servicios y administrativo pasaron de 92.340 a 105.933. A ellos hay que agregarles 10.885 contratados, lo cual hace un total de 116.118 agentes públicos locales, con el complemento de alrededor de otros 9200 que revistan en los entes descentralizados y casi 2000 de la Legislatura, cuyos sueldos también engruesan el presupuesto.

Es muchísimo, incluso para una ciudad de tan generosas dimensiones como Buenos Aires. En proporción, otras urbes igualmente extensas y con mayor cantidad de población utilizan menores planteles de personal. Es éste un dato sugestivo, en especial si se repara en las demoras y la ineficiencia que suelen caracterizar la atención al público en no pocos sectores de esa administración.

La planta gubernamental porteña se muestra exageradamente sobredimensionada y es menester librarla de ese gravoso peso. El exceso de personal incide en forma notable en las dificultades presupuestarias, empezando por los llamados "ñoquis", quienes cobran sin trabajar o trabajando lo menos posible, y por la Guardia Urbana, poco funcional para las finalidades para las cuales fue creada.

Es obvio que la intención de reducir el número de empleados sugerida por el jefe porteño electo, Mauricio Macri, provocará una ola de protestas y controversias, cuando no amenazas desde sectores gremiales.

Cada sueldo abonado por el gobierno porteño -más las cargas sociales, por supuesto- debe ser absorbido por el presupuesto que se alimenta de los aportes de los contribuyentes y que en un cuantioso porcentaje está exclusivamente destinado a financiar esa multimillonaria masa salarial. Cae de su peso que una elemental y sana política financiera requeriría no dilapidar esos ingresos en darle cobijo al personal ineficiente, excedente, modalidad que, además, sería un franco testimonio de la existencia de focos de alarmante corrupción. Cuanto se economice en ese sentido debería ser destinado a equilibrar el presupuesto, y a atender obras y servicios que contribuyen al bienestar de la población y están en trance de ser suspendidos por causa, precisamente, de las dificultades que atraviesan las finanzas porteñas.

Esa sana reformulación administrativa debería ser puesta en práctica, por cierto, una vez verificados en forma imparcial y fehaciente los rendimientos laborales de todos los agentes públicos locales, a fin de no incurrir en injusticias, y tras adoptar la firme decisión de ponerles punto final a las incorporaciones de personal promovidas por favoritismos o conveniencias políticas.