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El tránsito y el reino del revés

Una realidad cada vez más acuciante demuestra la necesidad de poner manos a la obra para ordenar el tránsito de la ciudad de Buenos Aires, de manera tal que deje de ser motivo preponderante de casi cotidianas situaciones caóticas. No obstante, esa certeza no condice con la decisión del gobierno local de iniciar esa empresa encareciéndoles el costo de los peajes de las autopistas urbanas a los vehículos que en las horas pico matutinas transporten a sólo una persona.

Mucho más razonable hubiera sido promover antes las iniciativas y obras imprescindibles para poder disponer de medios alternativos de transporte cómodos y eficientes. En cambio, esas tareas -unas pocas en curso de ejecución, otras en espera de ser licitadas y el resto aún meras formulaciones teóricas- sólo serían ejecutadas más adelante, lo cual induce a sospechar la soterrada influencia de cierta intencionalidad recaudatoria.

Así lo han considerado las organizaciones no gubernamentales y el Ente Regulador de Servicios Públicos de la ciudad al calificar de discriminatoria esta medida, que regirá desde mayo próximo. Reclaman, pues, que antes de ponerla en vigor y por tratarse de una modificación del uso de un bien público sea pasada por el tamiz de la audiencia pública, tal cual lo dispone la Constitución porteña en su artículo 63.

Las autoridades también han incluido en su multifacético anticipo el anuncio de la construcción de once viaductos en sustitución de otros tantos pasos a nivel, y el soterramiento o elevación de las trazas ferroviarias que atraviesan la ciudad; la terminación del anillo vial de circunvalación de la metrópoli; la habilitación de nuevas modalidades de estacionamiento de automotores; la extensión de las líneas de subterráneos y del premetro, junto con la habilitación del denominado Tranvía del Este; la actualización de los puentes sobre el Riachuelo y la construcción de otros dos; el mejoramiento de los centros de interconexión de los diversos medios de transporte; el perfeccionamiento de los sistemas de información sobre el estado del tránsito, y -¡por fin!- el estricto control del cumplimiento de las normas que rigen el transporte de cargas.

Observándolas con espíritu positivamente crítico, en su mayor parte se trata de apenas promesas renovadas -ni siquiera se ha podido concretar el renacimiento tranviario sobre un más que módico trayecto-, algunas de cuyas concreciones, incluso, dependerán de la mejor o peor predisposición del gobierno nacional, porque están dentro de su órbita.

Entretanto, los automovilistas, compelidos a desembolsar aumentos del 100 al 400 por ciento, deberán hacerle frente al gasto o resignarse a abordar trenes casi siempre desvencijados, retrasados y repletos, o colectivos en los cuales el pasaje suele recibir tratamiento similar al de la hacienda en tránsito.

Resolver hacer frente a los molestos inconvenientes provocados por el incesante incremento del parque automotor -sin olvidarse, asimismo, de corregir la indisciplina pertinaz que es característica en nuestros conductores- es una determinación plausible. Pero encararla por donde se la ha encarado equivale a tratar de escribir un libro empezando por la palabra "fin" y continuándolo de atrás para adelante.