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lunes, octubre 02, 2006
- UNA AUTONOMÍA LIMITADA -
A DIEZ AÑOS...
En la Ciudad, diez años fueron mucho, poquito y nada
Se cumple una década del nacimiento de la Constitución de la Ciudad y, por ende, diez años de la seudo autonomía porteña. El balance muestra que mucho se ha dicho y poco se ha hecho. No se avanzó en el traspaso de las atribuciones que cercena la Ley Cafiero y el Poder Judicial aparece como el más cuestionado. La opinión de convencionales constituyentes, legisladores porteños y constitucionalistas
El 1 de octubre de 1996 la Ciudad de Buenos Aires estrenó Constitución. A diez años de ese histórico acontecimiento para la vida institucional de la Ciudad, se impone parar la pelota y analizar qué se ha hecho y qué resta por hacer para dotar a los porteños de la autonomía que les concede la Carta Magna pero que, en la práctica, no siempre tiene los límites claros.
En estos años surgen, como dos de los hechos más trascendentes, el juicio político a seis miembros del Consejo de la Magistratura porteña y a Aníbal Ibarra, cuyo proceso terminó con su destitución como jefe de Gobierno por la tragedia de Cromañón. Sin duda, ambos acontecimientos arrojan una primera conclusión de estos diez años de seudo autonomía, dado que implican un severo cuestionamiento sobre dos de los tres poderes que poseen los sistemas democráticos.
UN POCO DE HISTORIA
Los porteños ya habían tenido una Constitución en 1854, cuando la provincia de Buenos Aires constituía un estado soberano escindido de la Confederación Argentina, con capital en Paraná. Pero producida la reincorporación de Buenos Aires al resto del país, ésta se mantuvo subordinada al ámbito federal.
Por eso, la reforma constitucional de 1994 tuvo, entre sus pocos puntos favorables, la introducción en la Constitución Nacional del artículo 129, que dio lugar dos años después a la sanción de la Carta Magna de la Ciudad “Autónoma” de Buenos Aires, elaborada por constituyentes elegidos a través del voto popular de los porteños.
Para no abundar en detalles que luego serán retomados, la Constitución porteña no sólo consolida la autonomía de la Capital Federal, sino que reconoce una amplia gama de derechos económicos, sociales y culturales, y dota a la Ciudad de una estructura institucional propia, necesaria para dar respuesta a las necesidades de sus habitantes.
Asimismo, debemos mencionar que la Constitución porteña ha sido elogiada por los constitucionalistas más importantes del país, y es considerada en toda la República como una Constitución progresista y moderna por la amplitud de derechos que reconoce a los habitantes de la Ciudad.
Consultado por NU, el constitucionalista Daniel Sabsay sostuvo que en estos diez años “ha habido avances importantes en lo que hace a la afirmación de la autonomía de la Ciudad y en lo que respecta a la instrumentación de mecanismos de participación ciudadana que hacen a una democracia más participativa. Sin embargo, todo se ha dado muy lentamente”.
En ese sentido, Sabsay manifestó que “recién se sancionó la Ley de Comunas el año pasado y aún no se sabe cuándo serán las elecciones. El funcionamiento completo del sistema recién se va a ver con la descentralización”.
Asimismo, el constitucionalista expresó: “El Poder Judicial está incompleto porque no se ha traspasado toda la justicia local, y se nota que la justicia creada es producto de un sistema de selección muy correcto. En tanto, el Consejo de la Magistratura tiene claros y oscuros. Ha tenido muchos tropiezos y sospechas pero, en lo que se relaciona con la sustentación de los concursos, ha actuado con ecuanimidad”.
En tanto, el presidente de la Comisión de Justicia de la Legislatura porteña, Julio De Giovanni (Partido de la Ciudad), aseguró que “desde el punto de vista del funcionamiento de las instituciones se puede decir que hay un avance suficientemente aceptable. Así ya se han elegido y renovado, por tres veces, los mandatos del Poder Legislativo; también en tres oportunidades el pueblo de la Ciudad votó a su Jefe de Gobierno; y queda como materia pendiente la organización de su poder jurisdiccional”.
Mientras que el diputado porteño y ex constituyente por la UCR, Jorge Enríquez (Juntos por Buenos Aires), manifestó que “la Constitución de la Ciudad se caracteriza por un diseño orgánico que, si bien toma como base el federal, sin dudas lo mejora. Están bien delineados los mecanismos de una democracia participativa y es claro el impulso a la descentralización. Como sabemos, participación y descentralización son dos caras de una misma moneda, la de dar mayor poder a los ciudadanos”.
DEUDAS CON LA CONSTITUCIÓN
Uno de los grandes temas pendientes que tenía la Legislatura porteña para con la Constitución de la Ciudad era la sanción de la Ley de Comunas pero, luego de casi cuatro años de espera, la norma en cuestión vio la luz y ahora su futuro depende de la voluntad política del Gobierno porteño y de las distintas fuerzas que confluyen en esta gestión de transición al 2007.
Por lo tanto, el gran tema a resolver es la tan mentada Reforma Política. Sin duda, el punto más difícil de consensuar es la confección del Código Electoral porteño, porque aunque hay una ley que reglamenta las campañas electorales, norma sobre los partidos políticos y demás temas relacionados con el voto popular y la elección de representantes, la Ciudad de Buenos Aires, desde 1996, se basa en la legislación nacional para convocar a elecciones.
Esta norma es vital para avanzar con la descentralización de la Ciudad, dado que el Código Electoral Nacional no establece pautas para la elección de representantes comunales ni tampoco está hecho a medida de la Capital, como tendría que ser la legislación electoral que nos reglara. El año pasado se logró acordar un despacho en este sentido, pero finalmente quedó en la nada.
Otro de los proyectos que restan ser tratados son el Plan Urbano Ambiental. Este plan se menciona en varios artículos de la Constitución, donde se determina la importancia de la iniciativa, que debe servir de marco para la normativa urbanística y las obras públicas y viene postergándose hace años. Cada vez que hay un intento (siempre verbal) de analizarlo prevalecen los problemas entre los sectores intervinientes en la elaboración del proyecto final, lo que hace que todo vuelva a empezar.
Así como hay asuntos que no se han terminado de consensuar en las comisiones de la Legislatura, hay otros que ni se han tenido en cuenta. Es el caso de la Ley de Educación. En el artículo 24 de la Constitución se plantea que la ciudad debe organizar un sistema de educación administrado y fiscalizado por el Poder Ejecutivo que, conforme lo determine la ley de Educación, asegure la participación de la comunidad y la democratización en la toma de decisiones.
Tampoco ha sido siquiera considerada la creación del Consejo Económico y Social, pese a que se encuentra presentada una importante cantidad de proyectos fomentando su constitución. Según la Carta Magna, este órgano debe estar integrado por asociaciones sindicales de trabajadores, organizaciones empresariales, colegios profesionales y otras instituciones representativas de la vida económica y social. Además, el artículo 45 establece claramente que el Consejo debe ser presidido por un representante del Poder Ejecutivo, que tendrá iniciativa parlamentaria y que deberá ser reglamentado por ley.
Por otra parte, la Constitución establece que el Puerto de Buenos Aires es del dominio público de la Ciudad, y que es atribución de la Legislatura dictar la Ley de Puertos; pero aún no se ha legislado sobre el tema, aunque se han aprobado una serie de proyectos para que el Ejecutivo realice las acciones correspondientes para que el puerto pase al ámbito porteño. De todos modos, primero se debería crear un Ente administrativo, en el que deberían estar representados todos los sectores que realizan actividades portuarias y el Estado.
El resto de las iniciativas que duermen en la Legislatura son las leyes: de Talles; de Ética Pública; de Patrimonio Arqueológico; de Presupuesto Participativo; de SIDA; de Mobiliario Urbano y de Tribuna Popular. Además, está pendiente el Código de Publicidad en Vía Pública; el Código Procesal Penal Contravencional y la sanción de un nuevo Código de Habilitaciones y Verificaciones.
Frente a estas numerosas deudas, De Giovanni aclaró: “Si hacemos un balance, hemos avanzado muy poco. Desde que la Convención de la Ciudad sancionó las normas organizativas de los Poderes, éstos empezaron a funcionar con excepción del Poder Judicial. Pero salvo el dictado de las leyes organizativas básicas que fueron producto de la primera Legislatura, hace ya casi una década, no hubo avance de significación cuantitativa ni en la construcción del Poder Judicial ni en las otras asignaturas pendientes”.
En tanto, Enríquez opinó: “Lo que falta, principalmente, no se le puede atribuir a la Constitución, sino al Congreso Nacional, que viene demorando la derogación de la inconstitucional Ley Cafiero, que so pretexto de reglamentar la autonomía de la Ciudad, en verdad la restringe enormemente”.
Por Alejandra Lazo
NOTICIAS URBANAS
En la Ciudad, diez años fueron mucho, poquito y nada
Se cumple una década del nacimiento de la Constitución de la Ciudad y, por ende, diez años de la seudo autonomía porteña. El balance muestra que mucho se ha dicho y poco se ha hecho. No se avanzó en el traspaso de las atribuciones que cercena la Ley Cafiero y el Poder Judicial aparece como el más cuestionado. La opinión de convencionales constituyentes, legisladores porteños y constitucionalistas
El 1 de octubre de 1996 la Ciudad de Buenos Aires estrenó Constitución. A diez años de ese histórico acontecimiento para la vida institucional de la Ciudad, se impone parar la pelota y analizar qué se ha hecho y qué resta por hacer para dotar a los porteños de la autonomía que les concede la Carta Magna pero que, en la práctica, no siempre tiene los límites claros.
En estos años surgen, como dos de los hechos más trascendentes, el juicio político a seis miembros del Consejo de la Magistratura porteña y a Aníbal Ibarra, cuyo proceso terminó con su destitución como jefe de Gobierno por la tragedia de Cromañón. Sin duda, ambos acontecimientos arrojan una primera conclusión de estos diez años de seudo autonomía, dado que implican un severo cuestionamiento sobre dos de los tres poderes que poseen los sistemas democráticos.
UN POCO DE HISTORIA
Los porteños ya habían tenido una Constitución en 1854, cuando la provincia de Buenos Aires constituía un estado soberano escindido de la Confederación Argentina, con capital en Paraná. Pero producida la reincorporación de Buenos Aires al resto del país, ésta se mantuvo subordinada al ámbito federal.
Por eso, la reforma constitucional de 1994 tuvo, entre sus pocos puntos favorables, la introducción en la Constitución Nacional del artículo 129, que dio lugar dos años después a la sanción de la Carta Magna de la Ciudad “Autónoma” de Buenos Aires, elaborada por constituyentes elegidos a través del voto popular de los porteños.
Para no abundar en detalles que luego serán retomados, la Constitución porteña no sólo consolida la autonomía de la Capital Federal, sino que reconoce una amplia gama de derechos económicos, sociales y culturales, y dota a la Ciudad de una estructura institucional propia, necesaria para dar respuesta a las necesidades de sus habitantes.
Asimismo, debemos mencionar que la Constitución porteña ha sido elogiada por los constitucionalistas más importantes del país, y es considerada en toda la República como una Constitución progresista y moderna por la amplitud de derechos que reconoce a los habitantes de la Ciudad.
Consultado por NU, el constitucionalista Daniel Sabsay sostuvo que en estos diez años “ha habido avances importantes en lo que hace a la afirmación de la autonomía de la Ciudad y en lo que respecta a la instrumentación de mecanismos de participación ciudadana que hacen a una democracia más participativa. Sin embargo, todo se ha dado muy lentamente”.
En ese sentido, Sabsay manifestó que “recién se sancionó la Ley de Comunas el año pasado y aún no se sabe cuándo serán las elecciones. El funcionamiento completo del sistema recién se va a ver con la descentralización”.
Asimismo, el constitucionalista expresó: “El Poder Judicial está incompleto porque no se ha traspasado toda la justicia local, y se nota que la justicia creada es producto de un sistema de selección muy correcto. En tanto, el Consejo de la Magistratura tiene claros y oscuros. Ha tenido muchos tropiezos y sospechas pero, en lo que se relaciona con la sustentación de los concursos, ha actuado con ecuanimidad”.
En tanto, el presidente de la Comisión de Justicia de la Legislatura porteña, Julio De Giovanni (Partido de la Ciudad), aseguró que “desde el punto de vista del funcionamiento de las instituciones se puede decir que hay un avance suficientemente aceptable. Así ya se han elegido y renovado, por tres veces, los mandatos del Poder Legislativo; también en tres oportunidades el pueblo de la Ciudad votó a su Jefe de Gobierno; y queda como materia pendiente la organización de su poder jurisdiccional”.
Mientras que el diputado porteño y ex constituyente por la UCR, Jorge Enríquez (Juntos por Buenos Aires), manifestó que “la Constitución de la Ciudad se caracteriza por un diseño orgánico que, si bien toma como base el federal, sin dudas lo mejora. Están bien delineados los mecanismos de una democracia participativa y es claro el impulso a la descentralización. Como sabemos, participación y descentralización son dos caras de una misma moneda, la de dar mayor poder a los ciudadanos”.
DEUDAS CON LA CONSTITUCIÓN
Uno de los grandes temas pendientes que tenía la Legislatura porteña para con la Constitución de la Ciudad era la sanción de la Ley de Comunas pero, luego de casi cuatro años de espera, la norma en cuestión vio la luz y ahora su futuro depende de la voluntad política del Gobierno porteño y de las distintas fuerzas que confluyen en esta gestión de transición al 2007.
Por lo tanto, el gran tema a resolver es la tan mentada Reforma Política. Sin duda, el punto más difícil de consensuar es la confección del Código Electoral porteño, porque aunque hay una ley que reglamenta las campañas electorales, norma sobre los partidos políticos y demás temas relacionados con el voto popular y la elección de representantes, la Ciudad de Buenos Aires, desde 1996, se basa en la legislación nacional para convocar a elecciones.
Esta norma es vital para avanzar con la descentralización de la Ciudad, dado que el Código Electoral Nacional no establece pautas para la elección de representantes comunales ni tampoco está hecho a medida de la Capital, como tendría que ser la legislación electoral que nos reglara. El año pasado se logró acordar un despacho en este sentido, pero finalmente quedó en la nada.
Otro de los proyectos que restan ser tratados son el Plan Urbano Ambiental. Este plan se menciona en varios artículos de la Constitución, donde se determina la importancia de la iniciativa, que debe servir de marco para la normativa urbanística y las obras públicas y viene postergándose hace años. Cada vez que hay un intento (siempre verbal) de analizarlo prevalecen los problemas entre los sectores intervinientes en la elaboración del proyecto final, lo que hace que todo vuelva a empezar.
Así como hay asuntos que no se han terminado de consensuar en las comisiones de la Legislatura, hay otros que ni se han tenido en cuenta. Es el caso de la Ley de Educación. En el artículo 24 de la Constitución se plantea que la ciudad debe organizar un sistema de educación administrado y fiscalizado por el Poder Ejecutivo que, conforme lo determine la ley de Educación, asegure la participación de la comunidad y la democratización en la toma de decisiones.
Tampoco ha sido siquiera considerada la creación del Consejo Económico y Social, pese a que se encuentra presentada una importante cantidad de proyectos fomentando su constitución. Según la Carta Magna, este órgano debe estar integrado por asociaciones sindicales de trabajadores, organizaciones empresariales, colegios profesionales y otras instituciones representativas de la vida económica y social. Además, el artículo 45 establece claramente que el Consejo debe ser presidido por un representante del Poder Ejecutivo, que tendrá iniciativa parlamentaria y que deberá ser reglamentado por ley.
Por otra parte, la Constitución establece que el Puerto de Buenos Aires es del dominio público de la Ciudad, y que es atribución de la Legislatura dictar la Ley de Puertos; pero aún no se ha legislado sobre el tema, aunque se han aprobado una serie de proyectos para que el Ejecutivo realice las acciones correspondientes para que el puerto pase al ámbito porteño. De todos modos, primero se debería crear un Ente administrativo, en el que deberían estar representados todos los sectores que realizan actividades portuarias y el Estado.
El resto de las iniciativas que duermen en la Legislatura son las leyes: de Talles; de Ética Pública; de Patrimonio Arqueológico; de Presupuesto Participativo; de SIDA; de Mobiliario Urbano y de Tribuna Popular. Además, está pendiente el Código de Publicidad en Vía Pública; el Código Procesal Penal Contravencional y la sanción de un nuevo Código de Habilitaciones y Verificaciones.
Frente a estas numerosas deudas, De Giovanni aclaró: “Si hacemos un balance, hemos avanzado muy poco. Desde que la Convención de la Ciudad sancionó las normas organizativas de los Poderes, éstos empezaron a funcionar con excepción del Poder Judicial. Pero salvo el dictado de las leyes organizativas básicas que fueron producto de la primera Legislatura, hace ya casi una década, no hubo avance de significación cuantitativa ni en la construcción del Poder Judicial ni en las otras asignaturas pendientes”.
En tanto, Enríquez opinó: “Lo que falta, principalmente, no se le puede atribuir a la Constitución, sino al Congreso Nacional, que viene demorando la derogación de la inconstitucional Ley Cafiero, que so pretexto de reglamentar la autonomía de la Ciudad, en verdad la restringe enormemente”.
Por Alejandra Lazo
NOTICIAS URBANAS
