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Usurpaciones: un mal reiterado

La usurpación de viviendas es un mal que se extiende y se reitera por casi todo el país, pero ha tenido en la ciudad de Buenos Aires sus expresiones más violentas en las últimas semanas. En efecto, la zona porteña del Bajo Flores fue el escenario de un nuevo episodio de usurpación y saqueo de las viviendas que construye el Instituto de la Vivienda de la ciudad, llevado a cabo por grupos organizados que tomaron un edificio con destino a personas de bajos recursos de las villas de emergencia.

La ocupación fue hecha con apoyos de diversa índole, incluyendo camiones, y hasta que fueron desalojados por la policía los ocupantes cometieron desmanes y destrozos, además de haberse llevado todos los elementos que pudieron, como materiales de construcción o cocinas.

El operativo de recuperación fue realizado por personal policial, formado en buena parte por mujeres, que actuó sin armas. Los usurpadores se retiraron sin grandes violencias, aunque un efectivo de las fuerzas de seguridad fue herido.

El complejo tomado ya había sido objeto de avasallamientos parecidos en dos oportunidades anteriores. En aquel desalojo habían participado 600 policías y el procedimiento terminó con 52 personas detenidas y puestas a disposición de la Justicia. De ellas, 37 fueron procesadas por daño agravado por tratarse de un bien público, usurpación, resistencia a la autoridad e incendio. Se trató de la tercera ocupación de las viviendas, ya que habían sido tomadas en julio y en agosto del año último.

Mucho se ha dicho sobre este antiguo problema de las usurpaciones, que no parece revertirse. También es mucho lo que se ha señalado acerca de la poco efectiva política oficial en relación con las viviendas destinadas a personas de bajos recursos. No han sido la adecuada planificación ni los mejores criterios técnicos y económicos las razones dominantes al encararlo. Abundan, por otra parte, los motivos para pensar que detrás de estas usurpaciones hay motivaciones políticas y acciones mafiosas que no son precisamente dignas de alabanza.

El estado de necesidad -término del cual se ha hecho uso y abuso- pretendió explicar invasiones que no eran o son más que meros delitos, cometidos al amparo de las autoridades gubernamentales, legislativas, policiales y judiciales. Ni el agravamiento de las penalidades contempladas para la ocupación de inmuebles ni la instrumentación de procedimientos de desalojo más terminantes han hecho desistir a los intrusos.

Parece evidente que el interés de los vecinos honestos que buscan una solución para sus problemas habitacionales es agredido por cuanto hacen quienes tienen otros objetivos y pretenden satisfacerlos de una manera penosa, que termina enfrentando no solamente a los vecinos con la policía, sino también con otros vecinos, en lo que a veces se suele llamar la guerra de pobres contra pobres.

Lo que no puede admitirse es que sigan existiendo estas acciones lamentables, que bien pueden volverse más graves cuando algunos de los factores potencialmente conflictivos de las situaciones existentes toman dimensiones más severas. Los vecinos cuyas motivaciones de vida son sanas merecen que nada de todo esto llegue a concretarse.

Editorial La Nación