lunes, marzo 26, 2007
- TEATROS -
Ley cultural: auspiciosa resolución
Hace muy poco se comentaba en la sección Espectáculos de este diario sobre el inédito fenómeno de la ausencia de suficientes salas teatrales en la ciudad de Buenos Aires como para albergar el gran número de obras que se quieren poner en escena. Paradójicamente, se conoció, a fines de febrero último, el fallo de la jueza federal María José Sarmiento, quien hizo lugar a una acción de amparo promovida por la Fundación Poder Ciudadano contra el Estado nacional y ordenó al Poder Ejecutivo que en el término de diez días cesara en su omisión de reglamentar la ley 14.800, conocida como ley del teatro.
Esa norma, de 1959, obliga al propietario que demuele un teatro a construir otro en su lugar, de características semejantes. Pero la falta de reglamentación de la ley fue tenida en cuenta para autorizar, entre otras, la lamentable demolición del emblemático e histórico teatro Odeón de Buenos Aires, en 1990.
El teatro Odeón estaba ubicado en la esquina de Corrientes y Esmeralda, donde ahora funciona una playa de estacionamiento.
En 1985, fue declarado edificio protegido "por su interés cultural y arquitectónico". Sin embargo, a principios de la década del 90, durante la gestión de Carlos Grosso como intendente de la ciudad de Buenos Aires, se dejó sin efecto esa protección y se autorizó su demolición. Más adelante, en 1997, por una resolución del Ministerio de Economía, a cargo entonces de Roque Fernández, se interpretó que "la protección era una restricción al dominio" y, por lo tanto, lo establecido por aquella norma quedaba sin efecto por la ley de reforma del Estado.
La decisión judicial viene a completar el camino iniciado en su momento por un ciudadano, Beltrán Gambier, que en 1997 había cuestionado con éxito en la Justicia la decisión ministerial que dejó sin efecto la obligación de construir el teatro, además de haber promovido, recientemente, el debate en el ámbito legislativo. Esto último dio lugar, en octubre de 2006, a un hecho singular. La Cámara de Diputados dictó una resolución en la cual puso de manifiesto que se vería "con agrado" que el Poder Ejecutivo reglamentara la ley 14.800.
Desde estas columnas hemos señalado ya el inaceptable hecho de que transcurrieran más de tres lustros sin que se cumpliera la mencionada ley. Frente a la continuidad de la omisión, la Fundación Poder Ciudadano tomó el caso y planteó la acción que ha resultado exitosa en primera instancia.
La medida interpuesta por esa ONG fue presentada por considerar que, al no reglamentarse esa ley, se lesionan concretamente "los derechos al ambiente de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, el derecho a la prosperidad y bienestar de la sociedad y al acceso a los beneficios de la cultura en cuanto a la participación, el desarrollo o en la difusión de la misma".
Hay que destacar una vez más el buen obrar de la mencionada organización cívica, que contó también con la participación de alumnos de la Universidad de Buenos Aires encabezados por la abogada Varina Suleiman. Es de esperar ahora que la actual administración cumpla finalmente con el mandato de esta valiosa ley cultural, fijando plazos para el cumplimiento de la obligación legal que también tienen otros propietarios en idéntica situación.