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La política acorralada


La celebración de la Semana Santa se inició de manera penosa. Un docente de 40 años muerto en Neuquén como consecuencia de una represión policial desmedida; violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías en esa provincia y en esta capital; un gobernador provincial que soñaba con ser candidato presidencial francamente debilitado, y un gobierno nacional que trata, desesperadamente, de despegarse de la crisis patagónica.

Cualquier analista político descontaba que, en un año electoral, las presiones sindicales y la conflictividad tenderían a incrementarse. Pero probablemente no hasta el punto de que un gobernador de provincia, como el neuquino Jorge Sobisch, quedara ayer virtualmente atrapado en la propia sede gubernamental, cercada por manifestantes del gremio docente. O que el presidente de la Nación se encontrase con su residencia de Río Gallegos sitiada por activistas y desistiese de asistir al acto oficial por el 25° aniversario de la Guerra de las Malvinas, realizado el lunes último en Ushuaia, por temor a ser mal recibido por los estatales y docentes patagónicos que endurecieron su protesta.

Si hasta hace poco el mandatario neuquino estaba inquieto porque, en su carrera presidencial, no superaba mínimos niveles de conocimiento popular, hoy habrá de estar mucho más preocupado por haber saltado de la noche a la mañana a los primeros planos de la mano de un hecho tan desgraciado.

La candidatura a la presidencia de la Nación de Sobisch, al menos para el próximo turno electoral, ya es apenas un recuerdo.

El gobierno de Néstor Kirchner intentó ayer despegarse de la crisis de Neuquén. Hasta es probable que, en las próximas declaraciones de sus funcionarios, reivindique la gran paciencia y tolerancia que las autoridades nacionales vienen teniendo con piqueteros que a diario cortan calles y rutas, en un gesto que todavía debe interpretarse como una consecuencia del síndrome de la recordada represión policial del puente Pueyrredón que, en 2002, les costó la vida a dos manifestantes y anticipó la salida de Eduardo Duhalde de la Casa Rosada. "Cada provincia es dueña de su propia policía", insistió el ministro del Interior, Aníbal Fernández, desligando al Poder Ejecutivo Nacional de cualquier responsabilidad por lo ocurrido.

Más difícil será para el gobierno de Kirchner resistir los embates que ya está sufriendo por su política educativa. Desde un ala del espectro político se lo acusa de haber improvisado un aumento salarial para todos los maestros, dejando fuera de la discusión a los gobernadores provinciales, nada menos que los responsables de pagarlo. Y desde otra vereda se le critica que no acompañe a los docentes en sus demandas en las provincias sacudidas por conflictos. Un dato no menor es que en esta polémica queda tocado el candidato kirchnerista a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que no es otro que el ministro de Educación, Daniel Filmus.

Por encima de los ecos políticos de la tragedia neuquina quedan flotando muchas preguntas. Entre ellas, qué nos pasa a los argentinos para que una discusión salarial no pueda resolverse civilizadamente y en paz. O cuál es la raíz de la notable incapacidad de nuestras fuerzas de seguridad para garantizar el orden sin caer en una represión desmedida e irracional. Sean cuales sean las respuestas, difícilmente podrá justificarse este fracaso por la mera acción de un efectivo policial desorbitado.

Por Fernando Laborda
La Nación